Guadalupe Martínez Fuentes
Noviembre 2013
La crisis política en Túnez pone en evidencia los límites de un gobierno ineficaz que ante el eco sostenido de la oposición, aseguró renunciaría al cargo y favorecería una transición ordenada, ya hace un mes. Esta crisis, aparentemente irresoluble, ha reavivado las protestas populares y representa un peligro para la nueva democracia del país africano.
En los últimos meses, diferentes agencias de calificación de riesgo financiero han manifestado su preocupación por la creciente incertidumbre política sobre la transición tunecina. A su entender, la clave del problema reside en el vigente bloqueo institucional del país, al que se le achaca el notable retraso en la aprobación de un nuevo texto constitucional, en la celebración de elecciones, en la composición de un gobierno y un parlamento y la articulación entre ambos, y en la generación de un consenso sólido sobre reformas económicas que promuevan crecimiento y desarrollo.
Este pronunciamiento, pese a su aparente severidad, representa en realidad tan solo un eufemismo para endulzar la evidencia. Lo que hoy crece y se afianza en Túnez es la certeza de que el proceso transicional va a la deriva y de que la legitimidad institucional necesaria para encauzarlo se ve seriamente cuestionada.
Hace tiempo que la Asamblea Constituyente tunecina dejó de discutir la construcción de democracia. «Dictadura» y «golpe de Estado» son las expresiones más sonadas en este arco parlamentario durante los últimos meses. Los opositores acusan a los partidarios del Gobierno de imponer «dictatorialmente» un criterio interesado en el trazado de la senda constitucional, entendiendo como «golpismo constitucional» la enmienda al reglamento interno de la Asamblea que les permite tomar el control de la convocatoria de las sesiones plenarias, la fijación de la agenda y el quórum necesario para sacar adelante la votación. Los partidarios del Gobierno, a su vez, consideran como prácticas golpistas y chantajistas tanto el absentismo de 70 diputados opositores, temporalmente dimisionarios de la Asamblea, como el interés manifestado por algunos de ellos por disolver la Cámara. Según los partidarios, este comportamiento persigue dictar impositivamente la parálisis del proceso constituyente.
No debe extrañar, por lo tanto, que el eco de estos términos haya acabado por ensordecer a los participantes de esta contestación y que la Asamblea haya quedado inutilizada como sede de negociación política. Según el último sondeo de la consultora Emrhod, solo el 48% de los tunecinos confía la capacidad de la misma para concluir con prontitud la redacción de la Constitución.
Dadas las circunstancias, las conversaciones políticas pendientes han sido extraparlamentarizadas: se las ha desplazado de su sede natural, la Asamblea Constituyente, para ser reacomodadas en torno a una mesa de «Diálogo Nacional». En esta mesa las reglas del juego son diferentes. Queda prohibido poner bocarriba las cartas de la baraja democrática, exigente de respeto tanto al principio de representatividad electiva como de ponderación de la mayoría y las minorías. ¿Cuáles son entonces las nuevas reglas de diálogo? Igualdad de condiciones de todos los participantes para defender sus principios y propuestas. Es decir, se desatiende el hecho de que las fuerzas del Gobierno cuentan conjuntamente con el aval de la mayoría de votantes (52%) y el respaldo de la mayoría absoluta de escaños en la Asamblea (63%). Se olvida, por otra parte, que mientras unos fueron constituidos en Gobierno, justo para gobernar, otros se constituyeron legítimamente en oposición, precisamente tanto para criticar constructivamente la labor del Gobierno como para colaborar con el mismo en la suscripción de pactos de Estado.
¿Y quién arbitra los movimientos de unos y otros? El sindicato UGTT (en francés: Union Générale Tunisienne du Travail), la Patronal UTICA (en francés: Union Tunisienne de l’ Industrie, du Commerce et de l’Artisanat), la organización de defensa de los derechos humanos LTDH (en francés: Ligue tunisienne des droits de l’homme) y el colegio de abogados ONAT (en francés: Ordre National Des Avocats De Tunisie). Este cuarteto, si bien cuenta con un largo historial tanto de agitación de masas como de concertación política y social, carece de legitimidad electiva – él mismo se ha autoproclamado el agente de mediación política – y de neutralidad decisional – tiene claro desde su origen que la postura de la oposición es prevalente y es influenciado por ella-.
Bajo tales condiciones, tampoco sorprende que, hasta el momento, la partida en la mesa de Diálogo Nacional se haya desarrollado con permanente sospecha de trampa y el envite del abandono definitivo del juego para recurrir a otras vías menos conciliadoras. Entre ellas, el lanzamiento de campañas «pro» y «anti» legitimistas, a favor y en contra del régimen transicional, devolviendo a la calle la condición de escenario natural de expresión y defensa de las diferentes sensibilidades políticas del país.
En 2011, la revolución nació en las plazas, cierto, pero tres años después, pretender reubicar en este terreno la dilucidación del devenir de la transición pone en evidencia la falta de responsabilidad política de las élites electas. El pueblo les concedió su respaldo electoral en 2011 para que éstas canalizaran la protesta, concentraran en foros institucionalizados la confrontación de intereses y trabaran acuerdos constructivos aceptables para todos. No cumplir este cometido supone una traición a la confianza de sus electores y el consecuente merecimiento del descrédito. Llamando a la agitación de la calle, estas élites políticas se demuestran además inconscientes del riesgo que entraña para la estabilidad del país el choque de bandos en el espacio público.
No en vano, las calles tunecinas siguen sonando a revolución, pero a una muy distinta de la primera. Túnez inauguró 2011 con una voz contestaría unívoca, aglutinadora y exigente de nuevos valores. Su denuncia común fue la falta de legitimidad de un régimen incapaz de garantizar un mínimo de derechos y libertades políticas, económicas y sociales a sus ciudadanos. La solidaridad de los concentrados en las protestas se arraigó en su comunión como revolucionarios por una misma causa. Ben Ali y su base de apoyo fueron identificados como enemigo común del pueblo, por ejemplo, y ninguna proclama religiosa segregadora se utilizó como palanca movilizadora.
Túnez acaba 2013 con voces disonantes y disgregadoras. El eco de su expresión en las calles de la capital el pasado 23 de octubre – segundo aniversario de la celebración de elecciones constituyentes – reverbera peligrosamente en el ambiente. Ahora, a diferencia de 2011, existen tres frentes en disputa. El primero, expresando el sentir de la oposición, niega toda legitimidad política a las instituciones electas, mientras que el segundo frente se dice dispuesto a defender ésta a toda costa. Ambos bandos se autoidentifican como defensores de la revolución, califican a su contraparte de amenaza contrarevolucionaria y han declarado la guerra unilateral a un enemigo interior: para los pro-legitimistas, el grupo opositor, para los anti-legitimistas, el Gobierno y sus partidarios.
No obstante, mucho más inquietante que esta elevación de voces resulta el pronunciamiento templado, también en la calle, del tercer sector en liza. Éste, espectador de la confrontación entre los otros dos, defiende que con el régimen de Ben Ali se vivía mucho mejor. El peligro es que el número de nostálgicos del antiguo régimen es cada vez más elevado. El doble peligro es que cuando dos partes polarizadas resultan incapaces de entenderse, la tercera en disputa suele obtener ventaja. El triple peligro es que ya no quedan árbitros legitimados para mediar entre todas ellas. Sin embargo, lo aún más peligroso es que algún sector armado se sienta llamado a recurrir al uso de la fuerza para legitimarse como defensor y garante del orden o de un nuevo cambio de cuestionable rumbo.
GUADALUPE MARTÍNEZ FUENTES es licenciada en Ciencia Política y de la Administración y doctora por la Universidad de Granada con mención europea. Este artículo se enmarca en el Proyecto I+D+I: «Persistencia del autoritarismo y procesos de cambio político en el Norte de África y Oriente Medio: consecuencias para los regímenes políticos y el escenario internacional», financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad de España.
