Nuevos tiempos para Escocia y Cataluña

20 octubre, 2014 • Artículos, Europa, Portada, Regiones • Vistas: 2043

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Octubre 2014

En algunos de los principales países de Europa Occidental, integrantes todos de la Unión Europea, emergen en los últimos tiempos tensiones y desafíos territoriales que podrían alterar, en mayor o menor medida, la actual configuración de estos Estados. A los ejemplos escocés y catalán podrían sumarse en tiempos venideros varias regiones de larga historia y tradición en el tablero continental, como Flandes, Irlanda del Norte, el País Vasco y el Véneto, donde las demandas de mayor autogobierno o independencia, y las disputas intercomunitarias, como en el caso irlandés, afloran en estos tiempos con intensidad y bríos renovados.

Para algunos analistas, después del resultado del referéndum, Escocia ya es un caso cerrado que implicará una cierta transformación de esa nación e incluso, en general, de todo el Reino Unido. A estas alturas, este juicio parece un poco precipitado, a tenor de los gestos contradictorios evidenciados en las últimas fechas entre los diferentes actores implicados. A la luz de estos hechos, debemos cuestionarnos cuáles han sido los verdaderos motivos que provocaron la victoria del no a la independencia en el referéndum escocés.

El referéndum celebrado en Escocia el 18 de septiembre de 2014, con un resultado favorable a la permanencia de este territorio dentro del Reino Unido, lejos de despejar dudas abrió nuevos escenarios de incierta concreción. Y es que las promesas y expresiones de unidad realizadas por David Cameron y otros políticos del ala unionista —como el ex primer ministro Gordon Brown— ahora parecen todo menos aquel bloque compacto y cohesionado que unido se batió el cobre en los últimos y frenéticos días de campaña del referéndum. Eran los momentos que el “sí” parecía dejarse querer por unas encuestas, que ahora sabemos, fueron demasiado favorables. Escocia, en una participación récord del 85%, votó y se pronunció a favor del mantenimiento de sus vínculos, de más de 300 años, con Inglaterra y el resto de las naciones que componen el Reino Unido.

No cabe duda que los escoceses han considerado que la vía independentista ofrecía ciertas opciones de resultado incierto y han valorado positivamente el seguir ligados a la marca Gran Bretaña. Efectivamente, Escocia votó en contra de salirse del Reino Unido pero también lo hizo con la seguridad de que los líderes unionistas, con el Primer Ministro a la cabeza, hicieron votos y compromisos públicos claramente favorables a un importante incremento de sus poderes políticos y legislativos. El coste del no al Reino Unido era, pues, superior a los beneficios que ofrecía una Escocia independiente. Al menos, así parece que lo interpretaron los habitantes de la muga norte del recordado Muro de Adriano y la independencia quedaría para mejor ocasión y para una nueva generación de escoceses. En este sentido, los independentistas se quedan con el consuelo, dulce o amargo según los diversos distritos electorales, que los menores de 55 años dieron su voto a la empresa independentista

De cualquier forma, Escocia dará de que hablar y las próximas elecciones británicas y escocesas de 2015 tendrán mucho que ver con esta “transformación” de las naciones que componen el Reino Unido. Hay que decir que el desafío es grande para Cameron y también, no menos importante, para la nueva líder del Partido Nacional Escocés, Nicola Sturgeon, sustituta del dimisionario Alex Salmond. En 2015, ambos tendrán que disputar unas elecciones que pueden resultar clave para el futuro del Reino Unido: unitario descentralizado o hacia una nueva tentativa independentista

El debate independentista en Cataluña

Cataluña es caso aparte. En Escocia, las condiciones del referéndum fueron pactadas por el gobierno de conservadores y liberales en Westminster y por los nacionalistas escoceses en Edimburgo. En el caso catalán y español no ha habido acuerdo entre los dos gobiernos de Artur Mas y de Mariano Rajoy. La aprobación de la Ley de Consultas No Refrendarias por el Legislativo catalán y la posterior convocatoria de la consulta para el próximo 9 de noviembre de 2014 son el último episodio de desencuentro entre los gobiernos catalán y español. En estos momentos, tras la enorme movilización registrada el 11 de septiembre de 2014 —a propósito de la Diada nacional de Cataluña— el balón se encuentra de nuevo en el tejado del Tribunal Constitucional español que, de momento, ya se ha apresurado a admitir a trámite y por unanimidad los dos recursos de inconstitucionalidad presentados por el Ejecutivo español. El gobierno de España cuestiona la legalidad de la ley, a pesar de ser competencia estatutaria catalana, y entiende que la consulta es un referéndum encubierto.

El País

El País

Es cierto que el propio Tribunal Constitucional, en una última sentencia a cuenta de la declaración soberanista aprobada por el parlamento catalán, reconocía el carácter político del conflicto e invitaba a explorar que, por la vía del diálogo, se buscara una solución, pues en esencia, no corresponde a ningún tribunal resolver cuestiones políticas. Un tribunal en democracia no está para hacer valoraciones políticas ni para censurarlas. El problema, guste o no, parece ineludible y, tal vez, con renovada y aumentada intensidad. Cerrar, como se dice coloquialmente, de un plumazo tamaña cuestión que afecta no solo los intereses de los catalanes, sino el conjunto de la población española, no puede ser ignorado por las instituciones ni los partidos políticos tras una sentencia judicial de una corte de tan cuestionable imparcialidad. La actual situación se inició con la sentencia del Estatuto catalán de 2010, tras más de 4 años de deliberaciones e irregularidades y un recurso de inconstitucionalidad promovido por el Partido Popular que en ese entonces era oposición y ahora se encuentra en el gobierno.

A partir de aquí, según marca la legalidad, el recurso del gobierno ante el Tribunal Constitucional implica la suspensión de la ley durante un mínimo de 5 meses a partir de su admisión a trámite e invalida cualquier acto jurídico —la propia convocatoria de la consulta— que se lleve a efecto en virtud de la ley, por el momento, suspendida.

Ante la suspensión cautelar dictada por el Tribunal Constitucional el 13 de octubre de 2014 y tras una reunión con todos los partidos soberanistas, el presidente Mas afirmó que la consulta ya no podía celebrarse en los términos previstos y planteó un proceso de participación ciudadana para la misma fecha que debía realizarse la consulta. Al día siguiente, anunció su intención de realizar una consulta alternativa con el aval de la Generalitat de Cataluña, la colaboración de asociaciones civiles, voluntarios y al amparo de parte de la ley catalana de consultas que no había sido suspendida por el Tribunal Constitucional español. Tiempo habrá para ver si este recurso político no es cuestionado, de nuevo, por el gobierno español, ya que la coyuntura pone de manifiesto el divorcio existente entre ambas partes y exige la llegada de nuevas soluciones.

Posibles desenlaces

Por lo tanto, ahora conviene preguntarse qué puede pasar. El Presidente del gobierno catalán se enfrenta a la difícil decisión de seguir adelante con un voto considerado ilegal por las autoridades españolas o de retrasar la votación para permitir la continuación de las negociaciones con Rajoy. Esta circunstancia podría dar lugar a un sinfín de protestas y desencuentros en Cataluña, en especial de aquellos que consideran rotas para siempre las vías de interlocución con el gobierno de España.

Asimismo, podrían convocarse elecciones anticipadas en Cataluña con el riesgo de que los partidos secesionistas de línea más dura —como Esquerra Republicana— o los más radicales —como la Candidatura d’Unitat Popular— sumaran más escaños y mandaran a Artur Mas a la oposición, lo cual marcaría el final de su carrera política. De hecho, si hacemos caso de las encuestas, la gran beneficiada por el proceso independentista debiera ser la Esquerra Republicana, que recogería votos por doquier a causa de su opción de soberanismo de primera hora no tacticista.

EFE

EFE

En consecuencia, la opción de una candidatura unitaria del bloque soberanista, con presencia de miembros significativos de la sociedad civil, ha sido lanzada por el propio Artur Mas, aunque de momento los demás partidos soberanistas no parecen haber recogido el guante. Así, Oriol Junqueras, el líder de Esquerra Republicana, dice vincular esta candidatura conjunta al compromiso de una inmediata declaración de independencia por parte del Parlamento catalán, en caso de obtener la mayoría de los sufragios. Esto podría no ser del agrado de Mas y, menos aún, de sus copartidarios democristianos.

Algunas cosas parecen claras. Por un lado, parece difícil ver al Presidente del gobierno catalán llegar hasta el final desobedeciendo y enfrentándose a la legalidad. Hasta el momento ha dejado claro que no tomaría la ruta de las aventuras ilegales y que todo se haría conforme al marco jurídico vigente. En cualquier caso, la presión de los ciudadanos (según las encuestas ampliamente favorables a la realización de la consulta) y la presión de otras formaciones políticas podría llevarle a matizar esta promesa en un futuro no lejano. Lo que permanece incierto es si lo hará hasta el punto de forzar un referéndum considerado por las instancias españolas de ilegal, lo cual podría acarrearle diversas consecuencias políticas y penales

De cualquier forma, parece poco probable que las calles catalanas dejen de llenarse en estos tiempos de efervescencia soberanista, de adeptos a la causa independentista o, cuando menos, de esa mayoría social favorable al ejercicio de la autodeterminación. Un posible adelanto electoral en clave plebiscitaria y tal vez de lista soberanista única frente a los partidos unionistas (negado hasta ahora, activa y pasivamente por fuentes del gobierno catalán) podría ser el punto intermedio de acuerdo entre las posiciones más y menos radicales del soberanismo político. En caso de una victoria —y esto es ya ir muy lejos— y de una posterior declaración unilateral de independencia, seguida ahora sí de un referéndum, podría generar un conflicto de legitimidades de grandes proporciones con, tal vez, una mediación internacional.

Hasta hoy, todo queda muy abierto y las preguntas o dudas son mucho más palpables que las certezas, que parecen brillar por su ausencia. Dada la promesa del gobierno de que los catalanes votarían, si no se lleva a cabo la consulta, esto puede costarle más de un disgusto al presidente catalán Artur Mas.

MARC GAFAROT I MONJÓ es investigador del Área de Procesos Internacionales de Secesión del Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB).

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