El Comercio
Carmelo Cattafi
Febrero 2020
Una colaboración de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales
La corrupción es una de las causas de desigualdad, pero al mismo tiempo una de sus consecuencias, lo que genera un círculo vicioso devastador. Este flagelo para la humanidad refleja problemas sociales, económicos y políticos estructurales que solo la convergencia de esfuerzos multilaterales puede contener.
El fracaso de los buenos propósitos de instrumentos internacionales ―como la Convención Interamericana contra la Corrupción de la Organización de los Estados Americanos de 1996, la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos de 1997, o la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción de 2003―, estimuló en 2011 la creación de la Alianza para el Gobierno Abierto, una plataforma cuyo espíritu de combatir la corrupción funge como detonador de prácticas innovadoras a nivel internacional. Fue una invitación a unir esfuerzos para garantizar el derecho al buen gobierno, generar políticas exteriores enfocadas en el combate a la corrupción y así dar vigor a los compromisos de responsabilidad moral y política, promoción de la transparencia y empoderamiento de la ciudadanía. Se trata de convertir las políticas exteriores en un puente para intercambiar información y experiencias con el fin de aumentar los elementos disuasivos contra la corrupción en los sectores público y privado.
Los indicadores más utilizados y reconocidos para medir el nivel de corrupción, se basan en percepciones, como el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional, los Indicadores de Gobernanza Mundial del Banco Mundial y el Índice de Estado de Derecho del Proyecto de Justicia Mundial. Estos índices nos invitan a buscar nuevas estrategias e implementar políticas globales para solventar los insuficientes efectos de los esfuerzos multilaterales anticorrupción. Con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible se agrega una guía que puede ser útil para el plan de acción de cualquier gobierno, y que exige una política exterior capaz de revitalizar la cooperación internacional y crear, a todos los niveles, instituciones eficaces, transparentes y que rindan cuentas.
Avance lento
El IPC publicado a finales de enero de 2019, muestra una situación crítica que amerita reformas urgentes en tema de gobernanza global. El IPC es fruto del análisis de los niveles de corrupción percibidos en el sector público, según expertos y empresarios en 180 países o entidades territoriales. Se calcula utilizando 13 fuentes de datos de 12 instituciones distintas que capturan las percepciones de corrupción. Solo 58 países y territorios analizados tuvieron una calificación superior a 50 de 100 puntos, y pocos aumentaron su calificación respecto al año anterior. Algunos países podrían festejar al haber mejorado de una posición comparándose con el año previo o preguntarse por qué el resultado empeoró si se compara con el indicador de hace 6 o 10 años. Además, cabe considerar que, para ciertos Estados, se utilizaron tres índices y para otros nueve índices de las doce instituciones llamadas a colaborar. Por ejemplo, para Estados como Bahamas (posición 29 de la tabla de clasificación del IPC) San Vicente y las Granadinas (posición 39) y Dominica (posición 48) solo se utilizaron tres fuentes de las instituciones participantes, mientras que para Cuba (posición 60) se utilizaron cinco fuentes. En el caso de México se utilizaron las siguientes nueve fuentes: Bertelsmann Foundation Sustainable Governance Index; Bertelsmann Foundation Transformation Index; Economist Intelligence Unit Country Ratings; Global Insight Country Risk Ratings; IMD World Competitiveness Yearbook; PRS International Country Risk Guide; Varieties of Democracy Project; World Economic Forum EOS, y World Justice Project Rule of Law Index.
¿Cómo puede México ocupar el lugar 130 del IPC 2019 si ocupa el primer lugar en legislación relativa al derecho a la información? Evidentemente no sirve tener las mejores leyes al no lograr que se cumplan.
Los resultados evidenciaron que Latinoamérica es una región en regresión por los altos índices de corrupción y destaca la lamentable posición que ocupan Venezuela (lugar 173) con solo 16 puntos obtenidos, Haití (168) y Nicaragua (161). Entre los mejores posicionados se encuentran Uruguay (21) y Chile (23). México obtuvo un punto más que el año anterior y se ubica en la posición 130, junto con Guinea, Laos, Maldivas, Mali, Myanmar y Togo, mejorando ocho posiciones respecto a 2018.
Se trata de datos susceptibles de ser interpretado con una instrumentalización política que puede hacerlos parecer positivos o negativos a la vez. Si es cierto que México mejora después de varios años de caída, hay que considerar que, en 2014, obtuvo seis puntos más, aunque en ese entonces no se tomó en cuenta el rubro del PRS International Country Risk Guide. Sin embargo, no se trata de rebasar a uno u otro Estado, el problema es crónico y necesitamos enfocarnos en garantizar el respeto del derecho individual y colectivo al buen gobierno.
¿Pero cómo puede México ocupar el lugar 130 del IPC 2019 si ocupa el primer lugar en legislación relativa al derecho a la información, según la clasificación elaborada por las organizaciones internacionales especializadas Centre for Law and Democracy y Access Info Europe? Evidentemente no sirve tener las mejores leyes al no lograr que se cumplan.
Combate y percepción
Lo que parece interesante es contrastar el IPC con el Barómetro Global de la Corrupción – América Latina y el Caribe 2019, opiniones y experiencias de los ciudadanos en materia de corrupción (BGP), también elaborado por Transparencia International. Con este índice es confortante saber que 77 de cada 100 personas consideran poder marcar la diferencia en la lucha contra la corrupción, pero se puede constatar que en la mayoría de las respuestas se considera que los gobiernos no están haciendo lo suficiente para combatirla.
De acuerdo con el mismo BGP, a la pregunta sobre si el gobierno está haciendo un trabajo bueno o malo en la lucha contra la corrupción, México obtuvo el segundo lugar (después de Guyana) entre los 17 países analizados. Llama la atención que el 61% de las personas encuestadas consideró que el gobierno mexicano está haciendo un buen trabajo (solo el 24% contestó lo mismo en 2017) y el 36% considera que el gobierno mexicano está haciendo un mal trabajo (el 61% contestó así en 2017). Mientras en Chile, por ejemplo, que se encuentra en el lugar 26 del IPC (104 posiciones más arriba de México), de acuerdo con el BGP, solo el 30% de los encuestados considera que el gobierno está haciendo un buen trabajo (19% en 2017) y el 67% considera que está haciendo un mal trabajo (68% en 2017).
Más allá del gobierno
Otra consideración relevante es que también en los Estados mejor evaluados en el IPC se presentaron graves casos de corrupción en el sector privado, demostrando no ser inmunes a este virus. De hecho, recientes escándalos de lavado de dinero afectaron al banco danés Danske Bank (Dinamarca, lugar 1 del IPC en 2019), al banco sueco Swedbank (Suecia, lugar 4) y al banco alemán Deutsche Bank (Alemania, lugar 9). En noviembre de 2019, la investigación en el caso Fishrot Files reveló soborno de empresas pesqueras islandesas (Islandia, lugar 11) para obtener los derechos a cuotas masivas de pesca lavando dinero a través de bancos noruegos (Noruega, lugar 7). Además, la empresa sueca Ericsson admitió su implicación en 2 décadas de sobornos en países asiáticos, mientras en América un representante de la empresa de construcción canadiense SNC-Lavalin fue condenado por soborno en Libia (Canadá lugar 12 del IPC en 2019). La corrupción es un fenómeno generalizado, no exclusivo de ciertos países.
La lucha contra la corrupción es un reto que los sujetos de la comunidad universal deben enfrentar en su conjunto. Es inquietante que se considere al soborno como algo habitual y que más de una de cada cinco personas pagó un soborno para acceder a un servicio público en 2018 y a una de cada cuatro personas se le ofrecieron sobornos a cambio de votos en los últimos 5 años de acuerdo con el BGP de 2019.
En los Estados mejor evaluados en el IPC se presentaron graves casos de corrupción en el sector privado, demostrando no ser inmunes a este virus.
La cooperación internacional se vuelve fundamental en una realidad donde con facilidad se logra eludir las leyes diseñadas como instrumentos para enjaular una corrupción líquida, capaz de adaptarse a las nuevas medidas para combatirla. Resulta así indispensable fomentar la integridad política y fortalecer las instituciones judiciales desde las instituciones internacionales. Transparencia International justamente sugiere mejorar la transparencia de las finanzas políticas, empoderar a la ciudadanía y a los medios de comunicación, reducir ciertos habilitadores de soborno y abordar formas de corrupción de género específicas.
De vital importancia sigue siendo la necesidad de prevenir y sancionar la desinformación y castigar a los políticos corruptos no solo en las urnas. En este sentido abrir los procesos de toma de decisión significa también dar voz a la sociedad civil para volver a creer en la legitimidad de las instituciones. Y esto ya no es un asunto que tiene límites territoriales definidos. Es un multiplicarse de tareas a nivel local, estatal, regional, mundial para sensibilizar sobre este fenómeno y su impacto negativo para la salud de la democracia, el desarrollo individual y colectivo y el derecho humano al buen gobierno.
El diálogo entre los gobiernos, no solo estatales para tutelar los intereses nacionales, pasa por la relación con los demás sujetos de la comunidad universal para finalmente descubrir que tal vez en la lucha contra la corrupción la mejor política interior es la política exterior dirigida a fortalecer la cooperación y la colaboración entre las inteligencias multiniveles. Una relación que puede hoy contar con herramientas anticorrupción que aprovechan algoritmos, inteligencia artificial y disposición de la ciudadanía para vivir la cultura de la legalidad.
CARMELO CATTAFI es doctor en Ciencias Sociales por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). Es especialista en Derecho Internacional, Derecho de la Unión Europea, Política Internacional y Participación Ciudadana. Es profesor asociado del Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Escuela de Gobierno y Ciencias Sociales del ITESM, Campus Monterrey. Sígalo en Twitter en @carmelocattafi.
Tags:Corrupción, México, Política exterior, Transparencia Internacional
Me pareció muy interesante su publicación, y muy clara en la problemática global por el tema de la corrupción, gracias!