Retroceso en derechos humanos
Animal Político / Manu Ureste
Natalia Saltalamacchia Ziccardi
Julio 2015
Lamentablemente, la política exterior de derechos humanos vuelve a darnos una mala noticia. Hace unos días la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) retiró la candidatura de Miguel Sarre, un reconocido académico y verdadero experto en el tema, para ser miembro del Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Lo hizo además de manera desprolija: el último día disponible para el registro y dando aviso al interesado mediante una llamada telefónica en la que, según cuenta el propio Sarre, le expresaron que había un cambio de política pues, de ahora en adelante, serían embajadores en retiro quienes ocuparían esos espacios en el sistema de la ONU. Y, en efecto, en su lugar fue propuesto el embajador eminente Claude Heller.
¿Por qué es esto importante? Porque es una nueva señal de que México está cambiando en sentido regresivo y para mal en su manera de relacionarse con el sistema internacional de derechos humanos. Me explico.
Para tener alguna capacidad de impacto, este sistema requiere contar con autonomía frente a los Estados a los cuales monitorea y evalúa. Dicha autonomía depende de muchas cuestiones, pero entre ellas sobresale precisamente el perfil de los hombres y las mujeres que actúan como relatores, miembros de comités, asesores, etcétera. De ellos se espera que tengan tres atributos cruciales: 1) un conocimiento experto de los temas específicos sobre los que trabajan; 2) que se desempeñen con independencia, y 3) que demuestren imparcialidad. Estas características son tan importantes para el buen funcionamiento del sistema internacional de derechos humanos y a la vez tan difíciles de lograr, que a lo largo del tiempo se han producido grandes debates sobre los criterios y las medidas a adoptar para garantizar que se nomine a las personas idóneas. En 2012, por ejemplo, los presidentes de los diez órganos creados en virtud de los tratados de derechos humanos de la ONU acordaron unas directrices al respecto (las «directrices de Addis Abeba»). A la luz de estas directrices y de otras consideraciones se puede afirmar que el perfil de los embajadores retirados simplemente no resulta idóneo para estos puestos.
Miguel Sarre (idheas.org.mx)
En primer lugar, estos diplomáticos, difícilmente, cuentan con el alto nivel de expertise técnico al que se aspira. Esta puede ser una objeción salvable en ciertos casos individuales pero existen otros obstáculos. El más importante es que, como dicen las directrices, los miembros de los órganos creados en virtud de tratados no solo deben ser independientes e imparciales, sino que «deberán parecerlo a juicio de un observador razonable». En este sentido, su trayectoria profesional resulta un dato fundamental. Incluso si los exembajadores son personas de alta probidad y tienen la intención de apegarse estrictamente al reglamento de su Comité, convengamos que es muy difícil generar una percepción de independencia frente a las autoridades estatales cuando uno trabajó toda la vida al servicio de estas (y, por cierto, no en cualquier parte del Estado, sino bajo las órdenes del Poder Ejecutivo).
En tercer lugar, a los embajadores retirados (sobre todo si son eminentes o eméritos) se les suele pedir que actúen como asesores para conferencias o proyectos específicos. Es decir, un embajador será siempre un embajador. Como tal, aunque actúe a título personal, es tan solo natural que razone como hombre/mujer de Estado y mire los problemas de derechos humanos desde una perspectiva gubernamental. Esto desemboca tendencialmente en una visión conservadora o restrictiva de los alcances del sistema internacional de derechos humanos. Para blandir esa posición en el sistema ya están los Estados por lo que, en aras del indispensable equilibrio, es importante que los expertos individuales hagan el contrapunto. Finalmente, la percepción de poca independencia de un integrante de un órgano de derechos humanos puede llegar a poner al propio país postulante en situaciones comprometidas. Por ejemplo, algunos gobiernos podrían presionar al de México para que discipline a «su» integrante o para que le «transmita instrucciones» para que se le dispense un trato más favorable.
Por todos estos motivos la SRE haría bien en dar marcha atrás y regresar a la política de postular a candidatos provenientes de la academia o de las organizaciones de la sociedad civil; es decir, a personas que defienden la causa general de los derechos humanos y que no tienen vínculos de naturaleza política con el Estado o con el gobierno. Debería, sobre todo, detener la preocupante tendencia a reinstalar la vieja visión soberanista y defensiva frente al régimen internacional de derechos humanos o al menos explicarnos sus razones.
NATALIA SALTALAMACCHIA ZICCARDI es profesora del Departamento de Estudios Internacionales del ITAM. Sígala en Twitter en @NataliaSaltalam.
Tags:Derechos Humanos, ONU, SRE, Tortura
