Chicago Tribune
Adolfo Aldrete Solares y Gustavo Aréchiga Ramírez
Septiembre 2021
En mayo de 2021 inició una controversia en Canadá derivada del descubrimiento de cientos de cadáveres que yacían en terrenos aledaños a internados religiosos para menores de edad de comunidades nativoamericanas, que operaron entre 1820 y 1996. El hallazgo se registró después de 21 años de búsqueda por parte de organizaciones en favor de los derechos indígenas, quienes tenían la intención de dilucidar el paradero de cientos de niños desaparecidos, el cual era poco claro y no coincidente con los testimonios de antiguos residentes del instituto, quienes relataron haber vivido maltratos y abusos, y que dicha violencia llevó a muchos de sus compañeros a la muerte. En conjunto, los activistas se movilizaron en contra de las instituciones religiosas que concentraron, acondicionaron y exterminaron a los menores internos que no acataron sus reglas y lineamientos, así como en contra del Estado canadiense por haber permitido estos actos atroces.
A principios de agosto se cerró el espacio de negociación para un acuerdo monetario de compensación entre Canadá y las víctimas sobrevivientes de la institución, una vez que se presentó una demanda colectiva. Un grupo de quince abogados, liderados por Brendan M. Miller, Consejero Especial en la firma legal Foster LLP, con sede en Calgary, realizaron la solicitud oficial a la oficina del Fiscal en Jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, para denunciar, como consecuencia del hallazgo de los cuerpos, a Canadá y a El Vaticano por el delito de crímenes de lesa humanidad, para, posteriormente, enjuiciar a estos Estados y, en su caso, solicitar la reparación del daño a las víctimas.
El descubrimiento
En mayo de 2021, se encontraron los restos de alrededor de 215 niños, de entre 3 y 15 años de edad, enterrados en el que fuera el internado indígena más grande de Canadá, la Escuela Residencial India de Kamloops, en la Columbia Británica. En palabras de la Jefa de la nación nativoamericana Tk’emlúps te Secwe̓pemc, Rosanne Casimir, el hallazgo se realizó como parte de un esfuerzo continuo, iniciado desde principios de 2000, para esclarecer y determinar el paradero final de cientos de niños desaparecidos, pues la versión oficial de que los menores habían escapado era insuficiente y contradictoria con los testimonios de los sobrevivientes. Destaca la declaración de Geraldine Bob, una de las niñas que vivió en el internado, ante la Comisión de la Verdad y la Reconciliación Canadiense, quien compartió su experiencia y relató: “Los miembros del personal empezaban a golpearte, a perder el control y a lanzarte contra la pared, arrojarte al suelo, patearte y golpearte”.
Este hallazgo daría un cierre emocional a la búsqueda de padres y familiares cercanos que desconocían el paradero de sus parientes. Además, Bob invitó a redoblar los esfuerzos de investigación, que culminarían con otros hallazgos, entre los que destacan el del 1 de junio de 2021, donde se descubrieron hasta 751 tumbas sin marcar en el Internado Indígena Marieval, en el lugar donde se encuentra ahora la nación indígena Cowessess, a unos 135 kilómetros al este de Regina, la capital de Saskatchewan. De igual forma, se descubrieron 182 restos humanos sin identificar en la escuela para niños indígenas St. Eugene’s Mission, en la Columbia Británica, el 27 de junio. En respuesta a este hallazgo y con el objetivo de honrar la memoria de las 215 víctimas encontradas en las tumbas clandestinas de la Escuela de Kamloops, la sociedad canadiense realizó diversas conmemoraciones, como la colocación de cientos de zapatos de niños en la escalera exterior de la Galería de Arte de Vancouver.
Este hallazgo daría un cierre emocional a la búsqueda de padres y familiares cercanos que desconocían el paradero de sus parientes.
A raíz de los eventos citados, diversas autoridades canadienses hicieron declaraciones al respecto. Entre ellas, destaca la del Jefa de la Asamblea de Primeras Naciones, representante de los distintos grupos originarios del país, Perry Bellegarde, quien en Twitter señaló: “Las noticias del descubrimiento de cientos de tumbas sin marcar en la primera nación cowessess es absolutamente trágico, pero no sorprendente”. El primer ministro Justin Trudeau ofreció una disculpa pública y se refirió a este descubrimiento como un “doloroso recordatorio de un capítulo vergonzoso de la historia de nuestro país”.
El 6 de junio, en Roma, el papa Francisco expresó estar dolido por el descubrimiento de los restos humanos y pidió respeto a los derechos y a la cultura de los pueblos indígenas. Además, instó a los líderes políticos y religiosos católicos canadienses a cooperar con determinación para aclarar este triste caso y a buscar la reconciliación y la curación. También, afirmó sentirse cerca del pueblo canadiense, que ha quedado traumatizado por la impactante noticia. A su vez, el 30 de junio, la Conferencia Canadiense de Obispos Católicos aseguró que el Papa se reunirá con una delegación de primeras naciones, mestizos e inuit, entre el 17 y 20 de diciembre, para discutir el papel de la Iglesia en el sistema nacional de residencias.
Antecedentes
La primera escuela residencial para niños originarios se abrió en la década de 1820, pero fue a partir de 1939 cuando empezó a operar en todo Canadá. El último de los internados dejó de operar en 1996. Estos colegios fueron creados por instituciones dirigidas por la Iglesia católica. Los miembros de dichos institutos tomaban por la fuerza y mantenían retenidos, contra su voluntad, a menores de edad de diferentes edades. Los instructores los engañaba y amedrentaban para inculcarles la “cultura blanca”, según declaraciones de varios de los sobrevivientes. Aproximadamente 150 000 niños de las primeras naciones, metis e inuit, pasaron por estas escuelas, e incluso fueron arrebatados a sus padres por la fuerza. Una vez que llegaban a los internados eran tratados con abuso físico, mental y sexual.
Un estimado de 6000 niños murieron mientras asistían a estas escuelas; los estudiantes eran acogidos en edificaciones pobremente construidas, con poca calefacción y condiciones insalubres, afirmó el directivo en retiro de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, Murray Sinclair. Estas instituciones justificaban sus acciones bajo el argumento de que su objetivo era que los estudiantes adoptaran la cultura blanca.
Por otro lado, entre 1942 y 1952, Ian Mosby, historiador de comida, salud indígena y políticas de colonialismo canadiense, descubrió que los científicos en nutrición más prominentes de Canadá llevaron a cabo investigaciones poco éticas en 1300 indígenas, incluidos 1000 niños, residentes de comunidades de Cree, en el norte de Manitoba, y en seis escuelas residenciales en Canadá. Entre las prácticas realizadas, se encontraba el darles a los niños de la escuela residencial indígena en Alberni ingesta limitada de leche por 2 años, lo suficiente para privar a los niños en desarrollo de las calorías y los nutrientes necesarios para su crecimiento. Esto resulta muy alarmante debido a que la desnutrición puede llegar a ser mortal, aunada al riesgo de enfermedades, que era comúnmente el caso en estos internados. Por último, el reporte final de la Comisión de la Reconciliación y la Verdad indica que la principal causa de muerte de los niños de las escuelas residenciales fueron daños físicos, desnutrición, enfermedades, infecciones y negligencia.
Implicaciones jurídicas
El 9 de junio de 2021, Canadá llegó a un acuerdo de compensación con un grupo de sobrevivientes de la Escuela Residencial India de Kamloops, quienes realizaron una demanda colectiva por el abuso que sufrieron por parte de los responsables de dicha institución. Conforme a este acuerdo, el gobierno proveerá 10 000 dólares canadienses a cada sobreviviente involucrado en la demanda colectiva y al patrimonio de las familias de aquellas personas que fallecieron en el colegio. Asimismo, se creará una organización sin fines de lucro por 50 millones de dólares canadienses liderada por directivos indígenas para el apoyo del bienestar y el aprendizaje cultural. Sin embargo, el acuerdo no incluye una admisión explícita de responsabilidades del gobierno. La propuesta se cerrará a comentarios de los demandantes a principios de agosto y será llevada a la Corte Federal de Justicia para su ratificación el 27 de septiembre de este año.
Por otro lado, el 3 de junio, quince abogados, entre los que destacan Jennifer Shaften, Brendan M. Miller y Flora Lee, presentaron una queja formal ante la oficina de Khan, Fiscal en Jefe de la CPI, para iniciar las investigaciones correspondientes en contra de “agentes, empleados o trabajadores del gobierno de Canadá y de la Ciudad del Vaticano” por el delito de crímenes de lesa humanidad, conforme al artículo 7 del Estatuto de Roma, párrafo 1. Su objetivo es que, en caso de que proceda dicha demanda, se enjuicie a los posibles responsables de la muerte de los 215 niños encontrados enterrados en Kamloops. De ocurrir las circunstancias idóneas, podríamos estar frente a una violación grave del Estatuto de Roma de la CPI, la que Canadá formalmente ratificó desde 2000.
Conclusión
El Derecho Internacional Humanitario es salvaguardado por la CPI, institución encargada de proteger los intereses, los derechos y las vidas de las víctimas, ante los peores crímenes de trascendencia para la comunidad internacional, los cuales no deben quedar impunes. Canadá, al ser miembro de esta instancia internacional, tiene el deber de observar y ceñirse a las medidas asumidas. Es importante recalcar que dicha Corte puede ejercer su jurisdicción penal contra todo posible acto que resulte violatorio al Estatuto de Roma.
La realidad histórico-jurídica que enfrenta este país no es un asunto menor, pues se requiere un examen exhaustivo de conciencia y compromiso para asumir su pasado que, lenta y dolorosamente, está comenzando a resurgir. Asimismo, Canadá debe comprometerse para asumir su obligación de reparar el daño moral y económico de las víctimas; más aún, responsabilizarse y, de proceder, sancionar a los presuntos responsables por el lamentable descubrimiento de cuerpos de niños en tumbas sin marcar; todo ello, para poder comenzar a sanar las heridas en el tejido social de su nación, que es a lo que el espíritu del Derecho Internacional Humanitario aspira: construir una nueva realidad más justa, pacífica y en pro del bienestar humano.
ADOLFO ALDRETE SOLARES es licenciado en Derecho por la Universidad de Guadalajara, especializado en Derecho Internacional Público. Cuenta con experiencia en la función pública y diversas publicaciones en temas jurídicos. Sígalo en Twitter en @adolfo_aldrete. GUSTAVO ARÉCHIGA RAMÍREZ es licenciado en Derecho por la Universidad de Guadalajara y maestrante en Derecho Corporativo y Desarrollo Empresarial por la Universidad Panamericana.
Tags:Canadá, Corte Penal Internacional, Crímenes de lesa humanidad, Indígenas
