1 abril, 2020 • Artículos, Asuntos globales, Latinoamérica, Portada • Vistas: 6638

Nuevo número de Foreign Affairs Latinoamérica

 Jordi Bacaria Colom

Abril 2020

Los movimientos de protesta y los estallidos de violencia que se han dado en Sudamérica en los últimos meses coinciden en la lógica de la relación entre el Estado, los sectores productivos y los sectores sociales. Estos hechos, que en parte siguen latentes, tienen repercusiones regionales por la semejanza de los procesos, los actores y las condiciones en que se han gestado. Los estallidos surgen por motivos distintos, pero reflejan las décadas de deterioro y descontento de la población con su gobierno. Sea la corrupción o el alza de los precios, la acumulación de agravios es evidente, y la respuesta dura de las autoridades no hace sino empeorar la situación. Aunque las protestas que se han dado en Sudamérica fueron un fenómeno generalizado en 2019, pues las hubo en Argelia, Cataluña, Hong Kong, Irán, Sudán, el Reino Unido, el movimiento de los chalecos amarillos en Francia y otras, ciertamente las sudamericanas reflejan un hartazgo por una década de gobiernos incapaces de resolver los problemas que afligen a la región. En parte, estos problemas son económicos, pero también políticos, en particular por la corrupción que ha impregnado a la clase política, y la demanda popular es que mejore la calidad de la democracia. En este número abordamos con detalle lo que ha venido sucediendo en diversos países de Sudamérica.

Andrés Malamud se sustenta en distintas aportaciones académicas para analizar los estallidos populares y las razones por las que las fuerzas armadas vuelven a cobrar protagonismo en Latinoamérica. Así ha sucedido recientemente en Venezuela, Brasil, Chile y Bolivia, aunque no siempre el papel que cumplen los militares sea el mismo, pues mientras en Venezuela exacerban el conflicto al sostener al régimen, en Brasil y Chile han tendido a moderar a los políticos. En Bolivia, tomaron partido por la protesta contra el Presidente. Sin embargo, salvo en Venezuela, la calle sigue siendo más determinante que los cuarteles. Las causas de los estallidos populares son de dos tipos: las derivadas de factores económicos, como la desigualdad, la desindustrialización y la volatilidad de los mercados internacionales, y las que acentúan factores políticos, como la crisis de los partidos, la debilidad institucional o la intervención extranjera. A estos factores hay que añadir la innovación tecnológica, con la capacidad de democratizar la información que tienen las redes sociales y los medios digitales, y la organización espontánea de marchas multitudinarias.

Ernesto Antonio Michel Guardiola repasa los detonantes de las manifestaciones y el hilo que conecta el descontento popular en los países de América Latina y el Caribe. En Ecuador, las protestas iniciaron por haber puesto fin a unos subsidios; en Chile, por un alza en el precio del metro; en Bolivia, por corrupción y un fraude aparente en las elecciones; en Haití, por el hartazgo con las injusticias políticas; en Colombia, por las promesas políticas sin cumplir, y en Honduras, por actos inconstitucionales. Sin importar la causa o la forma en la que se expresa, el descontento es general, y cuando un gobierno no cumple las expectativas, los votantes optan por el otro extremo del espectro, con la esperanza de percibir un cambio. En unos países, los ciudadanos se expresaron en elecciones que forzaron cambios de gobierno, mientras que en otros, manifestaron su descontento de manera más activa, agresiva y contundente. Hay hilos que atan los aspectos individuales de los países para sumarlos a inercias históricas de desigualdad social, pobreza, impunidad y corrupción. Además, hay un elemento que no puede obviarse: el crecimiento económico de la región ha sido escaso en los últimos años.

Para Víctor M. Mijares y Alejandro Cardozo Uzcátegui, la falla del plan del proclamado Presidente encargado Juan Guaidó para iniciar una transición en Venezuela reside en una desorientación teórica causada por la idea del culto pretoriano en la política venezolana. Se pensó que, dada la recurrencia militar en la vida política venezolana, en la unión cívico-militar chavista el centro de gravedad era el componente militar. El argumento de los autores es que el poder civil infiltró al poder militar y anuló la posibilidad de que surgieran mandos unificados que pudiesen rebelarse. Por eso no funcionó la estrategia de inducir divisiones en las fuerzas armadas para que una parte abandonara a la coalición gobernante. La Revolución bolivariana desarticuló el núcleo castrense por medio de la desprofesionalización, la degradación de sus rangos operativos y la politización de todos sus espacios con un fino tramado propagandístico y simbólico pretoriano, pretendidamente militarista y nacionalista. En abril de 2002, cuando Chávez fue depuesto momentáneamente por una conjura del antiguo alto mando militar, el chavismo activó mecanismos para evitar golpes. Llegó la asistencia cubana junto con un proceso de progresiva desprofesionalización militar. El partido cooptó a los militares, y las fuerzas armadas incorporaron la ideología del gobierno. La desorientación teórica ha confundido la estrategia internacional alrededor de Guaidó. El verdadero poder es civil y reside en el Partido Socialista Unido de Venezuela.

Horacio Saavedra describe y analiza las causas y el impacto de la emigración venezolana hacia los países vecinos, lo que la convierte en un problema regional, dado que estos flujos de migración “forzada” son los más grandes del mundo y no se les ha prestado la atención suficiente. Estados Unidos y México no han colocado todavía a la migración venezolana como una crisis migratoria mundial en foros como la Asamblea General de las Naciones Unidas, aunque la Organización de los Estados Americanos y el Grupo de Lima han logrado poner la situación política y humanitaria de Venezuela en el debate y en los medios de comunicación estadounidenses. Por su parte, la Unión Europea ha sido la organización extracontinental que más se ha involucrado (Grupo de Contacto Internacional de la Unión Europea) y la que ha tratado de darle nivel internacional al tema. Al paso del tiempo han cambiado las condiciones de los migrantes venezolanos. Los primeros en salir fueron los migrantes más fuertes y competitivos. Ahora se trata de personas con menor escolaridad, poca o nula documentación migratoria, menos recursos para transporte y rasgos de desnutrición. Además, comienzan a verse actitudes de rechazo a causa de la saturación de los países de acogida, como Colombia, Perú, Chile, Ecuador, Panamá, Costa Rica, Argentina, México y Brasil.

Para Federico Merke y Oliver Stuenkel, la relación entre Argentina y Brasil nunca estuvo tan deteriorada como ahora debido a las presiones de factores mundiales, regionales e internos; por ejemplo, el expansionismo de China en la región y su creciente rivalidad con Estados Unidos, la contracción del comercio mundial y la incertidumbre que genera el acuerdo comercial del Mercado Común del Sur con la Unión Europea y otras opciones de acuerdos comerciales. A este escenario se suma la inestabilidad política en Sudamérica y las reacciones dispares en Argentina y Brasil acerca de cómo abordar los desafíos de la gobernanza regional. Todo esto abre la posibilidad de que se deteriore aún más esa relación. Brasil se muestra crítico del gobierno venezolano de Nicolás Maduro, y Argentina intenta navegar por un camino intermedio entre Maduro y Guaidó, y trata de reconstruir, de algún modo, la concertación regional.

El agotamiento del modelo chileno es analizado por Tito Flores Cáceres. Las masivas protestas ciudadanas del 18 de octubre de 2019 en las calles de Santiago de Chile y de las principales ciudades del país son prácticamente inéditas por su intensidad y envergadura. El detonante de este estallido social fue el alza del precio del pasaje del metro de Santiago, con manifestaciones de estudiantes que rápidamente atrajeron al resto de la población a marchas pacíficas y algunas acciones violentas. En 30 años se fueron gestando las condiciones del descontento, por la escasa sensibilidad del gobierno hacia las personas con menos recursos, por las actividades de determinadas empresas privadas y por el fracaso de los fondos de pensiones. La restauración del orden a toda costa generó un efecto contrario al buscado. Con las violaciones a los derechos humanos por parte de los uniformados se intensificaron las protestas, se desafió abiertamente el toque de queda, surgieron nuevas formas de desobediencia civil pacífica y emergió la posibilidad de redactar una nueva Constitución que soltara las ataduras de la impuesta por Augusto Pinochet, reformada parcialmente por el gobierno de Ricardo Lagos en 2005. Además, hay que destacar el efecto amplificador de las reivindicaciones expresadas por el movimiento chileno, como en la globalización de la performance “Un violador en tu camino”, repetida en diferentes lugares de la región y del orbe, y en distintos idiomas.

Fabio Sánchez y César Niño explican la situación en Colombia después del acuerdo de paz de 2016 y las dificultades estructurales posteriores para consolidar la paz. La reciente protesta colectiva recoge parte de la tragedia histórica del país, pero también se alimenta del malestar social que afecta a una nueva clase media desgastada y cansada de contrastar sus esfuerzos con la inmensa red de corrupción que salió a la luz en los últimos años. La violencia no ha cesado por completo, y algunos fenómenos, como el narcotráfico, se han transformado. Aparte de las divisiones políticas y los problemas económicos, las movilizaciones de 2019 tienen su origen en una gran desilusión relacionada con la paz. El paro y las manifestaciones de noviembre de 2019 duraron varios días y se produjeron actos de vandalismo, más un muerto en los enfrentamientos con la policía, lo cual dividió a la opinión pública. Colombia ha iniciado un proceso de posacuerdo marcado por un descontento social que tiene que ver con una insatisfacción generacional y las exigencias de calidad democrática, seguridad social e intolerancia a la corrupción.

Michel Levi explica que en Ecuador las protestas se iniciaron por el alza del impuesto del valor agregado del 12% al 15%, junto con la eliminación del subsidio estatal a las gasolinas extra y ecopaís y al diésel, así como la liberalización de sus precios. Aunque hubo medidas compensatorias, fue el gremio del transporte liviano y pesado el primero en reaccionar, ya que el incremento del precio de los combustibles afectaba directamente las tarifas de transporte de personas y de mercancías. El gobierno no negoció ni pensó en comunicar con anticipación las medidas a los ciudadanos ni tampoco consideró la posibilidad de aplicarlas en forma gradual. El resultado fue que representantes de grupos de indígenas, trabajadores, partidos políticos y otros actores sociales se lanzaran a protestar y se movilizaran en contra de la estructura política, la institucionalidad gubernamental y la presidencia de Lenín Moreno, quien se vio forzado a mudar la capital unos días a Guayaquil. Los sectores sociales, indígenas y sindicales requerían un espacio para protestar y expresar su descontento, como no habían podido hacerlo en más de una década de presidencia de Rafael Correa. Finalmente, el gobierno decidió dejar sin efecto el Decreto Ejecutivo 883 y todas las medidas establecidas a partir de esa norma.

Joel Díaz aborda las crisis políticas de Perú y Bolivia, que responden a causas político-institucionales, a diferencia de las crisis de los demás países, que responden más a factores socio-económicos. En estos dos países se produjo un desafío al sistema democrático con diferentes resultados: en el caso peruano, el sistema político resistió y permitió resolver la larga y dura pugna entre el ejecutivo y el legislativo, con el cierre de este último por canales constitucionales, aunque no sin acusaciones de golpe inconstitucional. En Bolivia, el sistema político se vino abajo por las sospechas de fraude en las elecciones, que produjeron violentas protestas, deserciones, la toma de partido del ejército y, finalmente, la caída del gobierno de Evo Morales después de casi 14 años en el poder. Díaz se pregunta si se debe hablar de crisis política o de golpe de Estado. Su respuesta argumentada es que en ambos países, a pesar de las grandes manifestaciones, no se ha producido ningún golpe de Estado y se han podido canalizar de diferentes maneras las justas demandas ciudadanas.

En Diálogo Ñ, Jorge Heine y José Antonio Sanahuja exponen sus opiniones sobre la crisis del orden internacional. Heine apunta que 2016 fue un hito marcado por el referendo sobre el brexit y la elección de Donald Trump, que han conducido al quiebre de la Unión Europea y la agonía de la Organización Mundial del Comercio. En modo alguno es una anomalía transitoria, sino que cae en la misma categoría de 1917, año de la Revolución bolchevique, y 1945, fin de la Segunda Guerra Mundial. El orden internacional se restructura en formas inesperadas, con el auge de Asia como nuevo centro de la economía mundial, con China en el centro, y los países del Atlántico Norte refugiados en el proteccionismo y el aislacionismo. Geopolítica y geoeconomía confluyen. El mundo transita hacia un orden multipolar, sin un poder hegemónico y marcado por las fuerzas de la globalización. En este contexto, Latinoamérica es una región fragmentada y dividida, que no está en condiciones de hacer un aporte equivalente al nuevo entorno que otros están construyendo. Por su parte, Sanahuja se refiere críticamente a la nueva bipolaridad como caracterizada por “esferas de influencia” en la política mundial. En Latinoamérica se percibe que China y Estados Unidos serán los únicos actores importantes para el futuro de sus economías, por el acceso a esos mercados, el origen de inversiones foráneas o la tecnología. La idea de “polaridad” (sea uni, bi o multi) es más una metáfora que un concepto analítico serio, y su uso genera narrativas simplistas y distorsionadas de la realidad internacional. Una de las principales fallas del concepto de polaridad, y de su uso en las Relaciones Internacionales contemporáneas, es la manera en la que se ignoran las interdependencias económicas y los riesgos compartidos que presenta la globalización. Más que una supuesta bipolaridad entre China y Estados Unidos, estamos ante una etapa de “posglobalización”, caracterizada por la fragmentación y la reorganización de los mercados y las cadenas productivas de la etapa anterior, y con un sistema multilateral en peligro de fragmentación ante el ascenso del proteccionismo y el nacionalismo económico.

El nacionalismo está resurgiendo y cinco artículos abordan este tema. Valeria Zepeda, tras una síntesis histórica del concepto de Estado-nación, se concentra en el caso de México a partir de la Independencia. Los primeros insurgentes no crearon un movimiento de independencia, pues únicamente buscaban la autonomía de la Nueva España, con la idea de crear una provincia extraterritorial de la península, pero que gozara de los mismos derechos. Con José María Morelos, ya avanzado el proceso de independencia, se estableció como objetivo construir la nación y, por lo tanto, fundar un nacionalismo mexicano. Sin embargo, antes de ese paso, había que forjar el Estado como entidad política, social y económica. En el siglo xix, se privilegió la construcción del Estado sobre la idea de nación y, una vez establecido el modelo de Estado, se inició la tarea de erigir una nación homogénea. En realidad, la unión, lo mexicano, se plantó frente a la alteridad, al otro, al extranjero que históricamente había amenazado al país. Empero, pocos mostraban un verdadero sentimiento de pertenencia nacional. Finalmente, el Estado corporativo y paternalista construyó el nacionalismo desde arriba, así que no emanó de una sociedad convencida de ser parte de algo.

Yael Tamir se remite al libro de Yoram Hazony, The Virtue of Nationalism, donde se presenta una defensa apasionada del nacionalismo y el Estado-nación y se ataca el liberalismo contemporáneo y sus manifestaciones políticas, en especial el orden internacional “globalizado” que promovieron Estados Unidos y la Unión Europea después del fin de la Guerra Fría, que el autor critica como “proyectos imperialistas”.

Para Kwame Anthony Appiah, el nacionalismo y el cosmopolitismo, lejos de ser incompatibles, están entrelazados. El autor critica el tipo de nacionalismo que no admite el respeto por otras naciones y que manifiesta hostilidad y xenofobia. Piensa que es necesario refrenar este aspecto y que el cosmopolitismo es un medio para lograrlo. Entre tanto, es absurdo perder el otro lado del nacionalismo: su capacidad de reunir a las personas en torno a proyectos tales como crear un Estado de bienestar social o formar una sociedad de iguales. Defender una ciudadanía mundial no significa oponerse a una ciudadanía local.

Lars-Erik Cederman advierte del regreso del nacionalismo étnico, basándose en los casos del brexit en el Reino Unido, la victoria electoral de Trump, los partidos de derecha en la Unión Europea que se oponen a la inmigración y las democracias emergentes, como Brasil, la India, Rusia y Turquía, que cada vez rechazan más los valores liberales. El aumento del nacionalismo étnico suscita conflictos. Cuando los grupos étnicos no tienen el poder, es muy probable que lo busquen por medio de la violencia. Muchas veces, en los Estados multiétnicos las élites de un grupo acaban por dominar el gobierno y excluyen a los grupos más débiles, aun si los líderes representan una minoría dentro de la población del país. Los conflictos surgen desde distintos puntos. En España, el nuevo partido populista nacionalista Vox ha presionado a los dos partidos de centroderecha para distanciarse más de los independentistas catalanes, lo que prepara el escenario para un largo estancamiento si Madrid endurece sus medidas represivas. En Irlanda del Norte, el brexit podría llevar nuevamente a la imposición de controles aduaneros en la frontera con la República de Irlanda, un acontecimiento que trastocaría el acuerdo que ha mantenido la paz desde 1998. En Europa del Este, el regreso del nacionalismo étnico amenaza con despertar conflictos olvidados. El nacionalismo debe contenerse, no abolirse. Y para contener verdaderamente el nacionalismo étnico, los gobiernos van a tener que enfrentar sus causas profundas, no solo sus efectos inmediatos.

Según Tanisha M. Fazal, el secesionismo está en apogeo en todo el mundo, desde la costa mediterránea de España hasta los Estados isleños del Pacífico Sur. En 1915, había 8 movimientos independentistas. En 2015, eran 59. Aunque ahora hay más grupos separatistas, pocos recurren a la violencia porque, como quieren formar parte del exclusivo club de los Estados, prestan mucha atención a las señales que envían los principales países y organizaciones que marcan cómo deben comportarse. Sin embargo, este buen comportamiento prácticamente no ha sido recompensado. En la guerra contra el Estado Islámico, Estados Unidos y Turquía se han apresurado a impedir que se toque el tema de un Kurdistán independiente. Ningún país ha reconocido a Somalilandia como Estado. Y el gobierno de España declaró ilegal el referendo sobre la independencia de Cataluña e ignoró el resultado. En contraste, el miembro más nuevo del club de los Estados, Sudán del Sur, obtuvo el reconocimiento internacional a pesar de sus violaciones flagrantes al Derecho Internacional y los derechos humanos durante su lucha independentista. Para desventura de los movimientos de independencia que han seguido las reglas, jugar limpio rara vez funciona. No hay soluciones fáciles al dilema de los secesionistas. En parte, es porque tienen una relación complicada con el principio de soberanía, piedra angular de las relaciones internacionales modernas. Con todo, se puede lograr un equilibrio entre estos intereses contrarios. Los Estados y las organizaciones internacionales podrían ofrecer a ciertos secesionistas beneficios para allanarles el camino hacia su autonomía, y aunque serían insuficientes para ingresar a las organizaciones de primer orden, sí podrían formar parte de otras menos conocidas, cuyo trabajo aun así es crucial para la política internacional cotidiana.

En el apartado Mundo, Weijian Shan analiza la guerra comercial entre China y Estados Unidos, y apunta que Washington no la está ganando. Aunque el crecimiento económico de China se ha lentificado, los aranceles han golpeado más a los consumidores estadounidenses que a los chinos. Se corre el riesgo de una recesión en China, mientras que la política de Estados Unidos pone en peligro su economía y es una amenaza al sistema de comercio internacional. Las exportaciones chinas a Estados Unidos no han caído debido a que no hay buenos sustitutos para muchos bienes que se importan de China; por lo tanto, con los aranceles los precios no han bajado y los consumidores estadounidenses absorben los costos de los artículos. Por su parte, China solo ha subido los aranceles de los productos estadounidenses que pueden ser remplazados con bienes de otros países, con lo cual los consumidores chinos no pagan precios mayores. Además, los aranceles a las importaciones chinas ha tenido el efecto paradójico de inflar el déficit comercial total de Estados Unidos. En el plano económico, China y Estados Unidos están estrechamente unidos, pues cada uno es el mayor socio comercial del otro. Cualquier intento de desacoplar las dos economías traerá consecuencias catastróficas para ambos y para el mundo en general.

Tonatiuh Fierro se ocupa de la relación de Brasil y México con China a partir de los cambios políticos que se han dado en ambos países y de la estrategia de Beijing hacia la región. Aunque China es el primer socio comercial de Brasil y la balanza comercial favorece a este último, y a pesar de los cambios y las rupturas que pueden preverse en la Asociación Estratégica Global sinobrasileña establecida en 2012, China seguirá siendo de importancia vital para Brasil. Esta interdependencia impide que el actual gobierno rompa completamente sus relaciones con China: ya ha dado un giro al agresivo discurso electoral de Jair Bolsonaro y se han mejorado las relaciones entre las partes. En el caso de México, el Tratado México, Estados Unidos y Canadá y un acuerdo bilateral simultáneo contienen una restricción al derecho soberano de México a negociar acuerdos comerciales con Estados que no tengan una economía de mercado, como China. Pero debido a la guerra comercial entre China y Estados Unidos, al disminuir el comercio entre ambos países el principal beneficiario será México, ya que es la novena mayor economía de exportación en el mundo, y Estados Unidos y China son su primer y segundo socios comerciales. Estratégicamente, es una plataforma importante para un nuevo tipo de exportaciones para las potencias en conflicto. Las exportaciones mexicanas aumentarían alrededor del 5.9% y rebasarían a Brasil (3.8%), lo cual aumenta la competitividad mexicana. Para México, como país manufacturero y textilero, la relación comercial con China ha sido de competencia por el mercado estadounidense. Puesto que el saldo ha sido negativo, los sectores comerciales afectados han adoptado una actitud contraria a China. Hay un mesurado interés chino en México frente al poco interés que tiene el Presidente mexicano por buscar una relación estrecha con el país asiático.

Alexander Betts analiza la actitud de los gobiernos americanos frente a la crisis migratoria; la compara con la que tuvo la Unión Europea y sostiene que los errores que se cometieron deberían servir de ejemplo para evitarlos. La lección clave de la experiencia europea de 2015 es que, cuando se trata de migración, el unilateralismo y el bilateralismo tienen límites. La crisis solo remitió cuando la Unión Europea adoptó un enfoque basado en la cooperación entre los países de origen, tránsito y destino de los migrantes. Hay más paralelismos entre las dos crisis en lo que se refiere a sus causas, sus consecuencias y las respuestas de los gobiernos. Ambas crisis fueron resultado de colapsos del Estado. Los migrantes centroamericanos que llegan a la frontera de México con Estados Unidos, los venezolanos que cruzan a Colombia a través de llanuras desérticas, los bolivianos que buscan trabajo en Argentina y Chile han sido tratados como fenómenos separados, pero, de hecho, son parte del mismo conjunto de problemas básicos. Se necesita un nuevo enfoque para manejar esta situación, un criterio que reconozca las realidades contemporáneas de la migración por sobrevivencia y que se apoye en la cooperación internacional en vez de hacerlo en el unilateralismo.

Al cierre de esta edición, la epidemia de coronavirus, con su epicentro en la ciudad china de Wuhan, sigue extendiéndose a países de todos los continentes. Además del drama humano que suponen la enfermedad y las víctimas, su impacto económico es elevado, debido a la pérdida de producción, falta de insumos, suspensión de vuelos, confinamientos de la población, caídas en las bolsas de valores, disminución del turismo y otros. Si no remite pronto, muchos de los análisis de este número que hacen referencia al estancamiento de la economía, a los flujos migratorios, al cierre de fronteras, a la xenofobia y a la antiglobalización se quedarán cortos en sus peores previsiones. Confiemos en que no se llegue a este punto.

JORDI BACARIA COLOM es Director de Foreign Affairs Latinoamérica. Sígalo en Twitter en @bacaria_jordi.

NOTA DEL EDITOR: Debido a la pandemia de COVID-19, el equipo editorial y administrativo de Foreign Affairs Latinoamérica decidió abrir la nueva edición de la revista “Sudamérica indignada” a todos los lectores, por lo que ya puede consultarla. Si desea tener acceso a los números anteriores, puede suscribirse aquí.

Tags:Nacionalismo, Orden internacional, Protestas, Sudamérica