¿Cómo los datos abiertos están reseteando el Estado?
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Carlos Santiso y Florencia Serale
En un estudio de 2015, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) resaltaba el incremento en adquisiciones de incipientes start-ups especializadas en servicios y tecnologías asociadas al big data por parte de grandes empresas de tecnologías de la información y la comunicación. Durante el primer semestre de 2013 las start-ups de big data habían recaudado más de 1250 millones de dólares gracias a 127 acuerdos de este tipo. Lo anterior refleja el valor que el mercado le atribuye a la revolución de los datos y el potencial del big data como vector de crecimiento económico. Ha llegado el momento en que los gobiernos de la región se apalanquen en el vertiginoso crecimiento de la información disponible en línea y aprovechen la revolución de los datos para mejorar los servicios públicos, optimizar su eficiencia operativa y promover el emprendimiento de datos.
Para los gobiernos, esto tiene un punto de arranque claro: la apertura de los datos gubernamentales. La Carta de Datos Abiertos define a los datos abiertos como datos digitales puestos a disposición con las características técnicas y jurídicas necesarias para que puedan ser usados, reutilizados y redistribuidos libremente por cualquier persona, en cualquier momento y en cualquier lugar. La transformación digital de los Estados y la creciente apertura de los datos gubernamentales constituyen una verdadera revolución copernicana en la concepción del Estado, en la manera de gobernar, del secretismo anclado en el concepto weberiano de la burocracia y del Estado según Hobbes, a una nueva concepción del Estado, un Estado más ágil y responsivo centrado en el ciudadano como actor de la acción pública, no solo como beneficiario.
Producto de la creciente digitalización de las actividades sociales, económicas y políticas de los ciudadanos, los gobiernos cuentan con un volumen de información y datos sin precedentes, con alto potencial de generar valor público. En este contexto, los gobiernos deben asegurar la confiabilidad y seguridad de los datos personales y propiciar espacios de colaboración donde se habilite esta generación de valor. L Es clave para restaurar la confianza de los ciudadanos en sus Estados y hacerlos partícipes de la acción pública, dado que los datos abiertos facilitan el acceso a información y contribuyen a mejorar la calidad de los servicios públicos. Los datos abiertos además desempeñan un papel crítico en la asignación eficiente y transparente de los recursos públicos, el monitoreo de políticas públicas, y la detección de potenciales actos de corrupción. Un estudio realizado para el G-20 indica que los datos abiertos pueden contribuir a reducir la corrupción en 10% al disminuir el retorno privado de la corrupción y haciendo más visibles estos actos.
A pesar de haber sido pioneros en la adopción de iniciativas de datos abiertos, Latinoamérica enfrenta varios desafíos. En últimos años, varios países de la región han implementado portales de datos abiertos e incrementado la cantidad de datos disponibles. La región, en su gran parte, cuenta con una apropiada regulación de acceso a la información pública y una adecuada legislación en protección de datos personales. Sin embargo, una baja proporción de las bases publicadas contienen datos puramente abiertos, y se concentra en países como Brasil, México y Uruguay. La apertura de los datos públicos se ha concentrado, hasta ahora, en los gobiernos nacionales, con mucho potencial de mejora en los gobiernos sub-nacionales y los poderes legislativos y judiciales. Por lo tanto, somo lo sugiere el Barómetro de Datos Abiertos, la región no está logrando sostener sus iniciativas de datos abiertos e inclusive ha sufrido retrocesos, pasando de un promedio de 39.5% en 2015 a 35% en la cuarta edición de 2017.
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Producto de la experiencia reciente, se destacan 3 lecciones para fomentar la apertura de datos en la región. En primer lugar, la región necesita realizar mayores esfuerzos por estimular la demanda de datos abiertos. Es clave impulsar el uso de los datos abiertos para poder generar valor público y no solo abrir bases de datos por principio sin una valoración de su uso. Esto implica pasar de un enfoque centrado en la cantidad de bases de datos abiertas a uno enfocado en la calidad de estas bases de datos. También requiere mejorar la disponibilidad de los datos en función de los usuarios meta, por medio de portales centrados en el usuario, la presentación de datos en formatos amigables, la generación de herramientas que faciliten la comprensión y su uso, y la promoción de la retroalimentación de los usuarios mediante, por ejemplo, de «hackatones» y mesas de datos. Finalmente, para que los datos abiertos puedan generar valor público se necesita avanzar en la estandarización de la calidad, en la accesibilidad y la publicación en formatos reutilizables.
En segundo lugar, para fomentar la demanda, los gobiernos deben interactuar con todos los actores que conforman el ecosistema de datos abiertos. En este contexto, los «intermediarios de información» son actores clave en tanto desarrollan herramientas para procesar datos y transformarlos en información para un mayor empoderamiento de la ciudadanía. En este ecosistema, se destacan las organizaciones de la sociedad civil que buscan empoderar a los ciudadanos y sus comunidades para fomentar su participación en el diseño de políticas públicas. También debe reconocerse el protagonismo de los medios de comunicación especializados para usar y difundir datos complejos de manera sencilla y efectiva.
En tercer lugar, los gobiernos deben apreciar el impacto económico de los datos abiertos. La apertura de datos públicos tiene un gran potencial para el desarrollo del sector privado, como nueva fuente de innovación, y para mejorar el clima de inversión y la competitividad. El estudio del Omidyar Network estima que los beneficios económicos, directos e indirectos, de la apertura de los datos gubernamentales en los países del G-20 pueden generar beneficios de entre 700 000y 950 000 millones de dólares anuales. No obstante, no existen estudios que midan el impacto económico de los datos abiertos en la región. Los gobiernos deben realizar evaluaciones concretas del impacto económico de la apertura de datos para valorar mejor su contribución a la eficiencia del gasto público y el fomento del crecimiento económico.
Latinoamérica se encuentra altamente comprometida con la agenda de datos abiertos y varios países están impulsando agendas ambiciosas y valientes de gobierno abierto. Existen muchas iniciativas para transparentar el gasto público apalancando minería de datos, tales como el Portal de Transparencia Presupuestaria en México, Mapa-Inversiones en Colombia o el Portal de Transparencia en Brasil donde se publican datos sobre transferencias presupuestarias e inversión pública. En materia de contrataciones públicas, el Open Contracting Partnership promueve la apertura de los datos relativos a las compras públicas a través de plataformas en línea y la definición de estándares de publicación, y se encuentra trabajando activamente con varios países de la región (Colombia, México, Paraguay, entre otros). La Carta de Datos Abiertos identificó 30 bases de datos críticas para fortalecer la transparencia y luchar contra la corrupción, y está trabajando con el gobierno de México para revisar la calidad de sus datos y la identificación de bases que deban abrirse para cumplir con estos objetivos.
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En este panorama, varios países de la región se han destacado por su compromiso con la agenda de apertura de datos gubernamentales. México se ha convertido en líder regional en materia de datos abiertos, según el índice de datos abiertos del informe de la OCDE y del Banco Interamericano de Desarrollo sobre el En 2015, adoptó por decreto una política de datos abiertos en el marco de su estrategia digital nacional impulsada desde la oficina de la Presidencia. Los datos gubernamentales son accesibles a través de un portal integrado de datos gubernamentales. La Coordinación de la Estrategia Digital Nacional y la Secretaría de la Función Pública crearon la Red de México Abierto para promover acuerdos e intercambio de conocimientos con estados y municipios. Son actualmente 9 estados y 14 municipios parte de esta red. México ha impulsado una plataforma para apoyar a emprendedores cívicos y sociales a innovar con datos, según Labora. El desafío a futuro reside en consolidar y sostener estos avances.
Argentina también ha logrado importantes avances en la apertura de sus datos públicos en los últimos años. En 2016, aprobó por decreto un plan nacional de apertura de datos para el gobierno federal, el cual instruye a los organismos del poder ejecutivo a desarrollar sus respectivos planes de apertura de datos para integrarlos al Portal Nacional de Datos Públicos. Para apoyar este proceso, la Dirección Nacional de Datos Públicos ha elaborado una serie de herramientas de apoyo a los organismos de gobierno. Por ejemplo, el Portal Andino busca dotar a los organismos de «nodos» con capacidad de apertura, un estándar para que diseñen sus propios portales, y las guías para que abran datos siguiendo buenas prácticas y los principios de interoperabilidad. Un importante desafío reside en la apertura de los datos de los gobiernos provinciales que ejecutan una parte importante del gasto público y proveen muchos servicios públicos a los ciudadanos.
Los gobiernos deben encaminar acciones para incrementar la generación y apertura de los datos que poseen y que tienen el potencial de crear un triple efecto: aumentar la transparencia de la gestión gubernamental, mejorar la eficiencia de la gestión pública, y generar valor por medio de su uso por parte del sector privado y una multitud de start-ups.
CARLOS SANTISO es Jefe de la División de Innovación para Servir el Ciudadano del Banco Interamericano de Desarrollo. FLORENCIA SERALE es consultora en Gobierno Digital de la División de Innovación para Servir el Ciudadano del Banco Interamericano de Desarrollo.
