22 mayo, 2023 • Artículos, Latinoamérica, Portada • Vistas: 5645

Luis Campos Pérez

Mayo 2023

La mayor parte del debate en torno al plan de seguridad de Nayib Bukele en El Salvador orbita entre las demandas por mejorar la situación de seguridad y el respeto al Estado de derecho y los derechos humanos. Sin embargo, hay riesgos emergentes que podrían terminar desencantando a todas las partes, y es que el buque insignia de Bukele trae consigo importantes debilidades.

Luego de un año de estado de excepción (que permite a las autoridades limitar los derechos de asociación, la intervención de telecomunicaciones y el encarcelamiento de sospechosos por largos periodos sin presentar cargos), la tasa de homicidios por cada cien mil habitantes se ha reducido dramáticamente de 35.8 en 2019 a 7.8 en 2022, mientras la población encarcelada se ha incrementado de alrededor de 39 646 en 2018 a 97 525 en 2022.

Pero ¿cómo el Plan Control Territorial de Bukele ha logrado reducir las tasas de homicidio en 78% en solo 3 años? La clave es la movilización de recursos. En sus etapas iniciales, el plan de seguridad de Bukele logró generar suficiente consenso en torno a la movilización de los recursos requeridos, aunque bajo prácticas cada vez más autoritarias. Por ejemplo, desde las elecciones legislativas de 2021, Bukele controla al menos 64 de los 84 escaños de la Asamblea Legislativa, lo que le ha permitido aumentar significativamente el gasto en seguridad sin demasiada resistencia. Bukele controla también la Corte Suprema de Justicia, lo que le permite, al menos temporalmente, evitar posibles causas en su contra por la ejecución de su plan de seguridad.

Así, antes de la ejecución del Plan Control Territorial, Bukele se ocupó de afianzar su control del Estado. Esa es la principal diferencia que guarda respecto a los planes de seguridad Mano Dura y Super Mano Dura de principios de 2000, y es que aquellas transcurrieron en circunstancias más democráticas, donde el ejecutivo enfrentó una importante resistencia en las deliberaciones presupuestarias y en salas constitucionales.

Desde los días de los planes Mano Dura y Super Mano Dura hasta 2023, el presupuesto de seguridad ha crecido a más del doble en El Salvador. En particular, el gobierno de Bukele ha incrementado el gasto en seguridad pública y defensa nacional de un promedio anual de 573 136 399 de dólares, durante el gobierno de Salvador Sánchez Cerén, a 838 450 000 de dólares, es decir, un aumento de 46.39%, e incluso mayor si se considera el reciente despliegue de las fuerzas armadas en actividades de seguridad pública.

¿Cómo funciona?

El Plan Control Territorial, exhibido por el gobierno de Bukele como una obra maestra de la guerra urbana, hasta el momento ha revelado cinco fases: preparación, oportunidades, modernización, incursión y extracción. Las fases seis y siete siguen sin anunciarse, pero es razonable esperar que incluyan elementos destinados a contener la influencia de las pandillas dentro de los muros del sistema penitenciario.

A pesar de las fundamentadas críticas a la guerra contra las pandillas de Bukele, el salvadoreño promedio está más preocupado por la seguridad pública que por el retroceso democrático o las violaciones a los derechos humanos.

Durante los primeros años del gobierno de Bukele, indicadores como la tasa de homicidios y la población carcelaria siguieron las tendencias de años anteriores. Por ejemplo, la tasa de homicidios había descendido en un promedio anual de -8%, mientras que la población carcelaria incrementaba en alrededor de 14% cada año, desde 2014. En este contexto, el único indicador que mostró un fuerte aumento desde el inicio del gobierno de Bukele fue el gasto en seguridad, con un incremento promedio anual de 46.39%.

Por lo tanto, el esquema de seguridad de Bukele parece haber operado inicialmente dentro de una tregua en vigor desde gobiernos anteriores y entre las dos principales pandillas del país (MS-13 y Barrio 18). Sin embargo, el gobierno parece haber reclamado la iniciativa desde mediados de 2021, presumiblemente en la fase de “incursión” del plan de seguridad, que finalmente devino en los resultados antes mencionados.

¿Es sostenible la situación actual?

A pesar de las fundamentadas críticas a la guerra contra las pandillas de Bukele, el salvadoreño promedio está más preocupado por la seguridad pública que por el retroceso democrático o las violaciones a los derechos humanos. Según una reciente encuesta de CID Gallup, Bukele tiene una tasa de aprobación de 92%, la más alta de cualquier gobierno de la región.

Como la mayoría de los regímenes personalistas en sus primeros años, Bukele actualmente disfruta de los réditos políticos de la adopción de medidas altamente populares. Sin embargo, a medida que pase el tiempo y surja una crisis social o económica, el costo de preservar la situación actual será mayor, y los defectos inherentes del autoritarismo (represión, corrupción y declive económico) serán más evidentes para la ciudadanía. De este modo, la deriva autoritaria de Bukele constituye una amenaza para la estabilidad política en el largo plazo y la sostenibilidad de los logros en materia de seguridad.

Otro riesgo para la sostenibilidad de largo plazo del plan de seguridad de Bukele, y probablemente el más inminente, es el creciente riesgo crediticio de El Salvador. En febrero de 2023, Fitch Ratings calificó el riesgo crediticio de El Salvador en CC (muy alto), debido a un deterioro continuo en el mediano plazo. Esta calificación está directamente relacionada con los bonos vendidos por Bukele, que actualmente ocupan más de 20% del presupuesto general.

En este contexto, el presupuesto general del Estado se ha incrementado en 40% en los últimos 4 años, en comparación con los 4 años anteriores al gobierno de Bukele, y en 12% en 2023 comparado con 2022. Estos factores sugieren un alto riesgo fiscal que podría afectar la sostenibilidad a largo plazo de la política insignia de Bukele e incluso revertirla.

Cómo aumentar las posibilidades de éxito en el largo plazo

Los recientes resultados de seguridad pueden verse comprometidos en un escenario de inestabilidad política, considerando la actual deriva autoritaria de la presidencia de Bukele. Si bien el camino autoritario puede generar una toma de decisiones rápida y sin resistencia significativa, la historia muestra que un impacto positivo de largo plazo de las políticas es más probable en un orden político democrático.

Un enfoque más transparente del debido proceso puede aumentar la legitimidad del plan de seguridad de Bukele, ya que podría solventar las críticas sobre presuntos encarcelamientos injustos. La legitimidad puede ser un factor que le dé tiempo suficiente al gobierno para fomentar una cultura de la denuncia entre la población, lo cual dificultaría la recuperación del control territorial por parte de las pandillas, especialmente en zonas urbanas.

Por último, es cuestión de tiempo para que el Estado se vea obligado a reducir el gasto en múltiples rubros, lo cual generará la necesidad de adoptar un modelo de seguridad más eficiente, receptivo y basado en inteligencia precisa que permita operar efectivamente en un contexto de recursos limitados.

LUIS CAMPOS PÉREZ es licenciado en Ciencia Política por la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua y maestro en Relaciones Internacionales y Seguridad Hemisférica por la Universidad Central de Nicaragua. Es analista y editor en jefe para las Américas en Horizon Intelligence, así como autor de Puentes y cercos: la geopolítica de la integración centroamericana (Glasstree Academic Publishing, 2018), y de varios artículos sobre riesgo geopolítico y seguridad en Latinoamérica. Sígalo en Twitter en @luiscampospere2.

Tags:Derechos Humanos, El Salvador, Nayib Bukele, Pandillas, Seguridad