Alto Nivel
José Carlos San Germán López
Enero 2020
Una colaboración del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques
Cuando se analizan las dinámicas geopolíticas de disputa o cooperación en torno a la extracción de recursos naturales es necesario contemplar, en primer lugar, las relaciones históricas regionales con los intereses económicos internacionales. En segundo lugar, es indispensable considerar la complejidad sociopolítica contemporánea, plataforma desde donde se generan los vínculos entre actores económicos, políticos y civiles. Problemas como la soberanía energética, los paradigmas de desarrollo económico y la distribución de la riqueza, siempre se encuentran ligados, en diferentes momentos, a problemáticas ambientales, a defensas territoriales promovidas por comunidades originarias y al papel del Estado frente al capital trasnacional. En este contexto de acumulación originaria y desarrollo desigual, la minería es una de las actividades económicas más antiguas y conflictivas en América Latina y el Caribe.
En el siglo XXI, el caso del litio reviste una importancia estratégica. En 2019, tres científicos recibieron el premio Nobel de Química por el desarrollo de las baterías de iones de litio, utilizadas en celulares, computadoras, tabletas, cámaras, automóviles eléctricos y tecnología militar. Sus características electroquímicas les permiten almacenar una gran cantidad de energía con potencia y aprovechamiento óptimos. En este sentido, el control de sus cadenas de explotación y la construcción de un mercado internacional de baterías se encuentran en el epicentro de un paradigma energético mundial novedoso y redituable. En la actualidad, 39% del litio es utilizado para la fabricación de baterías, 30% para la elaboración de productos cerámicos y vidrios, y el resto se distribuye en la fabricación de lubricantes, metalurgia, polímeros y usos médicos. Se estima que para 2026, el 70% del litio se utilizará para fabricar baterías, lo que implica un enorme impacto en el mercado del transporte eléctrico. Según Bloomberg New Energy Finance, para 2040, más de la mitad de todas las ventas de autos de pasajeros serán de unidades eléctricas.
A principios de diciembre de 2019, Mining Technology confirmó que México tendría, en Bacadéhuachi, Sonora, el yacimiento de litio más grande del mundo, con reservas por un valor total de hasta 243.8 millones de toneladas.
La mayor concentración de litio se encuentra en el “triángulo del litio”, que reúne alrededor del 68% de las reservas mundiales: Bolivia posee el 30%, Chile el 21% y Argentina el 17%. Actualmente, Chile es el principal país exportador de litio de Latinoamérica: en 2017 y 2018 exportó 1642 millones de dólares, provenientes de 16 000 toneladas del mineral. A nivel mundial, Australia ocupa el primer lugar, con una producción de 51 000 toneladas en 2018. Del otro lado de la ecuación, los países que registraron las mayores importaciones de litio entre 2017 y 2018 fueron: China con 723 millones de dólares; Corea del Sur con 705 millones de dólares; Japón con 511 millones de dólares; Bélgica con 240 millones de dólares y Estados Unidos con 209 millones de dólares. Estos datos coinciden con su papel como polos de desarrollo y distribución de tecnologías.
Escenario nacional
México es una potencia minera en plata, oro, cobre, níquel y zinc. En las últimas 2 décadas, su producción fue cuatro veces mayor que la producción total en la época colonial. Las reformas de 2014 a la Ley Minera permitieron la concesión de 61 millones de hectáreas y, aunque no se ha transformado la estructura legal de la tenencia de la tierra, ya que las concesiones otorgan el derecho de explotación pero no el derecho de propiedad, las empresas mineras se apropian de hecho de los territorios mientras están vigentes las concesiones, que oscilan de los 50 a 100 años.
A principios de diciembre de 2019, el portal internacional especializado en minería, Mining Technology, confirmó que México tendría, en Bacadéhuachi, Sonora, el yacimiento de litio más grande del mundo, con reservas por un valor total de hasta 243.8 millones de toneladas. Esta dimensión supera las reservas de Humboldt County, en Nevada, Estados Unidos, con 179.4 toneladas anuales, y las de Port Hedland en Australia, con 151.94 toneladas anuales. Se estima que su explotación constaría de dos fases: la primera, con una producción estimada de 17 500 toneladas de carbonato de litio, con un valor de 420 millones de dólares; y la segunda, que duplicaría la producción a 35 000 toneladas anuales. Actualmente, México no cuenta con ningún yacimiento de litio en explotación, sin embargo, según el Sistema Integral sobre Economía Minera del Servicio Geológico Mexicano, hasta la fecha, hay doce empresas de capital extranjero con proyectos de exploración relacionados con el litio, la mayoría de ellas canadienses y australianas, aunque también hay españolas, inglesas, estadounidenses y la mexicana Litiomex. Las zonas de exploración y operación de todas fluctúan entre San Luis Potosí, Zacatecas, Baja California, Coahuila y Sonora.
En este contexto, el Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Víctor Manuel Toledo, señaló, a finales de 2019, que el gobierno federal buscará convertir al litio en una herramienta energética estratégica para el desarrollo. Por su parte, el Subsecretario de Minería de la Secretaría de Economía, Francisco José Quiroga, declaró que el yacimiento de litio en Bacadéhuachi es considerado el principal proyecto en desarrollo de este mineral en el mundo, hecho que representa una oportunidad para la “reinvención” de la minería en México. Explicó que, a diferencia de la mayoría de los yacimientos en Latinoamérica, donde el litio se encuentra en un compuesto en estado líquido, en Sonora está solidificado, lo cual dificulta el proceso de separación de otros minerales. Informó que tanto el gobierno federal como estatal buscan que el proyecto esté a cargo, de manera conjunta, de la empresa inglesa Bacanora Minerals (77.5%) y la empresa china Ganfeng Lithium (22.5%), que se incorporarían como socios tecnológicos al proyecto. El Secretario de Economía de Sonora, Jorge Vidal, recalcó que estas empresas cuentan con la infraestructura necesaria y que realizarán una misión comercial con el propósito de instalar una fábrica de baterías.
El funcionario también informó que en México la explotación de litio tiene una tasa impositiva agregada de entre 42% y 47%: el 30% de impuesto sobre la renta, más el reparto de utilidades y las regalías mineras, que representan el 7.5% de las ganancias. Aclaró que algunas empresas han pedido reducir esta tasa para generar una minería más competitiva, sin embargo, hasta el momento, el gobierno mexicano no está dispuesto a reducirla, pero sí a lograr que la Secretaría de Economía sea un intermediario que agilice trámites y reduzca costos innecesarios.
Gobernanza, medio ambiente y seguridad
Existen diferentes conceptualizaciones de los proyectos políticos relacionados con la minería en Latinoamérica en las últimas décadas: neoextractivismo, nacionalismo de los recursos o posneoliberalismo. Una idea que comparten todas es que el Estado debe consolidar su control sobre los recursos naturales, ya que representan una fuente esencial para financiar las políticas públicas estratégicas enfocadas en el desarrollo sostenible; son la base material sobre la que podrían articularse procesos de cambio estructural. En el caso del litio, los cambios tecnológicos para promover la electromovilidad han generado un discurso de transición hacia una matriz energética renovable, lejos de los hidrocarburos. A pesar de esto, la explotación de litio puede ocasionar daños al medio ambiente, como la escasez y la contaminación del agua debido a residuos químicos y sólidos, y cambios en los ecosistemas, causados por el desarrollo de infraestructura, que tiene un impacto negativo en la flora y la fauna.
La militarización en México ha sido una herramienta sistemática de despojo ilegal de tierras para megaproyectos de extracción de recursos naturales.
Aunado a esta problemática, es necesario contemplar la relación de los recursos minerales en México con la seguridad. En 2016, la Iniciativa Global contra la Delincuencia Organizada Trasnacional alertó sobre la “colusión deliberada” entre las empresas mineras y el crimen organizado en Latinoamérica. Sin embargo, siguiendo la hipótesis del especialista mexicano en narcocultura, Oswaldo Zavala, históricamente, el crimen organizado y los intereses económicos internacionales no operan sin el consentimiento de alguna autoridad estatal. En esta lógica, el concepto de “violencia organizada”, de los investigadores Dawn Paley y Simon Granovsky, explica que los grupos armados actúan siguiendo intereses políticos y empresariales, como fuerzas paramilitares subcontratadas. Por otro lado, el trabajo periodístico de Federico Mastrogiovanni e Ignacio Alvarado demuestra que la militarización en México ha sido una herramienta sistemática de despojo ilegal de tierras para megaproyectos de extracción de recursos naturales.
Bacadéhuachi, en la región limítrofe entre Chihuahua y Sonora, es una zona afectada por el crimen organizado. A 98 kilómetros de la futura zona minera, en Bavispe, el 4 de noviembre de 2019, aconteció la masacre de la familia LeBarón. Este hecho provocó el amague de Donald Trump para denominar como “organizaciones terroristas extranjeras” a los cárteles mexicanos; un eco de lo que la socióloga María José Rodríguez Rejas ha llamado la “norteamericanización de la seguridad en América Latina”. En este contexto, el Subsecretario de Minería confió en que el hallazgo minero lleve “progreso y bienestar” a la región, a la que calificó como apartada y vulnerable. Señaló que la responsabilidad de las empresas mineras no es volverse benefactoras, sino establecer una “buena vecindad” para, junto con la comunidad, enfrentar los retos del país. Ante este panorama surgen dos preguntas: ¿cuál será el papel del Estado mexicano frente a las presiones de las empresas mineras trasnacionales para participar en la explotación del litio en nuestro país? ¿Será capaz de establecer un régimen de gobernanza que solucione las problemáticas socioambientales y los retos en materia de seguridad?
JOSÉ CARLOS SAN GERMÁN LÓPEZ es maestro en Estudios Políticos y Sociales y licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Es investigador en el Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado de la República y profesor adscrito al Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Sígalo en Twitter en @jocsaintgermain.
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