14 diciembre, 2020 • Artículos, Latinoamérica, PJ Comexi, Portada, Sin categoría • Vistas: 16927

Mauricio Forzán Guerrero        

Diciembre 2020

Una colaboración del Programa de Jóvenes del Comexi

De acuerdo con las cifras del Centro Nacional de Memoria Histórica, desde finales de la década de los 1950, han muerto aproximadamente 262 000 personas debido al conflicto armado colombiano. De 1812 a 1902, Colombia sufrió las consecuencias devastadoras de nueve guerras civiles, que se tradujeron en la muerte de casi 60 000 personas, la separación de Panamá, la inestabilidad económica severa y una marcada división entre múltiples grupos sociales. Esta situación derivó en el periodo denominado La Violencia, iniciado en 1948, con confrontaciones críticas entre el partido conservador en el poder y el partido liberal. Posteriormente, como secuelas de la vigorosa polarización social, entre 1958 y 2018, se reportaron 215 005 muertes civiles y 46 813 de combatientes por la guerra interna en el país.

Según el Índice Global de Paz, que mide veintitrés indicadores cuantitativos y cualitativos con base en los ejes de seguridad, militarización y conflicto de un país, Colombia se encuentra en el lugar número 140 de 158 países evaluados; sin embargo, desde la firma del acuerdo de paz en 2016, ha logrado ascender siete posiciones en la escala. Esto significa que, a pesar de no presentar un avance significativo, sí existe una mejoría en términos de reducción de violencia en los últimos años con respecto a los doce previos.

En 2016, el expresidente Juan Manuel Santos fue galardonado con el premio Nobel de la Paz por sus esfuerzos para finalizar la guerra civil de medio siglo, desarrollada entre el Estado y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia–Ejército del Pueblo (FARC). Durante el primer año de mandato de Santos, se creó la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, mejor conocida como la Ley 1448 de 2011. Se implementó en el marco de un proceso de justicia transicional con el fin de establecer medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas en aras de hacer cumplir el derecho a la justica, la verdad y la reparación con garantías de no repetición a las víctimas del conflicto armado que se desarrolla desde 1985 en ese país. La meta planteada consiste en llevar a cabo la reparación integral de 7 261 998 personas catalogadas como víctimas, lo que es equivalente al 12.7% de la población colombiana.

El programa de reparación colombiano es el más ambicioso e innovador del mundo y fue considerado como modelo referente mundial por un estudio realizado en 2015 por el Centro Carr para Políticas de Derechos Humanos de la iniciativa humanitaria de la Universidad de Harvard. Sin embargo, también es cierto que hay algunos retos fundamentales que deben ser tomados en cuenta para conseguir los objetivos planteados; el más importante, como lo veremos a continuación, es el de la indemnización.

Indemnización a víctimas: el principal reto del programa de reparación

Desde 2011 y hasta agosto de 2020, se han indemnizado a 879 821 víctimas del conflicto armado colombiano; sumando una compensación total de casi 1643 millones de dólares. De continuar con el ritmo de entrega de indemnizaciones que hasta ahora se ha manejado, no sería sino hasta 2085 que lograrían culminar esa meta. Es decir, faltarían 11 500 millones de dólares y 65 años para lograr indemnizar a las 7 261 998 víctimas que son sujetas de reparación.

Gráfica 1: Clasificación del total de víctimas del conflicto armado colombiano

Para enfatizar una de las categorías más sensibles e ilustrar a detalle el ritmo del proceso de indemnización que se ha llevado a cabo hasta el momento, es importante analizar brevemente la categoría de las víctimas de violencia sexual. La Unidad de Víctimas tiene el registro de 32 544 víctimas de violencia sexual del conflicto armado colombiano desde 1985. El 75% no han sido indemnizadas. Aquellas que sí lo han sido, reciben un monto máximo equivalente a 7242 dólares. Entonces, desde 2011 hasta hoy, solamente 8136 víctimas de violencia sexual han recibido su indemnización, con un desembolso de casi 59 millones de dólares.

Tabla 1: Proyección de indemnizaciones a víctimas

Con base en la proyección de la tabla 1, podemos determinar que, si se sigue el mismo ritmo de proceso de reparación monetaria, sería hasta 2047 que se lograría indemnizar al total señalado. Es decir, se necesitarían 27 años más, así como también casi 180 millones de dólares para conseguir indemnizar por completo a las 24 408 víctimas de violencia sexual restantes. Eso si no se detiene el ritmo del proceso y si no se contabilizan nuevas víctimas en el futuro.

En síntesis, uno de los principales factores por los que ha sido tan complejo concretar el objetivo es la abundante cantidad de desplazados en registro. Colombia es el segundo país con más desplazados del mundo, solo por detrás de Siria y Venezuela. Si no se contabilizara a la cantidad total de desplazados en el programa de reparaciones, aun así, el total de víctimas sería equivalente al 2% de la población del país y seguiría siendo significativamente mayor en comparación con otros programas de reparación en el mundo, tales como el de Turquía, Guatemala, Sudáfrica o Indonesia. De igual forma, la insuficiencia de recursos económicos para lograr indemnizar al total de las víctimas representa un tremendo reto para el moderno programa de reparaciones colombiano.

El acuerdo final de paz: imperativo no fracturarlo

Entre el Estado colombiano y las FARC, el Ejército Popular de Liberación (EPL) y el Movimiento 19 de Abril (M19), se dio por primera vez un acuerdo de paz en 1984. Fue llamado Acuerdos de La Uribe, mientras Belisario Betancourt era presidente, pero sufrió una ruptura irreversible menos de 2 años después. En 1989, se firmó un acuerdo de paz con el M19, pero fue infructuoso.

Después, en 1992, con el presidente César Gaviria se pretendió pactar la paz, pero, a raíz del asesinato del Ministro de Defensa en turno, se suspendieron todas las negociaciones ese mismo año. Lo rescatable fue la reintegración a la vida civil del M19, EPL y otros grupos de guerrillas debido a la constitución de la Asamblea Nacional Constituyente y la Nueva Constitución del Estado. Se comenzaba a avanzar ligeramente a una democratización del conflicto.

En 1999, con el presidente Andrés Pastrana, se intentó, durante 3 años, pactar nuevamente por la paz. Sin embargo, realmente jamás se detuvo la violencia y el acuerdo fue ridiculizado por el episodio de la silla vacía, en el que el cofundador de las FARC, Manuel Marulanda Vélez, Tirofijo, dejó plantado al presidente Pastrana en un encuentro clave para forjar la paz, evidenciando la falta de compromiso por las FARC para negociar.

Con el gobierno de Álvaro Uribe, de 2002 a 2010, también se intentó pactar la paz con las FARC y, aunque tuvo algunos atisbos de luz, tampoco se logró consolidar. No fue sino hasta 2016, después de 4 años de negociaciones y un referendo, que se logró establecer el acuerdo para la terminación definitiva del conflicto.

El acuerdo de paz ha logrado establecer en la percepción del imaginario colectivo internacional el final de más de 50 años de guerra. Esto debe fungir como un incentivo para que otros países con conflictos puedan contemplar un modelo exitoso para mitigar la violencia y para comprobar que, tanto la resolución de conflictos como la negociación, resultan obligatorios para considerarse antes de declarar una guerra abiertamente. Una guerra desencadenará irremisiblemente en una cantidad indeseable de muertos, así como una desestabilización social y económica en el país donde se desarrolle. Por eso, en el siglo XXI es impensable que se sigan desatando guerras, como en los casos de Siria, Yemen, Irak y el de México con los grupos del crimen organizado.

Hoy Colombia atraviesa todavía un periodo de compleja reconciliación con su pasado y sigue cimentando las bases para el futuro de su progreso.

La pandemia de covid-19 ha generado aún más tensiones que obstaculizan conseguir por completo la paz en Colombia. Hay paros y manifestaciones multitudinarias consecutivas en las calles exigiendo al actual presidente Iván Duque Márquez desempeñarse mejor en su cargo, además de exigir un alto total a los homicidios a líderes sociales y de expresar la intolerancia a la corrupción dentro del gobierno. Asimismo, la exguerrilla de las FARC, cuyo significado refiere ahora al partido político Fuerza Alternativa Revolucionarios del Común, ha exigido públicamente a Duque que se comprometa más con el acuerdo de paz de 2016, ya que están atacando a sus miembros que se encuentran en proceso de reincorporación a la sociedad.

La reconciliación desde el acuerdo de paz de Colombia lleva casi 5 años, pero hoy todavía los ideales de ese pacto se encuentran lejos de la realidad. Los excombatientes del conflicto armado que se encuentran en proceso de reinserción social son perseguidos; de los 13 200 existentes, han asesinado a 224, esto vulnera y fractura la integridad del pacto. Asimismo, la Organización de las Naciones Unidas reportó que hubo 42 masacres en Colombia tan solo en 2020, además de 48 líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados. No solamente el titular del ejecutivo colombiano debe generar estrategias y actuar para resolver y prevenir la violencia, sino todos los actores del gobierno, los organismos internacionales y la sociedad civil organizada deben unir esfuerzos para el mismo fin: no permitir que el pacto de paz se diluya. Colombia no puede consentir desdibujar la paz construida con la ruptura de otro pacto.

Hoy Colombia atraviesa todavía un periodo de compleja reconciliación con su pasado y sigue cimentando las bases para el futuro de su progreso. El presidente Duque se enfrenta a múltiples retos sociales, económicos y políticos a 2 años de gobierno. No será sencillo superar esos obstáculos, pero es imperativo que, como líder de un país en pleno proceso de curación, entienda que se debe gobernar para todos y articule negociaciones con los diversos grupos de la sociedad para no poner en riesgo la validez y esencia del acuerdo de paz ni la estabilidad del Estado colombiano. Duque todavía tiene la oportunidad de pasar a la historia como un líder capaz de llevar a buen puerto la estrategia de paz o, por el contrario, como a quien simplemente le quedó grande el saco.

MAURICIO FORZÁN GUERRERO es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Iberoamericana y maestro en Derechos Humanos por el ITAM. En 2018, obtuvo el premio de la Juventud, por aportación y promoción de los derechos humanos en Ciudad de México. Tiene 12 años de experiencia laboral en los sectores privado y público. Actualmente, es maestrando en Gestión Pública con especialidad en resolución de conflictos, por la Georgetown University y es Presidente de The World Peace Builders Foundation. Sígalo en Twitter en @MauricioForzan.

Tags:acuerdo de paz, Colombia, Indemnización a víctimas, Violencia sexual