El covid-19 y la seguridad regional

8 marzo, 2021 • Artículos, Latinoamérica, Portada • Vistas: 2212

Cómo la pandemia consolida el papel de los ríos sudamericanos en el tráfico de drogas

Exército Brasileiro

Ludmila Quirós

Marzo 2021

Los ríos tienen un papel preponderante en las comunidades atravesadas por ellos, pues, entre otras cosas, son conductores de desarrollo económico y social. En este sentido, los ríos conectan e integran regiones, personas y bienes, por lo que actúan como parte integral de la vida cotidiana de las comunidades y, a su vez, ejercen un papel clave en el ordenamiento territorial. Sin embargo, los ríos también pueden actuar como facilitadores de actividades ilícitas (tráfico de drogas, armas, personas, bienes, etc.), convirtiéndose en áreas de disputa territorial y en espacios criminalizados.

En Sudamérica, la cuenca del Orinoco, el río Amazonas y los complejos fluviales de Paraguay, Paraná y el río Uruguay son conductos estratégicos para el tráfico de sustancias ilícitas. Dos razones responden a ello: son ríos cuyos afluentes riegan a los principales países productores de hoja de coca y cocaína del mundo (Bolivia, Colombia y Perú) y a los principales países de tránsito (Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela), y son complejos fluviales que desembocan directamente en el océano Atlántico, una de las rutas más importantes del tráfico de cocaína sudamericana a Europa vía África.

En los últimos años, la importancia de los ríos como facilitadores del trasiego desde los centros de producción hacia los mercados de consumo (locales e internacionales) se ha ido incrementando, al pasar de ser uno de los medios menos utilizados (superados por las vías terrestres y aéreas) a constituirse en corredores logísticos para alcanzar las vías marítimas. Los factores que han facilitado este cambio en las tendencias son múltiples y variados, desde la geografía a la escasez de controles estatales en las adyacencias fluviales y fronterizas. Sin embargo, las restricciones impuestas por la pandemia de covid-19 podrían hoy desempeñar un papel sustantivo en la consolidación de esta tendencia.

El tráfico de drogas por vía fluvial en tiempos de covid-19

La emergencia sanitaria impuesta por la pandemia de covid-19, junto con las medidas de contención aplicadas por los gobiernos para mitigar la propagación del nuevo coronavirus, han tenido profundas consecuencias tanto en las economías formales como en las informales, afectando al crimen organizado de muy diversas maneras. En este sentido, si bien algunas actividades ilícitas se redujeron, la pandemia de covid-19 abrió el camino a nuevas formas de criminalidad, haciendo evidente la enorme capacidad del crimen organizado para adaptarse a circunstancias complejas, modificando su manera de operar.

En Sudamérica, la pandemia de covid-19 tuvo un efecto directo sobre la logística de la distribución de cocaína, acelerando el contrabando de droga por vía marítima. De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNDOC), las dinámicas de la oferta, la demanda y los precios se alteraron, y las medidas de restricción dificultaron a las organizaciones criminales el contrabando de drogas y mercancías ilícitas a través de las rutas tradicionales. Este escenario llevó a los traficantes a recurrir aún más a vías alternas que superasen los bloqueos aéreos y terrestres, consolidando a los cursos de agua no-marítimos representados por la cuenca del Orinoco, el río Amazonas y la hidrovía Paraguay-Paraná ⸺junto con sus múltiples afluentes⸺ como conductos estratégicos para sacar la droga a través de las rutas marítimas.

Si bien algunas actividades ilícitas se redujeron, la pandemia de covid-19 abrió el camino a nuevas formas de criminalidad, haciendo evidente la enorme capacidad del crimen organizado para adaptarse a circunstancias complejas.

En este contexto, la reciente reconfiguración de los ríos bolivianos como corredores emergentes de la droga en el Cono Sur, no sorprende. De hecho, el propio representante para Bolivia de la UNDOC, Thierry Rostan, lo calificó recientemente como “una gran preocupación”. Y su temor no es infundado, dado que el uso de los ríos como enlaces territoriales para el transporte de droga hacia los puertos marítimos ya parecería consolidarse como una creciente tendencia regional. Por un lado, nuevos datos sugieren que la hidrovía Paraguay-Paraná ha surgido recientemente como una nueva vía para el tráfico de drogas hacia los mercados europeos y africanos. Por otra parte, el más reciente Encuentro Anual del Foro Brasileño de Seguridad Pública anunció que en el lado brasileño del río Amazonas se estableció una nueva red de tráfico fluvial para el contrabando de cocaína y maconha, lo que significa que, más allá de los tránsitos por vía fluvial ya conocidos (como el Solimões, Japurá, Içá y Negro), las organizaciones criminales brasileñas están avanzando sobre otros cursos no explorados. A su vez, el Delta del Orinoco ⸺que comprende Colombia y Venezuela⸺ ha seguido funcionando como centro de almacenamiento de cocaína destinada a la demanda internacional.

En el caso de la cuenca del Orinoco, la evidencia sugiere que la cocaína colombiana fluye a través de los ríos venezolanos para unirse al mar Caribe. Al mismo tiempo, el cemento, los precursores y los productos químicos utilizados frecuentemente en la fabricación ilícita de cocaína, corren por los afluentes del Orinoco para abastecer los laboratorios clandestinos de coca ubicados en el departamento colombiano de Meta, considerado junto con los departamentos de Guaína y Vichada como una de las rutas más importantes del narcotráfico para transportar la cocaína hacia Venezuela, y desde allí, hacia las rutas transatlánticas. En este sentido, la confluencia de ríos y afluentes que bañan los departamentos de Guaína, Meta y Vichada en Colombia tendrían mucho más que ver con la cada vez más alta influencia del crimen organizado vinculado al narcotráfico que se observa en esta zona geográfica, que las propias hectáreas cultivadas de coca, las cuales, en comparación con otros departamentos o regiones colombianas, son menores.

Finalmente, en el caso de Perú, la pandemia de covid-19 parece haber tenido un efecto contrario. Esto significa que, debido a la ligera contracción del tráfico marítimo de cocaína que se realiza a través de la ruta del Pacífico, las organizaciones criminales se volcaron a las rutas fluviales ⸺utilizando los valles de los ríos Apurímac, Ena y Mantaro⸺ y los pasos terrestres fronterizos con Bolivia, Brasil y Colombia para llevar a cabo el tráfico de droga para el consumo local.

Los ríos como áreas de disputa territorial y espacios criminalizados

Si bien el uso de los ríos como facilitadores del tráfico ilícito de drogas, armas, seres humanos, fauna y flora no constituye un fenómeno nuevo, el avance del crimen organizado vinculado al narcotráfico sobre los sistemas hidrográficos del Orinoco, el Amazonas y los ríos Paraguay y Paraná plantea como mínimo tres problemas. En primer lugar, supone una amenaza a la seguridad regional toda vez que los tres complejos de agua no-marítimos están comprendidos por países, considerados claves para el tráfico de cocaína, sea por ser productores (Bolivia, Colombia y Perú), consumidores o países de tránsito (Argentina, Brasil, Chile y Venezuela). Esto obliga a replantearse la cooperación regional en la gestión fronteriza y a ampliar los controles internos sobre los cursos de agua dulce y los ambientes donde estos se insertan. En este sentido, hay que tener en cuenta que los ríos son generalmente áreas de disputa, donde actores criminales (narcotraficantes, piratas, grupos armados, etc.) y no criminales (comunidades ribereñas, grupos étnicos, indígenas, etc.) suelen coexistir de manera no siempre pacífica, provocando en algunos casos desplazamiento interno, reclutamiento forzado y masacres.

Las externalidades no violentas del narcotráfico son muchas veces subestimadas por las autoridades, cuando se trata de un problema grave que afecta de manera directa a las comunidades que viven en las adyacencias de los ríos.

Un segundo problema que se relaciona con el uso de los ríos como conductos o facilitadores del tráfico de drogas tiene que ver con la contaminación originada por el propio trasiego. Esto no es un tema menor, teniendo en cuenta que los ríos son, entre otras cosas, un recurso económico de subsistencia. En este punto, las externalidades no violentas del narcotráfico son muchas veces subestimadas por las autoridades, cuando se trata de un problema grave que afecta de manera directa a las comunidades que viven en las adyacencias de los ríos.

Por último, un tercer problema apunta a la ausencia o presencia de leyes marco sobre los cursos de agua no-marítimos. En algunos países de Latinoamérica, la no existencia de este tipo de legislación ⸺como es el caso de Colombia⸺ no hace más que profundizar el papel de los ríos como un caldo de cultivo para la criminalidad vinculada al tráfico de drogas internacional o incluso la minería ilegal.

Lo hasta aquí mencionado es una simple demostración de la importancia de los ríos como facilitadores y conductos de actividades ilícitas, en este caso, relacionadas específicamente con el tráfico de cocaína. Es, sin duda, un problema de seguridad regional y humana cada vez más evidente, que la pandemia de covid-19 no ha hecho más que profundizar.

LUDMILA QUIRÓS es licenciada en Gobierno y Relaciones Internacionales (UADE) y maestranda en Relaciones Internacionales y Seguridad Global (Università La Sapienza). Miembro de la Global Initiative Against Transnational Organised Crime (GI-TOC) y del European Consortium for Political Research (ECPR) Standing Group on Organised Crime (SGOC). Sígala en Twitter en @ludmilaaq.

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