25 septiembre, 2019 • Artículos, Latinoamérica, Portada • Vistas: 6843

Eric Emmanuel Duarte Gamboa

Septiembre 2019

El 11 de septiembre de 2019, coincidente con el décimo octavo aniversario de los ataques terroristas en Nueva York y el cuadragésimo sexto aniversario del golpe de Estado en Chile, el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) se reunió para discutir la posibilidad de activar el Órgano de Consulta del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) como medida para resolver la crisis en Venezuela. La activación fue aprobada en una polémica y cuestionada votación que solo contó con los signatarios del Tratado y que ha causado serias discrepancias en la región, ya de por sí dividida.

Por un lado, la embajadora Luz Elena Baños Rivas, representante de México, expresó su enérgico y categórico rechazo a la invocación del TIAR bajo el argumento de que es un Tratado identificado con el uso de la fuerza del que únicamente forma parte un número limitado de países. Manifestó que la intención de aplicarlo contra un Estado miembro representa “un retroceso y una contradicción, profundiza la división y promueve el enfrentamiento”.

Por otro lado, Alejandro Ordóñez Maldonado, Embajador de Colombia ante la OEA, defendió la invocación argumentando que el patrocinio y financiamiento que brinda el régimen de Nicolás Maduro a grupos considerados terroristas por Colombia, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), es una amenaza grave a la seguridad y la paz regionales. Asimismo, replicó a la representante de México que en ninguna de las veinte ocasiones en que ha sido invocado el TIAR se ha recurrido al uso de la fuerza. “No somos guerreristas”, le respondió, en uno de los momentos más tensos que ha vivido el Consejo Permanente de la OEA en su historia.

A raíz de la aprobación para convocar al Órgano de Consulta del TIAR, diversas voces se han alzado tanto a favor como en contra de que se busque legitimar una posible intervención en Venezuela. El controvertido Tratado, que no había sido invocado desde 2001, precisamente después de los atentados en Nueva York, ha recibido fuertes críticas por parte de diversos actores, como Jorge Arreaza, Canciller de Venezuela, el cual lo calificó como un “nefasto instrumento imperial de la historia de nuestro continente”. Ante este evento, que sin duda tiene el potencial de marcar la historia de la región, es necesario reunir elementos que nos permitan dilucidar posibles escenarios, con base en los mecanismos que posee el propio Tratado, el sistema internacional en el que se inserta y la realidad geopolítica que rodea su posible aplicación.

¿Qué es el TIAR?

El TIAR se firmó en Río de Janeiro, el 2 de septiembre de 1947, 7 meses antes de que se firmara la Carta de la OEA en Bogotá y 2 años antes de la fundación de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Es decir, es un Tratado anterior al sistema interamericano y su negociación se realizó en un marco histórico de posguerra y Guerra Fría.

El miedo a las armas nucleares, la incredulidad de algunos países sobre la supervivencia de la recién creada Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la creciente división político-ideológica en el mundo, motivó la apuesta por regresar al sistema de alianzas militares de defensa mutua. Aunque habían mostrado su ineficiencia en el pasado, estas imperaron entre las décadas de 1940 y 1950 con el TIAR, la OTAN y, posteriormente, el Pacto de Varsovia de 1955.

La intención de aplicar el TIAR contra un Estado miembro representa “un retroceso y una contradicción, profundiza la división y promueve el enfrentamiento”.

El objetivo del TIAR, según su artículo 1, es crear un régimen de defensa mutua, en el cual si un Estado americano resulta agredido, será considerado como un ataque contra todos los demás y se hará frente al agresor colectivamente, en ejercicio de la solidaridad continental y el derecho de legítima defensa que reconoce el artículo 51 de la Carta de la ONU. Es decir, es un Tratado de carácter defensivo, creado para contrarrestar agresiones tanto externas como regionales. Su artículo 8 contiene las medidas que los países parte pueden implementar, que van desde ruptura de relaciones diplomáticas hasta el empleo de la fuerza armada.

Cuando se celebró, el TIAR contó con la firma de veintitrés países. Sin embargo, Bolivia (2012), Cuba (2012), Ecuador (2014), México (2002), Nicaragua (2012) y Venezuela (2013) decidieron denunciar el Tratado. Por otro lado, Juan Guaidó se autoproclamó Presidente encargado de Venezuela en enero de 2019 y decidió reincorporar a su país al TIAR en agosto. Dado que la Secretaría General de la OEA reconoció su presidencia y no la de Maduro, consideró a Venezuela un Estado parte del TIAR. En ese orden de ideas, actualmente el Tratado está en vigor para diecinueve países.

Para invocarlo, un Estado parte debe solicitar ante el Consejo Permanente que se convoque a una reunión de Ministros de Relaciones Exteriores del TIAR, para que funja como Órgano de Consulta. Este Órgano de Consulta, según el artículo 11, puede tomar decisiones sobre las medidas a implementar cuando existe una amenaza al continente. Según el artículo 78 del Reglamento del Consejo Permanente, solo los Estados parte del TIAR pueden votar esa convocatoria. Es decir, aunque todos los representantes permanentes estén presentes en la sala, solo los países signatarios del Tratado pueden convocar al Órgano de Consulta.

Eso fue justamente lo que sucedió el 11 de septiembre de 2019 en Washington. Gustavo Tarre, el enviado especial de Guaidó reconocido por la OEA como representante de Venezuela, solicitó al Consejo convocar la reunión, lo cual fue votado y aprobado únicamente por los signatarios presentes del Tratado. Es por ello que la embajadora Baños Rivas enfatizó que esa decisión no fue representativa de todo el Consejo, sino solo de una parte de sus miembros. Uruguay señaló que Venezuela denunció el TIAR en 2013 y que el gobierno autoproclamado de Guaidó no tenía facultades para ratificar de nueva cuenta el Tratado, por lo que la votación, donde se considera a Venezuela como signatario, carece de validez jurídica.

¿La crisis en Venezuela es realmente una amenaza a la paz y seguridad regionales?

Los países que promovieron la activación del TIAR fundamentaron su solicitud en el artículo 6 del Tratado. Este artículo es sumamente ambiguo, ya que no define con precisión qué constituye una amenaza a la paz y seguridad regionales. Solamente establece que el Órgano de Consulta debe reunirse inmediatamente si la soberanía de un Estado americano se pone en riesgo por tres supuestos: una agresión, un conflicto intracontinental o extracontinental, o cualquier situación o hecho que pueda poner en peligro la paz de América. Este último supuesto es el que resulta problemático al ofrecer una interpretación amplísima de lo que podría constituir un peligro a la paz. Colombia defendió férreamente el argumento de que las acciones del régimen de Maduro se insertan en este tercer supuesto.

No obstante, Baños Rivas señaló, con justa razón, que la situación en Venezuela no entra en los criterios del artículo 6, ya que no hay agresión alguna por parte de otro Estado ni se ha puesto en riesgo la soberanía o integridad territorial del país. El hecho de que existan violaciones a los derechos humanos y haya una grave crisis humanitaria, no justifican la activación de un tratado que, en última instancia, legitima el uso de la fuerza.

Si algo ha demostrado el TIAR durante sus 7 décadas de vigencia es que no ha sido eficiente al momento de prevenir o solucionar conflictos en la región.

En efecto, si se analiza el marco histórico en el que se aprobó el Tratado y sus objetivos, es posible identificar que el TIAR fue diseñado para detener agresiones entre Estados, no para atender problemas internos. Las numerosas activaciones del instrumento respondieron a las guerras en Centroamérica y Sudamérica en la segunda mitad del siglo XX, las cuales no fueron resueltas por el TIAR, sino por mecanismos diplomáticos ad hoc, como el Grupo Contadora.

Incluso si Venezuela estuviera apoyando al ELN para agredir a Colombia, invocar el TIAR sería desconocer los demás mecanismos e instancias para la solución pacífica de controversias, tanto regionales como internacionales, que se han creado en los últimos 70 años. Antes de invocar un tratado de seguridad colectiva, la región tendría un abanico de opciones menos drásticas para atender dicha cuestión, como la negociación, los buenos oficios, la mediación, el sometimiento del asunto a la Corte Internacional de Justicia, entre otros.

En todo caso, si el Órgano de Consulta se reúne y aprueba una de las medidas previstas en el artículo 8, este debe dar aviso al Consejo de Seguridad de la ONU sobre lo acordado. El Consejo de Seguridad tendría la última palabra sobre si la situación realmente constituye legítima defensa y si las medidas a implementar son adecuadas y proporcionales. Este panorama se ve complicado, dado que China y Rusia seguramente ejercerían su derecho de veto para evitar que Estados Unidos y sus aliados intenten usar un tratado regional para legitimar algún tipo de intervención en Venezuela.

Conclusiones

Si algo ha demostrado el TIAR durante sus 7 décadas de vigencia es que no ha sido eficiente al momento de prevenir o solucionar conflictos en la región. Su estructura e instrumentación responden a una geopolítica de posguerra que poco corresponde con la actualidad. No es adecuado para atender crisis humanitarias, violaciones a derechos humanos o ataques contra la democracia, como los que ocurren en Venezuela. Para esos problemas existen otros mecanismos y medios pacíficos, producto de grandes esfuerzos en la historia diplomática mundial. Asimismo, no sería válido activar el Tratado de manera preventiva, dado que su naturaleza es defensiva.

Es evidente la grave situación por la que atraviesa el pueblo venezolano. Tampoco es secreta la animadversión de algunos países de la región hacia el régimen de Maduro. Pero tratar de resolver un problema humanitario interno con un tratado cuya última medida es el uso de la fuerza es ciertamente, como lo estableció Baños Rivas, un retroceso. Abandonar la diplomacia y recurrir a una interpretación del derecho para legitimar acciones que van en contra de todo lo que hemos construido jamás ha sido la respuesta para aliviar el sufrimiento humano.

NOTA DEL AUTOR: El 23 de septiembre de 2019 se realizó la reunión del Órgano de Consulta del TIAR en Nueva York. La resolución adoptada contó con 16 votos a favor y estableció la creación de una red de cooperación de inteligencia financiera para sancionar a personas y entidades asociadas al régimen de Maduro involucradas en ilícitos como corrupción, terrorismo y delincuencia organizada trasnacional. También se instruyó monitorear la situación en Venezuela mediante comisiones ad hoc para formular recomendaciones con base en el artículo 8 del Tratado. Finalmente, se concertó realizar una nueva sesión en dos meses y transmitir la resolución acordada al Consejo de Seguridad de la ONU.

ERIC EMMANUEL DUARTE GAMBOA es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Anáhuac y maestrante en Derechos Humanos y Garantías en el ITAM. Fue representante de la sociedad civil ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en temas de género. Actualmente es Jefe del Departamento para Asuntos Políticos y de Seguridad en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México. Sígalo en Twitter @EricDuarteGamb. Las opiniones expresadas por el autor son personales.

Tags:Derechos Humanos, OEA, TIAR, Venezuela