La Prensa
Edgar Andrés Londoño Niño
Diciembre 2019
En varias ocasiones de la historia reciente, Colombia pareciera caminar a un paso distinto de los demás países de la región. Por ejemplo, cuando Latinoamérica se distanciaba de Estados Unidos y presenciaba la ascensión de gobiernos progresistas que proponían cambios en la agenda económica y social, Colombia mantenía un gobierno de derecha. De hecho, hasta el momento, ninguna fuerza alternativa ha podido llegar a la presidencia del país.
Sin embargo, así como en otros países de la región, la historia de la movilización social en Colombia está llena de luchas y resistencias de varios grupos que se han opuesto a las élites dominantes. Cabe destacar, por ejemplo, a indígenas, campesinos y estudiantes que, pese a las pocas garantías para el ejercicio del derecho a la protesta, han sido actores fundamentales para el logro de distintos derechos ciudadanos. Además de la falta de cultura política y la indiferencia de muchos colombianos, la represión por parte del Estado y de grupos armados ilegales, ha limitado las movilizaciones sociales en el país, por lo que en Colombia, a diferencia de Bolivia o Ecuador, las protestas no han llegado a deponer a algún presidente.
De Ecuador y Chile a Colombia
A partir de octubre de 2019, se intensificaron las protestas en varios países de Sudamérica, una región que ha presenciado en los últimos años la emergencia o consolidación de gobiernos de derecha que cuestionan permanentemente las políticas de sus antecesores. A inicios de octubre en Ecuador, un país en el que históricamente las organizaciones sociales han protagonizado un fuerte control político, tuvieron lugar varias movilizaciones en contra de un conjunto de medidas económicas del gobierno de Lenín Moreno. A dichas protestas se unieron los principales grupos sindicalistas y líderes indígenas, descontentos con el acuerdo al que llegó Moreno con el Fondo Monetario Internacional para la obtención de créditos y para lo cual anunció un plan de austeridad que incluía la eliminación de los subsidios a los combustibles, lo que elevaría los costos del transporte público. La crisis fue tan fuerte que Moreno tuvo que trasladar la sede de gobierno a Guayaquil y se vio obligado a echar para atrás varias de las medidas que se proponía implementar.
Por su parte, Chile, un país considerado como modelo de crecimiento económico y estabilidad, ha vivido en las últimas semanas fuertes protestas, que también iniciaron por el aumento del precio del metro de Santiago, pero terminaron escalando a una ola de movilizaciones con amplia participación de distintos grupos y sectores políticos y sociales que visibilizaron varias insatisfacciones que vienen de décadas atrás, originadas incluso con las reformas económicas y políticas emprendidas por la dictadura de Augusto Pinochet. Contrario a Ecuador, en el caso chileno hay liderazgos menos organizados e históricamente la movilización social ha sido menos masiva e intensa, por lo cual se vive una situación sin precedentes. Las demandas ciudadanas reclaman por las bajas pensiones, el sistema de educación privatizado, los altos costos de medicamentos y servicios de salud e, incluso, se empezó a exigir una nueva carta política, pues la actual data de 1980, lo cual significa que fue escrita en plena dictadura militar.
Las represiones por parte de las fuerzas militares han acompañado las jornadas de concentraciones y movilizaciones ciudadanas.
La denominada Primavera de Chile, que se ha extendido por varias semanas, ha dejado más de una veintena de fallecidos. Sebastián Piñera, que en un inicio estuvo reacio al diálogo y a ceder ante las demandas ciudadanas, se vio obligado a llamar a sectores de oposición para discutir una serie de propuestas para salir de la crisis y evitar dejar el cargo. También anunció que convocará a un “congreso constituyente”.
En Colombia, los detonantes de las actuales protestas responden a varias inconformidades con el gobierno de Iván Duque. Días previos al paro nacional, el Ministro de Defensa, Guillermo Botero, se vio obligado a renunciar, después de que la opinión pública conociera el bombardeo a un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionaras de Colombia que causó la muerte de menores de edad que habían sido reclutados por disidencias de ese grupo armado. Además del incumplimiento de los acuerdos por parte del gobierno, el sistemático asesinato de líderes sociales y, recientemente, el aumento de líderes indígenas masacrados, ha generado repudio por parte de varios sectores de la sociedad que consideran que las respuestas del de Duque han sido escasas. No obstante, lo que impulsó a muchos sectores a salir a las calles fue el llamado “paquetazo”, que refiere al conjunto de reformas laboral, pensional, financiera y tributaria propuestas por el gobierno, y que ha generado indignación por la mayor precarización de las condiciones de vida de las clases baja y media.
El inédito paro nacional en Colombia
El gobierno de Duque, a sus 15 meses de mandato, entró en una profunda crisis política por cuenta del paro nacional que comenzó el 21 de noviembre de 2019 y que constituye una de las manifestaciones más grandes y fuertes que el país ha vivido en las últimas décadas. Si bien se destacan anteriores movilizaciones de indígenas, camioneros o estudiantes, el actual paro, además de mantenerse por varios días, reúne a varios sectores sociales y ha tenido una participación cada vez más plural y generalizada.
Cabe recordar que los índices de desaprobación del gobierno de Duque rondan el 70%, tal como lo mostraban algunas encuestas publicadas días previos a las movilizaciones. Ante la convocatoria de paro en las principales ciudades, simpatizantes del gobierno y del expresidente Álvaro Uribe hicieron campañas en su contra, aludiendo la influencia de fuerzas desestabilizadoras en la región, supuestamente gestadas desde el Foro de São Paulo. También recordaban las consecuencias de las protestas en Chile, e incluso un grupo de ciudadanos dijo que defendería los bienes públicos de los desmanes de los manifestantes, haciendo uso de la fuerza. Por su parte, el gobierno nacional, días antes de las manifestaciones, militarizó las principales ciudades, cerró las fronteras e incluso ordenó allanamientos a algunos promotores del paro y a líderes estudiantiles.
El primer día de paro nacional, los medios de comunicación cerraban los reportajes de las concurridas movilizaciones en las distintas partes del país, haciendo énfasis en los actos vandálicos que se presentaron en ciudades como Cali y Bogotá. No obstante, la primera jornada de manifestaciones no terminaba ahí, pues un masivo cacerolazo sorprendió a los habitantes de varias ciudades colombianas, que se fueron uniendo en las calles y desde las ventanas de sus viviendas a las manifestaciones que tomaban lugar esa noche. Esta forma de protesta, histórica en Argentina, Bolivia o Venezuela, no estaba presente en la memoria colectiva de la mayoría de los colombianos y constituye un diferencial del actual paro nacional, pues los cacerolazos, como forma de protesta pacífica, se han mantenido en las calles por varios días, aunque más concentrados y menos masivos que los de la primera jornada.
Así como en Ecuador, en Colombia también hubo actos delictivos, como saqueos y daños al sistema de transporte masivo. Inclusive, en Bogotá y en Cali, como también sucedió en Quito, se declaró toque de queda al llegar la noche. Hubo, además, un pánico colectivo por asaltos a conjuntos residenciales que llevó a que habitantes de ambas ciudades se organizaran para vigilar sus propiedades. Cabe decir que hubo denuncias ciudadanas que señalaban que estos hechos fueron auspiciados por la Policía Nacional para así generar el temor en la población, demandar el uso de la fuerza, declarar estado de conmoción interior y avanzar con las reformas propuestas por el gobierno. El gobierno negó vehemente esas acusaciones.
No es posible comprender las actuales movilizaciones sociales en Colombia sin considerar el contexto regional.
Las represiones por parte de las fuerzas militares han acompañado las jornadas de concentraciones y movilizaciones ciudadanas, así como ha acontecido en Chile. Incluso, en Colombia, la muerte de Dilan Cruz, un joven de 18 años, ha generado un debate sobre la existencia de la fuerza antidisturbios y el abuso de autoridad que esa institución ha ejercido en el país y que les ha costado la vida en los últimos años a varios manifestantes, especialmente estudiantes. El Presidente colombiano y la Vicepresidenta, que hace algunos años defendían el derecho a la protesta cuando se oponían al gobierno de Juan Manuel Santos y criticaban al gobierno de Nicolás Maduro por los abusos contra los manifestantes, no han logrado dar una respuesta a la crisis más allá de la militar.
A pesar de que Duque ha hecho llamados a un diálogo nacional, ha dilatado encuentros con líderes del comité del paro y ha insistido en implementar las reformas que han motivado las movilizaciones. De esta forma, además de no plantear propuestas que viabilicen ese diálogo, ha evadido, así como lo hizo durante la campaña presidencial, el debate con varios grupos sociales que lo interpelan. Esto, en correspondencia con la baja popularidad que tiene el mandatario colombiano, muestra la falta de un liderazgo efectivo, su poca experiencia en el sector público y el no reconocimiento de la problemática por la que atraviesa su gobierno.
Aunque la intensidad de las manifestaciones ha variado en los días que lleva el paro nacional, el conjunto de hechos que las han acompañado, representan un punto de inflexión, no solamente porque han involucrado a sectores y grupos de ciudadanos que antes eran apáticos a las movilizaciones sociales, sino porque los actos en protesta contra el gobierno se han mantenido por varios días con distintos tipos de movilización social. Probablemente, la reciente experiencia chilena influyó en el uso de ciertas expresiones colectivas como el cacerolazo y también ha inspirado, especialmente a estudiantes universitarios, a mantener las demandas sociales, pese a las pocas garantías que tiene el derecho a la protesta en el país.
No es posible comprender las actuales movilizaciones sociales en Colombia sin considerar el contexto regional. No solamente porque los movimientos sociales se inspiran y alimentan mutuamente, sino porque la protesta ciudadana demuestra las fragilidades de muchos gobiernos de la región que, elegidos con falsas promesas o noticias falsas, responden con violencia ante las movilizaciones sociales y dan la espalda a las necesidades de gran parte de la población, cuyas reacciones pasan a ser consideradas como un despertar ante los abusos de poder de las élites gobernantes. Es así como con las protestas en países como Ecuador, Chile y ahora Colombia, se demuestra que no solamente en Venezuela hay un mal gobierno.
EDGAR ANDRÉS LONDOÑO NIÑO es doctorando en Ciencia Política en el Instituto de Estudios Sociales y Políticos de la Universidad del Estado de Río de Janeiro (IESP-UERJ). Es miembro del Observatorio Político Suramericano (OPSA), del Núcleo de Estudios de Actores y Agendas de Política Exterior (NEAAPE) del IESP-UERJ, y del Grupo de Investigación en Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI) de la Universidad Nacional de Colombia.
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