Dallas News
Yalí Noriega Curtis y Pedro Ludwig Barragán
Junio 2021
Con la llegada de Joseph R. Biden a la presidencia de Estados Unidos se abre una puerta para retomar diversos proyectos de cooperación entre ese país y México en beneficio de nuestros vecinos centroamericanos, en particular los del llamado Triángulo Norte de Centroamérica: El Salvador, Guatemala y Honduras. Este tipo de colaboración triangular quedó, si no suspendida, ciertamente debilitada durante el gobierno de Donald Trump, en perjuicio para los cinco países en materia de seguridad, desarrollo y migración. El Plan de Desarrollo Integral para El Salvador, Guatemala, Honduras y México (PDI), planteado en enero de 2020, busca continuar y fortalecer los esfuerzos de cooperación de nuestro país con sus vecinos del sur, para hacer frente a los retos en materia de desarrollo y migración. De ahí la importancia de analizar las condiciones actuales de la migración en el Triángulo Norte de Centroamérica, así como las posibilidades de fortalecer el PDI con el respaldo del nuevo gobierno estadounidense.
La situación migratoria actual en el Triángulo Norte
Según datos de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), en 2015, 417 000 personas salieron del Triángulo Norte de Centroamérica con destino a Estados Unidos, para unirse a unos 2.6 millones de personas nacidas en la región y que actualmente radican en ese país. Esto representó un incremento de 35 % en esta población en Estados Unidos entre 2009 y 2017. Las personas que emigran son mayoritariamente hombres, con una edad media de 24 años y con niveles medios de escolaridad (aunque una de cada seis personas es menor de 18 años). Salen de sus países de origen escapando de la precariedad económica, los factores climáticos y ambientales, algunas razones familiares y los problemas causados por la inseguridad, la violencia y la poca garantía hacia los derechos humanos que priva en la región.
Los intentos por contener los flujos migratorios irregulares han sido variados y, hasta cierto punto, ineficientes. Si bien la primera respuesta de los gobiernos estadounidense y mexicano fue punitiva, en el último lustro se potenció la idea de que la mejor receta para contener la migración es potenciar el desarrollo social integral de Centroamérica. En ese sentido, programas como la Cuenta del Milenio, el Programa para el Desarrollo Integral de Mesoamérica y la Conferencia para la Prosperidad y la Seguridad en Centroamérica han buscado dirigir recursos económicos y experiencias clave hacia la región, con el fin de generar mejores condiciones de vida. El PDI ⸺planteado en diciembre de 2018 por el incipiente gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador⸺ es la iniciativa más reciente al respecto y representa la inversión mexicana más fuerte en la zona. Con el inicio del gobierno de Biden y su promesa de invertir copiosos recursos para el desarrollo centroamericano se podrán generar importantes sinergias en favor de la población, con la intención de reducir la migración irregular hacia el norte.
Plan para el Desarrollo Integral de Centroamérica
México siempre ha considerado que el problema migratorio tiene diversas raíces y que una estrategia basada únicamente en la contención de personas en la frontera está destinada al fracaso. Es por esto que, durante los últimos 20 años, el gobierno mexicano ha buscado colaborar de manera cercana en el desarrollo integral de los países centroamericanos. El que inicialmente fuera conocido como Plan Puebla Panamá ha ido transformándose para abarcar no solo a los países de Centroamérica, sino también a Colombia y Cuba, en diversos proyectos de cooperación para el desarrollo. En años recientes se ha dado un foco especial a los países del Triángulo Norte, los cuales son los principales expulsores de personas migrantes, quienes cada vez más tienen a México como país de destino y ya no solo de tránsito.
En la actualidad, uno de los principales esquemas de cooperación entre México y estos tres países es el PDI. Esta propuesta tiene como objetivo “crear un espacio de desarrollo sostenible, estimulando el crecimiento económico, promoviendo el acceso universal a los derechos sociales, impulsando la resiliencia al cambio climático y garantizando los derechos durante todo el ciclo migratorio”, de acuerdo con Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL.
Este plan tiene un enfoque cíclico, centrando a las personas migrantes desde sus lugares de origen y durante todo el proceso migratorio de tránsito, estancia en destino y retorno. Está previsto que tenga una duración de 5 años y una inversión de alrededor de 25 000 millones de dólares en más de cien proyectos. El PDI es implementado y coordinado por la CEPAL y tiene cuatro ejes principales: desarrollo económico, bienestar social, sostenibilidad ambiental y gestión integral del ciclo migratorio. Se prioriza fortalecer los sistemas fiscales y la administración tributaria, elevar la inversión total a una meta del 25% del PIB, potenciar las remesas como motor del desarrollo, mayor integración y facilitación del comercio, con énfasis en energía, logística, infraestructura y digitalización regional. El Plan recibe apoyo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Unión Europea, Alemania, Chile, España y Estados Unidos.
Con el inicio del gobierno de Biden y su promesa de invertir copiosos recursos para el desarrollo centroamericano se podrán generar importantes sinergias en favor de la población, con la intención de reducir la migración irregular hacia el norte.
En el Triángulo Norte, el Plan se traduce en proyectos específicos, como los programas Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida; el primero ofrece oportunidades de empleo en empresas y talleres a personas menores de 30 años, mientras que el segundo entrega dinero, insumos y capacitación técnica a personas del sector agrícola en zonas de alta concentración rural. Específicamente, Jóvenes Construyendo el Futuro destina el equivalente a 3748 pesos mensuales y seguro de vida a sus participantes, mientras que las aportaciones de Sembrando Vida son de alrededor de 5000 pesos. Al menos en su concepción original, la idea es entregar directamente estos recursos a las cuentas bancarias de las personas recipiendarias.
Según datos de la ONU, este programa podría llegar a requerir aportaciones anuales de 100 millones de dólares para su operación. México ha conminado a los países del Triángulo Norte a aportar 50% de las contribuciones agrícolas y de otros insumos, mientras que se tiene previsto destinar hasta 60 millones de dólares del Fondo de Yucatán ⸺establecido en 2012 con la encomienda de incentivar el desarrollo de la infraestructura de Centroamérica y el Caribe⸺ para arreciar la construcción de carreteras y otra infraestructura básica en la región.
Es importante destacar que el PDI también contempla al sureste mexicano, ya que en esta región habitan 60 millones de personas, pero hay crecimiento económico insuficiente y desigual, un gran rezago rural, afectaciones frecuentes por fenómenos naturales, así como altos índices de violencia e inseguridad. Todos estos factores contribuyen a la migración hacia Estados Unidos. La realidad es que esto es un tema regional y se requiere la participación obligada de Estados Unidos.
El nuevo gobierno estadounidense y el PDI
El gobierno de Trump, en la arena centroamericana, legó medidas que distan mucho de promover los ideales de derechos humanos y dignidad de las personas sobre los cuales se debe apuntalar la migración. La imagen de un niño llorando porque fue separado de su madre en McAllen, Texas y la fotografía de una bebé ahogada en los brazos de su padre en el río Suchiate definirán por siempre la bajeza de un régimen que muy pocas veces volteó a ver el rostro humano de la migración. El presidente Biden deberá tomar acciones expeditas para cambiar esa percepción.
Una de sus primeras acciones como Presidente fue remitir al congreso estadounidense una propuesta de ley para modernizar y eficientizar el sistema migratorio de su país. Entre una multiplicidad de medidas destinadas al ámbito interno ⸺regularización y ciudadanización⸺, esta propuesta pide destinar 4000 millones de dólares para mitigar las causas endémicas de la migración en Centroamérica. Su propuesta para la región, al igual que los esfuerzos mexicanos en la materia, se centra en el Triángulo Norte y busca hacer de estos países lugares seguros, fuertes y oferentes de oportunidades para su población, con el fin de generar las condiciones para que la gente decida quedarse en los mismos.
En un horizonte de 4 años, el gobierno estadounidense, de aprobarse, etiquetaría 4000 millones de dólares para Centroamérica. (A guisa de comparación, vale mencionar que dicha inversión representa una sexta parte del PIB de Honduras.) Para surtir efecto y disminuir los flujos migratorios hacia el norte, esta propuesta requiere el apoyo de todos los gobiernos involucrados, así como del sector empresarial y de la sociedad civil. Inicialmente, se retoma la idea de que los gobiernos centroamericanos son quienes poseen la responsabilidad primaria de hacer que su gente quiera quedarse, pero se pretende ofrecerles los recursos para hacerlo. Los temas principales incluyen mejorar la seguridad, promover el Estado de derecho, combatir la corrupción, reducir la pobreza y fortalecer el crecimiento económico. En ese sentido, el presidente Biden espera que los países del Triángulo Norte destinen recursos propios, tomen acciones concretas, aprueben reformas significativas, cumplan con indicadores auditables, demuestran valentía para atacar la corrupción, movilicen a su propia iniciativa privada, fortalezcan a su sociedad civil, privilegien el papel de las mujeres y acepten trabajar con México y Canadá como socios lógicos del desarrollo.
La aceptabilidad y el afecto que Biden puede sentir en la región son necesarios ya que, pese a los incentivos económicos para fomentar el desarrollo en Centroamérica, invariablemente será necesario continuar esfuerzos para garantizar la seguridad fronteriza de Estados Unidos. La lógica popular sostiene que raramente el Partido Demócrata puede conseguir sus objetivos migratorios si sus propuestas son blandas en seguridad. Aún es incierto qué forma tomará el trueque que el presidente Biden deberá negociar con su Congreso a cambio de más dinero para el desarrollo en Centroamérica y una reforma migratoria integral en Estados Unidos, pero lo más probable es que incluya un recrudecimiento de las medidas de seguridad fronteriza. No es impensable que Estados Unidos siga exportando esta tarea hacia México y solicite a nuestro país mantener, y hasta incrementar, la presencia de efectivos federales en la frontera con Guatemala. Será importante dar seguimiento a la noticia anunciada en distintos medios de comunicación internacionales en marzo de 2021 respecto de que el gobierno mexicano recibiría vacunas contra el covid-19 de Estados Unidos en comodato y a cambio de incrementar los esfuerzos por contener los flujos migratorios que atraviesan México. Aparentemente, dicha propuesta se habría concretado a mediados de abril de 2021, cuando la Casa Blanca confirmó que México mantendría 10 000 efectivos federales en la frontera sur, con el fin de frenar el ingreso de personas migrantes centroamericanas.
Por otro lado, será necesario dar seguimiento a los acuerdos que invariablemente surgirán después de la visita de la Vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, en junio de 2021, a México y Guatemala. En foros internacionales y en llamadas bilaterales, el presidente López Obrador ha planteado la pertinencia de que el gobierno estadounidense se sume al programa Sembrando Vida, como una herramienta para disuadir la migración y como una acción para mitigar los efectos del cambio climático. El mandatario mexicano también sugirió acompañar cualquier apoyo a dicho programa con el ofrecimiento de visas de empleo temporal en Estados Unidos. Sin embargo, en una respuesta inicial, el gobierno de Biden ha preferido individualizar las acciones y separar el tema del cambio climático del migratorio. Asimismo, si bien la vicepresidenta Harris encomió el programa Sembrando Vida, le apostó por identificar una respuesta más integral y transversal a las causas que motivan la migración.
Beneficios para México
Este Plan, de aplicarse correctamente, ofrece beneficios definitivos para México. Se apuntala la propuesta del presidente López Obrador de impulsar el desarrollo del sur del país. De esta forma, el PDI podría traducirse en programas de infraestructura en el istmo de Tehuantepec, proyectos productivos en la península de Yucatán y acciones comunitarias en los estados de Oaxaca y Chiapas. Específicamente, se podrían fortalecer los recursos asignados a Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida, con el fin de incrementar el número de beneficiarios. Adicionalmente, se afianzan los canales de comunicación y el contacto con el nuevo gobierno estadounidense, lo que permitiría eficientizar la relación y diversificar los aspectos de cooperación entre las autoridades federales de ambos países. De existir las condiciones propicias en el sur de México se podrían, en un futuro cercano, imaginar la posibilidad de un programa de personas trabajadoras migrantes temporales que aporten mano de obra para los distintos proyectos de infraestructura que operarían en el sur de México.
Beneficios para Centroamérica
El PDI claramente plantea grandes beneficios para Centroamérica. Fortalecer la coordinación entre México y Estados Unidos en esta región agregaría valor a los diversos proyectos existentes en esquemas bilaterales e incluso triangulares. Por un lado, permitiría reducir algunos de los grandes problemas que aquejan a estos tres países y perpetúan los factores de expulsión de migrantes. Por otra parte, ayudaría a superar el marasmo con el cual el plan se ha aplicado hasta la fecha, pues su implementación ha sido insuficiente. Es importante reconocer que el retraso en la aplicación de estos programas y la tardanza para registrar a personas beneficiarias obedeció en gran parte a los efectos negativos de la pandemia de covid-19. Sin embargo, es importante reconocer los esfuerzos realizados hasta la fecha. A principios de abril de 2021, diversos medios de comunicación informaron que Estados Unidos habría aceptado realizar transferencias condicionales de recursos económicos y de vacunas contra el covid-19 hacia el Triángulo Norte, probablemente mediante los programas existentes administrados por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional.
La urgencia de un programa de desarrollo en Centroamérica se hace cada vez más apremiante. Es de esperarse que, con el relajamiento de las medidas migratorias en la frontera sur de Estados Unidos ⸺por ejemplo, mediante la suspensión de la construcción del muro fronterizo y la derogación del plan Quédate en México⸺, se incrementen los flujos migratorios hacia el norte.
Recomendaciones para la implementación del PDI
Las siguientes sugerencias o consideraciones, a nuestro juicio, permitirían avanzar en la implementación del PDI de manera conjunta con los países del Triángulo Norte. Para empezar, la cooperación regional debe extenderse al ámbito de seguridad. La modernización de los cruces fronterizos entre México y Guatemala y entre Guatemala y Honduras y El Salvador propiciaría cierto orden en los movimientos migratorios hacia el norte. Esto podría trasladarse a esfuerzos por profesionalizar a la Guardia Nacional y fomentar su especialización en control fronterizo y gestión migratoria.
Por otra parte, algunos recursos podrían destinarse a las acciones del gobierno mexicano para reconocer la condición de refugio. Esto implica el fortalecimiento de la infraestructura, el personal y los protocolos de la Comisión Mexicana de Ayuda a Personas Refugiadas.
Todo esto se podría enmarcar en la discusión general sobre una reforma migratoria integral en Estados Unidos. La participación mexicana en Centroamérica ⸺ya sea monetaria, logística o mediante el envío de personas expertas⸺ demostraría el compromiso sincero de México con la atención al fenómeno migratorio y se granjearía la buena voluntad de las autoridades estadounidenses. Esto, en respuesta, podría ser un acicate para la eventual aprobación de alguna reforma migratoria que beneficie a millones de personas mexicanas que radican irregularmente en Estados Unidos.
La urgencia de un programa de desarrollo en Centroamérica se hace cada vez más apremiante.
También podría ser prudente explorar la posibilidad de aplicar programas de regularización migratoria en México y de ofertas de trabajo temporal, con el fin de incentivar una migración ordenada en la región. Además, un modelo de cooperación que resulta exitoso y ya es utilizado por Estados Unidos y otros países es el de la vinculación directa con organizaciones de la sociedad civil. La cooperación mexicana, por su parte, suele implementarse con socios gubernamentales en favor del fortalecimiento institucional y de capacidades. Ambas vías tienen sus ventajas, que podrían aprovecharse de manera simultánea, según el tipo de proyecto que se busque implementar dentro del marco del PDI.
De igual forma, será necesario escuchar atentamente cuáles son las necesidades, expectativas y problemática de todas las partes involucradas y particularmente de las personas migrantes que habitan en las zonas más proclives a la expulsión de migrantes. Esto implicará una mayor presencia diplomática en el terreno, tanto de México como de Estados Unidos.
Finalmente, será necesario crear una narrativa exitosa y fácilmente compartible para dar a conocer los éxitos de estos programas de cooperación. Esto permitirá que la información fluya a los lugares donde más se necesita: las zonas rurales más pobres y los cinturones urbanos de marginación en la región.
YALÍ NORIEGA CURTIS es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad de las Américas Puebla y maestra en Terrorismo y Seguridad por la University of Salford, en el Reino Unido. Sígala en Twitter en @Xalaila. PEDRO LUDWIG BARRAGÁN es licenciado en Estudios Latinoamericanos por The University of Texas at Austin y maestro en Liderazgo Organizacional y Ético por la St. Edward’s University, en Austin. Sígalo en Twitter en @ludwigbarragan. Ambos son diplomáticos mexicanos con experiencia en Centroamérica. Los comentarios de los autores son personales.
Tags:Centroamérica, Cooperación para el desarrollo, Migración, PDI, Triángulo Norte
