Los Angeles Times
Adriana Sletza Ortega Ramírez
Abril 2023
Una colaboración de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales
La política migratoria es interméstica. Esto implica que considere factores de política exterior e internacional y de las dinámicas migratorias transnacionales, pero también factores domésticos, ya que se implementa como política interna.
La tragedia ocurrida en Ciudad Juárez, el 27 de marzo de 2023, en una estancia provisional del Instituto Nacional de Migración (INM) reveló problemáticas estructurales que obligan a rediseñar la política migratoria mexicana, cuya base actual es la Ley de Migración (2011) que fortaleció al INM y el enfoque de seguridad nacional en detrimento de la perspectiva de los derechos humanos, incluida también en esa normativa. A esto se añade el drástico endurecimiento de las políticas migratorias y de refugio en Estados Unidos, así como el hecho de que, desde 2019, México aceptara abiertamente la colaboración migratoria con el gobierno estadunidense mediante declaraciones y memorandos de entendimiento que no son vinculantes en el marco del Derecho Internacional Público.
México es históricamente un país de migraciones, y requiere un rediseño urgente de su política migratoria en el contexto actual. Al escribir estas líneas, en abril de 2023, se está planteando sustituir al INM por una Coordinación Nacional de Asuntos Migratorios y Extranjería, en el que participen las secretarías de Gobernación (SEGOB), Relaciones Exteriores (SRE), Bienestar, Salud, Educación, Defensa y Marina, además de la Guardia Nacional, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, asociaciones religiosas, organizaciones civiles, cámaras empresariales, así como representantes de países centroamericanos, Canadá y Estados Unidos.
Dos ventajas se perfilan en la propuesta anterior: integralidad y transversalidad. Ello implica reconocer que los asuntos migratorios no pueden plantearse por separado por parte de diversas dependencias de la administración pública federal que, en la práctica, pueden dificultar o facilitar la vida diaria de las personas migrantes, refugiadas y con protección internacional. Adicionalmente, es importante considerar que México requiere incluir el factor del federalismo en el diseño de su política migratoria, ya que las entidades federativas y los municipios tienen responsabilidades en la protección y en la garantía de los derechos humanos de estas poblaciones en sus territorios y el acceso directo a servicios públicos, por lo que aquí se propone un sistema migratorio nacional que también incorpore la participación federalista. Una primera aportación al respecto la publiqué, en coautoría con Luis Alonso De Ita, bajo el título “Propuesta de Sistema Nacional de Migración”.
Estructura central
Para que un sistema de coordinación nacional de asuntos migratorios pueda ser operativo en México requiere estar encabezado por un Comité Rector, integrado por los titulares de la SEGOB y la SRE. De acuerdo con el artículo 18 de la Ley de Migración, la SEGOB es la instancia a cargo de dirigir la política migratoria mexicana. Y también la importancia de la participación de la SRE en el Comité Rector radica en sus atribuciones establecidas en el artículo 21, así como en la necesidad de generar propuestas en conjunto debido a las responsabilidades compartidas que tienen en la materia, y la congruencia requerida entre la política exterior y la política interna.
El Comité Rector tendrá la responsabilidad de planear y diseñar la política migratoria nacional, así como de generar los mecanismos de coordinación intergubernamental entre las instituciones federales y con los otros órdenes de gobierno (entidades federativas y municipios). Y la secretaría técnica del Comité Rector debería corresponder a la Unidad de Política Migratoria, Registro de Identidad de Personas por las atribuciones que le confiere el Reglamento Interior de la SEGOB en su artículo 55.
Por otro lado, esta propuesta contempla un comité intergubernamental que incluya a las autoridades en un sistema nacional de migración, para que instrumenten los mecanismos de cooperación en la materia, se facilite el intercambio de información y el trabajo conjunto entre las dependencias del gobierno federal involucradas y consideradas en el capítulo III de la Ley de Migración como autoridades auxiliares en materia migratoria (Secretaría de Turismo, Secretaría de Salud, Fiscalía General de la República, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la familia y el Instituto Nacional de las Mujeres), e incluir también a la Comisión Nacional de Ayuda a Refugiados (COMAR), el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y también al titular en turno de la Coordinación Nacional de Oficinas de Atención a Migrantes. Esta última es un espacio donde están representadas las entidades federativas con una Oficina Estatal de Atención a Migrantes (OFAM).
Es importante que en la estructura central del Sistema Migratorio Nacional se contemple un comité de participación ciudadana donde sean incluidos representantes de organizaciones civiles defensoras de derechos de los migrantes.
Actualmente hay veintinueve entidades federativas con una OFAM. Desde la década de 1980, en las entidades federativas mexicanas se empezaron a crear instancias gubernamentales para la atención de migrantes y sus familiares. Algunos ejemplos son los siguientes: en Michoacán existe la Secretaría del Migrante; el Instituto Tamaulipeco para los Migrantes, en Tamaulipas; el Instituto Poblano de Asistencia al Migrante, en Puebla; la Dirección General de Atención a Migrantes, en Veracruz, y la Subdirección de Migrantes en la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México (SEGOB, 2023: 105-111).
La operación de las OFAM a nivel nacional debe formalizarse y especificar sus funciones, ya que en la actualidad la mayoría opera con base en leyes estatales en materia migratoria. Dieciocho entidades federativas cuentan con leyes estatales de protección a migrantes. Se requiere que las personas migrantes, refugiadas y bajo protección internacional puedan ser atendidas por las OFAM e incorporadas en programas públicos de las entidades federativas, ya que esto ha quedado en un amplio margen de discrecionalidad en los estados y territorios. Así, algunas entidades son más progresistas, mientras que otras restringen sus programas y servicios solo a emigrados y oriundos.
Además, es importante que en la estructura central del Sistema Migratorio Nacional se contemple un comité de participación ciudadana donde sean incluidos representantes de organizaciones civiles defensoras de derechos de los migrantes que han demostrado un gran compromiso ante los cambios en las políticas migratorias en Estados Unidos y en México. También es importante incluir en este comité a especialistas del ámbito académico.
Sistemas migratorios estatales
Como parte de un sistema migratorio nacional, se requiere que cada entidad federativa implemente un sistema migratorio estatal, cuya titularidad esté a cargo de cada OFAM y con dos comités estatales: uno de coordinación intergubernamental y otro de participación ciudadana. En el comité intergubernamental deben participar las instancias relevantes que estén en contacto directo con poblaciones migrantes, refugiadas y bajo protección internacional, como las delegaciones federales de la SRE y las oficinas de la COMAR. De igual forma, deben participar las instancias estatales involucradas en la transversalidad de atención a estas poblaciones, como la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Salud, el Sistema Estatal de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, los sistemas estatales de empleo y capacitación para el trabajo.
Es necesario facilitar la inscripción de la población migrante, refugiada y bajo protección internacional a todos los programas y servicios estatales y municipales de los cuales pueda ser beneficiaria. En ese sentido, no debieran existir obstáculos burocráticos y discriminatorios que distinguen a las poblaciones por su nacionalidad.
Observadores externos
Los organismos internacionales en México que implementan programas para estas poblaciones, pueden participar como observadores en el sistema migratorio nacional y pueden participar en los sistemas estatales. La Organización Internacional para las Migraciones, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, entre otros organismos, impulsan programas muy relevantes en territorio mexicano. Igualmente, es necesario que también participen como observadores las representaciones diplomáticas y consulares acreditadas en México interesadas en dar seguimiento a la implementación de la política migratoria mexicana.
Indicadores y evaluación
Los indicadores para la evaluación de desempeño del sistema nacional de migración y los sistemas estatales de migración deberán elaborarse en función de un listado de programas y de servicios a los que tienen acceso las poblaciones migrantes, refugiadas y bajo protección internacional. El objetivo debe ser una incorporación completa de estas poblaciones a las políticas públicas del Estado mexicano en el ámbito federal, estatal y municipal. Sin un reconocimiento público e incorporación real de estas poblaciones, el Estado mexicano enfrentará problemáticas que se pueden prevenir por medio de la regularización migratoria y las políticas públicas. La regularización es relevante porque las personas requieren tener certeza sobre su situación migratoria para poder planear y lograr establecerse en México.
ADRIANA SLETZA ORTEGA RAMÍREZ es profesora e investigadora de Relaciones Internacionales en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). Es integrante del Cuerpo Académico consolidado “Procesos Transnacionales y Migración” BUAP-CA-230. Sígala en Twitter en @Asletza o contáctela en el correo electrónico adriana.ortega@correo.buap.mx.
Tags:Derechos Humanos, México, Migración, Política migratoria
Excelente propuesta de redaseño en la polÍtca mgratoría. Como parte de la responsabldad de Estado mexcano y en especial en la admnstracón públca federal en el contexto de la apertura comercial.