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Grecia González Gómez
Abril 2022
La participación política les permite a los ciudadanos formar parte en los procesos de toma de decisiones y en la creación de estrategias e iniciativas que tienen impacto sobre ellos. Dicho esto, antes de la década de 1990, las mujeres de Latinoamérica no podían gozar de este derecho fundamental, situación que no solo era impulsada por parte del Estado, sino que también por la sociedad en su totalidad. Históricamente, las mujeres no han tenido acceso a las mismas oportunidades que los hombres, y su nivel de participación y visibilización ha sido muy limitado. Sin embargo, en estas últimas décadas, las mujeres han logrado tener presencia en la esfera pública y privada, reivindicando la institucionalización de sus derechos políticos, civiles, económicos y sociales.
En este sentido, la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995), representó un paso histórico y crucial para el avance de la igualdad de género, debido a que en ella se gestaron los cimientos para integrar a las mujeres en los procesos de toma de decisiones. Asimismo, para contrarrestar los obstáculos de la participación femenina, se creó el Programa de Acción Regional para las Mujeres de América Latina y el Caribe, cuyo objetivo es analizar las políticas destinadas para estimular la participación de las mujeres en el desarrollo de sus países. Fue así como la participación de las mujeres en el ámbito político empezó a tener mayor impulso, y mediante el multilateralismo y la creación de compromisos internacionales logró formar parte de la agenda pública de los gobiernos de la región.
Así, Latinoamérica, como región, ha logrado avances significativos para integrar a las mujeres en el ámbito social, económico, político y cultural. Algunos de estos avances se basan en la implementación de sistemas de cuotas de género, lo que ha dado como resultado un aumento en el número de mujeres en puestos de toma de decisiones y de liderazgo. Hasta hoy, solo diecinueve países de la región cuentan con algún tipo de sistema de cuotas de los cuales muchos mantienen una cuota de 30%. Solo Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y Venezuela han logrado una paridad en su sistema político, aumentando sus cuotas a un 50% para alcanzar una igualdad de género real.
La adopción de cuotas en la región representa un gran avance para la igualdad de género. Sin embargo, para garantizar una participación plena y equitativa en la esfera política se requiere de leyes que impulsen a las mujeres a tomar cargos de liderazgo, además de prevenir, sancionar y erradicar los diferentes obstáculos, como el hostigamiento y la violencia, a la que muchas mujeres se enfrentan al participar en puestos de toma de decisiones.
La marea rosa en Latinoamérica
El sistema político de Latinoamérica se ha caracterizado por la asunción de partidos, movimientos y liderazgos de izquierda. Sin embargo, lo que para muchos significó un cambio de rumbo en la región hacia la izquierda, realmente fue un proceso de ascenso democrático de gobiernos progresistas en la mayoría de los países de la región, el cual fue catalogado como la marea rosa. Este movimiento va más allá de uno feminista, pero es importantes mencionar a las mujeres lideresas latinoamericanas han marcado la diferencia para unirse a este proceso de transición. Asimismo, se debe señalar que la presencia de las mujeres en la esfera pública está relacionada con la alta participación de campaña, la intención de voto y la asistencia a reuniones locales entre mujeres.
El movimiento de la marea rosa comenzó a gestarse en la década de 1990 con las siguientes elecciones presidenciales: Hugo Chávez en Venezuela en 1999, quien llegó al poder en medio del colapso de instituciones y partidos tradicionales; Ricardo Lagos en Chile en 2000, quien fue sucedido por Michelle Bachelet en 2006; Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil en 2002; Néstor Kirchner en Argentina en 2003, quien otorgó la sucesión de mandato a su esposa Cristina Fernández de Kirchner en 2007; Tabaré Vázquez en Uruguay en 2005, quien fue sucedido por José Mújica en 2009; Evo Morales en Bolivia en 2006, quien ganó las elecciones en un punto crítico de la crisis político-social que se vivió en años anteriores en el país; Rafael Correa en Ecuador en 2007, quien llegó al poder en medio del colapso de instituciones y partidos tradicionales; Daniel Ortega en Nicaragua en 2007; Fernando Lugo en Paraguay en 2008, quien encabezó un frente de movimientos sociales, sindicatos y partidos de oposición, y Mauricio Funes en El Salvador en 2009.
Si bien, las mujeres latinoamericanas lograron obtener su derecho de sufragio entre 1940 y 1950, la historia demuestra que en Latinoamérica las mujeres han tenido poca participación en el ámbito político, pues no fue hasta la década de 1990 cuando Violeta Barrios de Chamorro, de origen nicaragüense, se convirtió en la primera mujer latinoamericana en llegar al poder democráticamente. Logró triunfar sobre el Frente Sandinista de Liberación Nacional de la mano del partido Unión Nacional Opositora, después de unas elecciones llenas de tensión por la Revolución sandinista.
En estas últimas décadas, las mujeres han logrado tener presencia en la esfera pública y privada, reivindicando la institucionalización de sus derechos políticos, civiles, económicos y sociales.
Actualmente, Latinoamérica se caracteriza por tener los más altos niveles de mandatarias femeninas a nivel mundial, algunas de ellas elegidas democráticamente y algunas otras por sucesión de mandato después de haber sido primeras damas. Por ejemplo, Estela Martínez de Perón y Fernández de Kirchner en Argentina; Sandra Manson, quien asumió la presidencia de Barbados después de que se proclamó la independencia de su país de la corona británica; Lidia Gueiler Tejada y Jeanine Añez en Bolivia, siendo esta última quien asumió el poder tras la polémica posesión de mandato derivado de la salida de Evo Morales y su famoso asilo político en México; Dilma Rousseff en Brasil, quien tuvo un mandato controversial debido a su detención y estancia en prisión; Michelle Bachelet en Chile, quien tuvo dos períodos presidenciales no consecutivos; Laura Chinchilla en Costa Rica; Barrios de Chamorro en Nicaragua; Rosalía Arteaga en Ecuador; Janet Rosenberg Jagan en Guyana; Ertha Pascal-Trouillot en Haití, y Mireya Moscos en Panamá. A ellas se suman Portia Simpson en Jamaica y Kamla Persad-Bissessar en Trinidad y Tobago, como primeras ministras de sus países.
La dominación masculina ha creado ciertas expectativas y tabúes en la sociedad respecto a la capacidad de las mujeres para ejercer un cargo político, ya que se les considera no aptas para ello. Sin embargo, a pesar de que las mujeres han pasado por un proceso de transición lento, de electoras a elegibles y de militantes a líderes, definitivamente han demostrado ser aptas para desempeñar cualquier puesto político y de liderazgo al que aspiren. En este sentido, los grandes retos y desafíos para el acceso de las mujeres a puestos políticos se encuentran dentro de las estructuras políticas institucionales, especialmente en aquellas de los partidos políticos.
Honduras: país conservador con agenda progresista
Honduras es tradicionalmente un país conservador en términos político-estructurales. Sin embargo, por vez primera en los 200 años que lleva como país independiente, una mujer ocupa el cargo de presidenta. Xiomara Castro de Zelaya se convirtió en la primera mujer hondureña en ocupar este cargo tras ganar las elecciones del 28 de noviembre de 2021, y además lo hizo bajo la dirigencia de un partido de izquierda y una agenda progresista. La trayectoria política de Castro de Zelaya tuvo como parteaguas la campaña política de Manuel Zelaya, quien asumió la presidencia en el periodo 2006-2009, y en el movimiento feminista del Partido Liberal en el cual militaba su conyugue.
Actualmente, Honduras se enfrenta a grandes retos, como la violencia de pandillas, la corrupción, el narcotráfico y los desastres naturales. Debido a ello, las prioridades de este gobierno están encaminadas a la reducción de la pobreza, la reactivación económica, la deuda pública, la recaudación fiscal, la lucha contra la corrupción y la participación ciudadana en la formulación, la aprobación y la ejecución del presupuesto general.
En Honduras ser mujer no es fácil, sobre todo porque, desde el golpe de Estado hace 12 años, la situación de las mujeres no solo se ha estancado, sino que ha retrocedido. En 2014, las tasas de violencia superaban a las de Siria cuando este país se encontraba en guerra.
Por otro lado, según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, es el país con más feminicidios de la región: 4.7 por cada 100 000 mujeres. Además, es el país con más niñas embarazadas.
La tasa de natalidad de adolescentes en Honduras es de 89 por cada 1000 niñas, superior al promedio regional de 61 por cada 1000, y más del doble del promedio mundial, según el programa sobre salud sexual y reproductiva de la Organización de las Naciones Unidas. En este sentido, las mujeres son forzadas a ser madres en un contexto violento y en un país con una tasa de pobreza del 74%, considerando que el aborto está penalizado, además que las víctimas de violación no pueden ni siquiera acceder a la píldora de emergencia. Por último, la economía de las mujeres hondureñas es más débil que la de los hombres, porque sobre ellas recae el cuidado de las familias.
Ahora bien, debido a que Castro Zelaya se caracteriza por ser una ardua defensora de los derechos humanos, la agenda de su gestión va más allá de los problemas estructurales mencionados anteriormente, e incluye algunas propuestas progresistas como la despenalización del aborto en casos de violación. Esta propuesta fue impulsada en su campaña electoral y generó polémica al interior del país debido al conservadurismo que aún se vive en Honduras.
Actualmente, solo cinco países de Latinoamérica mantienen la prohibición absoluta del aborto en sus códigos penales: El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua y República Dominicana. Mientas que Argentina, Colombia, Cuba, Guayana, Guyana Francesa, México, Puerto Rico y Uruguay, están despenalizando el aborto en determinados plazos de gestación.
Lo anterior ejemplifica los enormes retos a los que la nueva presidenta de Honduras se tendrá que enfrentar, situación que presupone que su gestión no será nada fácil. Probablemente los cambios no se verán reflejados en el corto plazo debido a las condiciones en las que se encuentra Honduras, además de que, la transición de un país conservador a uno progresista es una tarea compleja que requerirá cambios estructurales y sustanciales en todos los ámbitos.
En este sentido, será especialmente importante para Honduras romper con la cultura machista y lograr sistemas de paridad de género que abran oportunidades para que las nuevas generaciones de mujeres aspiren a posiciones de liderazgo que antes estaban destinadas para los hombres. A medida que más mujeres asuman papeles importantes en la toma de decisiones, habrá mayor diversidad de ideas, lo que enriquecerá el debate y el desarrollo de la sociedad.
GRECIA GONZÁLEZ GÓMEZ es licenciada en Negocios Internacionales por el Instituto Politécnico Nacional (IPN), Unidad Santo Tomás, y maestrante en Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Es especialista en temas sobre política exterior, diplomacia, multilateralismo y estudios sobre África. Sígala en Twitter en @GlezGrecia.
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