La importancia de atender las causas de origen
Nueva Revolución
Ximena García
Septiembre 2021
Una colaboración de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México
Estados Unidos y México han protagonizado la ola migratoria más grande de la Modernidad. Como resultado, los mexicanos que viven en Estados Unidos y sus descendientes, la diáspora mexicana, cuyo número se calcula en por lo menos 38.5 millones de personas, está en camino de convertirse en la primera minoría étnica del país. En 2019, la Oficina del Censo de ese país calculó que los denominados “latinos” o “hispanos” —entre quienes la diáspora mexicana representa más de 60%— sumaban 18.5% de la población, frente a 13.4% en el caso de los “negros o afroestadounidenses”. Es importante tomar en cuenta que el estado migratorio irregular de una parte considerable de la diáspora mexicana propicia su exclusión y subrepresentación en las estadísticas oficiales. Esta gran ola migratoria avanzó, se consolidó y continúa generando consecuencias de gran magnitud a pesar de medidas ambiciosas, muchas de ellas notablemente coercitivas, que se han adoptado durante décadas para frenarla. Ni siquiera la militarización de la frontera ha podido detenerla.
El control migratorio
La persistencia de este fenómeno se explica en gran medida por la conjunción geográfica de un país con mano de obra abundante y capital escaso (México) y otro, con capital abundante y mano de obra insuficiente en relación con sus necesidades (Estados Unidos). En la historia, pocas fuerzas son más poderosas que la dinámica entre oferta y demanda. Las políticas orientadas a detener el flujo migratorio de México a Estados Unidos han sido objeto de estudio de incontables investigaciones académicas, gubernamentales y de organizaciones nacionales e internacionales. Entre ellos, destaca el artículo “Why Border Enforcement Backfired”, publicado por el American Journal of Sociology en 2016, en el cual Douglas S. Massey, Jorge Durand y Karen A. Pren describen los resultados de regresiones estadísticas entre las principales variables que inciden tanto en el flujo migratorio, como en el control de la frontera —presupuesto de la Patrulla Fronteriza, tasa de crecimiento del empleo y sueldo mínimo diario en Estados Unidos, ingresos de migrantes autorizados, tasa de natalidad, de crecimiento del PIB, de homicidio y sueldo mínimo diario en México, datos demográficos de migrantes mexicanos, entre otras—. El resultado de las regresiones refleja que la expansión del control de la frontera no generó los efectos deseados en el control migratorio en Estados Unidos y que, en varios ámbitos, ocasionó consecuencias adversas.
La militarización de la frontera modificó el comportamiento de los migrantes y transformó el flujo, que pasó de ser uno circular, de hombres y trabajadores que se dirigían temporalmente a tres estados, a uno fijo de más de once millones de personas que se establecieron en cincuenta estados del país. Entre 1986 y 2008, la población indocumentada de Estados Unidos creció de tres a doce millones, a pesar de que la cantidad de agentes de la Patrulla Fronteriza se quintuplicó, las horas de patrullaje se cuadruplicaron y el financiamiento nominal aumentó veinte veces. El incremento en las posibilidades de aprehensión en la frontera se neutralizó con el aumento en la eficacia de los servicios de “coyotes”. Las políticas coercitivas no solo tuvieron costos económicos, con el desvío de las rutas hacia el desierto de Sonora, las muertes de migrantes indocumentados se multiplicaron: en 1994 se registraron 72 decesos; 11 años después, 365. Con base en la evidencia, los autores concluyen que los billones de dólares invertidos en el control migratorio en la frontera se habrían podido dirigir al desarrollo de infraestructura y, con ello, garantizar que Norteamérica fuera una región más próspera.
El tráfico de armas
El tráfico ilegal de armas de Estados Unidos a México se puede analizar por medio de un marco conceptual similar. La estadounidense es la sociedad más armada del mundo, con 121 armas en circulación por cada 100 habitantes, de acuerdo con la Small Arms Survey de Ginebra. Sin embargo, la fuente principal detrás del tráfico ilegal no es la cantidad de armas en circulación, sino la negligencia y la permisividad con la que operan fabricantes y distribuidores de armas en el país.
A diferencia de otros productos que forman parte de nuestra cotidianeidad —medicamentos, celulares, automóviles— y cuyos fabricantes se han hecho responsables en caso de no cumplir con estándares de seguridad, las armas de fuego existen para herir o matar. Fabricantes de armas diseñan y comercializan varios de los rifles que producen, como armas de asalto de estilo militar, y se han negado a introducir en sus productos la tecnología necesaria para evitar que sean modificados y utilizados por personas no autorizadas. Junto con distribuidores, también se han rehusado —a pesar de solicitudes por parte de autoridades estadounidenses— a disciplinar sus sistemas de distribución, los cuales, por medio de prácticas como ventas múltiples y no supervisadas, “compras de paja”, ferias de armas y controles laxos, propician que sus productos sean traficados a través de la frontera.
Aunque son conscientes de que las armas que producen y distribuyen son aseguradas en cantidades desproporcionadas en escenas del crimen en México —principalmente, por medio de solicitudes de rastreo de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) de Estados Unidos—, los incentivos para mantener tales prácticas comerciales son mayores. De acuerdo con la investigación “The Way of The Gun: Estimating Firearms Traffic Across the U.S.-Mexico Border” de la Universidad de San Diego, casi la mitad de los vendedores de armas en Estados Unidos se beneficia del tráfico ilegal hacia México. Estas son las características principales de la oferta de armas de fuego que viene del norte; sus consecuencias son brutales cuando se encuentra con la demanda de arsenal por parte del crimen organizado en México.
Al dirigirse de manera estratégica a la fuente de uno de sus componentes, la demanda del gobierno de México puede incidir en todo el sistema de intercambio.
De acuerdo con las estimaciones más conservadoras, cada año se trafican 250 000 armas de fuego de Estados Unidos a México; otras estiman que la cifra oscila entre 500 000 y 800 000 armas. Por medio de las solicitudes de rastreo de la ATF, se sabe que entre 70% y 90% de las armas recuperadas en escenas del crimen en México han sido traficadas desde Estados Unidos. En 2019, por lo menos 17 000 homicidios registrados en México se cometieron con armas de fuego que ingresaron ilegalmente a territorio nacional. Muchas de las armas que se trafican son rifles de asalto tipo AR-15 o AK-47, las cuales tienen cargadores con capacidad de 30, 75 o incluso 100 cartuchos que pueden dispararse sin necesidad de recargar. Entre febrero de 2006 y febrero de 2009, el rifle de francotirador calibre .50 marca Barret fue el más traficado desde Estados Unidos; este rifle dispara balas entre 5 y 10 veces mayores que las de modelos semiautomáticos y, por su capacidad, ha sido identificado por las autoridades estadounidenses como un arma potencialmente terrorista.
El texto de la demanda civil que presentó el gobierno de México en contra de productores y distribuidores de armas ante la Corte de Distrito de Massachusetts compila estas cifras, así como una descripción detallada de los daños que generan las prácticas comerciales de los demandados, los cuales incluyen tanto pérdidas económicas —afectaciones a equipo y aviones militares, a actividades comerciales y al PIB nacional, entre otros—, como pérdidas de vidas humanas y consecuencias en la calidad de vida de la población.
Pocos gobiernos del mundo se enfrentan a la letalidad que presentan los grupos del crimen organizado en México. Además del ataque que derribó un helicóptero de la fiscalía de Michoacán en 2016, se han vuelto comunes masacres que terminan con la vida de decenas de personas en cuestión de minutos y emboscadas en contra de fuerzas del orden que no dejan a los agentes más opciones que esconderse o escapar. De acuerdo con Kristen Rand, Directora de asuntos legislativos de la organización civil Violence Policy Center, grupos criminales mexicanos han demostrado un poder de fuego equiparable al del ejército estadounidense (Seminario Legal Approaches to Reduce Gun Violence: Mexican and U.S. Strategies, de Network to Prevent Gun Violence in the Americas et al, 18 de agosto de 2021). Ciertamente, el gobierno de México tiene que lidiar con los grupos criminales, responsables de la demanda de armas de fuego que se trafican de manera ilegal. Sin embargo, combatirlos sería mucho más fácil una vez disminuida la oferta y la letalidad de las armas de fuego que llegan con notable facilidad desde el norte de la frontera.
Problema de raíz
En el caso de la migración, el flujo que han intentado detener las autoridades estadounidenses está formado por personas, muchas de ellas trabajadores y familias, quienes abandonan sus hogares atraídos por oportunidades laborales en Estados Unidos. En cuanto al tráfico ilegal de armas de fuego, se busca frenar el ingreso de productos diseñados para generar el mayor daño físico, en el menor tiempo posible.
Un sabio dijo en algún lado que la historia se repite dos veces; en el ámbito migratorio, después de más de 3 décadas de políticas coercitivas que no dieron resultado, expertos, funcionarios, políticos, activistas y demás actores involucrados en el tema continúan pidiendo que sus gobiernos se concentren en tratar las causas de origen que propician y mantienen a los flujos migratorios irregulares. De no tomar en cuenta esa experiencia, los tomadores de decisiones interesados en detener el tráfico de armas de Estados Unidos a México corren el riesgo de repetir un desarrollo similar. La demanda civil que presentó el gobierno de México en contra de nueve fabricantes y dos distribuidores de armas de fuego está enfocada en el origen —las prácticas comerciales negligentes que propician el tráfico ilegal de sus productos a nuestro país—, respetuosa de las leyes e instituciones estadounidenses.
En ocasiones se subestima el grado de conexión entre fenómenos transfronterizos. En su artículo “Violence Exchange” (Anthropology Now, 2021), la investigadora Ieva Jusionyte describe el sistema de intercambio en la frontera entre Estados Unidos y México que alimenta la producción de violencia en la región, el cual se basa en el tráfico circular de drogas que cruzan hacia el norte, dinero que fluye hacia el sur, personas huyendo de la violencia que cruzan hacia el norte y armas que fluyen hacia el sur y son utilizadas para provocar esa violencia. Al dirigirse de manera estratégica a la fuente de uno de sus componentes, la demanda del gobierno de México puede incidir en todo el sistema de intercambio. Con base en evidencia empírica y argumentos legales innovadores que empiezan a dar resultado en Estados Unidos, tiene el potencial de eludir las profecías fatales de la historia.
XIMENA GARCÍA estudió Relaciones Internacionales en El Colegio de México y en la Universidad China de Asuntos Exteriores. Entre 2015 y 2019 formó parte de la Oficina de Asuntos Hispanos y Migratorios en la Embajada de México en Washington, D.C. Actualmente se desempeña como Subdirectora de Litigios III en la Consultoría Jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México. Sígala en Twitter en @Ximena_GarH.
Tags:Control migratorio, Estados Unidos, México, Tráfico de armas
