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Laura L. Romero Godínez
Marzo 2023
El 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Si bien, esta fecha sirve para recordar el extenuante camino que las mujeres han tenido que recorrer para ser acreedoras de derechos básicos, también sirve para ser críticos y vislumbrar que aún queda mucho por hacer. A nivel mundial, la violencia de género es un tema primordial; no obstante, si se pone énfasis en las manifestaciones más brutales y extremas de violencia contra las mujeres y las niñas, como en los homicidios intencionales y los feminicidios, se cae en cuenta que el problema se debe atender aún con mayor urgencia.
Uno de los argumentos que las personas en contra de la perspectiva de género presentan constantemente con la finalidad de minimizar la relevancia que los homicidios intencionales y los feminicidios conllevan, es que la proporción de hombres víctimas de homicidio es mayor al de las mujeres. Sin embargo, hay diferencias relevantes que denotan el por qué es fundamental hacer énfasis o un estudio diferenciado sobre la violencia contra las mujeres y las niñas.
Por ejemplo, de acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y ONU Mujeres, durante 2021, a nivel mundial, 81 100 mujeres y niñas fueron asesinadas intencionalmente, de las cuales alrededor de 45 000 fueron víctimas de violencia homicida en el ámbito privado por parte de sus parejas íntimas u otros miembros de sus familias. Si bien, el número de hombres asesinados es muy elevado y, lamentable, de acuerdo con las estadísticas, los hombres y los niños corren principalmente el riesgo de ser asesinados por alguien ajeno a su familia en el ámbito público, mientras que en el caso contrario, en promedio, más de cinco mujeres o niñas son asesinadas cada hora por alguien de su propia familia. Asimismo, este estudio indica que en América Latina y el Caribe las mujeres tienen más probabilidades de ser asesinadas por sus parejas íntimas que por otros miembros de la familia, de tal modo que la proporción de homicidios femeninos relacionados con la familia aumentó de 19% a 25% entre 2019 y 2020.
La crisis feminicida en México
En el caso específico de México, el panorama no es distinto y denota un elevado grado de alarma. De acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante 2022 se registraron 3756 homicidios dolosos y feminicidios. Es decir que, en México, cada día 10.3 mujeres son asesinadas intencionalmente, lo que equivale a decir que en México una mujer es víctima de homicidio doloso o feminicidio aproximadamente cada 2 horas.
Aquí es importante señalar que aunque los términos homicidio doloso y feminicidio tienen un significado distinto, se ponen en conjunto debido a que aún hay problemas de clasificación por parte de las autoridades al momento de registrarlos. En diversas ocasiones, esto tiende a dejar fuera de las estadísticas de feminicidio ciertos asesinatos que deberían ser catalogados como tal, principalmente cuando las muertes son violentas. Por lo tanto, cuando se habla de homicidios por razones de género se deben de contabilizar aquellos cometidos por parejas íntimas o familiares, y aquellos realizados por conocidos o desconocidos donde el modus operandi cumple al menos uno de los siguientes criterios: antecedentes de violencia/acoso, secuestro o privación ilegal de la libertad, uso de la fuerza o mutilación, cuerpo desechado en un espacio público, crimen de odio, violencia sexual previa, víctima de formas ilegales de explotación ilegal o trabajadora en la industria sexual.
Los datos como reflejo de la realidad
Por otro lado, además de que las cifras de estas manifestaciones extremas de violencia en contra de las mujeres y las niñas aumentan cada año, es sumamente alarmante saber que la impunidad y la indiferencia del Estado mexicano aumentan también. Por ejemplo, a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió en el Amparo en Revisión 554/2013 (caso Mariana Lima), que tanto los agentes encargados de la investigación como el resto de las autoridades “tienen la especial obligación de prevenir, investigar y, en su caso, sancionar la violencia contra las mujeres, así como el derecho correlativo de estas y sus familiares de que, entre otras, la investigación se lleve a cabo con perspectiva de género y con especial diligencia”, de acuerdo con Impunidad Cero, durante 2021 únicamente 27% de los homicidios intencionales de mujeres fueron investigados como feminicidios. Asimismo, esta organización no gubernamental estableció que los estados con mayor nivel de impunidad acumulada en homicidio doloso y feminicidios, de 2016 a 2021, fueron Oaxaca (100%), Tlaxcala (99.7%), Guerrero, (98.5%), Chihuahua (98.5%), Colima (95.5%), Puebla (93.4%) y Morelos (92.95%).
Por otro lado, en la sentencia González y otras vs. México (sentencia del campo algodonero), del 16 de noviembre de 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que el Estado mexicano debía de “continuar con la estandarización de todos sus protocolos, manuales, criterios ministeriales de investigación, servicios periciales y de impartición de justicia, utilizados para investigar todos los delitos que se relacionen con desapariciones, violencia sexual y homicidios de mujeres (…), con base en una perspectiva de género”. No obstante, esta estandarización ha sido compleja y diversa a lo largo del país. Por ejemplo, solo Ciudad de México y Jalisco contemplan de forma explícita la obligación de crear protocolos para el delito de feminicidio en su ley orgánica, mientras que el resto de los estados han incorporado otro tipo de protocolos centrados en el homicidio doloso de mujeres, homicidio de mujeres por razones de género, muertes violentas de mujeres, delitos cometidos contra mujeres por razones de violencia de género, entre otros. Esto genera que las acciones dirigidas a erradicar estos tipos de violencia no sean homogéneos y que las estadísticas fluctúen.
Garantizar la disponibilidad de datos relacionados con los asesinatos de mujeres y niñas por motivos de género es importante para que los países puedan intervenir y crear políticas públicas más eficaces.
Garantizar la disponibilidad de datos relacionados con los asesinatos de mujeres y niñas por motivos de género es importante para que los países puedan intervenir y crear políticas públicas más eficaces orientadas a erradicar estas manifestaciones extremas de violencia de género. No obstante, es factible que los Estados no reaccionen por sí mismos, por lo que, es fundamental que la sociedad civil también se involucre y exija cambios en la legislación.
Por ejemplo, el estudio realizado por la UNODC y ONU Mujeres estima que, a raíz del activismo feminista de #NiUnaMenos, en Argentina se estableció el Registro Nacional de Feminicidios en 2015, el cual fue acompañado de mejoras introducidas en la metodología para abarcar diferentes formas del delito, las cuales han contribuido para que los formuladores de políticas públicas vislumbren una imagen más precisa de la magnitud real del delito y a identificar grupos vulnerables específicos. Por lo tanto, es fundamental que tanto las organizaciones no gubernamentales, los miembros de la sociedad civil y el Estado trabajen en conjunto para hacerle frente a este problema de violencia feminicida, el cual nos acecha a todas por igual.
LAURA L. ROMERO GODÍNEZ cursó la licenciatura en Relaciones Internacionales en el ITAM y es maestranda en Derechos Humanos en la misma universidad. Cursó un diplomado en Migración y Derechos Humanos en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y actualmente trabaja en el sector privado desarrollando negocios de impacto social. Sígala en Twitter en @LauraLRomeroG.
Tags:Feminicidio, Mujeres, ONU Mujeres, Violencia
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