Haaretz
Raquel López-Portillo Maltos
Diciembre 2019
Una colaboración del Programa de Jóvenes del Comexi
Estamos ante una crisis humanitaria sin precedentes, en la que millones de personas huyen de lo conocido, recorriendo fronteras y buscando un lugar que las acoja para salvar su vida. Pese a que hay un gran volumen de información respecto a la población migrante, refugiada y desplazada, hay un grupo que se ha perdido de vista: las personas apátridas, aquellas que no son consideradas como ciudadanas de Estado alguno. Esta condición ha sido escasamente abordada y afrontada por la comunidad internacional. Con presencia en prácticamente todos los países y las regiones del mundo, permanecen en el olvido y bajo una incertidumbre permanente pues, en definitiva, el carecer de nacionalidad equivale a no existir.
La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados calcula que existen al menos diez millones de apátridas en el mundo. Las causas, el perfil de las personas y la magnitud de su situación es muy variada: por discriminación contra un grupo étnico o religioso, como en el caso de los Rohinyá de Birmania (Myanmar); por motivos de género, como en el caso de las mujeres kuwaitíes, o por falta de reconocimiento internacional de Estados, como ocurre con los kurdos. En los casos citados, resulta relativamente fácil identificar la discriminación detrás de las medidas que menoscaban sus derechos y la injusticia que representa. Sin embargo, hay casos mucho más controversiales en los que la línea entre lo correcto y lo incorrecto, lo bueno y lo malo, y el deber y el hacer se entremezclan. Ejemplo de ello son los miles de apátridas que dejó a su paso el Estado Islámico, entre combatientes y desertores tanto nacionales como extranjeros, sus cónyuges y sus hijos. La polémica sobre su devenir sigue viva, aunque la solución no se encuentra a la vista. El análisis de la situación abre un complejo debate sobre el destino de estas personas desde distintas posiciones.
Dilemas desde lo jurídico, lo político y lo ético
En términos legales, existen diversos instrumentos que abordan el tema, como la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas y la Convención para Suprimir o Reducir los Casos de Apatridia. En esta última se encuentran estipulados todos los deberes y los derechos para el país en el que se encuentran. Sin embargo, estos últimos no se han reflejado en la realidad en los que, además, entran en juego muchas controversias entre las legislaciones nacionales y la internacional. Por un lado, el Derecho Internacional no cuenta con herramientas vinculantes con las cuales se pueda garantizar que ninguna persona vaya a ser privada de su nacionalidad. Aún se conserva la facultad de los Estados de hacerlo, basándose en diversos motivos, entre los cuales se incluye el que la persona se haya comportado de forma gravemente perjudicial para los intereses vitales del Estado o que haya jurado lealtad a otro país.
En contraposición, acorde al Derecho Internacional de los derechos humanos, esta premisa no es absoluta, ya que los Estados siguen estando sujetos a cumplir con sus obligaciones en esta materia. Esta situación se vuelve problemática en varios sentidos. Por un lado, no se puede despojar a una persona de su nacionalidad sin tener otra, pues la convierte automáticamente en apátrida, además de imposibilitar por completo una posible repatriación. Y, por otro, la singularidad de cada derecho nacional causa una falta de homogeneidad jurídica. En este sentido, puede afirmarse que el derecho se ha visto rebasado por la situación, en donde aún hay muchas dificultades respecto a qué norma prevalece y cuál es la que más protege a la persona.
La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados calcula que existen al menos diez millones de apátridas en el mundo.
Se estima que al menos 41 490 extranjeros se unieron al Estado Islámico en Irak y Siria. Dentro de la esfera política, esto ha generado un intenso debate respecto a la elección entre la repatriación y la revocación de la nacionalidad. Por lo pronto, las respuestas han sido muy divididas, aunque en su mayoría se ha abogado por la seguridad nacional y el órden público por encima de los derechos de las personas en cuestión.
El mayor reto pertenece a la Unión Europea, en donde se concentra el mayor número de extranjeros yihadistas que se encuentran detenidos o en campos de refugiados. El consenso respecto al quehacer de la Unión es fundamental, especialmente considerando que el retorno de un ciudadano europeo implica que podrá ejercer su libre movimiento, poniendo en jaque al resto de los países en caso de un ataque. Hasta el momento, Holanda, Suecia y Suiza se han mantenido abiertamente en contra de la repatriación. El gobierno británico comparte esta posición, con excepción de los niños a quienes se les protegerá. Alemania, Bélgica y Francia han tomado una posición un poco más neutra, en la que sugieren estudiar caso por caso y tomar medidas para eventos futuros. Muchos otros han admitido que aún no tienen una estrategia clara sobre qué hacer.
Esto se complejiza aún más con la reciente declaración de Donald Trump en la que exigió a la Unión Europea hacerse cargo de 800 combatientes detenidos, 700 mujeres y 1500 de sus hijos ante la salida de una gran parte de sus tropas y la posible caída del califato. Irónicamente, a la par de esta exigencia, el gobierno estadounidense ha declarado que sus nacionales que se integraron al Estado Islámico no serán admitidos de vuelta a su país. Adicionalmente, a principios de noviembre de 2019, Turquía comenzó a repatriar a algunos de los miembros extranjeros dentro de su territorio a sus países de origen y espera terminar con este cometido para fines de 2019. Finalmente, este tema funge como un eje clave en la narrativa de la campaña electoral estadounidense y la consolidación de frentes políticos en la Unión Europea. Esto principalmente por el miedo a las repercusiones colaterales que pueden causar el tomar una posición sobre el tema en términos de la aprobación del electorado y por el temor sustentado de que haya retaliaciones por parte del grupo terrorista.
El no tener nacionalidad, en términos prácticos, causa la pérdida del resto de sus derechos al no existir en la esfera jurídica y al no tener a quién exigir su garantía.
Por último, no puede descartarse que esta problemática despierta un dilema de naturaleza ética y moral. Cabe destacar que las mayores afectaciones recaen en las viudas de combatientes y sus hijos. Además de los extranjeros, se encuentran también los nacionales que, al haberse integrado al Estado Islámico, se han convertido en apátridas en su propio país. A medida de que más bastiones son recuperados, más de 1500 familias han huido a los campamentos de refugiados de Hamam al Alil, Jadaa y Qayyara, en donde tienen graves problemas comprobando el no haber sido partícipes de algún tipo de acción terrorista; en donde son estigmatizados como “los daeshis” por el resto de los refugiados, y en donde al menos 45 000 niños se encuentran a la deriva al no contar con documentación que pruebe su identidad.
Dichas personas se encuentran en el peor escenario posible por un simple hecho: el no tener nacionalidad, en términos prácticos, causa la pérdida del resto de sus derechos al no existir en la esfera jurídica y al no tener a quién exigir su garantía. Por ende, se convierten en fantasmas legales, privados de documentos oficiales, de acceder a un empleo, a educación, a servicios de salud, a tener un juicio justo, e incluso, a tener un certificado de defunción cuando mueren. La nacionalidad vincula a los individuos con el Estado, y los derechos humanos con la garantía de su dignidad. Mientras tanto, los mandatarios, los organismos internacionales y la opinión pública discuten su futuro en apego a juicios de valor, y no acorde a la ley y a los estándares mínimos de derechos humanos.
Posibles escenarios
Frente a estos dilemas, su porvenir resulta incierto. Por un lado, las consecuencias del retiro y posterior retorno de las tropas de Estados Unidos, la presión sobre las fuerzas kurdas y la toma de control de Turquía aún están por verse. El resurgimiento del Estado Islámico y el escape de cientos de combatientes por la falta de control en las cárceles es una posibilidad latente y preocupante. Mientras tanto, el número de personas que han sido evacuadas y las que han logrado escapar se multiplican día con día, perpetuando la crisis humanitaria.
Los esfuerzos internacionales hasta el momento han sido escasos, infructíferos y poco adaptados a la situación. Algunos planteamientos que han surgido como posibles soluciones son la repatriación de excombatientes para ser juzgados de acuerdo con la ley de su país y evitar incurrir en la apatridia. Pese a que es una de las opciones más sensatas, cuenta con ciertos obstáculos, siendo el principal el proceder a un juicio lejos de donde se cometieron los supuestos delitos y donde se encuentran las evidencias y testigos. Por su parte, se ha hablado de la posibilidad de crear un tribunal penal internacional para juzgar a los responsables. Este escenario es poco viable debido a la competencia limitada de la Corte Penal Internacional y del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas por la naturaleza sui géneris del conflicto, la disposición de recursos, la determinación de qué legislación aplicaría, qué crímenes y a qué actores se juzgarían, entre otros factores. Finalmente, también se ha sostenido la necesidad de ir trabajando en instrumentos internacionales y nacionales que permitan resolver este tipo de controversias de manera preventiva.
La mayoría de las soluciones planteadas se enfocan en el castigo a los culpables, pero no ponen el foco de atención en el futuro de los apátridas que dejó la guerra que aún sigue latente en el campo de batalla. Más allá de los matices políticos y jurídicos, no se debe dejar de lado el trasfondo humanitario de esta situación. Pese a que en circunstancias así de complejas es fácil apelar a la emoción por encima de la razón, la realidad es que los derechos no están a prueba de conducta. Si la intención es hacerles pagar por sus acciones, en lugar de dejarles en un limbo perpetuo, deben buscarse estrategias a corto, mediano y largo plazo con sus correspondientes garantías procesales. Las acciones que se tomen hablarán por sí mismas sobre cómo se concibe la dignidad humana desde la cooperación internacional.
RAQUEL LÓPEZ-PORTILLO MALTOS es especialista en derechos humanos y gestión de paz. Se ha desarrollado en los sectores público, privado y de la sociedad civil en temas de seguridad, igualdad de género y educación. Es asociada del Programa de Jóvenes del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (Comexi). Sígala en Twitter en @rak_lpm.
Tags:Apátridas, derecho internacional., Estado Islámico, Refugiados
