La FM
Luis Campos y Adrián Rocha
Agosto 2022
El gobierno de Gustavo Petro estará severamente condicionado por el pasado, en un doble sentido: el pasado del mismo Presidente, cuya filiación pretérita a la guerrilla lo ubica en un complicado entramado de poder de cara al modo de afrontar a los grupos terroristas, y el pasado en un sentido económico, debido a que las condiciones de los términos de intercambio en el plano internacional, así como las urgencias de índole interna, podrían inclinar a Petro hacia la tentación de utilizar el gasto público como herramienta de construcción política, estrategia practicada por los populismos que gobernaron Latinoamérica en el primer tramo del siglo XXI.
Una de las primeras cuestiones que surgen acerca del nuevo gobierno son las aspiraciones de reformas a la institucionalidad que desemboquen en una suerte de “venezolanización” de Colombia, por el clima de negocios que se avecina, las relaciones de Petro con los servicios de seguridad, el futuro de la industria petrolera, las complicadas posibilidades de desactivación de los grupos guerrilleros y otros grupos armados organizados, y las directrices de la nueva política exterior, que estará condicionada por la relación del gobierno con esos grupos terroristas, así como con Cuba, Nicaragua y Venezuela.
El panorama institucional
La alianza de Pacto Histórico cuenta con alrededor de 20% de los escaños parlamentarios en ambas cámaras. Aunque la formación en torno a Petro es mayoritaria individualmente, no es suficiente para llevar a cabo las reformas fiscales, energéticas, económicas e institucionales planteadas por el Presidente. Este ambiente crea limitaciones cruciales para cualquier aspiración de cambiar radicalmente el rumbo del país.
Petro intentó una estrategia de distanciamiento de la izquierda autoritaria, crecientemente solitaria en estos días. Así, el nuevo Presidente de Colombia exhibe una actitud de leve desaprobación sobre los regímenes conocidamente autoritarios de la región. Sin embargo, considerando que Petro proviene de viejas convicciones de subversión del orden político mediante la violencia, es natural que su gobierno despierte sospechas en el clima de negocios y en los círculos de seguridad. ¿Traerá Petro cambios en las reglas del juego, sobre todo en lo concerniente a la certidumbre jurídica, como nacionalizaciones, debilitando así la confianza general en la estabilidad macroeconómica? ¿Se encuentran en riesgo las inversiones en el sector petrolero del país? ¿Tratará Petro de instalar un sistema autocrático? Las respuestas a estas preguntas tal vez sean de índole intermedia, es decir, podría tratarse de un gobierno de mixtura, en el que coexistan varios de estos elementos, en el marco de un proyecto que efectivamente ponga en riesgo la estabilidad.
La sola noticia de la victoria electoral de Petro en la segunda vuelta electoral provocó el pesimismo del mercado de valores en Colombia, que cayó 5% al cierre posterior a la jornada del 19 de junio de 2022, lo cual ha impacto, en particular, a empresas con presencia en los sectores minero y petrolero. Colombia es altamente dependiente de la inversión extranjera directa, la cual se encuentra representada principalmente por servicios financieros (39.86%), sector petrolero (13.23%), minería (10.05%) y manufacturas (7.10%), según datos acumulados de 2022 del Banco Central. El sector petrolero estaba empezando a recuperarse luego del desplome causado por la pandemia de covid-19.
Reforma fiscal y petróleo
A pesar de que Petro habla de justicia tributaria y anticipa una expansión agresiva del gasto público, el creciente déficit fiscal tenderá a arrinconar al nuevo gobierno, que por eso buscará en la producción y en la exportación de hidrocarburos una fuente importante de ingresos para financiar ese gasto. En ese sentido, la política económica de Petro podría replicar el modelo introducido por los populismos de izquierda en la “época dorada” de las materias primas, que permitió a los gobiernos de Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador y Venezuela, entre 2003 y 2012, la expansión del gasto público sobre la base del ingreso de dólares provenientes de la exportación de esos recursos primarios que el mundo demanda
Pese a que el programa de gobierno de Pacto Histórico plantea una aceleración de la transición hacia energías renovables, y lo que parece ser una reforma agraria, sosteniendo que Colombia necesita “pasar de una economía extractivista a una economía productiva, y de su predominancia fósil a la economía descarbonizada, que incluye las tres grandes democratizaciones para hacerlas realidad: las de los espacios rural, urbano y digital y las del crédito y el saber”, lo cierto es que resulta poco probable que Petro busque reducir la presencia de los sectores minero y petrolero en la economía. En efecto, estos rubros representan las mejores fuentes de ingresos estatales en el corto y mediano plazos, en la medida en que las consecuencias económicas de la guerra instalan incentivos para orientar las exportaciones hacia esos sectores, fundamentalmente cuando Petro llega a la presidencia con promesas de transformación económica, y luego de una crisis social que se plasmó en las calles a raíz de un intento de reforma tributaria que funcionó como acicate para el desencadenamiento de múltiples demandas sociales, muchas de ellas en contradicción con otras.
El programa de Petro proyecta así una agresiva expansión del gasto público en el sentido que refiere la creación de muchos ministerios, salarios a mujeres que se dedican al cuidado de personas en el hogar. Además, incluye otros beneficios, como el pago de pensiones, la expansión de infraestructuras, el establecimiento de seguridad social para trabajadores del sector informal, los programas públicos de crédito y la ampliación de servicios estatales.
Es poco probable que el gobierno de Petro logre incrementar el gasto público basado únicamente en reformas tributarias y fiscales. Podemos anticipar que el nuevo gobierno intentará, por una parte, incrementar la presión fiscal sobre entidades empresariales y patrimonios privados, y, por la otra, fortalecer los ingresos estatales mediante el aumento de la carga impositiva sobre sectores extractivos clave, como la minería y el petróleo, a los que considera obligados a producir bajo cualquier presión que se les imponga. Esto porque el equipo económico de Petro da por sentado que las ganancias que reportarán las exportaciones de energía serán de tal magnitud que, aun descontentas, las empresas aceptarán las imposiciones que se establezcan debido al creciente flujo de movimientos producto de la guerra.
Relaciones de Petro con los servicios de seguridad
Por sus antecedentes guerrilleros, Petro aparece como una figura aversiva para los servicios de seguridad en Colombia. Los servicios militares y policiales son blanco persistente de atentados tanto de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), como del Ejército de Liberación Nacional y el Clan del Golfo. Datos de Horizon Intelligence indican que de 30% a 35% de los ataques de las guerrillas están dirigidos directamente a los servicios de seguridad, sea contra instalaciones policiales o bases militares, o contra convoy en zonas rurales. Este fenómeno que tiende a crecer a nivel regional, si se observa el avance del narcotráfico tanto a nivel territorial como cualitativamente, en la medida en que adopta cada vez más sofisticación militar y tecnológica.
Si Petro tiene aspiraciones de consolidarse en el poder tendrá en los servicios de seguridad a uno de sus principales desafíos, ya que para cimentar un proyecto de poder la colaboración de estos resulta esencial, tanto para dar cobertura operativa y de inteligencia ante potenciales desafíos políticos internos como para ejercer un efecto disuasivo ante grupos armados irregulares. Es el clásico procedimiento que suelen implementar los gobiernos de la izquierda autoritaria: cooptar a sectores militares y de seguridad afines a los efectos de establecer un sistema de control faccioso, desencadenando así luchas intestinas al interior de las fuerzas de seguridad y, a partir de eso, llevar a cabo “limpiezas” del personal no subordinado a las órdenes autoritarias. Esas órdenes suelen basarse en la persecución de opositores; la extorsión a empresarios que se consideran hostiles, así como la presión sobre los medios de comunicación y el periodismo independiente, y el control social mediante la manipulación de las actividades callejeras.
Lo que podría deparar en las relaciones de poder cívico-militares era visible incluso antes de la llegada de Petro a la Casa de Nariño, y es que ya han surgido tensiones con la cúpula militar. El Excomandante del Ejército, el general Eduardo Zapateiro, quien recientemente presentó su renuncia, entró en un intercambio de señalamientos con Petro mediante el cual se puede entrever una tensión clara entre ambas instancias, incluso considerando que será Petro quien designará a la nueva cúpula militar.
El tratamiento a los servicios de seguridad es tan delicado para el nuevo gobierno que otro indicador de ello es que Petro ha demorado sustancialmente más en designar a los ministros de Defensa, Interior y Justicia, que otros como Hacienda, Salud y Relaciones Exteriores.
La política exterior de Petro
La política exterior del gobierno de Petro intentará acercarse a la que promueven Gabriel Boric y Pedro Castillo, y probablemente guarde similitudes con Xiomara Castro en Honduras. El hecho de que Álvaro Leyva Durán sea Ministro de Relaciones Exteriores habla de una audaz maniobra de Petro para dar un doble mensaje: uno de carácter interno, así como su anverso de proyección externa.
Leyva Durán es un hombre raigambre conservadora, Exministro de Energía durante la presidencia de Belisario Betancur, quien intentó negociaciones de paz con los grupos armados durante su mandato, entre 1982 y 1986. Petro procura con la figura de Leyva Durán enviar un mensaje de unidad, pero sin darse cuenta de que, de esa manera, enfatiza el fracasado concepto de “paz” en el marco del conflicto colombiano. Se trata de un fracasado proceso de paz en múltiples sentidos, pues no solo falló el intento del expresidente Betancur, sino que el referendo de 2016 arrojó un resultado negativo, además del hecho innegable de que resulta muy complicado pensar en términos de “paz” cuando el conflicto involucra a grupos que le han declarado la guerra al Estado y que se financian con actividades ilícitas, asesinando a miembros de las fuerzas de seguridad y utilizando todos los medios para sostener un poder que difícilmente quieran disolver mediante acuerdos que debilitarían ese poder conquistado mediante actividades ilegales. En ese sentido, las hipótesis acerca de la imposibilidad de coordinar una paz con un enemigo de esa naturaleza cobran mucho sentido, y es allí en donde Petro tal vez tenga sus mayores desafíos, si es que intenta ese arriesgado camino, que, por lo demás, también despertaría dudas respecto de sus verdaderas intenciones, precisamente por su vinculación con esas organizaciones en el pasado.
Petro tratará de presentarse a favor de una agenda progresista, matizada de feminismo, medioambientalismo y anticapitalismo caviar.
En lo que hace el mensaje de naturaleza externa, con este nuevo Canciller, Petro lanza una tregua anticipada a la comunidad internacional, por un lado, y al sector financiero, por el otro, demostrando que el mensaje interno, que podríamos traducir como “unidad en la paz”, tiene a su vez un correlato en el contexto de la estabilidad macroeconómica para inversores externos, algo que necesita con urgencia debido a las suspicacias que despierta su figura en los inversores y en las agencias de riesgo.
Petro tratará de presentarse a favor de una agenda progresista, matizada de feminismo, medioambientalismo y anticapitalismo caviar. En este contexto, un distanciamiento de Washington resultaría extraño, aunque es dable esperar un superficial enfriamiento en la relación bilateral, más de orden simbólico que real, sobre todo por los compromisos históricos que existen entre ambos países en materia de coordinación en la lucha contra el narcotráfico y la búsqueda de estabilidad regional.
El gobierno de Petro podría aparentar un intento de reducir la influencia de Estados Unidos dentro de Colombia, pero las relaciones entre ambos países hacen que cualquier cambio, al menos en el corto y mediano plazo, sea únicamente superficial. Las medidas más polémicas que Petro acaso intente sean las de promover la legalización y la descriminalización del narcotráfico como una medida para reducir la violencia asociada al crimen organizado, lo que generaría tensiones con Washington. Sin embargo, para llevar a cabo medidas de esa naturaleza Petro primero necesitará de sólidos niveles de estabilidad interna ⸺tanto a nivel social como económico⸺ que, a la luz de las condiciones actuales de los oficialismos en la región, no se vislumbran en el horizonte.
Podría producirse una relajación de posiciones de cara al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, con miras a promover la celebración de elecciones creíbles que contribuyan a resolver la crónica crisis política. La relación entre ambos países continuará oscilando entre intenciones y declaraciones y contradicciones más o menos fundamentales. Si Petro opta por retomar las relaciones con Venezuela, esto se vería condicionado por el vínculo histórico entre grupos guerrilleros como las FARC y Hezbolá, y el cada vez más dinámico acceso que Maduro le está proporcionando a Irán en la región., lo cual exacerbaría futuras tensiones con Washington. Esta dimensión geopolítica del terrorismo internacional articulada a la subdimensión regional vía grupos locales, que existe desde hace años, enciende alarmas en la comunidad de inteligencia internacional a la luz de lo que el gobierno de Petro haga, en la medida en que estos grupos podrían aprovechar el contexto para profundizar esos vínculos.
La guerrilla y la paz
La llegada de Petro al poder en Colombia privilegiará un entorno moderadamente más amistoso para las guerrillas y otros grupos armados organizados. A sabiendas de que no existen incentivos estructurales que hagan realmente plausible la desactivación de las guerrillas y la correspondiente pacificación sostenible del país, lo que podría suceder es que Petro asuma una posición de persecución reducida a cambio de una reducción de la violencia de estos grupos contra civiles y servicios de seguridad. Esto es, una detenté cuasi silenciosa, en el marco de un juego de suma positiva vía una transacción no declarada: un acuerdo tácito en el que ambas partes ganen.
En este panorama de cambio en las relaciones con el gobierno, las guerrillas estarían obligadas a ejercer un menor grado de violencia que proporcione credibilidad a su voluntad de pacificación. Según datos de Horizon Intelligence, como se muestra en la gráfica, se ha producido un incremento del 56% en ataques de las guerrillas contra cuerpos de seguridad, entre junio y julio 2022, lo cual sugiere que estarían despejando su “agenda de pendientes”, en preparación para un escenario en el cual tendrán que reducir significativamente el componente de violencia de su accionar, debido a las negociaciones que entablarían con Petro, en el marco de un cambio de estrategia que consistiría en fortalecerse mediante su crecimiento territorial y económico producto de la negociación con Petro, a cambio de menos violencia.
Fuente: Horizon Intelligence
De esa posibilidad surge el mayor desafío secreto para Petro, pues en la medida en que los grupos insurgentes y terroristas perciban la posibilidad histórica que se les presenta para acrecentar su poder, tanto en el plano territorial (expandiendo sus dominios), así como en el ámbito comercial (buscando fortalecer su operatividad en Ecuador y Venezuela, país este último con el que cual Petro buscará mejorar las relaciones, proyectándose así estos actores criminales sobre la nueva metageografía del narcotráfico), es dable esperar que a Petro se le vuelva en contra una situación que, a primera vista, aparenta ser favorable. Es decir, Petro es ante la opinión pública el exguerrillero que asciende al poder en el marco de una campaña signada por su aparente moderación y su incorporación al espectro de una izquierda latinoamericana alejada de su pasado violento. Pero es precisamente en este contexto en el que germina una potencial emboscada para su estrategia.
Así, la gran pregunta es: ¿los grupos terroristas y guerrilleros ven a Petro como una oportunidad? De ser positiva la respuesta, entonces una pregunta derivada sería: ¿una oportunidad para qué? Es altamente probable que estos grupos vean a Petro como una oportunidad para acrecentar y consolidar sus intereses y objetivos, y, por supuesto, no para fomentar en la unidad de Colombia. Es en esa relación ambivalente con su pasado en la que Petro deberá trabajar sigilosamente para evitar darle poder y fortalecer a quienes muchos esperan que termine favoreciendo, directa o indirectamente.
LUIS CAMPOS es licenciado en Ciencia Política por la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN) y maestro en Relaciones Internacionales y Seguridad Hemisférica por la Universidad Central de Nicaragua (UCN). Es Editor en Jefe para las Américas de Horizon Intelligence. Sígalo en Twitter en @luiscampospere2. ADRIÁN ROCHA es licenciado en Ciencia Política por la Universidad Abierta Interamericana, Buenos Aires, Argentina. Es consultor y miembro del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI).
Tags:Colombia, Economía, Gustavo Petro, Política exterior, Seguridad
