12 noviembre, 2018 • Artículos, Europa, Portada • Vistas: 8418

Matías Mongan

Noviembre 2018

A diferencia de Occidente, que siempre asocia las crisis con momentos dramáticos cargados de negatividad, en chino mandarín la palabra crisis se compone de dos ideogramas en teoría opuestos: Wei, que se traduce como «peligro» y Ji que, entre varias acepciones (máquina, avión, punto crucial, etcétera) se puede traducir como «oportunidad». Este aspecto central de la filosofía zen fue entendido perfectamente por los populistas de derecha, quienes aprovecharon el impacto de la crisis financiera internacional y de las políticas de austeridad llevadas adelante por la Unión Europea para difundir su discurso xenófobo que les permitió dejar atrás el ostracismo electoral y convertirse en un actor con opciones de poder concretas que amenaza el futuro del proceso de integración europeo.

Envalentonados por el triunfo de Donald Trump en Estados Unidos y el brexit, los populistas aprovecharon la incapacidad de la izquierda para construir un discurso alternativo a la globalización y construyeron una narrativa polarizante mediante el cual canalizaron el apoyo de vastos sectores sociales que estaban desencantados con el funcionamiento del sistema y el mundo neoliberal. De acuerdo a Cas Mudde y Cristobal Rovira (2011), «los populistas europeos de derecha actualmente presentan un discurso crítico hacia la globalización económica y los efectos que esta produce sobre los trabajadores, el cual hace acordar a las políticas utilizadas por los populistas latinoamericanos». Pero a diferencia de los populistas sudamericanos que promovieron un discurso incluyente que buscó ampliar los derechos y dotar de ciudadanía política a los sectores sociales excluidos de la democracia liberal, los populistas europeos impulsaron un discurso excluyente que recorta derechos y que construye al pueblo (es decir lo «bueno» y lo «puro») de acuerdo a patrones étnicos.

En este marco, las minorías étnicas, y sobre todo los inmigrantes, son vistos como peligros que ponen en riesgo la identidad nacional (Mabel Berezin, 2009), la cual estaría amenazada como consecuencia  de una dinámica trasnacional «hegemonizante» que generaría más costos que beneficios. Por esta razón,   argumentan los líderes populistas de derecha, el Estado debería recuperar la soberanía nacional para proteger eficazmente a sus ciudadanos, los cuales son definidos de acuerdo a patrones identitarios restringidos. Como explican Hans-Georg Betz y Carol Johnson (2004) «no es sorpresa que actores como Jörg Haider y Marine Le Pen argumenten que las identidades de Austria y Francia deben ser preservadas en su estado más puro. El principal argumento detrás de esto es que algunos grupos no pueden ser integrados en la sociedad y, por lo tanto, esos grupos representan una amenaza concreta a los valores y la integridad cultural del pueblo, es decir los nativos».

Para diferenciarse de las políticas de austeridad llevadas adelante por la Unión Europea, los partidos populistas fomentan políticas económicas intervencionistas que parecieran querer restablecer las bases del estado de bienestar. Pero mientras consolidan derechos para un sector privilegiado de la población, paralelamente desarrollan iniciativas abiertamente xenófobas que criminalizan las minorías y que transgreden los lineamientos básicos de la estructura jurídica internacional de derechos humanos desarrollada en las últimas 7 décadas al calor del paradigma internacionalista liberal.

El ejemplo italiano

En este sentido, un ejemplo es el programa anunciado el 18 de mayo de 2018 por el Movimiento Cinco Estrellas y La Liga por intermedio del cual se logró conformar gobierno en Italia luego de meses de incertidumbre política. Entre otras cosas, los partidos populistas se comprometieron a entregar una renta básica de 780 euros mensuales por un plazo de 2 años a todos aquellos ciudadanos que vivan solos (una política redistributiva que desde hace tiempo se viene discutiendo al interior de la Unión Europea, pero que nunca se pudo llevar adelante debido a la reticencia del eje Bruselas-Berlín), a rebajar los impuestos y la edad de jubilación, a aumentar los subsidios a la discapacidad y las subvenciones para guarderías (aunque a este último beneficio solo podrán acceder las familias italianas). Pero estas políticas reformistas orientadas a ampliar derechos parecen estar dirigidas solo a los «ciudadanos de primera» (los nativos), todos aquellos que no estén englobados dentro de este imaginario colectivo deberán lidiar con un Estado inflexible que se compromete a defender su interés nacional y a expulsar 500 000 inmigrantes irregulares para terminar con el «negocio de la inmigración», en una crítica explícita al papel de las organizaciones no gubernamentales que trabajan con los migrantes en el Mediterráneo.

En este marco, las minorías étnicas, y sobre todo los inmigrantes, son vistos como peligros que ponen en riesgo la identidad nacional.

Los dirigentes de ambos partidos han logrado sacar un gran rédito político exacerbando el discurso antinmigrante. A pesar de las críticas de la comunidad internacional a sus propuestas que transgreden los principios de dignidad humana básicos estipulados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Ministro de Interior y Vicepresidente de Italia, Matteo Salvini, en reiteradas ocasiones mostró su orgullo por ser catalogado como populista y no dudó en promover distintas medidas xenófobas de marcado carácter anticonstitucional que hacen recordar a los tiempos de Benito Mussolini (como, por ejemplo, su idea de llevar adelante un censo de gitanos) para fortalecer su imagen de «rupturista independiente» y así dejar en evidencia su rechazo al modelo de gobernanza trasnacional. Más allá de que esta iniciativa puntual fue rechazada tajantemente por los otros miembros de la coalición populista, la estrategia provocadora de Salvini pareciera estar dando sus frutos. No solo fortaleció su base electoral sino que por medio de sus acciones unilaterales y políticamente incorrectas también logró ampliar la capacidad de influencia de La Liga en el proceso de toma de decisiones del gobierno italiano, algo que por ejemplo nunca pudo lograr su antecesor Umberto Bossi durante el periodo de Silvio Berlusconi. «La Liga de Salvini ya es el partido más popular del país con un 29.2%, cuando apenas 3 meses atrás reunía un 17.3% de los votos. En cambio su socio populista en desgracia, el Movimiento 5 Estrellas, que contaba con el 32.4% de los sufragios, en los últimos sondeos no pasa del 29%. Está perdiendo a sus votantes que vienen de la izquierda y que huyen atemorizados de un gobierno que gira a la derecha con tintes neofascistas, en el que es Salvini el que marca la agenda», señaló Julio Algañaraz en el diaro Clarín.

La defensa populista

Haciendo una utilización política de la teoría del choque de civilizaciones, los populistas se presentan como los «defensores» de la cultura local la cual estaría amenazada como consecuencia de los efectos negativos de la globalización. De esta forma se construye discursivamente al «otro», al que se le atribuyen la culpa de los males que atraviesan las sociedades occidentales. Para los populistas, el Estado, único actor soberano con capacidad para garantizar el bienestar del colectivo autóctono, debe utilizar todas las herramientas que tiene a su alcance para combatir a estos seres ajenos a la identidad nacional, a quienes no dudan en tratar como «ciudadanos de segunda» y en negarles el acceso a los derechos básicos consagrados en las convenciones internacionales de derechos humanos y en la propia Unión Europea. Los enemigos dialécticos construidos por los populistas europeos pueden ser muy variados: desde el terrorismo internacional, la inmigración descontrolada, la propia Unión Europea o la mundialización económica que produce impactos negativos sobre las estructuras productivas nacionales.

Al igual que ocurre con el «pueblo», los populistas de derecha entienden a la cultura como un elemento homogéneo y estático. En este contexto profesan una visión etnicista y abiertamente racista mediante la cual rechazan el multiculturalismo promovido por la globalización capitalista. Unos argumentos que luego sirven de excusa para violar flagrantemente los derechos humanos, como lo hace Salvini cuando rechaza los barcos cargados de inmigrantes en el Mediterráneo o cuando Trump separa a miles de menores migrantes de sus familiares para asegurar el derecho de los ciudadanos estadounidenses a una frontera segura. Para rechazar las críticas de los sectores liberales a estas prácticas xenófobas, los populistas atacan a los medios de comunicación y los engloban dentro de una serie de enemigos dialécticos que atentarían contra la implementación de las políticas necesarias para beneficiar al «pueblo»( o sea a los nativos).

Los medios de comunicación como enemigos

A pesar de contar con cierto respaldo dentro de los medios de comunicación, los populistas suelen enarbolar un discurso crítico hacia la élite mediática para fortalecer su perfil «independiente». En este marco es que impugnan la legitimación que los medios hacen de los discursos políticos dominantes. En este sentido, uno de los principales exponentes es el presidente Trump, quien desde el comienzo de su campaña electoral dio inicio a una guerra contra los medios a los que acusó de promover noticias falsas (fakes news) para perjudicar su candidatura. Esta tendencia se ahondó aún más luego de llegar a la Casa Blanca, en donde el magnate profundizó sus críticas hacia medios como CNN, The New York Times, el Washington Post o cualquier otro que deje en evidencia sus incoherencias.

En sus polémicos embates el mandatario suele hacer hincapié en la necesidad de promover dinámicas comunicativas más democráticas que no desinformen a la población. Más allá de su discurso antiélite, Trump no tiene ningún tipo de intención de pluralizar el discurso público o de regular el funcionamiento de los medios de comunicación. Solo busca dejar en evidencia la mediación que estos realizan como difusores de ideología ante la opinión pública (una situación que siempre fue negada por el liberalismo y sus distintas vertientes) para imponer su discurso y así evitar que surjan hegemonías en su contra en un ámbito clave en donde se dirimen las relaciones de poder. La estrategia a la postre le resultó exitosa. El contexto de crisis obviamente fue clave para dar credibilidad a sus argumentos posmodernos y un poco apocalípticos que planteaban la necesidad de que Estados Unidos hiciera todo lo que tiene a su alcance para defender su interés nacional en un escenario anárquico donde predominan los juegos de suma cero. «La posmodernidad, dice Lyotard, es una edad de la cultura. Es la era del conocimiento y la información, los cuales se constituyen en medios de poder, época de desencanto y declinación de los ideales modernos; es el fin, la muerte anunciada de la idea de progreso», añade Adolfo Vásquez Rocca (2011).

Los reprimidos

Este discurso escéptico encontró una fuerte receptividad sobre todo en los sectores sociales reprimidos que desde hace décadas sufrían el impacto de la globalización capitalista y que no recibían ningún tipo de respuestas al respecto. Este discurso llevó, por ejemplo, a que los estados mineros y siderúrgicos conocidos como el cinturón industrial (Iowa, Míchigan, Ohio, Pensilvania y Wisconsin) pasaran de apoyar a Barack Obama en 2012 a entregarse con fervor a Trump en las últimas elecciones, un cambio que finalmente terminó definiendo el destino de la carrera presidencial. Algo similar ocurrió en Italia con La Liga, donde los ciudadanos del sur apoyaron la política de «Italia primero» de Salvini a pesar del histórico racismo que su partido expresó hacia los habitantes de esa región. Lo mismo ocurrió por su parte en Francia con los obreros industriales, quienes votaron en masa por Le Pen para expresar su rechazo hacia la política de libre comercio llevada adelante por los partidos tradicionales.

A pesar de que Europa ya dejó atrás la crisis económica y humanitaria, al menos eso demuestran los indicadores, el discurso populista parece haberse asentado tanto a nivel social e institucional. Esto es, en gran parte, como consecuencia de la incapacidad de la Unión Europea para defender los valores democráticos que en el pasado la hicieron sobresalir como la experiencia multilateral más eficaz y como el paradigma a seguir para consolidar un «sistema de gobernanza cosmopolita» (José Antonio Sanahuja, 2012).

Los refugiados

El giro conservador y xenófobo evidenciado estos últimos 3 años en Europa ha sido más que evidente. Las promesas de reubicar refugiados quedaron en el pasado para dar paso a un discurso punitivo y cercenador de los derechos de los migrantes y las minorías (sobre todo islámicas), a los cuales se los ve como una amenaza constante que pone en riesgo no solo la identidad nacional sino también la soberanía del propio Estado, al promover fenómenos nocivos como el terrorismo.

Esta tendencia quedó en evidencia en la cumbre migratoria realizada el 28 y 29 de junio de 2018 en Bruselas, en donde los países alcanzaron un vago acuerdo que buscó solucionar el problema de la inmigración. Entre los principales puntos acordados se estableció la creación de lo que eufemísticamente se denominó «centros controlados», en donde serán enviados todos los migrantes rescatados en el mar, a los cuales luego se clasificará para separar a los posibles refugiados de los llamados inmigrantes económicos. Los primeros serán «reubicados» en aquellos Estados que manifiesten voluntad de acogerlos, mientras que los segundos serán automáticamente deportados. Cada Estado decidirá de forma voluntaria si construye o no los centros de reclusión, lo que significa el fin del sistema de cuotas obligatorias de reparto creado en 2015. Este hecho marca una victoria diplomática rotunda para los mandatarios populistas de extrema derecha nucleados en el grupo Visegrado, los cuales se negaban a recibir un solo refugiado o inmigrante irregular.

Ni siquiera la otrora poderosa Angela Merkel pudo contener el auge populista y se plegó a la dinámica represiva para salvar a su gobierno.

Además de reforzar la cooperación económica con «Estados fallidos» como Libia para que actúen como «Estados-tapón» que contengan la inmigración que busca llegar a Europa (tarea que desde 2016 lleva a cabo Turquía a cambio de 6000 millones de euros), los mandatarios propusieron la creación de plataformas regionales de desembarco en terceros países para así regular el flujo migratorio en el Mediterráneo. Esta polémica iniciativa, que se busca promover con la colaboración de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones, se basa en la necesidad según el acuerdo de «romper definitivamente el negocio de las mafias y eliminar el incentivo por el que, supuestamente, las personas se embarcan en viajes peligrosos».

De llegar a implementarse este proyecto de externalización migratoria violaría el principio de no devolución y un sinfín de convenios internacionales de derechos humanos, como la Convención de Dublín que regula el derecho de asilo en Europa y que establece que «el Estado responsable de una demanda de asilo individual será aquel por el que el solicitante acceda al territorio europeo». Una norma que aún continua vigente a pesar de las presiones del gobierno populista de Italia y del resto de los países del Sur de Europa para reformarla aduciendo la necesidad de impulsar un reparto más equitativo de los «costos sociales» de la inmigración.

Ni siquiera la otrora poderosa Angela Merkel pudo contener el auge populista y se plegó a la dinámica represiva para salvar a su gobierno que estaba en jaque producto del ultimátum lanzado por sus socios de la Unión Social Cristiana de Baviera y así de paso tratar de contener el meteórico avance del partido derechista Alternativa para Alemania. En la antesala del encuentro, la Canciller alemana reconoció que la situación que atravesaba el bloque comunitario era compleja y que la migración podría definir el destino político del mismo. A pesar de su intención y de los dirigentes comunitarios por revestir de un carácter multilateral y consensuado al acuerdo, lo cierto es que este hecho marca el fin del «sueño europeo» y evidencia la decadencia política en la que se encuentra inmersa desde hace décadas la Unión Europea. Un declive que se inició con la firma del Tratado de Maastricht que instaló la lógica neoliberal en Europa, cuyas consecuencias sociales nefastas favorecieron la irrupción de los proyectos políticos populistas.

Conclusión

Pero ahora bien, ¿es posible establecer algún tipo de coexistencia política entre los populistas de derecha y la Unión Europea o ambos modelos son mutuamente excluyentes? Se puede concluir que las propias características del modelo de inserción populista confrontan abiertamente con los de la Unión Europea, sobre todo en lo que hace al papel del Estado-nación. Mientras unos buscan fortalecer la soberanía estatal para hacer frente a las «amenazas externas», las instituciones comunitarias continúan insistiendo que la mejor salida a la crisis actual es robustecer el multilateralismo y la cooperación trasnacional.

Al ser conscientes de que la iniciativa política y la correlación de fuerzas está a su favor, los populistas de derecha no tienen ningún tipo de intención de modificar el estado de las cosas o de seguir el ejemplo británico. Solo se han enfocado en aglutinar sus fuerzas para imponer su discurso en el plano europeo (algo que han logrado cabalmente) y ahora esperan que la crisis de representatividad siga su curso para que la Unión Europea caiga como una fruta madura.

Entonces, toda la responsabilidad está de lado de Bruselas y de los gobiernos que lideran el proceso de integración, quienes tienen dos opciones claras por delante. Por un lado, pueden hacer frente al desafío populista reafirmando los valores democráticos que alguna vez lo caracterizaron. Pero para ello primero deberían rever la política de austeridad macro financiera, lo que parece poco probable dado la reticencia de Alemania a perder sus beneficios. Ante esta situación la Unión Europea pareciera haber decidido pasar al plan B, que consistiría en ceder la iniciativa institucional a los populistas con la esperanza de que esto evite la implosión del sistema de integración. Pero lo cierto es que esta actitud pasiva puede dar pie a una escalada autoritaria que detone los principios democráticos en el continente y que termine convirtiendo al otrora proceso de integración modelo en un «cadáver político», un cascarón vacío que solo serviría para dar legitimidad a líderes xenófobos y para institucionalizar prácticas violatorias de los derechos humanos.

MATÍAS MONGAN es licenciado en Comunicación Social y maestro en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Ha trabajado en distintos medios periodísticos, tanto escritos como radiofónicos. Actualmente es maestrante en Derechos Humanos, Interculturalidad y Desarrollo por la Universidad Pablo de Olavide (UPO) en Sevilla, España.

Tags:Integración, Migración, Populismo, Refugiados, Unión Europa