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Leandro Rivera
Septiembre 2015
El domingo 7 de septiembre de 2015 los guatemaltecos acudieron a las urnas para elegir a su próximo presidente. Los resultados colocan a Jimmy Morales del partido Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) a la cabeza, seguido por Sandra Torres de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE). Será hasta el 25 de octubre de 2015 cuando se realice la segunda vuelta electoral que definirá al ganador de la contienda presidencial.
Las elecciones estuvieron marcadas por una participación superior al 71%, la más alta en los últimos 30 años. Más allá de la sorpresa que generó la victoria de Morales, un candidato con mínima experiencia política y conocido públicamente como conductor de un programa de televisión, la atención de los medios nacionales e internacionales se centró en que la gente salió a votar con un profundo hartazgo por la corrupción en el país, misma que llevó a Otto Pérez Molina a dejar la presidencia a principios de septiembre de 2015.
La renuncia de Pérez Molina es un acontecimiento histórico para Guatemala. No solo por el hecho de que un presidente elegido democráticamente haya dejado su cargo, sino porque la renuncia se genera tras una investigación -conducida por una comisión internacional- en la que se le vincula directamente con una red de corrupción. Aunque para algunos la renuncia era un resultado previsible, no deja de ser un acontecimiento que podría poner fin a la crisis política que enfrenta el país centroamericano.
Guatemala, al igual que gran parte de Latinoamérica, ha experimentado extensos momentos de desesperanza política con repercusiones negativas para la sociedad. Tanto las dictaduras militares de las décadas de 1970 y de 1980, como los conflictos armados que se prolongaron por más de 30 años, a los que generalmente se hace referencia, son solo una parte de la historia. Hoy nos enfrentamos al resultado de un proceso de democratización que ha arrastrado vicios de regímenes anteriores, caracterizados por la violación de derechos, la falta de respuesta a las demandas sociales, la exclusión, la opacidad y, especialmente, la corrupción e impunidad que explican la debilidad institucional de prácticamente todos los países latinoamericanos.
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A pesar de estos enormes retos, no todo está perdido y lo que vemos en Guatemala puede ser el detonante que el país necesitaba para avanzar en el combate a la corrupción y a la impunidad. Sin embargo, tampoco hay que ser ingenuos. La renuncia del Presidente y la llegada de un nuevo mandatario no son la solución, sino parte de un proceso que seguirá generando sacudidas, que implicará sacrificios y, sobre todo, que requerirá de un constante apoyo y acompañamiento de instituciones internacionales y de los países de la región.
Para llegar a este punto, Guatemala ha tenido que recorrer un largo trayecto. Con la firma de los Acuerdos de Paz en 1996, se puso fin a un conflicto de 36 años que dejó cerca de 200 000 muertos y desaparecidos, más de un millón de desplazados internos y 46 000 refugiados que lograron establecerse en la zona sur de México. Sin embargo, la ineficiencia del sistema institucional y la falta de oportunidades para la población propiciaron un incremento generalizado de la violencia y de la delincuencia común. Los grupos criminales entendieron rápidamente que podían realizar sus actividades sin temor a ser perseguidos. Además, si eran detenidos, podían pagar por su libertad e incluso por su protección, pues comprendieron que era posible infiltrar el sistema de justicia para mantener sus estructuras de poder. Esto permitió que las redes delictivas se profesionalizaran y generó un círculo vicioso que limitó las capacidades del gobierno para hacer valer el Estado de derecho y proteger a los ciudadanos.
Las cifras no son alentadoras. Más del 60% de la población cree que los policías están coludidos con los grupos criminales y el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional muestra que Guatemala ha empeorado su situación desde 2009, posicionándose en el lugar 115 de 174 países analizados y haciendo notar que un gran número de autoridades abusan de su poder en beneficio propio.
Desde principios de la década de 2000 se impulsaron acciones para detener el avance de las células criminales, pero la propia debilidad de las instituciones condenó estos esfuerzos al fracaso. No fue sino hasta la presidencia de Óscar Berger que el gobierno reconoció la dificultad para atender al tema por sí solo y buscó el apoyo del Departamento de Asuntos Políticos de la ONU. Este acercamiento llevó a la creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), con la encomienda de apoyar al Ministerio Público, a la Policía Nacional Civil y a otras instituciones guatemaltecas en la investigación y desarticulación de grupos delincuenciales vinculados con funcionarios del Estado. Lo novedoso de la CICIG radica en sus atribuciones como fiscalía internacional, autónoma e independiente, con un marco de acción fundamentado en las leyes de ese país y con la capacidad de emprender acciones penales ante tribunales nacionales.
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En ocho años de operación, la CICIG se ha encargado de atender casos de alto impacto que involucran a autoridades y a agentes de seguridad con grupos criminales. Los presidentes de Guatemala han dado su apoyo a la Comisión y han renovado su mandato en cuatro ocasiones, la última vez a solicitud de Pérez Molina. Irónicamente, una investigación de la CICIG contra una red de contrabando y evasión fiscal, conocida como «La Línea», fue la que lo obligó a renunciar.
Tras un año de indagaciones, en mayo de 2015 se dio a conocer la detención de un grupo de empresarios y agentes aduanales que desviaban recursos por la importación irregular de mercancía. El hecho se convirtió rápidamente en noticia porque contaba con la participación de Juan Carlos Monzón Rojas, secretario privado de la vicepresidenta Roxana Baldetti, como líder del grupo criminal. Además, la cercanía de tres de los detenidos con la Vicepresidenta y con el Presidente, comenzó a generar sospechas sobre una posible línea de corrupción que alcanzaba a los círculos más altos del poder. El malestar se reflejó de inmediato en las redes sociales.
En pocos días comenzaron las movilizaciones afuera de la Casa Presidencial, aunque las opiniones estaban divididas. Algunas voces pedían al mandatario que renunciara a su inmunidad para ser investigado por su presunta complicidad y, de ser encontrado inocente, continuara con sus funciones. Por otro lado, se exigía la renuncia de Pérez Molina y de Baldetti para frenar una crisis sin precedentes.
Más de 8000 personas participaron en una marcha en la Plaza de la Constitución, convocada para el 25 de abril de 2015 a través de Facebook y Twitter, para mostrar su repudio contra la corrupción y la impunidad y exigir la salida de Roxana Baldetti. Esta fue la primera de muchas manifestaciones que se hicieron en torno a la Casa Presidencial y al Palacio Nacional. Las movilizaciones también llegaron al interior de Guatemala -principalmente en los departamentos de Baja Verapaz, Chiquimula, Huehuetenango, Petén, Quetzaltenango, San Marcos y Sololá- y a otros países como Argentina, Chile, Estados Unidos y México, en los que cientos de guatemaltecos se manifestaron frente a las embajadas de su país. Como una medida para contener la crisis y recobrar su credibilidad, el Presidente anunció la creación de comisiones especializadas para garantizar una mejor recaudación, terminar con la evasión fiscal y revisar las compras del gobierno.
En los meses siguientes el gobierno de Pérez Molina se desplomó. En mayo de 2015, la Vicepresidenta presentó su renuncia al Congreso para facilitar las investigaciones en su contra, la cual fue aceptada por la totalidad de los diputados. Unos 3 meses después, el Ministerio Público y la CICIG anunciaron la detención de Baldetti, acusada de los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo y defraudación aduanera. Además solicitaron un antejuicio para retirar la inmunidad del Presidente, con base en evidencia que lo vinculaba con esta red de corrupción. Las sospechas de la población parecían confirmarse y, en un acto sin precedente para Guatemala, realizaron un paro nacional en el Centro Histórico, congregando por 12 horas a más de 70 000 personas con una sola consiga: la renuncia de Pérez Molina.
Las cartas estaban echadas para el Presidente. El Congreso decidió retirarle su inmunidad y la madrugada del 2 de septiembre Pérez Molina se vio obligado a renunciar. El júbilo en las calles estaba acompañado por un sentimiento de incertidumbre. A solo unos días de las elecciones, la confianza hacia el aparato gubernamental, hacia la política y los políticos, estaba en duda.
La victoria de Jimmy Morales en la primera vuelta de los comicios es reflejo de este sentir. Al no estar vinculado con la política tradicional, ha logrado salir limpio de las acusaciones de corrupción que acosan a un gran número de funcionarios. Falta ver si esto es suficiente para conseguir la presidencia de Guatemala frente a una candidata que cuenta con un gran apoyo en las zonas rurales de Guatemala. Lo que sí queda claro es que el próximo presidente estará bajo un constante escrutinio de la población.
Habrá que esperar a diciembre para conocer el futuro de Pérez Molina, una vez que concluya la investigación y se presenten los alegatos en su contra. Mientras tanto, la CICIG no puede bajar la guardia. En 8 años ha demostrado que es una institución con dientes, capaz de romper con las estructuras que envenenan a los gobiernos y a la sociedad, por lo que debe asegurar su independencia, su autonomía y, sobre todo, su incorruptibilidad.
La CICIG seguirá operando en Guatemala hasta 2017, pero es necesario entender que la Comisión no puede permanecer indefinidamente en el país. Las agencias de seguridad y justicia guatemaltecas deben poner en práctica la capacitación y asesoría que se les ha brindado para desarrollar y fortalecer sus propias capacidades. Una vez que concluya el mandato de la Comisión, será necesario establecer mecanismos de cooperación con otros países y organismos internacionales para acompañar a las instituciones de ese país. De lo contrario, se corre el riesgo de dejar nuevamente a la deriva el combate a la corrupción y a la impunidad.
LEANDRO RIVERA es Licenciado en Relaciones Internacionales por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y colaborador de Foreign Affairs Latinoamérica. Sígalo en Twitter en @lriverasoto.
