OEA
Rodrigo Delgado
De la sección Opiniones Oportunas del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales
9 de junio de 2021
La democracia, en términos conceptuales, es simple y clara: es “el poder del pueblo”. Sin embargo, no es tan simple cuando lo llevamos a términos instrumentales, cuando tratamos de definirlo en términos de qué conlleva un gobierno de todos.
Al hablar de democracia, en determinado tiempo y espacio, el encuadre dentro de lo que debe ser un gobierno democrático es escurridizo y, en todo caso, se comprende mediante adjetivos y aproximaciones. Apegándonos al momento actual, dominado por democracias denominadas liberales, el marco referencial de democracia del que se puede partir es el establecido en el artículo 21 la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, donde se establece que la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público, expresada mediante elecciones auténticas periódicas y por sufragio universal, secreto e igual. Elementos similares se encuentran en la definición de la Carta Democrática de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en el artículo 3: “Son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas, y la separación e independencia de los poderes públicos”.
Como se puede observar, la problemática de la plenitud democrática se complica por sus variables aún más subjetivas: ¿qué periodicidad es democrática y cuál no? ¿Qué comprende el sufragio universal? ¿Quién determina que son elecciones libres y justas? Y, mientras más se analicen las definiciones, se tendrá más incertidumbre que certeza.
Entonces, ¿cómo hablamos de legitimidad de los gobiernos en tal o cual país? De manera similar a la frase de Oscar Wide, “la belleza está en los ojos de quien mira”, la legitimidad está en la perspectiva de quien la otorga. Los que nos recuerdan que tal o cual gobierno es democrático son determinados actores relevantes, como los medios de comunicación, las organizaciones no gubernamentales, las universidades y, por supuesto, las consideraciones de otros países.
En última instancia, la aprobación o no de la dinámica democrática en un Estado es dada por la legitimidad misma del legitimador. Si no se está de acuerdo con el medio de información, la opinión de este medio respecto de la democracia en tal o cual país es irrelevante. Por otro lado, si una organización internacional avala o no el proceso electoral, puede ser un obstáculo para la gobernabilidad al interior del país o en relación con la comunidad internacional.
En ese sentido, la observación electoral es una de las herramientas más prácticas y respetadas para que los mencionados actores tengan elementos al emitir su opinión, al tiempo que permite a las autoridades nacionales demostrar su salud democrática. La práctica consiste en la posibilidad de que personas ajenas a la contienda electoral puedan actuar como testigos de lo que ocurre durante la elección y así emitir sus impresiones, legitimando, en su caso, el proceso electoral y, por lo tanto, la democracia.
Al igual que cualquier mecanismo basado en la confianza, la menor duda puede causar daños a su legitimidad y, en última instancia, a su eficiencia.
Con los años, el ejercicio ha ido ganando aceptación en todo el mundo, pues durante la jornada electoral se encuentran presentes individuos acreditados atestiguando, en los centros de votación, el procedimiento en que los individuos son recibidos y su identidad verificada para, a continuación, emitir su elección en la boleta y, en general, observar las condiciones de libertad en que la sociedad participa de la elección.
Uno de los actores más reconocidos por su papel en atestiguar las elecciones es la mencionada OEA, que, con misiones antes, durante y después de la jornada electoral, cumple una función legitimadora bien sustentada, puesto que no se limita a los sucesos del día de la votación, sino que, además, lleva a cabo reuniones con las diferentes partes involucradas en la contienda, organizadores, partidos políticos y autoridades, los cuales le servirán para emitir sus recomendaciones.
El actuar como observador electoral es justo uno de los pilares de la OEA en la actualidad. Ha sofisticado a tal grado sus misiones de observación en Latinoamérica que sus conclusiones se han convertido en una especie de sello de garantía de las democracias, ya que van acompañadas por una serie de recomendaciones que ayudan a dar dirección a los procesos electorales posteriores. A pesar de ello, las polémicas que han envuelto a la Organización en cuanto a su papel político en la región también han dañado la legitimidad del ejercicio. La OEA ha llevado a tal grado de sofisticación en sus participaciones que ahora se asemejan a las calificadoras crediticia, como Moody´s o Fitch. Lo sucedido en 2019, en la elección presidencial de Bolivia, en donde las conclusiones de la misión de observación sirvieron de argumento para el golpe de Estado, ha generado recelo en los países sujetos de misiones de este tipo.
Al igual que cualquier mecanismo basado en la confianza, la menor duda puede causar daños a su legitimidad y, en última instancia, a su eficiencia. Es tan similar el papel de las misiones de observación al de las agencias calificadoras de crédito que sufren del mismo dolor: son fuente de desconfianza, pero a la vez no hay alternativas para ser sustituidos. Hay otras misiones de observación, así como una gran diversidad de agencias calificadoras, pero por su historia, la OEA continúa siendo la más reconocida, por lo que al menos en el mediano plazo aún estará presente cumpliendo su cuestionada tarea.
En todo caso, la legitimidad no es el único tema con la observación electoral. Si bien la clave de permitir la participación durante la jornada electoral es un acto de transparencia, el propio ejercicio de la ciudadanía ha permitido cambios, como la emisión anticipada del voto, el uso de instrumentos tecnológicos para la emisión de este, o la transmisión inmediata de los resultados. Ante estos, el ser testigo de la jornada electoral es insuficiente en cuanto a la fuente de insumos necesarios para la calificación de un proceso como democrático. Ahora el rumbo que tienen que tomar las misiones de observación debe ir un paso más allá; no son solo los derechos individuales sinónimo de libertad, también cuentan las condiciones de equidad de la contienda, las condiciones materiales para ejercer los derechos a ser votado, la obligatoriedad del voto, el respeto o la inclusión de minorías, y, sobre todo, los resultados de las autoridades electas; todos ellos elementos que también deben considerase en los juicios de lo “democrático” y nuevos retos que no han sido plenamente atendidos por los órganos encargados de organizar elecciones ni por los legitimadores.
De cualquier manera, es siempre respetable y deseable que los procesos electorales cuenten con la posibilidad de admitir observadores (tanto nacionales como internacionales) pues no dejan de ser una herramienta didáctica para conocer a fondo la dinámica electoral y poder obtener buenas prácticas que pueden permear a otras sociedades. La parte que merece una mayor discusión y estudio es sin duda la relativa a la forma en la que se utilizan los resultados de la observación. Ahora, la cuestión es cómo innovar el ejercicio para las nuevas necesidades.
RODRIGO DELGADO es Asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (Comexi). Sígalo en Twitter en @RodrigoDelMen.
