FARC
Lani Anaya Jiménez
Septiembre 2019
Una colaboración del Programa de Jóvenes del Comexi
El 28 de agosto de 2019, Colombia y su proceso de paz volvieron a la escena internacional cuando Iván Márquez, antiguo líder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), declaró su regreso a la lucha armada. La noticia adquiere tiene relevancia regional debido al contexto de posconflicto colombiano; la tensión geopolítica entre este país y la frontera con Venezuela, y la reactivación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR).
Histórico del conflicto armado colombiano
Las raíces del conflicto en Colombia se remontan a la mitad del siglo XX, época de pugnas entre el Partido Liberal Colombiano y el Partido Conservador Colombiano. Las diferencias entre ambos partidos encontraron uno de sus puntos más álgidos durante el periodo conocido como La Violencia (de 1948 a 1958). El terror ―causado primeramente por el control de tierras― adquirió diversas formas: violencia física, persecuciones, censura y 200 000 muertes. Ambos partidos firmaron un acuerdo llamado Frente Nacional que incluía la alternancia del poder cada 4 años. Aunque el documento permitió una tregua temporal, se excluyeron otros grupos que surgirían como insurgencias, entre ellos las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Las FARC, constituidas como brazo armado de la facción comunista, se establecieron en zonas de difícil acceso y, más tarde, utilizaron el tráfico de armas y drogas como uno de sus medios de financiamiento. Por otro lado, el ELN surge con apoyo de clérigos católicos de la teología de la liberación. Hacia la década de 1980, se sumaron al conflicto los cárteles de drogas de Medellín y Cali, al unir intereses con grupos insurgentes. Estos últimos ganaron poder e influencia en grandes zonas rurales y urbes.
La presidencia de Andrés Pastrana se vio nublada de pocos avances en las negociaciones. Su sucesor, Álvaro Uribe (2002-2010), inició su mandato con el Plan Colombia, con la asistencia de Estados Unidos, el cual retomó el control de algunos corredores mediante la fuerza. No obstante, la imagen del país se encontraba deteriorada. El deceso natural del líder histórico de las FARC, Manuel Marulanda, abrió la oportunidad al diálogo entre este grupo y el gobierno.
El periodo de Juan Manuel Santos (2010-2018) fue clave en la pacificación de Colombia. En 2012, iniciaron las negociaciones entre ambas partes. Tanto el gobierno como las FARC nombraron a Cuba y Noruega como garantes; en tanto que Chile y Venezuela serían elegidos a la postre como facilitadores. Los temas más relevantes fueron: la participación política de las FARC-EP; la reforma agraria y reparto de tierras; la restructuración militar por medio de los Programas de Desarme, Desmovilización y Reinserción (DDR); el reconocimiento de víctimas por medio de instituciones jurídicas especiales; el narcotráfico, y la refrendación de acuerdos mediante una consulta popular.
Que no haya un progreso paralelo con las fuerzas del ELN y los cárteles, genera la posibilidad de nuevas alianzas con los disidentes de las FARC.
El plebiscito se llevó a cabo el 26 de octubre de 2016. La oposición, encabezada por Uribe y otros líderes conservadores ―incluyendo grupos religiosos―, hizo una campaña en contra del acuerdo basada en la impunidad de los excombatientes, así como el enfoque de género. Aunque el “no” triunfó reñidamente, Santos fue galardonado con el premio Nobel de la Paz. El nuevo acuerdo de paz, que incluía la perspectiva de la oposición, se firmó el 24 de noviembre de 2016. Así, se instaló el Consejo Nacional de Reincorporación de las FARC, la Ley de Amnistía para aquellos excombatientes que no hubiesen cometido crímenes graves, y la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación de la Implementación del Acuerdo (CSIVI). En 2017, se instalaron la Misión Electoral, la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, la participación ciudadana Voces de Paz, y los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Simultáneamente, los primeros excombatientes de las FARC se concentraron en las zonas que iniciarían los DDR. El CSIVI conformó al grupo de expertos para las reformas agrarias. Conjuntamente, las mujeres apoyaron crear una instancia especial para garantizar el enfoque de género en el acuerdo final.
En los comicios de 2018, el uribista Iván Duque ganó la presidencia, en tanto que el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) obtuvo representatividad en el Congreso, en la Cámara de Representantes y en el Senado. Desde su mandato, se pausaron las negociaciones con otro de los grupos armados, el ELN, y se capturó a Jesús Santrich, representante de las FARC en el acuerdo. En marzo de 2019, se vetó la ley que pedía la supervisión en el tribunal especial en el que los combatientes de todas las partes podrían ser procesados. Tras el anuncio de los 31 exintegrantes de las FARC-EP que decidieron retomar las armas, la JEP los expulsó de su sistema, por lo que perdieron los beneficios judiciales contemplados en el acuerdo de paz.
Del acuerdo de paz de La Habana a los videos de Iván Márquez
Una de las prioridades en los acuerdos de paz debe ser el dilema de seguridad, al que Chaim D. Kaufmann define como la concepción inexacta de las partes de las partes acerca de la seguridad. Si este dilema no se adopta e implementa adecuadamente, es posible que el conflicto se reanude a largo plazo.
Es importante la identificación de posibles saboteadores, a quienes Stephen Stedman reconoce como aquéllos “líderes o partes quienes creen que la paz surgida desde las negociaciones atenta contra su poder, perspectiva e intereses; por lo que usan la violencia a fin de socavar los intentos de lograrla”. En el caso colombiano, las FARC, el ELN, los grupos paramilitares y del crimen organizado y los narcotraficantes responderían a tales características. El romper la confianza de ellos en el acuerdo ―y por tanto el dilema de seguridad―, no solo incentiva el uso de la violencia, sino que aumenta exponencialmente el resurgimiento de un conflicto armado. Por ahora, no se puede hablar de una verdadera confianza entre el gobierno y los demás actores, ya que ha habido arrestos, así como el uso del veto contra los procesos judiciales de los excombatientes.
Otro aspecto es que los acuerdos se iniciaron de manera parcial, es decir, de manera bilateral. A pesar de que este método tiene sus aciertos, también genera más incertidumbres para anticipar las acciones de las partes involucradas. En este sentido, el que no haya un progreso paralelo con las fuerzas del ELN y los cárteles, genera la posibilidad de nuevas alianzas con los disidentes de las FARC.
Colombia se encuentra en un punto de no retorno ante los últimos hechos, ya que el regreso de las FARC puede ser una llamada de atención para el proceso de paz.
Desde la firma del acuerdo, ha habido resultados positivos. La JEP abrió casos en la Comisión del Esclarecimiento de la Verdad y la Responsabilidad con las víctimas y los perpetradores han sido escuchados. Casi 10 000 miembros de las FARC, la fuerza pública, los políticos y los activistas aceptaron rendir las cuentas que les permitieron iniciar su DDR. La Misión de Verificación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) recolectó casi el mismo número de armas, explosivos y municiones, lo que es un progreso importante. Por otra parte, las primeras etapas registraron menos muerte y desplazamientos forzados; no obstante, se han registrado miles de muertes de familiares de los excombatientes, así como de activistas de derechos humanos (51 en lo que va de 2019). El Instituto Kroc de Notre Dame, que registra la implementación del acuerdo, reveló que más de la mitad de los compromisos gubernamentales no se han cumplido. De no ser garantizarse la efectividad y la eficacia de la implementación, como lo destaca la académica sueca Desirée Nilsson, existe el riesgo de alterar la estabilidad del contexto posconflicto.
La representatividad de los actores en la arena política, por último pero no menos importante, se ha logrado a partir de la transformación de las FARC en un partido político, lo que teóricamente aumenta las posibilidades de mantener la paz durante la transformación del conflicto. Aún así es necesario negociar esa participación política con los demás actores involucrados en el conflicto.
Implicaciones internacionales
Las preocupaciones ante los videos no solo ocurren en Colombia, sino en la región sudamericana y el continente. Se ha dicho que el grupo de disidentes es apoyado por Nicolás Maduro. El Presidente de Venezuela respondió con el anuncio de ejercicios militares en la frontera entre los dos países. La zona es sensible debido a que hay una gran presencia de grupos del ELN, además de tráfico de drogas y de menores, y los grandes flujos de venezolanos que buscan asilo en los países aledaños.
Tanto los países mediadores como los latinoamericanos han pronunciado poco o casi nada en relación con los videos. Estados Unidos, por su parte, descartó una intervención; sin embargo, se ha generado una respuesta indirecta mediante la reactivación del TIAR en Venezuela que podría ser utilizado como elemento disuasivo para los disidentes colombianos. En este sentido, el pronunciamiento del canciller colombiano Carlos Holmes acerca de los nexos de Maduro con Márquez en contra del gobierno colombiano, no solo genera mayores tensiones, sino que construye una narrativa meramente negativa hacia el partido FARC y los miembros que se encuentran en los programas DDR o en proceso de reintegración social. Finalmente, la Unión Europea ha ratificado su apoyo al JEP y al SIVI mediante apoyos por 7.7 millones de euros, con lo que respalda al gobierno colombiano en el proceso de paz.
Observaciones finales
Colombia se encuentra en un punto de no retorno ante los últimos hechos, ya que el regreso de las FARC puede ser una llamada de atención para el proceso de paz o, por el contrario, el anuncio de un resurgimiento del conflicto armado que ya ha cobrado miles de víctimas. Desde la última transición presidencial se han retrasado las negociaciones e implementaciones del acuerdo de paz. Si no se atienden estos elementos, más los dilemas de seguridad, el progreso puede perder fuerza.
El gobierno colombiano debe manejar con cautela el proceso con saboteadores, además de retomar las negociaciones bilaterales con los actores involucrados en el conflicto y garantizar la paz a los ciudadanos. De lo contrario, es altamente posible que se generen nuevas alianzas entre los saboteadores que perciban mejores términos en su condición de combatientes que como parte del proceso de pacificación de cara a los comicios regionales del 27 de octubre de 2019.
Más allá de un acuerdo que abre la oportunidad al uso de medios violentos ante “cualquier amenaza de seguridad” en la región, los países latinoamericanos tendrán que participar de manera activa, estratégica, honesta y comprometida con la paz mediante la facilitación de diálogos entre las partes, la búsqueda de acuerdos y la asistencia en las acciones en favor de la estabilidad en Colombia.
LANI ANAYA JIMÉNEZ es especialista en ecumenismo por la Université de Genève, maestra en Paz y Conflicto por la Universidad de Uppsala, y licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Es consultora de proyectos de paz, desarrollo sostenible, migración y perspectiva juvenil en la agencia danesa OAM, el Consejo Cristiano Sueco y MYWorld México. Ha colaborado en Global Peace Foundation, Living Positive Kenya, la Misión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Kosovo, GYAN México, EBSO y el Centro de Estudios Inernacionales Gilberto Bosques del Senado mexicano. Sígala en Twitter en @LaniAnaya.
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