30 agosto, 2023 • Artículos, Latinoamérica, Portada • Vistas: 1451

Pedro E. Manosalvas

Agosto 2023

Ecuador enfrenta una compleja coyuntura con relación a la violencia, los desafíos en el ámbito de la seguridad, la política y la democracia. De ahí la importancia de analizar diversos aspectos relevantes que generan un panorama caracterizado por la escalada de violencia y la fragilidad de las instituciones democráticas en el país, así como elementos clave que han contribuido a que Ecuador deje de ser reconocido como una “isla de paz” para posicionarse como uno de los países más inseguros de Latinoamérica. 

Efecto mariposa: los acuerdos de paz y Walter Patricio Arízala

Por años, Ecuador fue considerado como una “isla de paz” pese a encontrarse ubicado en medio de los dos mayores productores de cocaína: Colombia y Perú. Hasta que en los últimos años esa “isla” ha visto los índices de violencia más altos de su historia como república debido a varios sucesos que permitieron que la situación escalara hasta posicionar al país como uno de los más inseguros de la región.

Uno de ellos es el conocido proceso de paz entre el Estado colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) en 2016.  Esta iniciativa buscaba poner fin a 5 décadas de conflicto armado que dejó un vergonzoso saldo de 450 000 homicidios.

A medida que los diálogos de paz avanzaban y las partes buscaban una salida negociada, se generaron disidencias, denominadas también como Grupos Armados Organizados Residuales. La percepción de seguridad en las provincias fronterizas con Colombia, como Carchi, Esmeraldas y Sucumbíos, se vio influenciada por la desmovilización de las FARC-EP. Al mismo tiempo, la posible reincorporación de excombatientes a la vida civil generó inquietudes sobre los impactos en Colombia y Ecuador.

La evolución del proceso de paz en Colombia también tuvo un impacto directo en la dinámica de las insurgencias de las FARC-EP, ubicadas en el límite colombo-ecuatoriano. La alta porosidad de la frontera norte se convirtió en una oportunidad de negocio para las disidencias, que encontraron en Ecuador un espacio perfecto para ampliar su presencia en el tráfico mundial de drogas, armas, personas y recursos minerales.

La desmovilización parcial de algunos miembros de las FARC-EP coincidió con la expansión de actividades ilícitas en la región fronteriza ecuatoriana, lo que planteó desafíos adicionales para el gobierno en términos de seguridad y control territorial. Este fenómeno no solo evidenció la ausencia estatal en áreas vulnerables, sino que también influyó en la percepción de la población respecto a la eficacia de la democracia a la hora de proteger sus derechos y garantizar su bienestar.

El caso de Walter Patricio Arízala, Guacho, líder de una disidencia de las FARC-EP conocida como Frente Oliver Sinisterra, es relevante porque marca un parteaguas en la historia de Ecuador. Durante algún tiempo, Guacho fue el hombre más buscado por Colombia y Ecuador debido a su papel en la dirección, ejecución, secuestro y asesinato de un equipo de tres periodistas del diario El Comercio, así como de una pareja ecuatoriana en 2018. A principios de ese mismo año, también se registró un atentado con un coche bomba que destruyó el Comando de Policía de San Lorenzo, en la provincia de Esmeraldas. Esto anunciaba ya la debilidad en materia de inteligencia que tenía el Estado ecuatoriano para adelantarse a los hechos. Finalmente, ese mismo año, el líder del Frente Oliver Sinisterra fue abatido en las cercanías de Tumaco, al suroeste de Nariño, Colombia, sin que se logre esclarecer la motivación detrás de este crimen. Los documentos oficiales aún son categorizados como confidenciales.

El cisne negro y las prisiones

Sin duda, 2019 fue un año de gran tensión social en Ecuador. El movimiento indígena lideró una manifestación que paralizó al país del 3 al 13 de octubre. Las protestas se originaron tras la firma de un decreto presidencial que eliminaba el subsidio a la gasolina. Los resultados: abusos, violencia y daños a la propiedad pública y privada. Esta manifestación puede ser vista a través de dos perspectivas. La primera, la del gobierno, que criminalizó y reprimió las protestas al asegurar que había un intento de golpe de Estado, sabotaje e incluso terrorismo por mafias infiltradas. Y la segunda, la de organizaciones sociales, que afirman que fueron movilizaciones pacíficas sin abusos y dentro de su legítimo derecho a la protesta. Ambas visiones necesitan matices y profundidad. Por ejemplo, Human Rights Watch expresó su preocupación por los abusos cometidos por agentes de seguridad y manifestantes. Dicha organización declaró que “aunque hubo abusos por parte de ambos lados, se centraron en los actos de violencia de las fuerzas policiales”. Este informe destaca la necesidad de investigar y llevar ante la justicia a los responsables de los abusos, independientemente de si pertenecían al cuerpo de agentes de seguridad o a los manifestantes. Además, este reporte insta al gobierno de Ecuador aprender de esta experiencia para garantizar que las fuerzas de seguridad actúen dentro de la legalidad.

Casi al final del año, la llegada de la pandemia de covid-19 dejó un profundo impacto en la seguridad y la estabilidad en Ecuador, revelando las deficiencias del Estado y exponiendo los desafíos socioeconómicos que venían afectando al país. Durante el gobierno de Lenín Moreno (2017-2021), Ecuador fue uno de los países más austeros a la hora de invertir en ayuda social, en comparación con otros países de la región. Ocho de cada diez hogares en Ecuador afirmaron tener menos ingresos que antes de iniciar la pandemia y 48% de la población sufrían de inseguridad alimentaria. El acceso a la educación durante la pandemia también afectó gravemente a las familias con menos ingresos económicos, ya que solo 10% de los hogares aseguró tener un computador en casa.

La serie de ataques a políticos en Ecuador tiene profundas implicaciones para la salud de la democracia.

Mientras la pandemia asfixiaba el sistema de salud pública y la economía, el gobierno de Moreno fue criticado por su mala gestión durante la crisis. La pandemia llegó a tal nivel que, por ejemplo, en la ciudad portuaria de Guayaquil se observaron cadáveres en las calles. A diferencia de varios países que implementaron políticas expansivas de apoyo económico y social para mitigar el impacto de la pandemia, Ecuador se vio limitado por su situación fiscal y su deuda externa, lo que afectó directamente su capacidad para brindar una respuesta satisfactoria.

La falta de inversión en ayuda social incrementó las tensiones socioeconómicas que venía arrastrando el pequeño país andino, contribuyendo directamente al aumento de la inseguridad. Al no haber apoyos para los sectores más vulnerables de la sociedad, se amplificó la desigualdad y se dejó a muchas personas sin la ayuda necesaria para enfrentar la crisis económica derivada de la pandemia. En este contexto, el crimen organizado encontró un nicho perfecto para reclutar a personas de escasos recursos a las que el Estado ecuatoriano les falló.

Además, la pandemia puso al descubierto la necesidad de contar con una estructura de seguridad social sólida y una inversión adecuada en programas de asistencia para enfrentar crisis imprevistas.

En términos de ayuda social, la respuesta limitada del gobierno de Moreno tuvo consecuencias palpables en la cohesión social: las brechas entre ricos y pobres se hicieron cada vez más grandes en un país que ya era bastante desigual y la percepción de la ciudadanía sobre la capacidad del Estado para garantizar sus derechos cayó.

El covid-19 afectó también fuertemente a la población carcelaria. Esto causó que las personas privadas de la libertad, con ayuda de los malos elementos de la fuerza pública, utilizaran los pabellones penitenciarios como centros de operaciones entre las pandillas ecuatorianas y las organizaciones transnacionales del crimen organizado.

A raíz de ello, la Penitenciaría del Litoral en Guayaquil, se ha convertido en la prisión más peligrosa del país, siendo testigo de cinco masacres en los últimos 2 años que han dejado alrededor de 214 víctimas. La más brutal ocurrió el 28 de septiembre de 2021, con 119 fallecidos tras 2 días de enfrentamientos. Estos violentos episodios se han replicado en otros centros penitenciarios, sumando un total de 419 víctimas en 2 años. Las familias de los fallecidos han enfrentado un proceso doloroso de negligencia estatal al momento de identificar los cuerpos de sus seres queridos. Muchos se han enterado de la muerte de sus familiares detenidos a través de videos o imágenes espantosas difundidas durante las masacres, pues ha reinado el hermetismo y la falta de información por parte de las autoridades. A pesar de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para abordar esta crisis carcelaria, las masacres han persistido y ninguna persona ha sido responsabilizada. Los gobiernos del exmandatario Moreno y del ahora presidente Guillermo Lasso han abusado de la declaración de estados de excepción, que ha demostrado ser una herramienta poco o nada efectiva para retomar el control carcelario.

Trafico de drogas, pandillas y crimen organizado

Ecuador ha alcanzado un récord de 210 toneladas de droga incautadas en un solo año, así como un aumento en la tasa de homicidios. Solo en 2022 hubo 25 homicidios por cada 100 000 habitantes, un incremento de 500% en comparación con 2017. A esta situación se suma el reclutamiento de niños por parte de las pandillas locales y los cárteles extranjeros, y el hecho de que las cárceles operan como centros de delincuencia, así como la economía dolarizada con una legislación laxa en materia de antilavado y la falta de preparación de los gobiernos para hacer frente a estas situaciones.

Ecuador, situado en el extremo occidental de Sudamérica, ha experimentado una transformación importante en pocos años que lo ha convertido en un territorio propicio para el narcotráfico. Importantes cárteles de países como Albania, Colombia y México colaboran con pandillas y bandas de prisiones locales, lo que ha generado una ola de violencia sin precedentes en la historia reciente del país.

La creciente demanda mundial de cocaína alimenta este problema. Colombia y Perú son los principales productores y Ecuador ha sido históricamente una ruta de tránsito para el envío de la droga, por estar ubicado entre ambos países. Es por esto que se afirma que el auge del cultivo de coca ha resultado en un aumento en su producción, convirtiendo a Ecuador en un centro atractivo para el almacenaje y la distribución de drogas.

Aunque muchos han centrado su atención en la epidemia de opioides (como el fentanilo), la producción, el almacenamiento y el tráfico ilegal de cocaína ha alcanzado niveles históricos, lo que está devastando a la sociedad ecuatoriana y convirtiendo un Estado pacífico en un campo de batalla.

La violencia relacionada con las drogas en Ecuador comenzó a intensificarse en 2017, cuando los grupos delictivos locales competían por el control del negocio. Inicialmente, la violencia estaba restringida principalmente a las prisiones, donde la población carcelaria paso de 11 517 reos en 2009 a 37 603 en 2020. Este incremento responde a un endurecimiento de penas relacionadas con las drogas y el abuso del empleo de la prisión preventiva.

Con el tiempo, las autoridades fueron perdiendo el dominio sobre el sistema penitenciario, permitiendo que los reclusos asumieran el control. Estos prisioneros comenzaron a imponer pagos por el uso de camas, servicios y medidas de seguridad dentro de las instalaciones. Consecuentemente, los centros de detención se transformaron en centros de mando para llevar a cabo actividades relacionadas con el tráfico de drogas.

Mientras los grupos del crimen organizado internacional, como los cárteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, y la mafia albanesa, se involucraron en la financiación y las operaciones en el país andino las pandillas locales, como Los Choneros, Los Tiguerones, Chonekiller, Lobos, Águilas y Fatales coordinan actividades de sicariato, almacenamiento y transporte. Todo en colaboración con grupos del crimen organizado, con lo que se articulan redes criminales con actores locales e internacionales.

La cocaína entra a Ecuador desde Colombia y Perú y sale, principalmente, a través de los puertos de Guayas, Machala y Manabí. Se estima que solo 20%, de los aproximadamente 300 000 contenedores que salen mensualmente del puerto de Guayaquil son inspeccionados por las autoridades.

La droga es transportada desde los puertos ecuatorianos camuflada en los contenedores con cajas de banano, cacao o camarón. La carga llega a los mercados europeos y estadounidense. Sin embargo, se ha evidenciado un aumento en el consumo interno, que también representa un problema, pues los capos del crimen organizado han empezado a pagar con droga a las pandillas locales que, a su vez, se disputan territorios o plazas para el microtráfico.

El presidente Lasso ha declarado casi una veintena de estados de excepción y ha desplegado al ejército en las calles para resguardar la seguridad, pero con muy poco éxito. Esta crisis se ha extendido incluso al gobierno. El 17 de mayo de 2023, Lasso disolvió la Asamblea Nacional y convocó a elecciones anticipadas, en medio de un juicio político donde se le acusaba de financiación ilegal de su campaña electoral con dinero proveniente de la mafia albanesa.

Violencia criminal electoral

La violencia criminal electoral es un término acuñado en el informe “Votando entre balas” publicado por la organización no gubernamental Data Cívica, el cual hace referencia al uso de la violencia por parte de actores criminales, como pandillas, narcotraficantes o grupos del crimen organizado, con el propósito de influir en el proceso y los resultados electorales. Este fenómeno implica la utilización de amenazas, intimidación, asesinatos y otros actos violentos para manipular la participación y el voto de los ciudadanos, así como para influir en la selección de candidatos en los procesos de democracia interna y, finalmente, en la toma de decisiones políticas.

La violencia criminal electoral es un problema grave para la democracia porque socava la voluntad popular, debilita la confianza en las instituciones y puede llevar a la elección de candidatos que no representen verdaderamente los intereses de la ciudadanía. Combatir este fenómeno requiere un enfoque integral que incluya medidas de seguridad, fortalecimiento de la justicia y el Estado de derecho, así como la promoción de la participación ciudadana informada y libre de presiones externas.

Un ejemplo de esto fue el asesinato de Fernando Villavicencio el 9 de agosto de 2023. El candidato, antes periodista de investigación, sufrió un atentado mientras salía de un mitin político en Quito, la capital ecuatoriana. El lamentable magnicidio cambió el tablero electoral y sumió al país en un pozo de incertidumbre.

En el contexto de la violencia criminal electoral en Ecuador, la provincia de Manabí ha sido la más afectada, registrando un total de ocho ataques a políticos, lo que representa un significativo 47.06% del total de incidentes. Le sigue la provincia de Esmeraldas, con cinco atentados, que constituyen 29.41% de los casos. La provincia de Guayas ha experimentado tres ataques, correspondientes a 17.65%. Por otro lado, Santa Elena, Azuay, Cotopaxi y Pichincha han experimentado un ataque cada una, lo que equivale a 5.88% de los atentados, respectivamente. Estas cifras muestran que las provincias más peligrosas para ser político son Manabí, Esmeraldas y Guayas, que, casualmente, son también los principales puntos de envío de cocaína.

Fuente: Elaborado por Geovana López y Pedro Manosalvas con datos del Observatorio Ecuatoriano de Seguridad Nacional (OESN).

¿Democracia bajo ataque?

La serie de ataques a políticos en Ecuador tiene profundas implicaciones para la salud de la democracia. Estos atentados de violencia criminal electoral amenazan no solo la integridad del proceso democrático, sino también la confianza de los ciudadanos en sus instituciones y líderes. Para analizar estas implicaciones, podemos recurrir a las ideas de destacados pensadores como Carl von Clausewitz, Nicolás Maquiavelo y Max Weber.

Por un lado, Clausewitz señaló en De la guerra (1832), que la guerra es la continuación de la política por otros medios. Sin embargo, los ataques a políticos por parte de grupos criminales no pueden entenderse como una forma extrema de confrontación política, sino como actos terroristas que buscan cambiar la situación política de un Estado a su favor y sembrar miedo en los ciudadanos. Esta dinámica socava la capacidad de la democracia para funcionar de manera efectiva, ya que compromete la competencia política y la libre expresión de ideas. Por esta razón, Ecuador es uno de los países con menos confianza en la democracia de toda la región, según el informe presentado en 2023 por Latinobarómetro.

En cambio, Maquiavelo (1532) advirtió sobre los peligros de la inestabilidad política y la desconfianza en las instituciones. Los ataques a candidatos pueden sembrar la desconfianza entre los ciudadanos hacia el sistema político y sus líderes. Se construye la percepción de que la política es un terreno peligroso donde la violencia es una herramienta legítima, y eso puede alejar a ciudadanos capaces y honestos de la participación política, dejando espacio para actores inescrupulosos con financiamiento criminal.

Finalmente, Weber, en La política como vocación (1919), discutió el concepto de “monopolio de la violencia legítima”, que caracteriza a los Estados modernos. Cuando los ataques criminales tienen éxito en minar la autoridad del Estado, que debería garantizar la seguridad de los ciudadanos y la integridad del proceso electoral, se debilita ese monopolio, amainando a su vez la legitimidad de la democracia misma.

En resumen, factores externos como los acuerdos de paz, la pandemia de covid-19 y la creciente producción de cocaína, así como factores internos como el debilitamiento de las instituciones a cargo de las prisiones y la violencia criminal electoral en Ecuador, han sido idóneos para que el país andino sea considerado uno de los más violentos de Latinoamérica.

Siguiendo a Clausewitz, Maquiavelo y Weber en sus análisis, se ha evidenciado una destrucción de los fundamentos de la democracia, desvirtuando la competencia política, erosionando la confianza en las instituciones y debilitando el monopolio estatal de la violencia legítima. Estos ataques no solo afectan a los individuos y partidos involucrados, sino que también deterioran los cimientos de un sistema político, que se basa en la participación ciudadana y la toma de decisiones colectivas.

PEDRO E. MANOSALVAS es licenciado en Sociología por la Pontificia Universidad Católica de Quito, maestro en Comunicación Política por la Universidad de Alcalá de Henares y maestro en Seguridad y Defensa por la Universidad de Nebrija. Es miembro del consejo editorial del grupo de expertos Geopol21 y Director Ejecutivo del Observatorio Ecuatoriano de Seguridad Nacional (OESN). Sígalo en Twitter en @un_sapiens_mas.

Tags:Democracia, Ecuador, Narcotráfico, Seguridad