Apuntes para la transformación socio-ecológica y la construcción de sociedades resilientes y sostenibles
Datagora
Fausto Quintana
Junio 2020
Una colaboración de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales
A pesar de las posiciones y las acciones negacionistas del cambio climático en las élites políticas y económicas son más los consensos sobre su veracidad y los impactos de la alteración de los ciclos hidrometeorológicos en la seguridad humana de todos, sin excepción, los países del orbe. Según el Reporte de Riesgo Global 2020 del Foro Económico Mundial, el cambio climático se ha constituido como una de las principales amenazas a la seguridad internacional, además, está relacionado con la existencia y exacerbación de otros problemas o procesos globales que incrementan la vulnerabilidad socioeconómica de millones de personas, como la inseguridad alimentaria, el estrés hídrico, la migración forzada por razones ambientales, entre otros.
La lucha contra la crisis climática y la consolidación de sociedades sostenibles y resilientes requiere de una transformación socio-ecológica basada en la descarbonización del desarrollo, entendida como el desacoplamiento de las emisiones de gases de invernadero (GEI) de las actividades humanas, en particular la generación de energía, los transportes terrestres, la construcción y la agricultura. Si bien el concepto de descarbonización hace referencia al dióxido de carbono, no debemos omitir que el metano y el óxido nitroso ocupan un lugar importante en la matriz de GEI, cuya permanencia en la atmósfera provoca el calentamiento global. De acuerdo con el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, el dióxido, el metano y el óxido nitroso son los tres principales GEI causantes del calentamiento global.
Las acciones concretas de la descarbonización están vinculadas a las actividades económicas e industriales de mayor contribución de GEI. Entre la gama de acciones podemos señalar la generación de energías renovables (eólica, solar, biomasa, mareomotriz, etc.), la eficiencia energética, la captura y el almacenamiento de carbono, el transporte público y eléctrico, la arquitectura sostenible, la agroecología y la silvicultura comunitaria. En general, la gama de opciones para la descarbonización es amplia, y muchas ya se encuentran en marcha y consolidadas tanto en los países desarrollados como en desarrollo.
Una de las expresiones de la crisis ambiental que mayor preocupación ha despertado es la destrucción de bosques tropicales, pues la deforestación es una de las causas centrales de la pérdida de biodiversidad.
No obstante, los avances en el desacoplamiento de las actividades antropogénicas de las emisiones de GEI se ven neutralizados por el incremento de la demanda energética basada en combustibles fósiles, la urbanización acompañada de un exagerado parque vehicular y la destrucción de ecosistemas para la producción agroindustrial, particularmente de grandes extensiones de bosques tropicales. Si bien, históricamente, los países industrializados han sido los responsables de las emisiones de GEI, en los últimos años la situación ha cambiado debido al despegue de los países emergentes o de industrialización tardía, entre ellos México (Molina, Sarukhán y Carabias, 2010). De acuerdo con el Rastreador de Acción Climática, tan solo la República Popular China contribuye con aproximadamente el 27% de las emisiones globales de GEI.
Una de las expresiones de la crisis ambiental que mayor preocupación ha despertado es la destrucción de bosques tropicales, pues la deforestación, además de contribuir con el incremento del calentamiento global, es una de las causas centrales de la pérdida de biodiversidad. Al respecto, Brasil alcanzó la cifra más alta de pérdida de cubierta forestal durante 2019 al llegar a 1 360 000 hectáreas, impulsada por una franca política agroindustrial exportadora centrada en la siembra de soja. A Brasil le siguen la República Democrática del Congo, Indonesia, Bolivia y Perú en la lista de los países con mayor pérdida bosques tropicales; en algunos casos, como el de Indonesia y Colombia —país latinoamericano ubicado en el número siete con mayor cambio de uso suelo en los trópicos—, la deforestación es impulsada por el aumento de plantaciones de palma africana de aceite, cultivo incentivado por la demanda imparable de su producción en las industrias de la alimentación y los cosméticos a nivel mundial.
En este contexto, México enfrenta un doble problema. Por un lado, el país sufre los efectos de la crisis climática, en particular el estrés hídrico, la pérdida de biodiversidad, el desplazamiento de migrantes ambientales y la inseguridad alimentaria. Por el otro, las condiciones de pobreza y vulnerabilidad social limitan a la población expuesta a los múltiples impactos del cambio climático, pues como expresión de crisis civilizatoria no es ajena a la injusticia social. El deterioro de la vida rural genera el desplazamiento masivo de campesinos a los principales centros urbanos del país.
A partir de la celebración en Cancún, Quintana Roo, de la Conferencia de las Partes (COP-16) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, México se constituyó en el sistema de gobernanza climática como uno de los principales proponentes y soportes del multilateralismo y la cooperación internacional en la lucha contra el cambio climático. Nuestro país, en lo formal e institucional, realizó un esfuerzo por contar con las instituciones, el marco normativo y los instrumentos técnicos para hacer frente a este tema. Entre otras medidas se cuenta con la Ley General de Cambio Climático, la Estrategia Nacional de Cambio Climático, el Programa Especial de Cambio Climático, el Inventario de Emisiones, la Coordinación de Evaluación, programas subnacionales de acción climática, entre otros; es decir, aún con sus problemas operacionales, el país cuenta con las herramientas necesarias para construir políticas públicas y acciones concretas de descarbonización del desarrollo. Avances que, con el inicio de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, han sido frenados por el escaso apoyo financiero y político. En el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF), para el ejercicio de 2019, se planteó una reducción del 32% en comparación con 2018 (“Medio Ambiente sigue como la secretaría con mayor reducción”, La Jornada, 9 de septiembre 2019), mientras que para 2020 el PPEF aprobado por el Congreso contempló una nueva reducción, ahora de 3.7%.
Hay otras dimensiones de la crisis climática, más allá de las incongruencias gubernamentales, que se ubican en la lógica de la producción empresarial y la cultura del consumo sin precedentes. En el ámbito industrial, las empresas promueven la obsolescencia programa, es decir, la vida corta de las mercancías que permiten mantener ganancias estratosféricas al capital local y trasnacional. El fenómeno es fácil de identificar en las industrias de las telecomunicaciones y el vestido, en las que los bienes, como en el caso de los teléfonos celulares, tienen una funcionalidad menor en relación con los aparatos anteriores. En cuanto a la cultura del consumo, nos hemos constituido en sociedad, particularmente las poblaciones que habitan en las urbes con cierto poder adquisitivo, intoxicada por una necesidad superficial de consumo. Nuestra huella ecológica es cada vez mayor y está, sin duda, sustentada en los productos que compramos y desechamos de forma acelerada.
Es importante plantear una hoja de ruta concreta y sostenible para la consecución de la descarbonización del desarrollo.
En términos generales, el cambio climático y la crisis ambiental son problemas holísticos que integran muchos sectores y actores, de ahí que las propuestas de descarbonización sean diversas, pues acciones aisladas, sin elementos trasversales y excluyentes de actores, difícilmente tendrán éxito. En este sentido es importante plantear una hoja de ruta concreta y sostenible para la consecución de la descarbonización del desarrollo. No obstante, las transformaciones socio-ecológicas en los diversos sectores, como el energético, el agroalimentario y el silvícola, la descarbonización pasa por una concertación política y una estrategia económica consistentes con el mensaje central de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que considera la construcción de un mundo más justo y menos desigual, el fortalecimiento de la resiliencia social y el reconocimiento y la valoración de la naturaleza como un todo.
La nueva hoja de ruta hacia la descarbonización del desarrollo, por supuesto, debe ser creativa e innovadora en cuanto al fortalecimiento de las capacidades institucionales y el cumplimiento del Estado de derecho en todos aquellos temas, directa o indirectamente, vinculados a la problemática ambiental. Sin embargo, hay muchas propuestas a las que no les hemos reconocido y aprovechado el amplio potencial como prácticas promisorias de la transformación social y ecológica, como el mercado de carbono, la agroecología, la restauración de los suelos, la erradicación del desperdicio de alimentos, la comercialización y el consumo de productos locales, la generación y la apropiación social de energías alternativas, el comercio justo y la planeación urbana estratégica. La descarbonización del desarrollo como propuesta viable a la crisis ambiental, también es una oportunidad para integrar visiones y acciones capaces de construir consensos y un programa político sustentado en la diversidad y la inclusión.
FAUSTO QUINTANA es profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Es responsable del proyecto PAPIIT, Descarbonización del desarrollo y transformación socio-ecológica, y miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) nivel 1 del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). Sus líneas de investigación son la política internacional forestal, el cambio climático, el desarrollo sostenible y la gobernanza ambiental. Sígalo en Twitter en @Faustoquintana.
Tags:Cambio Climático, desarrollo sostenible, Descarbonización, Energías limpias
Excelente artículo, maestro Fausto Quintana.