The San Diego Union-Tribune
María Luisa Calero
Julio 2023
Una colaboración de la Facultad de Estudios Globales de la Universidad Anáhuac México
En un mundo marcado por la violencia y la persecución, las crisis medioambientales y los conflictos armados, 2022 presenció un alarmante hito: en tan solo ese año, según la Agencia de Asilo de la Unión Europea, se registraron cerca de 966 000 nuevas solicitudes de asilo en la Unión Europea, lo que representa un incremento de 50% en comparación con 2021. Cabe destacar que esta cifra excluye a los más de 4 millones de ucranianos a los que se les otorgó protección temporal.
En este contexto se presenta el caso de Chipre, país que se ha convertido en la cabeza de los cruces fronterizos ilegales en la ruta del Mediterráneo oriental hacia la Unión Europea. Solo en 2022, se presentaron 22 190 nuevas solicitudes de asilo, un aumento de 62% con respecto a 2021. Esto implica que recibió cerca de 2500 solicitudes por cada 100 000 habitantes, mientras que la media europea fue de 216. A marzo de 2023, ya se habían registrado 3180 adicionales.
Con una superficie de solo 9213 kilómetros cuadrados y una población de 904 705 habitantes, actualmente Chipre tiene el mayor número de solicitantes de asilo per cápita entre los países de la Unión Europea, con un porcentaje que representa 6% de la población del país. ¿Qué características de la isla han llevado a estas cifras?
El “problema de Chipre”
A partir de la invasión turca en 1974, la isla de Chipre ha estado dividida en dos: la República de Chipre, habitada predominantemente por grecochipriotas, que se estableció en el sur, mientras que los turcochipriotas proclamaron la República Turca del Norte de Chipre (RTNC) en el norte. Este “Estado” no es reconocido más que por Turquía. A ese fenómeno se le llama el “problema de Chipre”.
Cuando Chipre se unió a la Unión Europea en 2004, toda la isla se consideraba miembro, pero debido al problema no resuelto, las regulaciones de la Unión Europea no se implementan en la parte norte. El estatus de hecho de la RTNC implica que no es signataria de acuerdos internacionales, como por ejemplo la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados, lo que plantea problemas en el momento de implementar medidas relativas al asilo y la migración.
La Organización de las Naciones Unidas ha sido el principal mediador en los intentos de reconciliar a las partes. Sin embargo, la República de Chipre y la RTNC, apoyados por Turquía, mantienen posiciones contrapuestas, lo que lleva a un punto muerto en las negociaciones.
Línea Verde
Los dos territorios están separados por una zona de amortiguamiento, la Línea Verde. Se trata de una franja que abarca alrededor del 3% de la superficie terrestre de la isla y que corre de este a oeste por una distancia de aproximadamente 180 kilómetros, con un ancho que varía entre los 4 metros y los 7 kilómetros.
La división es semipermeable, en el sentido que hay nueve puestos de control fronterizo, y está custodiada por la Fuerza de las Naciones Unidas para el Mantenimiento de la Paz en Chipre. Para mayor supervisión, del lado grecochipriota se han puesto vallas, contratado policías especiales y se adquirió un sistema de vigilancia israelí con cámaras instaladas en varios puntos a lo largo de la zona de amortiguamiento; del lado de la RTNC, las autoridades han establecido fuerzas armadas turcas. A pesar de toda la vigilancia, no se cuenta con infraestructura fronteriza adecuada.
Cabe señalar que, al ser una región altamente militarizada, a menudo los migrantes cruzan con la ayuda de traficantes, exponiéndose a riesgos de abusos extremos de derechos humanos, agravados por la falta de comunicación y colaboración entre las autoridades grecochipriotas y turcochipriotas.
Entradas irregulares
Las autoridades grecochipriotas aseguran que 95% de los migrantes que solicitan asilo (provenientes principalmente de Siria, Nigeria, Pakistán, Bangladesh y el Congo) llegan inicialmente a la RTNC desde Turquía, ya sea a través del aeropuerto de Estambul o de sus puertos del sur, para luego cruzar la zona de amortiguamiento y llegar así a la República de Chipre. Puesto que hay la convicción de que aquellos que cruzan la Línea Verde, lo hacen bajo las instrucciones de Ankara ⸻que tiene un plan para socavar la cultura y la religión, y cambiar la demografía de la parte sur⸻, el cruce ilegal se vuelve políticamente significativo, ya que el gobierno grecochipriota ve a estos solicitantes como herramientas de la política de instrumentalización turca y dificulta que sean percibidos como merecedores de protección y recursos.
Aunque la mayoría entra por tierra, no se puede ignorar la situación de aquellos que llegan por mar, provenientes principalmente de Siria. En los primeros 5 meses de 2023 se tiene registrado un aumento de 60% de entrada de sirios, en comparación con el mismo periodo del año anterior.
Mientras persistan las medidas represivas y los conflictos en África y el Medio Oriente, es probable que los números de migrantes en la República de Chipre sigan en aumento, exponiendo cada vez más la falta de preparación del país para enfrentar la crisis migratoria.
En 2020, la República de Chipre firmó un acuerdo de “devolución” con las autoridades libanesas, en el que se estipula que cualquier persona que intentara llegar en barco sería recogida y devuelta a las costas libanesas. Aunque este mecanismo ha logrado limitar la entrada de aquellos provenientes del Líbano, ha sido objeto de críticas por no brindar a los migrantes la oportunidad de solicitar asilo. Debido a la situación de guerra en Siria, no ha sido factible establecer un acuerdo similar con ese país.
Ahora bien, ¿por qué eligen los inmigrantes a la República de Chipre como destino? En primer lugar, porque su ubicación geográfica estratégica facilita su acceso. En segundo, por la creencia que van a un país europeo con amplias oportunidades de trabajo, sin saber que en realidad no forma parte del Espacio Schengen, y muchos quedan varados en la isla.
Planes de acción
A pesar de la asistencia técnica y financiera que la Comisión Europea, junto con otros organismos internacionales, ha otorgado a la República de Chipre, la crisis migratoria ha ejercido una presión significativa sobre sus recursos y capacidades. En respuesta a esta preocupación, además de solicitar más apoyo internacional, el gobierno ha implementado diversas medidas, entre las que se encuentran la creación de un Viceministerio de Migración y Asilo, la organización de campañas de concientización dirigidas a posibles migrantes sobre la situación de Chipre y la creación de una estrategia integral para ejercer presión sobre Turquía en su política de enviar migrantes a la RTNC.
En febrero de 2023, el Consejo Europeo planteó la elaboración del Plan de Acción para el Mediterráneo Oriental con el objetivo de restringir los flujos migratorios hacia Europa. La meta era tenerlo listo para aprobación en junio. Sin embargo, al llegar la fecha establecida, además de aún seguir en discusión, se acordó añadir la obligación solidaria de los miembros para compartir la responsabilidad de cuidar a los migrantes y refugiados.
El acuerdo propone que países que están en la primera línea de llegada, como Chipre o Grecia, serán responsables de fortalecer sus instalaciones de recepción y evitar que los migrantes se dirijan a países como Alemania y Francia, lo que los consolida como guardias fronterizos. Asimismo, plantea establecer una cuota de solicitantes de asilo al año; aquellos que se nieguen deberán pagar una cantidad por migrante a un fondo de la Unión Europea.
No está claro cómo afectará este nuevo pacto de solidaridad a la República de Chipre, donde la mayoría de los solicitantes llegan desde el norte a través de la Línea Verde. Es posible que las personas sean regresadas a los países por los que transitaron, lo que para muchos significaría Turquía. Sin embargo, dado que Turquía no reconoce a la República de Chipre, las perspectivas de cualquier acuerdo son bajas.
La implementación del Plan de Acción para el Mediterráneo Oriental plantea desafíos, y es fundamental buscar soluciones sostenibles y solidarias a nivel nacional, europeo e internacional para abordar esta crisis y garantizar la protección y el bienestar de las personas desplazadas y solicitantes de asilo. Si bien aún está sujeto a negociaciones antes de convertirse en ley de la Unión Europea, como está planteado, no resolverá el problema de la migración en el Mediterráneo oriental.
Conclusión
Mientras persistan las medidas represivas y los conflictos en África y el Medio Oriente, es probable que los números de migrantes en la República de Chipre sigan en aumento, exponiendo cada vez más la falta de preparación del país para enfrentar la crisis migratoria. Además, mientras no haya solución al “problema de Chipre” o por lo menos no se llegue a un acuerdo regulatorio, la entrada de migrantes ilegales a través de la RTNC, un Estado no reconocido y sin acuerdos internacionales, continuará.
La formulación de una política integral y justa de inmigración, basada en convenciones internacionales y europeas, y el pleno aprovechamiento de la financiación europea destinada a las políticas de inmigración, asilo e integración son de vital importancia para Chipre. Abordar este tema requiere la cooperación, la responsabilidad y la solidaridad de la comunidad internacional.
MARÍA LUISA CALERO MARTÍNEZ DE IRUJO es doctora en Historia por la Universidad Iberoamericana. Es titular de la Cátedra A.G. Leventis-Anáhuac en Estudios de Chipre de la Facultad de Estudios Globales de la Universidad Anáhuac México. Sígala en Twitter en @CatedraChipre.
Tags:Chipre, Línea Verde, Migración, Unión Europea
