Cómo China intenta expandir su región de influencia
Nau
Daniel Zorrilla Velázquez
Agosto 2020
El 30 de junio de 2020, el gobierno chino implementó una ley de seguridad en el territorio de Hong Kong, con la intención de recuperar su control sobre la isla y de cortar de tajo las actividades extranjeras en la región que ponen en riesgo las ambiciones de Beijing. La isla es una región administrativa especial de la República Popular de China, que estuvo bajo control colonial británico por casi 150 años. Cuando en 1997 China recobró la soberanía sobre el territorio hongkonés por medio de la Declaración Conjunta Sino-Británica, se promulgó la Ley Básica de la Región Administrativa Especial de Hong Kong, en la que se establecía el principio básico de su funcionamiento “Un país, dos sistemas”, por el cual la región sería administrada por una economía capitalista y conservaría en gran medida su autonomía política. La importancia de Hong Kong reside en su ubicación geopolítica y geoeconómica, pues representa una de las regiones con mayor flujo comercial del planeta, con rutas directas de conexión con Corea del Sur, Filipinas, Japón, Indonesia, Malasia, e incluso Australia. Además, la región del mar de China Meridional es fundamental para el proyecto de la Iniciativa del Cinturón y la Nueva Ruta de la Seda del gobierno chino, con el que pretende expandir su esfera de influencia económica, ideológica y cultural, y convertirse en la primera potencia mundial.
La constante lucha del pueblo hongkonés
Los ciudadanos de Hong Kong, a partir de haberse creado la región especial, han sido tradicionalmente propensos a protestar valientemente para demandar el respeto de sus derechos como región autónoma. Un ejemplo de lo anterior son las protestas generalizadas que se originaron por la propuesta de una ley que permitiría la extradición de ciudadanos de la isla a la China continental. Los opositores a tal medida argumentaron que sería utilizada para amedrentar y acallar a los críticos del gobierno central, lo que derivó en intensas manifestaciones que pronto escalaron en violencia a causa de la brutal represión policial. Sin embargo, las tensiones internas generaron una amplia atención negativa a nivel internacional y la ley fue desechada. Las protestas volvieron a estallar en mayo de 2020 cuando se propuso la nueva ley de seguridad, aunque las medidas de confinamiento por la pandemia limitaron en gran medida la afluencia de los manifestantes, un cuidadoso cálculo de Beijing. De acuerdo con la Ley Básica de Hong Kong, una ley de seguridad debería de ser creada por el órgano legislativo interno de la región, algo que se intentó en el pasado pero que no fue posible al ser una medida bastante impopular entre la población.
La implementación de la ley de seguridad
De manera simbólica y mordaz, el gobierno chino aprobó la ley de seguridad una hora antes de que se conmemorara el vigesimotercer aniversario del retorno del territorio a la China continental por parte de los británicos. La disposición jurídica que entró en vigor consta de 66 artículos que fueron mantenidos en secreto por la Asamblea Popular Nacional de China hasta después de su implementación. La nueva legislación criminaliza cualquier acto que pueda ser considerado como secesión, subversión, terrorismo y colusión con gobiernos extranjeros.
Lo que más preocupa es la vaguedad de los términos en los que está redactada la ley. Los crímenes que prevé serán castigados con penas máximas de cadena perpetua, por lo que Amnistía Internacional se ha pronunciado en contra de tal medida y sostiene que las conductas previstas en la ley representan un comodín que será usado para perseguir políticamente a los opositores del régimen y aplicarles penas desproporcionadamente severas. A saber, en múltiples ocasiones el gobierno chino ha acusado a las organizaciones de la sociedad civil de promover el descontento social y las manifestaciones por medio de financiamiento externo, por lo que ahora cualquier persona que participe en este tipo de actividades puede ser acusada de colusión con gobiernos extranjeros. Por otra parte, Beijing ha usado genéricamente el término “actividades subversivas” para perseguir y encarcelar a periodistas, intelectuales, abogados defensores y activistas, como fue el caso de Wu Gan, que fue sentenciado a 8 años de cárcel por sus críticas al gobierno chino por medio de videos publicados en internet.
El gobierno chino aprovechó un momento difícil para la región autónoma de Hong Kong y le impuso una ley que lastima severamente los derechos humanos de sus ciudadanos y que está encaminada a recuperar el control total sobre la isla.
Otra de las disposiciones más alarmantes plasmadas en la ley es que faculta al gobierno central para vigilar y administrar las instituciones educativas, las organizaciones civiles, los medios de comunicación tradicionales y el internet. Los corresponsales internacionales estarán obligados a obtener una acreditación del gobierno chino para poder ejercer su profesión, y en el caso de las escuelas, los alumnos tendrán prohibido el pronunciar discursos o realizar cánticos que contengan mensajes políticos, además de que las opiniones que viertan durante las clases podrán ser sujetas a investigación.
La ley va tan lejos que en caso de haber una persona sospechosa de un acto que comprometa la seguridad nacional, podrá ser extraída de la isla y ser juzgada en el territorio continental bajo las leyes nacionales, violando los principios de la Ley Básica. Incluso la ley de seguridad incluye preceptos que permiten suspender la protección a los derechos humanos en caso de argumentarse riesgos a la seguridad nacional.
Implicaciones internacionales de la nueva ley
Ante la implementación de la ley de seguridad, el gobierno de Donald Trump condenó el hecho y anunció que se removerán los privilegios especiales de la región, especialmente en cuanto a los aranceles comerciales y el libre tránsito de ciudadanos entre Hong Kong y Estados Unidos. Además, informó que se impondrán sanciones económicas al gobierno chino por socavar la autonomía de la región especial y por violentar el principio de “Un país, dos sistemas”. Por su parte, el Reino Unido suspendió el tratado de extradición con Hong Kong de manera inmediata, alegando serias violaciones de las obligaciones internacionales de China. Irónicamente, después de haber sido el Imperio colonizador del territorio insular, el gobierno de Boris Johnson ofreció recibir a tres millones de ciudadanos de Hong Kong para que vivan y trabajen en el Reino Unido. De la misma manera, los demás países de la Alianza de los Cinco Ojos –Australia, Canadá, Estados Unidos y Nueva Zelanda– también se plantean recibir a un cierto número de personas en caso de un éxodo masivo.
Las disposiciones en contra de la libertad de prensa han originado que diversas agencias internacionales planeen dejar la región, como es el caso de The New York Times, que ya anunció su decisión de trasladar sus operaciones a Corea del Sur. Por otro lado, a pesar de que diversas empresas trasnacionales piensan dejar sus operaciones en la isla, los empresarios y los banqueros chinos en la región cedieron ante la presión de Beijing e incluso recibieron billones de dólares de inversión para evitar la fuga de capitales. Por lo tanto, se antoja poco probable que Hong Kong deje de ser un lugar altamente atractivo para el comercio y los negocios internacionales.
Conclusión
El gobierno chino aprovechó un momento difícil para la región autónoma de Hong Kong y le impuso una ley que lastima severamente los derechos humanos de sus ciudadanos y que está encaminada a recuperar el control total sobre la isla. El fondo de la cuestión está relacionado con las libertades que gozaban los enemigos del régimen justo en el patio trasero de Beijing, aunado a la imperiosa necesidad de China de ejercer una presencia militar y comercial mayor en el mar de China Meridional, de frente al constante crecimiento de las tensiones entre aquel país y Estados Unidos.
A pesar de que en el pasado la población de la isla ha rechazado medidas similares por medio de las protestas, con la nueva ley un gran número de ciudadanos están optando por eliminar sus redes sociales y por evitar acciones que puedan ponerlos en riesgo de ser procesados por actividades subversivas. Lo anterior ha obligado a numerosas familias a plantearse abandonar Hong Kong e iniciar una nueva vida en algún otro país. Las medidas de retaliación económicas impuestas por Washington lograrán poco para revertir esta situación y solamente ocasionarán acciones similares en contra de Estados Unidos, deteriorando aún más las famélicas relaciones. Es incierto el desenlace que tendrá la implementación de la nueva ley, pero ante la apatía e inacción de occidente y de las organizaciones de cooperación internacional es altamente probable que China continúe su expansión en regiones con situaciones análogas a las de Hong Kong, como es el caso de Taiwán y las regiones disputadas de Filipinas, la India y Vietnam. El sistema de las Naciones Unidas debe de demostrar su valía y su capacidad de controlar este tipo de situaciones por medio de una estrategia conjunta con los países que se oponen a los regímenes totalitarios, para poner un alto al paulatino crecimiento de un actor que cada día amenaza más la estabilidad y la paz internacionales.
DANIEL ZORRILLA VELÁZQUEZ es maestro en Administración Pública por la Universidad de Texas, San Antonio. Fue becario en el Congreso de Estados Unidos e investigador en el Instituto de Desarrollo Económico de Texas. Actualmente es profesor e investigador en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.
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