La Razón
Tomás Bontempo
Febrero 2020
En 2019, Latinoamérica ha sido el escenario de distintos focos de tensión y conflicto que combinan tanto problemáticas relativas a las trayectorias nacionales como déficits estructurales de la región y cuestiones propias de la actual coyuntura del sistema internacional. Este panorama, que nos permite reconocer la heterogeneidad de la región y por ello las particularidades nacionales de cada caso, también nos impulsa a encontrar elementos comunes en una región que parece “prenderse fuego”.
Un mundo volátil
Lo primero que podemos mencionar es el impacto de un escenario mundial sumamente volátil y restrictivo para Latinoamérica, que se encuentra precisamente vinculado a las particularidades relativas a la perpetuación de lo que el sociólogo José Paradiso llamó la condición periférica de la región. Esto configura un tipo particular de experiencia e interlocución con el centro, entendiendo allí las relaciones de poder, económicas, e incluso las ideas y construcciones culturales.
En este marco, Latinoamérica representa un territorio en disputa para una nueva bipolaridad, que difiere notablemente de aquella que moldeó buena parte del siglo XX y se caracterizó por ser una bipolaridad rígida. La actualidad de las disputas interhegemónicas sino-estadounidenses y de una bipolaridad liquida o volátil que se expresa en la competencia de los campos comercial y tecnológico, entre otras aristas, evidenció la fuerte descoordinación política que impera en Latinoamérica luego de la paralización de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y el surgimiento de una “doble dependencia externa”, como la denominó el analista internacional, Juan Gabriel Tokatlian. El error estratégico de la descoordinación imperante y la carencia de consensos impone una mayor vulnerabilidad desprendida de las grandes disputas mundiales.
En este marco del proceso de una globalización en cambio (o desglobalización para la construcción de una nueva globalización), con la paralización de la Organización Mundial del Comercio y la competencia entre las dos principales potencias económicas, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha anunciado en su balance preliminar de 2019 que luego de un 2018 de bajo crecimiento, Latinoamérica prácticamente no creció en 2019. Su Secretaria Ejecutiva, Alicia Bárcena, expuso el contexto de desaceleración económica generalizada y sincronizada en dieciocho países, de veinte medidos. Sin embargo, esa desaceleración no es nueva sino que se arrastra desde 2014, afectando al empleo, la caída del PBI y el consumo per cápita, las inversiones, las exportaciones, la demanda externa y las finanzas. Por lo demás, a excepción de algunos periodos como el de principios del siglo XXI, la famosa tesis Singer-Prebisch sobre el deterioro de los términos de intercambio pareciera volver a comprobarse en una región donde los precios de las materias primas exportables han ido en caída y sin vistas en el corto plazo para un repunte significativo de los mismos, algo de por si históricamente excepcional.
Latinoamérica representa un territorio en disputa para una nueva bipolaridad, que difiere notablemente de aquella que moldeó buena parte del siglo XX.
Según la CEPAL, si los números de 2019 se mantienen en 2020, el periodo de 2014 a 2020 serán los de más bajo crecimiento económico en 4 décadas. Esta situación aporta de forma negativa a una Latinoamérica que se erige como la región más desigual del mundo. Incluso, dentro de los distintos periodos de crecimiento de su historia, la desigualdad estructural ha permanecido como una de las características negativas más perdurables de la región y que se extiende mucho más allá de lo medido por el índice elaborado por el italiano Conrado Gini.
La proliferación de movimientos sociales emergentes y territorios en disputa en todo el mundo, en ciudades como Beirut, Hong Kong o París, refleja que nuestra región no es la única en experimentar este “malestar de la globalización” en términos de Joseph Stiglitz. El surgimiento de los sectores de extrema izquierda antiglobalización hasta el ascenso de poder de los grupos de derecha nacionalistas animados con experiencias como el brexit no puede comprenderse de forma descontextualizada a las condiciones materiales de una globalización de libre mercado que a principios de la década de 1990 fue una especie de teología casi incuestionable.
Un hegemón al acecho
Un elemento generalmente desatendido por el análisis político a la hora de evaluar la actual coyuntura de la región, es el papel de Estados Unidos. Mejor dicho, el carácter estratégico que reviste Latinoamérica para el poder hegemónico estadounidense en el actual escenario de disputas interhegemónicas. La cohabitación con el hegemón nunca tiene una gravitación nula en la región. Contrariamente, como recalca el historiador Leandro Morgenfeld, la declinación relativa de Estados Unidos resulta generadora de una mayor agresividad sobre su patio trasero.
Un indicador, podría ser el papel de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que, como principal organismo de carácter hemisférico, ha resultado especialmente deficitario a la hora de actuar o pronunciarse en las tensiones que se registraron en los últimos meses de 2019. La institución, encabezada por el momento por el uruguayo Luis Almagro, ha resultado ser parte en los conflictos, más que un espacio de coordinación y dialogo para la solución de controversias.
Su reposicionamiento en el espacio hemisférico con su tesis de las “brisas bolivarianas” se planteó en ocasión de la paralización de la CELAC y el abandono de la Unasur por parte de varios Estados con gobiernos alineados a Washington. Asimismo, las acciones de la OEA fueron además respaldadas por la gira de funcionarios relevantes del gobierno de Donald Trump, como el Secretario de Estado, Mike Pompeo, quien brindó apoyo a, por ejemplo, las reformas de Lenin Moreno en Ecuador y de sus llamados al diálogo en el momento más álgido de la crisis. Algo similar sucedió con el apoyo de Trump a Sebastián Piñera, anunciando hasta último momento, que viajaría a la luego frustrada COP-25 sobre cambio climático o incluso el apoyo a Jeanine Áñez en Bolivia. Además de la reivindicación de la ya famosa Doctrina Monroe por parte del ahora Exasesor de Seguridad Nacional, John Bolton.
Una democracia asediada
El noveno Congreso Latinoamericano de Ciencia Política, celebrado en Montevideo en 2017, se titulaba “¿Democracias en recesión?”. Un año después, el informe de situación democrática y económica de Latinobarómetro hacía referencia a lo que denomina la “diabetes democrática”. Los indicadores medidos nunca habían resultado tan negativos desde sus inicios a mediados de la década de 1990. Una amplia variedad de los factores que observamos en la actualidad tienen que ver con déficits estructurales de la región. La coyuntura solo representa la parte visible de la luna, mientras en su cara oculta existe una enorme estructura de elementos subyacentes que interpelan a la institucionalidad democrática.
Según el citado informe de Latinobarómetro, las personas insatisfechas con la democracia crecieron del 51% en 2008 a 71% en 2018. Un conjunto en aumento de ciudadanos con promesas insatisfechas, expectativas incompletas y frustraciones. La situación económica experimentada generó una fluctuación en estos niveles que volvió a deteriorarse luego de la crisis de las hipotecas basura de 2009 y que evidenció una caída en el apoyo a la democracia a un 48% en 2018. Este último dato representa, junto a 2001, el peor porcentaje desde 1995.
Incluso en este mismo marco, llama la atención otra premisa consultada a los ciudadanos que respondieron que en algunas circunstancias un gobierno autoritario puede ser preferible a uno democrático. La aceptación de la misma es de un 23% en Chile, un país en el que han permanecido fuertes enclaves autoritarios en el retorno y la consolidación de la democracia. La clase media, una clase peligrosamente asediada por políticas económicas excluyentes, es la que refleja un mayor apoyo de la democracia.
En octubre de 2019, solo 2 meses antes de las movilizaciones más multitudinarias de la historia chilena, el mandatario Piñera había expresado que su país era “una isla de estabilidad en una región convulsionada”. Lo que debe analizarse aquí es la relación entre el complejo Estado-sociedad. Un Estado históricamente fuerte, que encorseta “por la razón o por la fuerza” las demandas de la sociedad en una institucionalidad rígida y restrictiva.
El que fue postulado como el país modelo de la región, adalid de un modelo de mercado exitoso sustentado en las privatizaciones y la apertura comercial, continuó el modelo económico pinochetista con fuertes enclaves autoritarios en sus instituciones democráticas. Por ello, el interrogante no está únicamente en que el Estado no ha dado respuesta, sino también en la institucionalidad estatal construida por la forma de ejercicio del poder del mercado y de las élites. Según el informe de Latinobarómetro, el 79% de los ciudadanos latinoamericanos expresan que se gobierna “para unos cuantos grupos poderosos en su propio beneficio”.
Por otro lado, como mencionábamos inicialmente sobre las particularidades nacionales, en un país como Bolivia, y a diferencia de Chile, la movilización social se caracteriza históricamente por ser un factor de relevancia. En una sociedad que el sociólogo boliviano Rene Zavaleta, caracterizaba como de “formación social abigarrada” reconociendo la existencia de una sociedad heterogénea, como una superposición de sociedades de forma desarticulada. Mientras el Estado es históricamente débil y los ciclos estatales han sido cortos, existe una sociedad históricamente movilizada incluso desde la época pre independentista.
La cohabitación con el hegemón nunca tiene una gravitación nula en la región.
Las lecturas provenientes de enfoques cercanos o gravitantes al realismo político estadounidense que establecen que el crecimiento y cambio social generan inestabilidad han quedado anacrónicas. No negamos que los cambios ocurridos en una sociedad sean contingentes con la inestabilidad pero estas visiones resultan insuficientes, especialmente ante un nuevo contexto. Estos análisis políticos son interpelados por una generación joven explotada y precarizada en Latinoamérica, despreciada por las élites, que navega entre el miedo y el hartazgo, en el marco de un futuro incierto y una democracia social asediada por la desigualdad del capitalismo latinoamericano. Las demandas insatisfechas están en auge, pero el interrogante es preguntarnos por qué lo están en el marco de la forma en que ha sido construido el Estado y de su relación con la sociedad.
Asimismo, otro indicador interesante es aquel que evidencia que en Latinoamérica la mayor parte de las personas no vota por partidos políticos: una tendencia que se ha repetido en los últimos años de la medición y que refleja, con matices dependiendo del país, un mayor desprestigio de los partidos políticos como actores capaces de canalizar las demandas de la sociedad y su relación con el Estado. No solo en países como Brasil o Perú, donde salvo excepciones, los partidos políticos han sido históricamente débiles y maleables y que politólogos como Marcelo Cavarozzi y Esperanza Cazullo caracterizan como de políticos sin partidos, sino también en otros, se han visto interpelados y hasta desprestigiados. Los partidos se ubican entre las instituciones con menor confianza por parte de los ciudadanos latinoamericanos, mientras la Iglesia y las fuerzas armadas se ubican en los primeros lugares.
No es extraño que en las diversas situaciones de crisis experimentadas en 2019, las fuerzas armadas vuelven a ser un factor de atención en Latinoamérica. Como marca la profesora de la Universidad Torcuato Di Tella, Rut Diamint, los militares “están desempeñando un papel destacado en el manejo de los conflictos”. Mandatarios como Piñera, Moreno, Martin Vizcarra e Iván Duque, pusieron a los militares y a las fuerzas de seguridad como mentores del orden público o como un actor desequilibrante ante un conflicto particular. Mientras en Bolivia, la sugerencia de renuncia a Evo Morales y el posterior papel de las mismas en el gobierno de la presidenta de facto Jeanine Áñez, nos remiten a lo que Tokatlian denominó como el neogolpismo.
Por supuesto, faltan otras menciones en donde los militares o las fuerzas de seguridad han ganado relevancia, como México, o más aun, Venezuela. Pero, el papel de estos actores no se limita a lo mencionado sino también a su participación en los procesos electorales. El caso brasilero es tal vez el más representativo, pero, incluso en Uruguay, un país que muestra históricamente altos niveles de apoyo a la democracia y de confianza a los partidos políticos, las últimas elecciones han reflejado la emergencia de un nuevo actor conservador como lo es Cabildo Abierto.
Conclusiones
La situación de la región abre la posibilidad de identificar nuevos elementos de análisis en un contexto histórico en el que el posneolineralismo y el posprogresismo se encuentran encarnando la tesis del empate hegemónico del sociólogo Juan Carlos Portantiero. Las tensiones en torno a los distintos proyectos políticos no solo vislumbran un escenario de conflictividad, sino que reincorpora a viejos actores con el surgimiento de nuevas prácticas que interpela la institucionalidad democrática.
En este marco de conflictividad, la política latinoamericana se encuentra asimismo con poco margen de acción frente a Washington, facilitando una atomización de la política internacional de la región que no ha logrado ni siquiera una respuesta sólida frente a problemas graves como la situación democrática en Venezuela, el proceso de paz en un país como Colombia, con record de asesinatos de líderes sociales, o el golpe de Estado en Bolivia, entre otras cuestiones.
La paralización y la insuficiencia de una institucionalidad regional que resulte acorde a las problemáticas y los desafíos vislumbran un futuro poco auspicioso para enfrentar una nueva etapa de incertidumbre que presenta un mundo más inestable, desigual y conflictivo.
TOMÁS BONTEMPO es maestro en Integración Latinoamericana por la Universidad Nacional de Tres de Febrero, Argentina. Es profesor titular en la Universidad del Salvador, Argentina. Sígalo en Twitter en @tomdist1986.
Hace muchos años, Samuel HUNTINGTON, en un libro titulado “El orden político en las sociedades en cambio”, comenzaba su con su trabajo con esta frase: En un Estado, más importante que la forma política de gobierno es su grado de gobierno. Estoy de acuerdo con esta afirmación que desarrolla con acierto SH. El primer problema de Iberoamérica es el déficit de gobernanza. Todo lo que dice es acertado pero no apunta una solución. Iberoamérica debe dejar de soñar con Disneyland y avanzar paso a paso en la construcción de instituciones fuertes capaces de defender su independencia o autonomía respecto a las injerencias ilegitimas del poder de los partidos políticos.
La crisis de la democracia liberal comenzó con la crisis financiera de 2008 en Europa y los Estados Unidos. Iberoamérica se ha incorporado con retraso pero los fenómeno son los mismos y se manifiestan de la misma manera con más o menos intensidad.