Los riesgos de cara a 2018
AP
Tatiana Benavides Santos
Junio 2017
Latinoamérica deberá seguir de cerca el debate sobre la propuesta de presupuesto de la asistencia estadounidense para el año fiscal 2018, un proceso que podría afectar la continuidad de importantes programas financiados por Estados Unidos en nuestra región. ¿Cuánto afectará a América Latina la nueva propuesta presentada por el gobierno de Donald Trump? Aún está por verse, pero el nivel y la calidad de la asistencia dependerán en gran medida de si se mantiene el apoyo bipartidista a favor de la ayuda en el Congreso (presente durante los gobiernos de George W. Bush y Barack Obama) o de si se aprueban los recortes presupuestarios planteados por el gobierno de Trump.
Hasta ahora es esperanzador que la propuesta de reducciones al presupuesto, mediante el cual se materializarán los intereses y los valores de la política exterior de Estados Unidos para 2018, ha despertado creciente oposición en gran variedad de sectores al interior del país. La inquietud surge fundamentalmente por las implicaciones que traería la concretización de las propuestas del gobierno de Trump que otorgan un giro hacia la militarización de la política exterior mediante el incremento de la ayuda internacional para la seguridad nacional (54 mil millones de dólares) administrada por el Departamento de Defensa estadounidense, mientras se reduce en un 30%, por otra parte, la asistencia diplomática, económica y para el desarrollo que gestionaría el Departamento de Estado y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).
Aunque hasta el momento la propuesta ha encontrado la firme oposición de varios congresistas y su aprobación se vislumbra difícil, no puede desestimarse en tanto establezca la base de la negociación a la baja y defina el tono para algún grado de reducción. La propuesta de presupuesto de asistencia internacional y de administración de esa ayuda conllevaría a importantes transformaciones cuantitativas y cualitativas para las cuales Latinoamérica debe estar sobre aviso. Los cambios podrían visualizarse en cuatro diferentes niveles.
En primer lugar, están los cambios en el monto de la ayuda total al hemisferio occidental que se reduciría en un 35% (pasando a 1198 millones de dólares aproximadamente en 2018), con recortes sustanciales en los dos rubros que la conforman: económico-humanitarios y de Control Internacional de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INCLE). Un segundo aspecto son los cambios en los objetivos de la ayuda, donde el rubro de asistencia para el desarrollo se eliminaría por completo. En algunos casos esa ayuda se canalizaría hacia el monto de los Fondos de Apoyo Económico (ESF), los cuales se destinan fundamentalmente a promover la estabilidad económica o política en áreas donde Estados Unidos tiene intereses estratégicos. Para algunos críticos de la propuesta, este nuevo énfasis es problemático ante el riesgo de que el gobierno de Trump utilice estos fondos para ayudar a países aliados a alcanzar objetivos a corto plazo lejos de propósitos de esfuerzo sostenido hacia el desarrollo.
En tercer lugar, están los cambios provocados por la cuantiosa reducción en el presupuesto de Control Internacional de Narcóticos y de Aplicación de la Ley (INCLE), que perjudicarían principalmente a Colombia, México y Centroamérica. Existe la posibilidad de que esa ayuda sea complementada con financiamiento del Departamento de Defensa, pero hasta el momento se desconoce si eso ocurrirá y cuánto cubriría eventualmente. De ser así, no sería lo óptimo ya que existen menos mecanismos de transparencia en la distribución de los fondos y de condicionalidad de la ayuda de dicho departamento (Isacson, 2017).
Finalmente, están los cambios ocasionados por la eventual reestructuración de las instituciones encargadas de definir, administrar y monitorear la asistencia internacional. Específicamente, el nuevo gobierno está considerando la opción de reformar la USAID, señalándose incluso la posibilidad de fundir dicha agencia dentro del Departamento de Estado a favor de una supuesta mayor eficiencia. Las consecuencias que estos cambios podrían acarrear en términos del debilitamiento de la capacidad técnica del manejo de fondos para el desarrollo son tan negativas como lo sería igualmente la eliminación del envío de recursos a la Oficina Regional de USAID para Sudamérica y al Programa de Desarrollo de Capacidades para el Caribe-, así como la disminución alarmante del presupuesto para la Oficina Regional de USAID para América Latina y el Caribe (-58.4%) y la Oficina Regional de USAID para Centroamérica (-74%).
Los principales efectos en los programas de ayuda a la región
US Department of State
La intención de anular por completo los fondos de asistencia para el desarrollo en todos los países latinoamericanos podría tener un resultado devastador sobre los programas que promueven el desarrollo de las instituciones económicas, políticas y sociales de la región, incluyendo los programas de fortalecimiento democrático. La asistencia sería retirada incluso de los países más pobres de la región como lo son Haití, Honduras y Nicaragua. El cambio, que pretende consolidar ese tipo de ayuda en el rubro único de los ESF controlados por el Departamento de Estado, no deja claro si existirían criterios distintos para la distribución de esta ayuda que garanticen algún tipo de prioridad a los programas financiados previamente por medio de la asistencia para el desarrollo.
Aún así, a los únicos países que se les aumentarían los ESF en la región serían El Salvador, Haití, Honduras, Guatemala y Perú sin que ello signifique que se alcance o que se recupere de alguna forma en este rubro la cifra que recibieron previamente por concepto de asistencia para el desarrollo. El resto de los países de la zona, además de ver eliminada la asistencia para el desarrollo, sufrirían la reducción de sus EFS o no recibirían del todo dicha ayuda.
Otro rasgo importante a destacar es que seis de los países latinoamericanos incluidos en la propuesta verían todos los tipos de ayuda reducidos a cero. No es de extrañarse que Cuba, Ecuador, Nicaragua y Venezuela, se encuentren dentro de ese grupo, tomando en cuenta las relaciones más o menos hostiles que sus gobiernos han sostenido con Washington.
En el caso de Centroamérica, la propuesta significaría una reducción total del 39% de la asistencia para todos los programas, con la disminución del 42% en ayuda económica y humanitaria y del 36% en el apoyo al Control Internacional de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INCLE). Cabe preguntarse cómo afectaría este recorte específicamente al Triángulo Norte -conformado por El Salvador, Guatemala y Honduras-, que por varios años ha sido la región que ha captado la mayor parte de la asistencia hacia Latinoamérica dentro del marco de la estrategia estadounidense de compromiso en Centroamérica, orientada a promover el fortalecimiento institucional, la prosperidad económica y mejorar las condiciones de seguridad ciudadana. Uno de los grandes objetivos de esta asistencia ha sido abordar los desafíos del crimen organizado, la violencia y el desempleo que generan los flujos de niños migrantes hacia Estados Unidos. Particularmente, habría que analizar el impacto sobre las operaciones de la Iniciativa Regional de Seguridad para Centroamérica (CARSI), que en la última década han representado el mayor componente de la ayuda estadounidense en la región (Meyer, 2017), financiado en parte con los ESF y el INCLE que, en el caso del último, vería reducciones por encima del 70% en los tres países.
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En el caso de América del Sur el panorama no es alentador, no solo por la desfinanciación de la Oficina Regional de USAID Sudamérica, sino por la reducción sustantiva de los fondos del INCLE y la ayuda económica-humanitaria. Estos últimos serían exclusivamente recibidos por Colombia y Perú, países que son de especial interés por el papel político que ambos Estados pueden jugar frente a la crisis humanitaria y de gobernabilidad de su país vecino Venezuela, tal y como lo han demostrado las conversaciones del presidente Trump con sus homólogos Juan Manuel Santos y Pedro Pablo Kuczynski.
Aunque, después de Haití, Colombia es el segundo país que recibiría más recursos estadounidenses en Latinoamérica para 2018, surgen dudas sobre el verdadero compromiso financiero del nuevo gobierno con la lucha antidroga y los acuerdos de paz firmados en 2016, ya que la ayuda total a dicho país disminuiría en un 36%. La reducción del 44% de la ayuda económica-humanitaria y del 28% de los fondos del INCLE con respecto a 2017, pondría en cuestión -entre otros aspectos- el acompañamiento del proceso de incorporación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) a la vida económica y política del país, la implementación de iniciativas que eviten que el Ejército de Liberación Nacional y grupos paramilitares ilegales ocupen los antiguos territorios de las FARC, y los esfuerzos para reducir la producción de coca nuevamente en aumento.
En cuanto a México, el reciente endurecimiento de las relaciones del gobierno de Trump se refleja indudablemente en la propuesta de asistencia financiera a este país, la cual se reduciría a 87 millones aproximadamente, equivalentes a un 45% menos con respecto a 2016. La reducción del 43% de los fondos del INCLE sería desatinada si se busca hacer frente a los cárteles de la droga mediante medidas efectivas de control de narcóticos, profesionalización de la policía y reformas judiciales. De igual forma, la disminución de la ayuda económica a casi la mitad con respecto a 2016, afectaría de manera directa los programas de fortalecimiento de las instituciones de justica, de promoción de los derechos humanos, de prevención de la violencia y de progreso económico.
En síntesis, contrario a la meta del «Make America Great Again«, los efectos de la contracción de la ayuda para Latinoamérica no tardarían en rebotar inexorablemente en la sociedad estadounidense. En los próximos meses, queda en las manos del Congreso -como otras veces en la historia de las relaciones bilaterales- la decisión de romper con las visiones reduccionistas de la política gubernamental estadounidense hacia la región. La continuidad de los programas de cooperación en la zona dependerá de si prevalece la premisa de que la reversión de los procesos políticos, económicos y sociales de los países receptores de asistencia tienen implicaciones directas sobre la estabilidad y el bienestar de los países promotores de la ayuda.
TATIANA BENAVIDES SANTOS es licenciada, maestra y candidata a doctorado en Ciencias Políticas por la Universidad de Costa Rica y por la Université Sorbonne Nouvelle, Paris 3. Es especialista en aspectos programáticos, técnicos y políticos de desarrollo democrático y gobernabilidad en Latinoamérica y colabora como investigadora, consultora y analista política para World Politics Review, Univisión Atlanta y CNN. Sígala en Twitter en @tabenavides.
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