Libre Mercado
Miguel Martínez González
Marzo 2019
Una colaboración de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales
El populismo puede entenderse como una ideología delgada nucleada en torno a la oposición de dos grupos supuestamente homogéneos y antagónicos (pueblo moralmente puro y una élite corrupta) y la idea borrosa de voluntad general. El populismo argumenta que la política debería ser una expresión de la voluntad general del pueblo, pero es antipluralista pues se arroga el monopolio de la representación utilizando un argumento pars pro toto de forma que solo una parte del pueblo (los populistas) es realmente el pueblo. El populismo es también una estrategia política que busca hacerse con el poder para implementar una agenda hostil al liberalismo y la democracia constitucional. De ahí que sea la sombra de la moderna democracia representativa, una «democracia iliberal» que amenaza constantemente con una deriva autoritaria.
¡Cataluña is different!
La Unión Europea destaca por la cantidad y variedad de populismos surgidos en su seno. En noviembre de 2018, The Guardian publicó los resultados de un estudio sobre el avance del populismo en Europa en los últimos 20 años. En 31 países (28 de la Unión Europea, más Islandia, Noruega y Suiza), el populismo ha triplicado su apoyo entrando en el gobierno en 11 países. En 1998, 12.5 millones de europeos vivían en un país con al menos un populista en el gabinete de gobierno, pero en 2018 ya eran 170.2 millones y uno de cada cuatro votos era populista. Hoy en el Parlamento europeo hay al menos 105 parlamentarios de 32 partidos de 19 países que pueden ser calificados de populistas (sean de izquierda o de derecha radical).
Cataluña es peculiar porque es el único caso de populismo secesionista donde un gobierno y un parlamento autonómicos, controlados por partidos independentistas de diferente espectro ideológico.
En la Unión Europea, Cataluña es peculiar porque es el único caso de populismo secesionista donde un gobierno y un parlamento autonómicos, controlados por partidos independentistas de diferente espectro ideológico, comenzaron desde 2010 un proceso estratégico orientado a declarar la independencia «sí o sí» (el Procés). Se realizaron dos referendos ilegales de independencia en 2014 y 2017, se promulgaron numerosas normas anticonstitucionales y, finalmente, en octubre de 2017, se aprobó, tras votación en sede parlamentaria catalana, una Declaración Unilateral de Independencia (DUI) que daba inicio al proceso constituyente de un nuevo Estado separado de España (República Catalana). Este no llegó a ser efectivo tras la intervención del gobierno y del Parlamento de Cataluña hasta la celebración de nuevas elecciones en diciembre de 2017. Desde febrero de 2019 se juzga en España por diferentes cargos (sedición, rebelión y malversación de fondos) a doce líderes catalanes: nueve altos cargos del gobierno de Cataluña, a la Expresidenta del Parlamento catalán y a dos líderes de asociaciones culturales independentistas. Otros diez imputados serán también juzgados mientras que siete exfuncionarios están prófugos en el extranjero: el Expresidente y cuatro exconsejeros del gobierno de Cataluña, así como dos exportavoces parlamentarios de dos formaciones independentistas.
La espiral populista
El populismo del secesionismo catalán se evidencia en el proceso de construcción de la voluntad general con el fin de fundamentar el monopolio de la representación legítima del pueblo catalán y llevar adelante una DUI. Ese proceso comprende una estrategia discursiva basada en la posverdad y otra operativa basada en el jiu-jitsu político. Ambas se insertan en una lógica de construcción de identidades y legitimidad universal así como de movilización social. A partir de la posverdad, a menudo con fuerte carga hispanófoba, se falsificó la historia (mitos de la nación catalana), la realidad económica («¡España nos roba!») y la política («Cataluña independiente permanecerá en la Unión Europea», «Nos juzgan a todos, libertad presos políticos»). Por otra parte, inspirados en la teoría de la política de la no violencia, los ideólogos del procés practicaron el jiu-jitsu político utilizando estrategias y tácticas pacíficas para doblegar al Estado y generar un «antigolpe». Con esas armas los independentistas trataron también de establecer: 1) la nación catalana como comunidad de identidad que aspira a constituirse en comunidad política independiente; 2) que dicha «comunidad de identidad» les otorgó legitimidad democrática de representación para iniciar la secesión, y 3) que sus acciones son legales y tienen fundamentación jurídica.
Nación catalana hoy: ¿realidad o ficción?
Una nación es ante todo una comunidad imaginada que para tener estatus de realidad depende de la identificación de una masa crítica de gente con esa comunidad. Bajo ese prisma, pese a las afirmaciones de los independentistas sobre la «nación catalana», es cuestionable que exista tal entidad. Cataluña es una nación de inmigrantes y hoy su población (7.5 millones) se compone de un 63.1% nacidos en Cataluña, 19.4% nacidos en el resto de España y 17.5% nacidos fuera de España. Los veinte principales apellidos son españoles. El catalán es primera lengua para un 32% de habitantes y un 36% la tiene como lengua habitual. Además, en las zonas más pobladas, que corresponden a la franja costera donde el independentismo tiene proporcionalmente menos apoyos, la lengua española es mayoritaria. La mayor parte de los catalanes tienen una identidad anidada con la española y no más del 22% se siente solo catalán. En febrero de 2018 solo apoyaban un Estado independiente el 32.9% de los encuestados.
Legitimidad por las urnas
Para legitimar la DUI, el independentismo catalán apela al «mandato recibido de la ciudadanía catalana» en las urnas. De hecho, se trató de construir una cadena acumulativa de legitimidad que iba de la «consulta ilegal» de 2014 a las elecciones anticipadas de 2015 (presentadas como plebiscitarias), de ahí a la «consulta ilegal» de 2017 cuyos resultados se interpretaron como mandato popular para declarar la DUI. Sin embargo, la legitimidad lograda por esas vías parece democráticamente deficitaria.
Aunque las «consultas ilegales» dieron el voto mayoritario a la independencia, la participación fue territorialmente desigual y nunca mayoritaria, además de que el proceso electoral fue completamente irregular. Por ejemplo, en la «consulta ilegal» de 2017, con una supuesta participación del 43% sobre un supuesto censo electoral (nunca público) de 5.3 millones, supuestamente el 90.1% votó a favor de la autodeterminación. Pero la votación estuvo dominada por graves fallas procedimentales que anulan cualquier pretensión de legitimidad. La Comisión de Venecia, órgano consultivo de Consejo de Europa sobre instituciones democráticas y derechos fundamentales, no avaló la consulta. Incluso las «misiones de observadores internacionales», organizadas y pagadas por el gobierno de Cataluña y que no cumplían con los estándares establecidos por la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa para ese tipo de misiones, señalaron que la consulta, dadas las circunstancias, no reunió los requisitos exigibles.
En las tres últimas elecciones autonómicas (2012, 2015 y 2017) los partidos secesionistas, con mayoría parlamentaria, nunca han superado en conjunto el 48% de los votos y en las elecciones de 2017 el partido más votado no fue independentista. En un parlamento de 135 escaños, las mayorías que han logrado conformar son además estrechas (máximo de 74 escaños y mínimo de 70). Debido a la ley electoral vigente, el coste en votos de un escaño es variable según demarcaciones territoriales. Ello favorece a los partidos independentistas que, con más apoyo en zonas rurales menos pobladas, pese a tener menos votos globales, obtienen más escaños. También cabe decir que en la votación de la DUI solo participaron 82 parlamentarios y solo 70 dieron su voto a favor. Pero no parece muy legítimo que en las votaciones de un Parlamento democrático, para decidir algo tan trascendente como una DUI, no se aplique un sistema de mayoría calificada (sobre todo cuando la mayoría de escaños en la cámara no corresponde a la mayoría de votos en las urnas).
Legitimidad jurídica
Atendiendo a la doctrina y jurisprudencia constitucionales españolas, la petición para celebrar en Cataluña un referendo de independencia fue negada reiteradamente. La celebración de tal referendo sobre una parte del territorio español no es imposible, pero previamente debe haber una reforma constitucional. La vía para salvar ese escollo la buscaron los independentistas en el derecho a decidir y en el derecho de autodeterminación. El derecho a decidir carece de todo valor jurídico y es más que nada un neologismo que ha tenido mucho éxito como estrategia de mercadotecnia política. En todo caso, estratégicamente el derecho a decidir se contrapuso a la norma constitucional para tratar de evidenciar un supuesto conflicto de principios democráticos y postular la primacía del primero a la segunda (al olvidar con mala fe que la «democracia más allá de la Constitución» solo puede derivar de reglas constitucionales para ser verdaderamente democrática). Tal primacía, que permitiría saltarse los principios constitucionales, trató de fundamentarse ligando el derecho a decidir al derecho de libre determinación y plantear el caso catalán como una situación entre secesión y remedio.
Lo que muestra el caso catalán es el carácter viral del populismo para la democracia y cómo en la era de la «pospolítica» es posible un golpe de Estado pospacifista.
En el Derecho Internacional, sin embargo, el principio de integridad territorial de los Estados es preminente y la titularidad del derecho de libre determinación en su dimensión externa solo se reconoce de manera explícita a pueblos coloniales o sometidos a opresión y dominación extranjera. El derecho de libre determinación podría cobrar preeminencia únicamente cuando el ejercicio de ese derecho en su dimensión interna no fuera posible al no tratarse de un Estado dotado de un gobierno democrático que no garantizase la participación política en condiciones de igualdad, el autogobierno o los derechos humanos. En ese supuesto extremo (donde no encaja España) podría ser admisible una DUI. No obstante, incluso ahí, la práctica internacional no ha sido uniforme ni coherente.
Lo que muestra el caso catalán es el carácter viral del populismo para la democracia y cómo en la era de la «pospolítica» es posible un golpe de Estado pospacifista. Cabe la duda de si las instituciones democráticas en la Unión Europea y los partidos no populistas están preparados para ese envite.
MIGUEL MARTÍNEZ GONZÁLEZ es miembro de la Asociación Mexicana de Asuntos Internacionales (AMEI) y profesor investigador de tiempo completo en el Instituto de Estudios Internacionales Isidro Fabela de la Universidad del Mar, Campus Huatulco, Oaxaca. Es licenciado en Filosofía y doctor en Ciencia Política y Sociología por la Universidad de Santiago de Compostela, España. Es especialista en la Unión Europea y en Economía de la Pesca. Sígalo en Twitter en @amei_mx_oficial.
Tags:Cataluña, España, Procés, Separatismo
Buen artículo!!! Felicitaciones al autor!!