18 julio, 2023 • Artículos, Latinoamérica, Portada • Vistas: 14728

Pasos de la comunidad internacional para lograr una transición

Manuel Orozco

Julio 2023

Este artículo fue publicado originalmente en Foreign Affairs Latinoamérica, vol. 23, núm. 3

Han pasado 5 años del estallido de la protesta social de abril 2018 en Nicaragua. Fue una expresión cívica que demandó el fin de la dictadura y la vuelta de la democracia y la justicia, y fue aplastada por el recrudecimiento de la represión del régimen de Daniel Ortega.

La continuidad autoritaria es la tendencia dominante en el país y no se vislumbran opciones de cambio en el corto plazo. Las fuerzas mayoritarias que pueden cambiar el equilibrio de poder y despejar el camino hacia una transición democrática electoral en 2023 o en 2026 están dispersas, reprimidas en un Estado policial, y carecen de una estrategia coordinada de resistencia y acción política.

A pesar de contar solo con un apoyo minoritario, el equilibrio de poder favorece al régimen que domina el aparato represivo y posee los recursos económicos para mantener el control e intentar una sucesión dinástica. La magnitud de la represión, así como el ruido de diversos conflictos internacionales, hacen difícil la movilización internacional. Sin embargo, la comunidad internacional debe concederle mayor importancia a la crisis de Nicaragua en la agenda mundial.

El contexto de la situación nicaragüense

El tipo de régimen de Daniel Ortega

El régimen de Ortega se encuentra en la etapa de consolidación de un sistema dinástico, autoritario y totalizante. Esta consolidación tendrá consecuencias drásticas para la sociedad nicaragüense en muchos ámbitos (retraso económico, migración, crisis humanitaria interna, cultura de temor, violencia e indiferencia). Aunque la élite del gran capital no ha sido afectada directamente porque la interpretación del régimen es que representa un mal económico necesario, muy pronto se confiscarán sus bienes, una vez que el sistema termine de consolidar a su propia élite. En la conferencia “Represión a la libertad religiosa en Nicaragua”, convocada por el Diálogo Interamericano el 10 de diciembre de 2022, la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional señaló que la criminalización de la democracia y la radicalización autoritaria son exageradamente desgastantes y destructivas, y orillan a los nicaragüenses a salir del país o a buscar soluciones externas.

El deseo regional por evitar los candados democráticos

Aunque el contrapeso internacional es de vital importancia, en Latinoamérica el poder político del sistema interamericano de la Organización de los Estados Americanos (OEA) ha sido débil. En Canadá y Estados Unidos, la presión se ha enfocado en las sanciones internacionales individuales y sectoriales, pero con poca continuidad. No se han usado todas las opciones de presión en lo que respecta al incumplimiento de Nicaragua de los acuerdos del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (CAFTA-DR), el combate contra la desinformación, la amenaza rusa, los violadores de derechos humanos y los cómplices de la corrupción, entre otros aspectos, todos cubiertos por la Ley Renacer de Estados Unidos.

En Centroamérica, y en Latinoamérica en general, muy pocos países están dispuestos a presionar al régimen de Ortega. La mayoría prefiere evitar los candados del Estado de derecho democrático. Países vecinos, como El Salvador, Guatemala y Honduras, que podrían ejercer gran presión sobre Ortega, están más obsesionados por un “presidencialismo imperial” y cooptan a las instituciones políticas, desprestigian a los oponentes con acusaciones falsas, criminalizan los derechos constitucionales y eliminar la disidencia.

En el resto del continente, las tensiones políticas han distraído la atención sobre el radicalismo orteguista: la inestabilidad política de Bolivia, Ecuador y Perú no da señales de que vaya a cambiar en el corto plazo. La crisis humanitaria de Haití empeora los problemas causados por la inseguridad, la criminalidad, el desastre económico y la migración. La dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela negocia su continuidad autoritaria y produce falsas ilusiones de transición y estabilidad.

Los gobiernos de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, Gabriel Boric en Chile y Gustavo Petro en Colombia tienen grandes dificultades para llevar alivio económico a sus ciudadanos. La corrupción política y económica en Argentina ha empeorado en tal medida, que los ojos del mundo están puestos en ese país. Entre tanto, México mantiene una relación complaciente con la dictadura de Nicaragua. La Alianza para el Desarrollo en Democracia de Costa Rica, Ecuador, Panamá y República Dominicana enfrenta los dilemas políticos de cómo aumentar su competitividad en el entorno democrático y populista de su ecosistema interno y regional.

De los 34 países del continente, apenas 5 se pueden considerar funcionales y democráticos. Esto hace que cualquier enfoque regional hacia Nicaragua quede neutralizado por la indisposición de la mayoría de los Estados a ir contra la corriente.

El ruido mundial cansa, desgasta y agota

Una de las principales consecuencias de la globalización es el efecto multiplicador de los resultados económicos, ambientales y políticos en la vida cotidiana de sus ciudadanos. Las amenazas de China y Rusia no son ni accidentales, ni temporales ni presidencialismo autocrático e imperial sin verdaderos contrapesos institucionales, subordinando la opinión pública al modelo de la posverdad: todo es cuestionable. La invasión rusa a Ucrania ha trastornado la estabilidad regional en Eurasia, ha afectado el equilibrio militar y ha revivido la amenaza de una guerra no convencional. Mientras tanto, a China le interesa el control mundial escalonado. Se presenta como el socio diplomático neutral y, a la vez, promueve en el resto del mundo su modelo político como una forma válida de gobernar. Para China, el control comercial y tecnológico es parte de una estrategia internacional que incluye la venta de armas; eventualmente, dejará sus huellas por todas partes y llenará de tendencias antidemocráticas la geopolítica mundial.

La tensión internacional aumenta toda vez que los intereses geopolíticos están en conflicto. Además, el interés por la democracia ha decaído, la delincuencia organizada se atrinchera, el equilibrio ecológico está en riesgo y las expectativas de modernización no satisfacen a la opinión pública, que responde con protestas crecientes.

La cultura política nicaragüense

La historia política de los nicaragüenses ha sido casi exclusivamente de regímenes no democráticos, sistemas represivos, arreglos políticos excluyentes y de corto plazo, y un fuerte sentido clientelista o transaccional de hacer política. Desde el siglo xx, Nicaragua no ha tenido más de 20 años de historia plenamente democrática. Los ciudadanos han vivido con partidos de escaso capital político y representatividad, de modo que desconfían de las ofertas de los líderes.

Una de las consecuencias ha sido que las fuerzas democráticas arrastran el legado de estas deficiencias y las proyectan al momento de convertirse en organizaciones formales. La capacidad de presentar un bloque democrático sigue obstaculizada por la desconfianza y el temor. Priva entonces una especie de oportunismo para desplazar a los posibles socios.

Es un esquema autodestructivo, tanto individual como colectivo. Al final, quedan descalificados todos los líderes y se atomizan las organizaciones políticas hasta el punto de que no hay en el país ninguna representación con suficiente masa crítica de popularidad o legitimidad. La única tarjeta de presentación es la imagen que el líder le vende a sus seguidores. El resultado es que el interés nacional por el cambio democrático se subordina al ego político y la desconfianza sistémica reduce la probabilidad de montar un bloque político representativo, popular, legítimo y activo.

El reto de cambiar el equilibrio de poder

La consolidación totalitaria, aunque no es sostenible en el largo plazo (a 10 años), provocará un daño permanente en Nicaragua que hará muy difícil la reconstrucción democrática, pues habrá que revertir las décadas perdidas y recuperar a un país desintegrado, empobrecido y políticamente inestable. En este sentido, el papel de la comunidad internacional es clave y empieza por reconsiderar a Nicaragua como un país totalitario.

El tratamiento de Nicaragua desde el ámbito internacional y de política exterior requiere integrar una respuesta proporcional a la dimensión de la represión del régimen, una respuesta con mayor precisión, sincronizada y escalonada. Esto significa ver a Nicaragua como si fuera Afganistán, Corea del Norte, Siria u otro Estado fallido. Para tal efecto, son necesarias dos respuestas paralelas. En primer lugar, la convencional de presión política contra la represión, presión material (económica, de sanciones, de justicia internacional) y presión diplomática (de oferta mediadora, de reconocimiento del grupo cívico, de apoyo a la disidencia dentro del régimen). Segundo, también se necesita una respuesta no convencional para combatir enérgicamente la desinformación y la censura, y presentar a los violadores de derechos humanos ante los tribunales internacionales de justicia.

El reto de la comunidad internacional sigue siendo ofrecer una solución, ya que los nicaragüenses no pueden resolver esta crisis por cuenta propia: el miedo, la represión, la violencia, el exilio y la impunidad no les permiten ser un contrapeso proporcional al régimen. El mundo sabe que la respuesta internacional sigue siendo desproporcionada respecto del grado de impunidad que impera en el país.

Pero hay cinco aspectos en los que el contrapeso contribuiría a cambiar el equilibrio de poder. Se trata de cinco puntos de acción entre la presión y la mediación externa.

Aumentar las sanciones a quienes facilitan la represión y la corrupción

El impacto de las sanciones ha sido positivo y ha afectado a los transgresores y sus instituciones sin perjudicar al país ni a la población. Instituciones sancionadas, como Albanisa, Caruna, Bancorp, dnp y Zanzíbar, facilitaban la red de corrupción y el clientelismo del régimen. Estas sanciones interrumpieron las actividades ilegítimas del sistema.

Las sanciones también han lastimado la reputación de altos funcionarios y desarticularon temporalmente su capacidad de facilitar actividades corruptas o de negociación de acuerdos favorables al régimen. Los sancionados son personas culpables de actos de corrupción y violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, el ecosistema en el que operan los ha reintegrado en otros niveles. Su autoridad queda restablecida en otro ente institucional, mientras sus riquezas quedan protegidas gracias a terceros.

De cualquier manera, es importante que otros países apliquen sanciones y las extiendan a los niveles más altos del círculo de poder, especialmente en instituciones públicas fundamentales, como el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Ministerio de Transporte e Infraestructura, que son los pilares económicos del régimen.

Las sanciones funcionan cuando se dirigen precisamente a un destinatario, y alcanzan el objetivo deseado cuando penalizan al transgresor y mitigan los daños causados a los derechos humanos; pero por sí solas no son suficientes para mover el péndulo hacia una transición democrática. De acuerdo con el informe “Las limitadas perspectivas de crecimiento económico en Nicaragua”, publicado por el Diálogo Interamericano en febrero de 2023, el deterioro económico de Nicaragua es causado por la crisis política, no por las sanciones. En este momento, lo que sostiene a la economía son las remesas, que crecieron 50% en 2022 como resultado de la expulsión de nicaragüenses.

Aumentar la rendición de cuentas de las instituciones financieras internacionales

Las instituciones financieras internacionales han otorgado préstamos a Nicaragua en medio de la represión y la corrupción, lo que ha servido para oxigenar al sistema. Estos préstamos representan más de 10% del gasto público y, junto con la extorsión tributaria de las empresas y la tributación indirecta de las remesas, resulta que más de la mitad de los ingresos del Estado proceden de la represión y el manejo discrecional del endeudamiento externo.

En estas instituciones no hay coherencia entre el compromiso democrático y el financiamiento externo, sino que arriesgan su reputación y dedicación al desarrollo al otorgar una complicidad implícita, y a veces explícita, al régimen (como el Banco Centroamericano de Integración Económica, BCIE). La forma como el Estado represivo ha movilizado fondos extranjeros para obras públicas ha garantizado la impunidad. El régimen ha redireccionado este financiamiento en una época de crisis social. El gasto en obras públicas se duplicó de 29% a 58% entre 2017 y 2022. De igual forma, en ese mismo periodo el presupuesto de la Policía y de la Defensa Nacional pasó de 3.7% y 2.7% a 10.6 % y 3.2%. Así, la fuerza policial llegó a 20 000 efectivos y se ampliaron sus instalaciones. La Policía Nacional de Nicaragua es tan grande como la de Honduras, aunque la población es 30% menor y hay menos delincuencia. La inversión pública financiada con deuda externa pasó de 46% a 68% entre 2017 y 2022.

Una parte importante de este financiamiento viene del BCIE, cuya participación en el total otorgado a Nicaragua pasó de 21% a 47%. Otras entidades multilaterales, como el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, también continúan su apoyo en rubros aparte del Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza y para el Desarrollo Humano.

Uno de los principales problemas de este financiamiento estriba en el hecho que cada préstamo tiene cláusulas sobre prevención de lavado de dinero, corrupción y derechos humanos. Sin embargo, no se cumple con las disposiciones, como se ve en el sistema de vigilancia del BCIE.

La comunidad internacional debe presionar para que el régimen se comprometa con el desarrollo económico y humano del país, ya que el financiamiento externo no está dirigido a las prioridades sociales ni llega a los beneficiarios que lo necesitan. Las entidades públicas deben rendir cuentas a las instituciones financieras internacionales sobre el uso de los préstamos otorgados. Si no hay transparencia, rendición de cuentas ni confianza en los datos oficiales, está en duda el cumplimiento de las cláusulas pactadas, con lo que se violan los contratos y el debido proceso. En una auditoría de las actividades y de las obras realizadas en municipios donde priva el clientelismo se comprobó que menos de 5% del financiamiento ha ido a localidades o municipios que no son del partido del régimen, el Frente Sandinista de Liberación Nacional.

Es de vital importancia congelar o condicionar los préstamos internacionales a un régimen que los dedica a propósitos políticos y represivos. El plan de desarrollo formulado por el régimen para 2022 justifica la necesidad de más préstamos con el argumento del “fallido golpe de Estado”, en un país donde la mayoría de los nicaragüenses y la comunidad internacional concuerdan en que los manifestantes de abril de 2018 estaban amparados por el derecho constitucional a la protesta ciudadana. La comunidad internacional no debe aceptar tales argumentos para seguir otorgando financiamiento a un Estado represor y violador de derechos humanos.

Reconocer y promover el papel de la diáspora nicaragüense como agente de cambio

Desde la crisis de 2018, al menos 600 000 nicaragüenses han huido del país, y de ellos, 500 000 lo hicieron entre 2021 y 2022. Estados Unidos se ha convertido en el principal receptor de los migrantes, con Costa Rica en segundo lugar.

Una mayoría de esos migrantes son perseguidos políticos, periodistas y ciudadanos que se exilian por amenazas de muerte, cárcel, desprestigio e intimidación. Muchos representan un sector clave de la movilización cívica democrática que aboga por el diálogo y la solución pacífica de las controversias con el régimen. La comunidad internacional debe apoyar al grupo cívico democrático exiliado y sus gestiones, reconocer su presencia nacional e internacional y tratarlos como la contraparte cívica y democrática en un país donde el pluralismo ha sido criminalizado.

Uno de los ejes de apoyo para los nicaragüenses es la lucha contra la censura y la desinformación. La cooperación por la democracia puede centrarse en la comunicación y la libertad de expresión, los medios independientes (sobre todo los digitales), la circulación de la información y las redes sociales, para hacer frente al bloqueo informativo que el régimen ha impuesto en los últimos años.

Continuar la condena y la presión multilateral y unilateral

Los Estados miembros de la OEA, la Unión Europea y muchos países de las Naciones Unidas reconocen la situación crítica en la que se encuentra Nicaragua y la importancia de una solución que detenga el avance de un régimen autoritario que ya tiene repercusiones en todo el hemisferio. Nicaragua ha sido sujeto de condenas internacionales por la violación de su Constitución, así como de diversos artículos de la Carta Democrática de la OEA. El esfuerzo del sistema interamericano debe persistir, a pesar de la magnitud de la represión. Aunque el gobierno de Ortega y Rosario Murillo envía mensajes beligerantes, rompe relaciones diplomáticas y abandona organismos internacionales, la comunidad mundial no debe cejar en su condena a la regresión democrática y la deriva autoritaria, sino que debe extender las sanciones y otras penas, además de mediar en una transición.

Los nicaragüenses fortalecen su espíritu cívico y de lucha por la democracia cuando la condena internacional les recuerda que no están solos. La condena internacional de gobiernos, sociedad civil, medios de comunicación y sector empresarial sigue siendo clave para elevar la moral política y resistir pacífica, pero firmemente, al desgaste económico y el desastre político.

También es de vital importancia aceptar las recomendaciones del informe presentado en marzo de 2023 por el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de las Naciones Unidas. En el informe se resalta, entre otros puntos, que las violaciones de los derechos humanos en Nicaragua representan crímenes de lesa humanidad. De hecho, para muchos expertos en Derecho Internacional, el trato contra los prisioneros políticos califica como acto de tortura dentro del marco de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Ejercer presión con la Ley Renacer

Es urgente e imperativo aplicar la Ley Renacer, pues otorga los instrumentos para dar una respuesta proporcional a la represión. La Ley Renacer contiene disposiciones que abordan la desenfrenada corrupción del régimen, sanciones contra los violadores de derechos humanos y contra la interferencia rusa, y contempla también la revisión del CAFTA-DR, el escrutinio de los préstamos de las instituciones financieras internacionales y la coordinación de esfuerzos con otros socios diplomáticos.

La mayoría de los nicaragüenses no quiere más inestabilidad y miedo, y la presión internacional es justa y necesaria. La población está en contra de las restricciones a las libertades civiles y a las violaciones de los derechos humanos de los prisioneros políticos, que hoy siguen siendo las personas más respetadas del país.

Es una obligación moral y política de la comunidad internacional lograr la liberación de esos presos políticos. Las presiones son necesarias y están justificadas en los principios internacionales de derecho humanitario. El mundo tiene un papel primordial en la transición democrática de Nicaragua.

Como se señala en el informe sobre perspectivas de crecimiento económico nicaragüense de Diálogo Interamericano (2023), es posible revertir el desequilibrio de poder en la medida en que se alcance una simetría de acción entre la movilización deliberada de la comunidad internacional y la oposición cívica democrática como un bloque organizado, con una estrategia de apoyo a los nicaragüenses, que hoy padecen las consecuencias de la falta de oportunidades, la corrupción, los empleos de mala calidad y el empobrecimiento.

MANUEL OROZCO es Director de Migración, Remesas y Desarrollo en el Diálogo Interamericano. Es investigador principal en el Instituto para el Estudio de la Migración Internacional de la Georgetown University y Asesor de Remesas para el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA). Es doctor en Ciencia Política por The University of Texas at Austin, así como maestro en Administración Pública y Estudios Latinoamericanos y licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA). Sígalo en Twitter en @manuelorozco65.

Tags:Daniel Ortega, Derechos Humanos, Financiamiento externo, Régimen autoritario