SCMP
Laura Coronado Contreras
Octubre 2020
Una colaboración de la Facultad de Estudios Globales de la Universidad Anáhuac México
En los últimos 3 años, Estados Unidos y Europa han estado librando una fuerte batalla sobre los impuestos digitales. Por una parte, las autoridades tanto de Francia como de España, Italia y el Reino Unido desean que la derrama económica que reciben los medios electrónicos se refleje en el pago de contribuciones dentro de sus territorios. En contraste, el gobierno del presidente Donald Trump había reaccionado enérgicamente amenazando con una guerra comercial si seguían con este tipo de iniciativas locales o regionales dentro de la Unión Europea.
En materia fiscal, durante años hemos tenido pocos movimientos significativos de cara a un mundo cada vez más interconectado. En más de un sentido, estamos viviendo un “colonialismo económico”, es decir, la riqueza regresa al país de origen y no se queda en donde se genera. ¿Viviremos una revolución como las del siglo XVIII y XIX? ¿Los reclamos de los países europeos podrían resumirse en la famosa frase: “No taxation without representation”?
La pandemia ha detonado muchos cambios y quizá estamos por vivir un nuevo orden internacional, por lo menos en lo que respecta a la cultura digital. Ante la crisis que ha traído el confinamiento, el que empresas como como Google, Facebook, Amazon y Apple –cuyas sedes principales se encuentran en Estados Unidos– dejen de remitir las ganancias de sus servicios a su país no es un asunto menor. Esto podría ser la solución al déficit presupuestal que tendrán muchos gobiernos. Incluso en España, por ejemplo, se ha aprobado un gravamen para las empresas de tecnología, cuya entrada en vigor sería en 2021. El problema será su aplicación y la reacción de empresas y otros gobiernos.
En el marco de estas disputas, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha impulsado una serie de negociaciones para lograr un consenso sobre un “impuesto digital global”. Esto sería un parteaguas en la historia moderna.
Por primera vez estaríamos frente a una respuesta mundial a una situación mundial. Durante años, los intentos por regular al ciberespacio –en esta y otras áreas– han sido tangenciales, discontinuos, sin conocimientos y poco factibles. Peor aún, se ha intentado legislar como si el ciberespacio, y las relaciones dentro del mismo, fueran locales. Esto ha dado un enorme poder a las plataformas digitales que, obviamente, se pronuncian por la “autorregulación”.
¿Los contribuyentes pueden elegir en donde pagan sus impuestos? ¿Se debe dar un trato diferenciado a las empresas tecnológicas frente a otras transnacionales?
El poder de Facebook, Apple, Amazon y Google es impresionante. Al segundo trimestre de 2020, en conjunto, valen alrededor de 5 billones de dólares. Tan solo Facebook, a pesar de los escándalos, ha multiplicado seis veces el valor de sus acciones en los últimos 8 años, es decir, en 2012 una acción de dicha empresa costaba 42 dólares y, actualmente, está en un precio de 247 dólares. ¿Estarían dispuestas a ser reguladas?
Según cifras de la propia OCDE, un acuerdo mundial podría garantizar una redistribución de más de 100 000 millones de dólares.
De lograrse un acuerdo ya sea en la OCDE o en el propio G-20, no tendrían muchas opciones. Los Estados se han visto rebasados en demasiados temas por el poder de las redes sociales. No obstante, la propiedad intelectual y la materia tributaria siguen siendo las fortalezas del concepto de soberanía estatal. Desde ahí es en donde los países aún pueden acotar a las plataformas.
Por ejemplo, la Comisión de Protección de Datos de Irlanda (sede de Facebook en Europa) ha lanzado una prohibición para que los datos no migren a Estados Unidos. Esta barrera comercial (podría calificarse incluso como un “requisito de planta”), de manera encubierta o no, obligaría a la empresa estadounidense a instalar servidores en Europa, atraer su inversión y, especialmente, obligarle a pagar impuestos. Facebook ha respondido que no puede otorgar el servicio bajo esas condiciones y que se distorsionarían los mercados pero, ¿podría negarse si se trata de un consenso mundial?
Según cifras de la propia OCDE, un acuerdo mundial podría garantizar una redistribución de más de 100 000 millones de dólares. Esto sería posible si se llegan a armonizar y consolidar los impuestos sobre servicios digitales, tales como publicidad en línea, la intermediación que permite a los usuarios interactuar entre ellos, o bien, la venta de datos generados a partir de información proporcionada por los internautas.
Los beneficios de un logro como este no solo serían para los Estados sino para los usuarios. Se garantizaría, indudablemente, una mayor transparencia y control sobre lo que sucede en la red. El valor que representamos para las plataformas no es virtual, sino real, y necesitamos una mayor responsabilidad de su parte sobre cómo otorgan sus servicios, cómo almacenan y distribuyen la información e, inclusive, la mejor manera de ejercer nuestra libertad de expresión.
¿Por qué Estados Unidos ha sido parte de las negociaciones junto con los otros 36 países miembros de la OCDE? Una guerra arancelaria nunca es una buena respuesta pero, ante la crisis por la contingencia sanitaria, sería el peor momento para comenzarla. Las estimaciones señalan que de continuar con una política de este tipo, la economía mundial caería en 1%.
Hace más de medio siglo, un compromiso internacional como el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio era impensable y, más aún, el establecimiento de la Organización Mundial del Comercio. Ante un panorama en el que los organismos internacionales no viven su mejor momento, la posibilidad de que en 2021, o antes, se llegue a un acuerdo sobre un impuesto digital mundial podría ser la semilla para una verdadera regulación global del ciberespacio, un nuevo orden internacional y reglas supranacionales en otras áreas.
LAURA CORONADO CONTRERAS es investigadora de la Universidad Anáhuac México y catedrática de la licenciatura en Relaciones Internacionales. Es doctora en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y abogada por la Universidad Anáhuac. Además, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y autora de La libertad de expresión en el ciberespacio (Tirant, 2019) y La regulación global del ciberespacio (Porrúa, 2017). Sígala en Twitter en @soylaucoronado.
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