Un nuevo foco de atención para la región
La Britany
Luis Enrique Benavides Sigüenza
Marzo 2021
Las recientes elecciones legislativas, municipales y para diputaciones del Parlamento Centroamericano celebradas en El Salvador tuvieron como resultado un triunfo arrollador del partido político Nuevas Ideas, que fue constituido con la intención de que el presidente Nayib Bukele pudiera contar con su propio grupo parlamentario. Si bien, los resultados han levantado expectación entre propios y extraños por la amplia brecha que ha surgido entre el partido en mención y aquellos que han regido el país durante las últimas 3 décadas, no es más que una reafirmación de la crisis que atraviesan los sistemas de partidos en muchas democracias del hemisferio occidental, y que se vuelve necesario analizar.
Un mapa político configurado a la medida
Históricamente, el espectro de derecha ha dominado con puño de hierro la Asamblea Legislativa de El Salvador, con excepción de las dos legislaturas que transcurrieron entre 2012 y 2018 en las que prevaleció una alianza estratégica integrada por el partido de izquierda y oficialista de ese entonces, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, y el partido Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA) ⸺surgido en 2010 producto de una escisión del partido conservador Alianza Republicana Nacionalista (ARENA)⸺, lo que permitió garantizar la gobernabilidad democrática de manera frágil en un país poco acostumbrado al dialogo interpartidario e intersectorial.
Sin embargo, este hecho, junto con el establecimiento de nuevos sistemas universales de protección y de un número limitado de políticas públicas basadas en evidencia, así como la paulatina ciudadanización de los partidos políticos, no fueron suficientes para que estos últimos fueran capaces de revertir la percepción pesimista que se imponía sobre fenómenos sociales indelebles, como la pobreza, la falta de oportunidades laborales, educativas y habitacionales, y la violencia social, ni mucho menos de capitalizar la indignación colectiva derivada de la impunidad persistente y la selectividad penal que venía favoreciendo tanto a algunos de sus miembros como a los criminales de cuello blanco.
Considerando que el sistema de partidos fue incapaz de reinventarse, el entonces Alcalde capitalino, Bukele, supo cómo capitalizar el enfado de sectores clave como comerciantes informales; el magisterio, las juventudes, los sindicatos, el personal médico y las fuerzas de seguridad, e incluso, la diáspora salvadoreña, mediante un discurso distanciado de las coordenadas de izquierda-derecha y de significantes vacíos como desarrollo, igualdad y equidad, que le permitió triunfar en las elecciones presidenciales de 2019, apoyándose del partido GANA como su plataforma provisional, tras una serie de obstáculos que el propio sistema le interpuso en su camino.
A falta de encuestas preelectorales, bastaba con realizar una lectura general del desempeño del gobierno de Bukele durante los primeros meses de la pandemia para deducir que el partido recién creado, Nuevas Ideas, superaría con creces la mayoría simple (43 de 84 escaños) en el Parlamento.
A pesar de la derrota en primera vuelta que sufrieron los partidos tradicionales ante un externo, continuaron ejecutando los mismos errores de comunicación estratégica e ignorando la mayoría de los insumos que recibían de parte de la sociedad civil ⸺canalizados en propuestas de leyes o en movilizaciones masivas⸺, mientras algunos de sus miembros seguían implicándose en casos de corrupción. A falta de encuestas preelectorales, bastaba con realizar una lectura general del desempeño del gobierno de Bukele durante los primeros meses de la pandemia para deducir que el partido recién creado, Nuevas Ideas, superaría con creces la mayoría simple (43 de 84 escaños) en el Parlamento.
En efecto, las encuestas de los tanques de pensamiento y las proyecciones internas de Nuevas Ideas coincidieron con los resultados. Este último obtuvo los 56 escaños (mayoría calificada) necesarios para que el Presidente y su grupo parlamentario puedan suspender las garantías constitucionales durante siniestros, aprobar la emisión de deuda, otorgar concesiones a entes privados, autorizar licitaciones de megaobras, y, sobre todo, reconfigurar el sistema de control a su medida. En relación con esto, el bukelismo tiene la oportunidad de elegir a los próximos fiscal general, procurador general, procurador para la defensa de los derechos humanos, magistrados de la Corte de Cuentas, y a un tercio de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
En este orden, similar a lo ocurrido en las legislaturas mencionadas, Nuevas Ideas ha formado una alianza estratégica con GANA que le permite alcanzar la cifra de 61 escaños, quedándose tan solo a dos de alcanzar la mayoría absoluta que es requerida para llevar a cabo reformas constitucionales. Considerando el historial de votaciones del pleno legislativo durante la pandemia, y el alto nivel de fragmentación dentro de los partidos tradicionales de derecha, es razonable asumir que los dos votos que requerirá el oficialismo para impulsar las reformas constitucionales que desee provendrán de las bancadas de ARENA, el Partido de Concertación Nacional o del Partido Demócrata Cristiano.
Las prioridades de país, un ángulo ciego para los reflectores
Más allá de la incertidumbre que genera la “aplanadora cian” dentro de los círculos de pensamiento, el presidente Bukele cuenta con una oportunidad histórica para impulsar las grandes transformaciones sociales que la sociedad salvadoreña ha exigido por mucho tiempo, y que ni la propia izquierda democrática fue capaz de materializarlas a cabalidad en su momento. Esto tendría que servir de motivación para abordar con responsabilidad los temas más apremiantes para el país, como la reforma fiscal y del sistema de pensiones, el manejo de la deuda pública, la optimización de los servicios públicos, así como la gestión ambiental y de seguridad pública, y el fortalecimiento de la administración pública.
En relación con la reforma fiscal y el sistema de pensiones, será indispensable que el actual gobierno establezca una serie de mecanismos adecuados de los que puedan ser partícipes el sector privado, los trabajadores y la sociedad civil ⸺que suele aportar valor técnico a las discusiones⸺, con el propósito de elaborar propuestas integrales que garanticen la igualdad material para los grupos vulnerables, evitando violentar la seguridad jurídica, afectar el clima de inversiones y desfinanciar el sistema de pensiones como consecuencia de una reforma fortuita y mal implementada. No obstante, queda en el aire si el bukelismo aceptará retomar los consensos previamente alcanzados, y, por ende, respaldará el descongelamiento del dialogo tripartito entre el ejecutivo, las gremiales y los principales tanques de pensamiento.
Con respecto al manejo de la deuda pública y la optimización de los servicios públicos, desde el estallido de la pandemia de covid-19, El Salvador se ha convertido en uno de los países de la región que más han visto reducido su margen fiscal (una deuda equivalente al 85.8% del PIB de acuerdo con el Ministerio de Hacienda), ocasionando que el Estado salvadoreño atraviese hoy por una fuerte crisis de liquidez, y que a medida que transcurra el tiempo cuente con menos margen de maniobra para negociar con la banca de desarrollo la financiación de su cartera de proyectos, que pretende ampliar el acceso a la educación, la salud, el agua potable y la energía, así como elevar la moral de las fuerzas de seguridad y prevenir la violencia, y modernizar las instituciones, el sistema de transporte y la infraestructura pública.
A modo de ejercicio, vale la pena señalar que el extinto Consejo Nacional de Educación concluyó en 2016 que el Estado salvadoreño debía contar hasta esa fecha con un presupuesto anual de 1256 millones de dólares para satisfacer las necesidades mínimas en todos los niveles y modalidades, reparar y modernizar la infraestructura escolar, y dignificar al magisterio, entendiéndose como la contratación de nuevos docentes, la nivelación salarial y la formación continua. Por su parte, el extinto Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia estimó en 2015 que el plan de seguridad de esa época requería de un presupuesto quinquenal de 2100 millones de dólares para prevenir la violencia, combatir el crimen, atender y proteger a las víctimas, y fortalecer a las instituciones de justicia. Cabe mencionar que, el Presupuesto General de la Nación vigente asciende a más de 7453.5 millones de dólares, de los cuales alrededor de 1342.5 millones aún no se tiene certeza de dónde procederán, dada la fuerte caída de los ingresos tributarios resultante de la pandemia.
La brecha existente entre las estimaciones anteriores ⸺que podrían considerarse desfasadas ante la coyuntura sanitaria⸺ y el estado actual de las finanzas públicas permiten deducir que el oficialismo ejercerá una labor titánica para atender las prioridades de país y mitigar la paulatina desilusión de su electorado, lo que pondrá a prueba el liderazgo del presidente Bukele, la credibilidad técnica de su gabinete y las competencias de los miembros de la nueva legislatura. Esta situación podría conducir a que el bukelismo impulse una “descajanegrización” gradual del sistema con el fin de conservar la confianza política que le ha sido depositada, o, por el contrario, preservar su momentum mediante un replanteamiento constante de su estrategia de comunicación.
2024: la primera evaluación a la vuelta de la esquina
En consonancia con lo anterior, el proceso electoral de 2024 en El Salvador abrirá un abanico de posibilidades que podría contemplar desde un punto de inflexión sistémico hasta la recapitalización del eventual desgaste del electorado. Aludiendo al primer aspecto, se plantean dos escenarios: el primero consistiría en la consolidación de un régimen democrático genuino, que permita que la mayoría de los insumos recibidos de la población se transformen en productos; mientras que, el segundo, radicaría en el establecimiento de un régimen hibrido con tintes caudillistas y oclocráticos persecutor de las principales voces disidentes. Asimismo, hay la posibilidad de un tercer escenario que contemplaría el surgimiento de nuevas figuras que cuenten con las capacidades suficientes para recapitalizar el eventual desgaste del partido oficialista.
Mientras no haya certeza que primará el Estado de derecho en el país, el gobierno de Joseph R. Biden seguirá manteniendo en remojo la relación bilateral y ejerciendo, a su vez, como último control frente al bukelismo.
Indistintamente del escenario que acabe consumándose, definirá de forma paralela asuntos subregionales, como la reactivación del dialogo político entre los mandatarios centroamericanos que es ineludible para garantizar la efectividad del proceso de integración ⸺del cual El Salvador ha sido por tradición de política exterior su principal promotor⸺, la respuesta conjunta para atender la migración irregular del Triángulo Norte de Centroamérica, y el papel salvadoreño como cabeza de puente de Estados Unidos en el istmo. De igual manera, mientras no haya certeza que primará el Estado de derecho en el país, el gobierno de Joseph R. Biden seguirá manteniendo en remojo la relación bilateral y ejerciendo, a su vez, como último control frente al bukelismo.
En definitiva, la asunción del presidente Bukele y el triunfo de Nuevas Ideas ha dado por concluido el ciclo político de la posguerra en El Salvador, y ha traído consigo un nuevo “ismo” a una región que, desde los últimos años, observa con más recelo a este tipo de movimientos que tienden a dar vía libre para que un apellido particular termine concentrando el poder. Recientemente, Luis L. Schenoni y Andrés Malamud propusieron desde una perspectiva regional que “si la estructura tira para abajo, hay que compensarla con agencia”; sin embargo, antes que los sectores divergentes con el oficialismo intenten algo parecido en El Salvador, considero pertinente que reflexionen primero sobre cómo debería ser su nuevo papel en el presente ciclo, el cual les permitiría salir del agujero que han cavado para sí mismos o dar paso para que nuevos agentes ejerzan un contrapeso genuino a un flamante bukelismo.
LUIS ENRIQUE BENAVIDES SIGÜENZA es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad de El Salvador (UES) y maestrando en Criminología por la Universidad Tecnológica de El Salvador.
Tags:El Salvador, Elecciones, Nayib Bukele, Reformas constitucionales
Excelente artículo del colega.