La internacionalización de una política de bienestar
Alkhaleej Today
Enrique Barrera
Noviembre 2020
Han transcurrido 100 años desde que la estruendosa década de 1920 cruzó por las avenidas de la historia. Las memorias sobre el fin de la Gran Guerra, la fundación de la Sociedad de Naciones y la crisis de 1929, marcarían el estrepitoso ritmo de la comunidad internacional en los siguientes años. La década de 1920 permitió a las generaciones perdidas encontrar un hogar en ultramar, y así nacieron los primeros ciudadanos del mundo.
Ahora, la década de 2020 ha iniciado y la historia está por escribirse. Los jóvenes que vivieron su adolescencia bajo el eco de la crisis de 2008, los rescates financieros de la Gran Recesión y las políticas de austeridad, de alguna manera también estuvieron perdidos. En México, la guerra contra el crimen organizado ensordeció a sus familias, ciudades y comunidades, dejando mudas las noticias del exterior. Cuando crecieron, se encontraron con problemáticas que no eran ajenas dentro de sus propias fronteras. El mundo era amenazado por el cambio climático, la desigualdad y la violencia, pero los jóvenes de otras latitudes se comprometían con el planeta, solidarizándose con el sufrimiento de otros países.
Después de la celebración de la 11va. Cumbre de Jóvenes Youth 20-2020 (Y20) en el marco de la presidencia de Arabia Saudita en el G-20, surge la oportunidad para discutir cómo, a pesar de los obstáculos estructurales, institucionales y culturales en el sistema internacional, se puede empoderar a los jóvenes para que se comprometan con los grandes desafíos globales que encara la humanidad. Una alternativa sería asegurar que, desde las reuniones del Y20, los jóvenes se involucren para que los líderes del G-20 promuevan una política internacional de bienestar que mejore las condiciones de vida de las nuevas generaciones, empoderando a la juventud para que esté mejor preparada para los grandes retos globales de nuestra época.
En Europa, en el siglo XX, hubo un periodo en el que grandes naciones construyeron Estados que posibilitaron la mayor etapa de estabilidad política y económica que haya vivido Occidente. Sus políticas tenía el propósito de mejorar las condiciones de vida de la sociedad mediante la intervención del Estado y la mejora de servicios públicos en áreas como la educación, la salud, la vivienda y el empleo para reducir las asimetrías socioeconómicas entre la población.
Es necesario defender la propuesta de una política de bienestar internacional promovida desde el Y20 para empoderar a la juventud.
En México, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha intentado combatir la desigualdad y la pobreza con una política de bienestar que vea por los grupos más vulnerables, tratando de conservar la estabilidad en las finanzas públicas mediante la reingeniería del gasto público para financiar extensos programas sociales. Aunque el debate sobre el regreso del Estado de bienestar no se puede agotar en estas líneas, la memoria nos obliga a considerar que la configuración de ese sistema es inviable en la actualidad sin la internacionalización de sus premisas y la articulación de nuevos consensos.
Ahora, enfrentamos un mundo incierto. Entre la desaceleración de la economía mundial, debido a la pandemia de covid-19, el rugido de las tensiones geopolíticas, la erosión ecológica, los millones de desplazados y los discursos xenófobos, cuando se creía que teníamos las respuestas nos cambiaron las preguntas. Sin embargo, la imaginación no debe agotarse en una sola respuesta, y el punto de partida debería ser el diálogo democrático y la búsqueda de acuerdos inclusivos entre todas las generaciones. Es necesario defender la propuesta de una política de bienestar internacional promovida desde el Y20 para empoderar a la juventud, por medio de una política educativa para los jóvenes en las universidades públicas y una política económica que considere la capacitación de los jóvenes para su inclusión en la economía mundial.
Educación, un derecho aún pendiente
La educación es una necesidad y un derecho humano indispensable para el éxito de cualquier civilización. La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 consagró en su artículo 26 la gratuidad en los niveles básicos, y reconoció que la educación determina el pleno desarrollo de la personalidad humana, fortalece el respeto a los derechos humanos y la amistad entre los países. La realidad sigue huyendo del derecho: 617 millones de jóvenes en el mundo siguen sin tener conocimientos básicos en matemáticas o ni siquiera poseen un mínimo aceptable de alfabetización. Ante esas circunstancias, el cuarto Objetivo de Desarrollo Sostenible planteado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que busca garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad que promueva oportunidades de aprendizaje durante toda la vida, se torna en una meta impostergable.
Frente a la imparable desigualdad económica, la educación pública en Latinoamérica ha sido un refugio para los jóvenes que han buscado cambiar su destino. A contracorriente con los factores económicos, como la mala distribución del ingreso, las universidades públicas en México aún son motores que promueven la movilidad social.
De acuerdo con el comunicador y académico Leonardo Curzio, el 60% de los jóvenes que pertenecen a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) provienen de familias con ingresos inferiores a cuatro salarios mínimos, es decir, que cuentan con un ingreso menor a 430 dólares al mes. Curzio no se equivoca al afirmar que la UNAM es uno de los modelos civilizatorios en el que la mayoría de sus estudiantes pertenecen a familias sin estudios superiores, por lo que es muy probable que sean los primeros en obtener un título universitario. Actualmente, la UNAM ocupa el puesto 103 entre las mejores universidades del mundo y, junto con la Universidad de Buenos Aires, ha recibido el reconocimiento de ser uno de los centros educativos más importantes de Latinoamérica.
Una política educativa de bienestar internacional: jóvenes y universidades
Por medio del fortalecimiento de las universidades, una política educativa de bienestar empoderaría a los jóvenes en áreas como la modernización de los contenidos escolares, la investigación multinacional y la digitalización. De hecho, los canales de cooperación que ofrece el G-20 son una gran opción para internacionalizar el quehacer de estas instituciones. Por ejemplo, la tecnología digital podría romper las barreras que actualmente desaceleran los sistemas administrativos de las universidades públicas. Una alternativa es conformar una red universitaria mundial que responda a los retos globales frente a la pandemia y que permita traducir los avances tecnológicos en oportunidades para todos, con especial atención a los más desfavorecidos.
Además, puesto que la investigación es una de las principales fuentes de prestigio de las grandes universidades, desde el G-20 se podrían construir grupos de trabajo transnacionales que propongan soluciones a las contradicciones socioeconómicas del presente a partir de investigaciones multinacionales y multidisciplinarias. Gracias a la conexión que permiten las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, los resultados de estos grupos podrían ser comunicados pedagógicamente no solo entre los países miembros o invitados del G-20, sino también entre otras comunidades.
De igual forma, se debería seguir impulsando la edificación de un centro virtual gratuito dedicado a la ciencia, la tecnología, la ingeniería, el arte y las matemáticas, como el que fue recomendado por los jóvenes reunidos en Japón en la edición pasada del Y20, pero el proyecto debería encontrarse interconectado con las universidades públicas y privadas. Ese espacio digital sería útil no solo para las próximas generaciones, sino también para los adultos mayores y los grupos más vulnerables de la sociedad, como las niñas y las mujeres. Esta herramienta permitiría democratizar el conocimiento al construir una plataforma educativa global que complemente la formación en todos los niveles de estudio y en todos los idiomas.
Finalmente, el G-20 debería procurar que las universidades desarrollen programas institucionales que vinculen la formación tradicional de los jóvenes con conocimientos sobre innovación ecológica. Es inaplazable la inclusión de contenidos a los planes de estudio que permitan a los jóvenes contar con herramientas para proteger el medio ambiente. En ese sentido, la ejecución de una reforma verde al interior de los sistemas educativos se vuelve inminente, pero sería poco efectiva sin la cooperación internacional.
Es una gran ventaja que la perspectiva general de la presidencia de Arabia Saudita en 2020 sea internacionalizar los planes de estudio, al igual que incentivar la movilidad estudiantil, el intercambio de maestros, el reconocimiento transnacional de los grados y las investigaciones. Los intercambios permiten que los estudiantes tiendan un diálogo intercultural con otras tradiciones, costumbres y estilos de vida. Por ello, las universidades públicas en México han hecho un gran esfuerzo para abrir el mundo a sus estudiantes para enriquecer su preparación profesional y crear puentes entre los países. De 2015 a 2019, en la UNAM, 13 718 alumnos y 1221 académicos viajaron a otros países para estudiar en el extranjero, y 27 612 estudiantes y 6888 maestros llegaron a las aulas de esa casa de estudios para compartir sus conocimientos.
En realidad, aún hay oportunidad para mejorar las relaciones educativas que fueron estructuradas durante el proceso de globalización con la ayuda de un proyecto ordenado e incluyente diseñado desde el G-20. Para llevarlo a cabo, se necesitan marcos de cooperación que permitan que los jóvenes construyan un futuro donde el bienestar sea el denominador común para las próximas generaciones. En el corto plazo, la desigualdad económica puede ser combatida mediante la inversión pública en universidades más modernas e interconectadas, que edifiquen puentes y no muros en las relaciones internacionales.
Pobreza y desigualdad
En el Foro Económico Mundial de Davos de 2020, Oxfam presentó su más reciente informe sobre desigualdad. De acuerdo con esta organización no gubernamental, 2153 personas concentran más riqueza que el 60% de la población mundial y, en México, las seis personas más ricas del país acumulan más riqueza que el 50% más pobre. La brecha entre ricos y pobres es cada vez más insostenible: la misma organización reportó hace 2 años que el 1% más rico del planeta se quedó con el 82% de la riqueza producida en 2017, mientras que el 50% más pobre no se benefició en absoluto.
Ciertamente, el fin de la pobreza es una aspiración universal para la comunidad internacional, pero puede ser una luz que se desdibuja mientras se observa en el horizonte. La ONU sugiere que la pobreza no es solo un problema económico, sino un problema de derechos humanos. Entonces, la promesa de que algún día se terminará con la pobreza y la desigualdad no tiene sentido si no se dignifica el trabajo de los jóvenes. No puede haber empleos sostenibles o crecimiento inclusivo sin el bienestar de la población.
Desde hace algunos años, en México se ha documentado que el estancamiento de los salarios reales ha tenido un efecto subversivo sobre la mayoría de la sociedad. Aunque la disminución del ingreso de los mexicanos no es ajena a las circunstancias que también vivieron otros países emergentes y desarrollados durante las últimas 3 décadas, según los economistas Carlos Ibarra y Jaime Ros, la participación salarial en el ingreso total disminuyó de 40% a mediados de la década de 1970 hasta aproximadamente 28% en 2015.
Por ello, no resulta extraño que las expectativas de la calidad de vida no mejoren de generación en generación. En México, al inicio de 2018, se calculaba que 6.6 millones de jóvenes no estudiaban ni trabajaban, y que alrededor de 8.9 millones laboraban en la economía informal. Es importante destacar que la presidencia de Arabia Saudita en G-20 ya está buscando atender los desafíos en el empleo para los jóvenes, en particular para los que están en riesgo de no estudiar, trabajar o capacitarse.
Una política económica de bienestar internacional
Sin duda, un cambio de paradigma es necesario. Los gobiernos que forman parte del G-20 podrían cooperar para formular una estrategia global de capacitación para los jóvenes, bajo un programa multinacional coordinado de la mano con empresas nacionales y transnacionales. Una política de esa índole debería integrar una red de tutores de distintas nacionalidades, espacios para la inserción en la economía digital y la industria verde, la formación de un servicio civil de carrera con parámetros internacionales y la adhesión de organizaciones no estatales como Ciudades y Gobiernos Locales Unidos. Para disminuir la proporción de jóvenes que no ingresan al mercado laboral, se requiere transitar de políticas públicas nacionales a políticas globales que empoderen a la juventud mediante la revalorización del trabajo y que preparen no solo a jóvenes que habitan en las grandes ciudades, sino también a los jóvenes refugiados, migrantes e indígenas.
Otros grupos de Y20 han propuesto crear programas de mentores o sistemas de pasantías para que entrenen a los jóvenes en el manejo de las nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial, la automatización y el comercio electrónico, y que compartan sus experiencias con las nuevas generaciones. La era digital debería ser aprovechada ahora para establecer esa red de tutores que fue propuesta hace 2 años.
De igual forma, la capacitación generalizada de jóvenes en el sector público puede ser otra dimensión de esta política, ya que países como Estados Unidos o Francia ya cuentan con un servicio civil de carrera con reconocimiento mundial. En Latinoamérica, África y algunos países de Asia-Pacífico aún es muy complicado encontrar ese grado de profesionalización en la administración pública, aparte de los diplomáticos de carrera. Si se llevaran a cabo, los programas de capacitación ayudarían a formar nuevos cuadros de servidores públicos que serían evaluados desde el G-20 con los mejores estándares alcanzados por las burocracias más eficientes del mundo.
La capacitación en los sectores de la economía tradicional, la protección del medio ambiente y el impulso al emprendimiento son rubros en los que los gobiernos locales pueden involucrarse aún más. Ante la inviabilidad de que los gobiernos centrales coordinen todos los proyectos y cada una de las políticas públicas destinadas a empoderar a los jóvenes, los centros urbanos que orbitan dentro del G-20 deberían formar parte de la ejecución de esta política económica de bienestar internacional, ofreciendo seguridad, movilidad y acceso a los servicios digitales que necesitan los jóvenes para conectarse con el mundo.
La presidencia de Arabia Saudita en 2020 representa una oportunidad para que el G-20 concrete sus metas y aspiraciones de empoderar a la juventud aun en medio de la pandemia.
Para que estos programas de capacitación de jóvenes funcionen, tienen que formar parte de una agenda que considere mejorar los sistemas de pensiones, incentive la inversión sostenible (público-privada), reduzca la desigualdad, cree un impuesto global a la riqueza y regule los desequilibrios en el sistema financiero. En resumen, una política económica internacional que tuviera como finalidad ofrecer bienestar a todos los ciudadanos del mundo, mejoraría la vida de los jóvenes al mejorar también el desarrollo integral de sus familias y sus comunidades.
Finalmente, si durante el siglo XX el Estado de bienestar sirvió como el mejor mecanismo de distribución para mantener el consumo de masas, en nuestra época el crédito tomó su lugar. Es importante que las nuevas generaciones no caigan en la misma trampa del endeudamiento. La juventud debería prepararse para desarrollar las cualidades necesarias para desempeñar un buen trabajo que dignifique sus vidas y no amenace su futuro.
Sin una mayor inversión para el desarrollo sostenible y la creación de empleos de calidad será imposible alcanzar el bienestar económico y ecológico que necesita la población. Sobre todo, se ha advertido que el nivel de consumo debe disminuir. Si la población mundial llegara a 9600 millones en 2050, se necesitarían tres planetas para proporcionar los recursos necesarios para seguir manteniendo el estilo de vida actual. Ese futuro es insostenible.
Consideraciones finales
La presidencia de Arabia Saudita en 2020 representa una oportunidad para que el G-20 concrete sus metas y aspiraciones de empoderar a la juventud aun en medio de la pandemia. Según el Social Innovation Warehouse, las personas menores de 30 años representan la mitad de la sociedad global. Los miembros del G-20 generan el 85% de la producción económica global, el 80% de las inversiones, tres cuartas partes del comercio internacional y son dos tercios de la población mundial. Lo anterior, revela que el futuro de las relaciones internacionales estará en manos de la juventud que habita en los países del G-20.
Aunque el grupo sirvió como foro para la definición de políticas macroeconómicas para proteger la estabilidad de los mercados durante la crisis financiera, ahora se ha convertido en un centro de coordinación de las principales políticas públicas que merecen proyección internacional, y es reconocido como uno de los mecanismos primordiales en el que se articulan los temas de la agenda internacional. Más allá de las coyunturas que surgen cada año, el propósito del G-20 debe ser tratar de concretar una política viable para el presente.
Ojalá que las próximas reuniones del Y20 consideren proponer una política de bienestar global que empodere a las nuevas generaciones desde un enfoque internacional en sus ramas educativa y económica, sin dejar de reconocer que hay oportunidades en otros ámbitos como en la cultura o el medio ambiente. La década de 2020 no debería contemplar solo una transformación digital y tecnológica, sino también una transformación para las democracias, el bienestar y la paz, en la que el horizonte sea la construcción de grandes consensos para proteger el planeta y el porvenir.
Las generaciones perdidas de nuestra época merecen ser empoderadas y rescatadas por los líderes mundiales. Aunque hayan cambiado las preguntas en medio de esta pandemia, se deben buscar otras respuestas. El Y20 y el G-20 deberían caminar con la juventud hacia la internacionalización de una política de bienestar que contrarreste las asimetrías que dividen al sistema internacional y que permita aprovechar las oportunidades que promete el futuro para todos.
ENRIQUE BARRERA es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Fue analista en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México y actualmente es profesor de la cátedra Política Mundial II de la carrera de Relaciones Internacionales de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán. Sígalo en Twitter en @Enrique30907166.
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