16 enero, 2023 • Artículos, Latinoamérica, Norteamérica, Portada • Vistas: 8578

Rolf Niederstrasser

Enero 2023

Expropiación: Fenómeno administrativo de derecho público, constitucional y administrativo que consiste en la transferencia coactiva de la propiedad privada desde su titular al Estado, mediante indemnización.

Confiscación: Acto administrativo de incautar o privar de las posesiones o bienes sin compensación, pasando ellas al erario.

 

Las relaciones económicas de Estados Unidos con Cuba han desempeñado históricamente un papel clave en la relación bilateral, siendo las exportaciones de tabaco, azúcar y café el eje más importante del comercio durante más de un siglo. A mediados del siglo XIX, Cuba se convirtió en la colonia más rica del mundo, y Estados Unidos en su inversor más crucial, superando a su titular colonial, España.

Tras la independencia de Cuba en 1901, la relación económica con Estados Unidos se consolidó y gran parte de la economía moderna, ya fueran plantaciones, extracción de materias primas, plantas de producción o empresas de servicios, eran de propiedad estadounidense, lo que aportó una increíble riqueza y prosperidad al pueblo cubano. Por ejemplo, muchas de las industrias cubanas se desarrollaron con capital e ingenio estadounidenses, incluidas algunas de las mayores concesiones industriales y financieras de Estados Unidos.

La Habana era entonces una ciudad dinámica impulsada por la venta de azúcar a Estados Unidos, con una distribución de la renta que superaba a la de la mayoría de los países latinoamericanos. Sin embargo, la hegemonía política y económica estadounidense disgustó a parte de la clase media criolla, que tenía una imagen propia de la independencia cubana, tanto política como económica.

En esa etapa, la economía cubana estaba orientada principalmente a la exportación, lo que provocó un desabastecimiento alimentario nacional. Bajo este modelo, Cuba subordinaba sus mejores zonas de cultivo a la producción de exportación para Estados Unidos e importaba todos los bienes esenciales para el funcionamiento del país. En la primera mitad del siglo XX, Cuba no pudo superar estos déficits estructurales y, tras la Revolución cubana de 1959, se enfrentó al problema de encontrar nuevas respuestas a la cuestión de la tierra, la política de empleo y la dependencia de las importaciones.

La confiscación tras la toma del poder de Castro

Poco después de la Revolución en Cuba, Fidel Castro estableció un régimen socialista y empezó a comprar armamento a la Unión Soviética. En dos reformas agrarias, en 1959 y 1963, se confiscaron sin indemnización los latifundios y, más tarde, las pequeñas, medianas y grandes empresas estadounidenses y cubanas, convirtiéndose en explotaciones estatales a gran escala. El gobierno de Dwight D. Eisenhower respondió reduciendo la cuota de azúcar morena importada de Cuba a 700 000 toneladas, en virtud de la Ley del Azúcar de 1948. Tras la segunda oleada de confiscaciones en la isla, Eisenhower inició un embargo económico, comercial y financiero parcial contra Cuba en 1961. La base jurídica del embargo era la Ley de Comercio con el Enemigo de 1917, que prohibía el comercio o las transacciones financieras con un adversario de guerra o con un país sobre el que se hubiera declarado una emergencia nacional.

Ese mismo año, Castro se declaró marxista-leninista y se volvió hacia el este en busca de más apoyo de los soviéticos, ya que el creciente embargo empezaba a afectar a la economía. Mediante órdenes ejecutivas, el presidente estadounidense John F. Kennedy amplió el alcance de las restricciones a todos los productos cubanos. En 1961, la invasión de bahía de Cochinos terminó en un fiasco y, en enero de 1962, el presidente Kennedy había roto los lazos diplomáticos con La Habana. La única excepción al embargo era la venta no subvencionada de alimentos y medicinas. Con las rígidas sanciones económicas en vigor, y para evitar la “cubanización” del resto de Latinoamérica en plena Guerra Fría, Washington pretendía derrocar al gobierno socialista de la isla.

Ya para 1962, el gobierno cubano había puesto fin bruscamente al dominio estadounidense sobre la economía, y su comercio con Estados Unidos cayó a cero, sustituido por los soviéticos, que tomaron el relevo como socio comercial más importante de la isla. El gobierno cubano no adoptó ninguna disposición para el pago de indemnizaciones por dichos bienes, como exigen las normas generalmente aceptadas del Derecho Internacional. El régimen castrista se apropió de bienes de Estados Unidos y de nacionales cubanos por más de 1000 millones de dólares. Estas confiscaciones ilegales violaron todas las normas por las que los países conducen sus asuntos y no han sido resueltas hasta hoy.

La nueva ley cubana de “expropiación”

Más recientemente, con el gobierno de Donald Trump, elegido como Presidente de Estados Unidos en 2016, se revirtió el curso del gobierno de Barack Obama, imponiendo duras sanciones que impidieron la continuación de los elementos críticos que una vez alentaron una tendencia de crecimiento en el comercio. A principios de su presidencia, se activó por primera vez el Título III de la Ley Helms-Burton. Uno de los principales objetivos de la ley era disuadir a las empresas extranjeras de hacer negocios en Cuba permitiendo a los reclamantes de propiedades estadounidenses demandarlas ante los tribunales de Estados Unidos por tráfico de una propiedad confiscada.

De este modo, el Título III despejaba el camino para las demandas contra empresas extranjeras activas en Cuba, especialmente las que se beneficiaban de la confiscación de empresas y propiedades privadas estadounidenses tras la Revolución cubana. Las personas nacidas en Cuba, que se convirtieron en ciudadanos estadounidenses años después de que sus propiedades fueran tomadas, podrían reclamar indemnizaciones más intereses procedentes del Título III, que les daba derecho a demandar a las empresas que se beneficiaron de los activos confiscados. Desde el mandato de William Clinton, todos los presidentes de Estados Unidos suspendieron esta disposición por temor a ofender a los aliados y complicar las relaciones con Cuba. El gobierno de Trump también aumentó la presión sobre Cuba mediante cumbres y organizaciones internacionales, como la Organización de los Estados Americanos, que bajo el secretario general Luis Almagro ha seguido denunciando las violaciones de los derechos humanos en la isla. Incluso entre los partidos y las organizaciones no gubernamentales de Latinoamérica que históricamente han simpatizado con el proyecto socialista de La Habana, el aumento recientemente de la importancia de los derechos humanos políticos y civiles y de la democracia política multipartidista a escala internacional ha tenido efectos limitadores en su apoyo a Cuba.

Esta ley llega además en un momento crucial: el Estado sufre una escasez de viviendas desde hace décadas, con una incapacidad para resolverlo.

En el actual entorno de una crisis económica y de emigración sin precedentes, protestas masivas, litigio financiero en la corte real británica e hiperinflación, la Asamblea Nacional cubana aprobó por unanimidad, a mediados de diciembre de 2022, la Ley de Expropiación por Causa de Utilidad Pública o Interés Social, después de que el presidente de la asamblea Esteban Lazo solo necesitara unos segundos para contar el voto a mano alzada de los 601 diputados.

Según funcionarios del gobierno, esta nueva ley regula lo dispuesto en el artículo 58 de la Constitución y establece un marco legal para este proceso: la determinación de su utilidad, las garantías y el procedimiento, y la forma de indemnización. Uno de los principales factores de esta iniciativa, dicen, fue fortalecer la forma de indemnización y sus criterios de determinación, otorgando garantías y postulando la seguridad jurídica al propietario y al derecho del bien que será objeto de expropiación.

La ley acentúa especialmente el “interés del Estado” por ampliar las zonas de especial interés turístico. Esto es esencialmente en código, que bajo estas circunstancias, cualquier vivienda podría ser objeto de una expropiación casi automática por parte del Estado. Pocos cubanos esperan realmente que este nuevo barniz legal les dé seguridad sobre sus propiedades privadas, dado el extenso historial de confiscaciones ilegales que ha sufrido el pueblo en el pasado como fue la Operación Maceta, establecida en el 1993 con el objetivo de confiscar mercaderías de personas que se habían enriquecido por hacer negocios, o más recientemente, pobladores de un pueblo pesquero de la provincia de Holguín que fueron forzosamente desalojados de sus viviendas para dar espacio a un plan de hoteles de lujo y un campo de golf.

De esa manera el gobierno cubano ha tomado cualquier propiedad en la isla, independientemente de la ley porque, desde su esencia, no existe en Cuba un Estado de derecho. Ni en la Constitución o legislación secundarias, existen instituciones o figuras que controlen la legalidad de los actos de la administración como lo puede ser el defensor del pueblo, una oposición política o un poder judicial dentro de una división de poderes y de funciones que mantengan el equilibrio y la estabilidad de un Estado. Estos recaen al mando de organizaciones de masas, como los Comités de Defensa de la Revolución, la Unión de Jóvenes Comunistas, entre otras, que carecen conocimiento jurídico y están en el control de la administración.

De esta manera, ninguna decisión tomada por el poder estatal es investigada por ilegalidad. Si alguna confiscación de propiedad privada tuviera lugar, no sería expropiada, porque requeriría protecciones e indemnizaciones justas para el propietario. En vez, sería confiscada sin indemnización apropiada.

Esta ley llega además en un momento crucial: el Estado sufre una escasez de viviendas desde hace décadas, con una incapacidad para resolverlo. Aunque no se incluyó la emigración dentro de los preceptos, con el último éxodo masivo que comenzó durante la pandemia de covid-19 en 2020, no obstante, se está despertando el temor de los emigrados que con esta nueva ley ocurran a su vez irregularidades que beneficien al Estado. Aparte de sufrir de problemáticas legales de expresión, como las definiciones amplias de “necesidad publica” o “beneficio social,” dejan demasiado margen para ser interpretadas.

Es importante remarcar que es muy probable que pronto se añaden a la actual lista de más de 5000 reclamaciones patrimoniales desde Estados Unidos, nuevos casos de cubanos que arriesgan todo para huir y, al mismo tiempo, lo pierden todo en casa, ya que cuando un ciudadano cubano es categorizado “emigrado”, por las autoridades, pierde todos los derechos y las propiedades en la isla.

ROLF NIEDERSTRASSER es analista político. Sígalo en Twitter en @uamar2144.

Tags:Cuba, Embargo, Estados Unidos, Expropiación