9 noviembre, 2020 • Artículos, Portada, SRE • Vistas: 4131

 Maximiliano Reyes Zúñiga y María Teresa Mercado Pérez 

Noviembre 2020

Una colaboración de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México

La Bolivia de hoy es muy diferente a la de hace un año. Hoy tenemos la claridad que nos brinda la retrospectiva para evaluar de nuevo la respuesta internacional, enfatizando la de México. Las elecciones del 18 de octubre de 2020 dieron una victoria contundente a Luis Arce Catacora y David Choquehuanca del Movimiento al Socialismo (MAS). De acuerdo con los resultados oficiales publicados por el Órgano Electoral Plurinacional, el MAS obtuvo 55.1% de la votación, más de 20% por arriba de Comunidad Ciudadana, segundo contrincante. Se trató de una jornada electoral histórica en la que los ciudadanos dieron muestra de madurez política. Los resultados de estas elecciones invitan a reflexionar sobre lo sucedido en el último año y la actuación de México al conceder asilo al expresidente Evo Morales, al propio Arce Catacora y a varios altos funcionarios, honrando con ello una de las más importantes tradiciones diplomáticas mexicanas.

Un quiebre democrático: la crisis de 2019

En octubre de 2019, después del anuncio de los resultados de las elecciones que dieron el triunfo al expresidente Morales en la primera vuelta con 47.08% de los votos y una diferencia de 10.57% frente a Carlos Mesa, se generaron movilizaciones en algunas ciudades que se extendieron rápidamente a prácticamente todo el país. Estas movilizaciones estuvieron motivadas por la suspensión de la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares y por las denuncias de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en el sentido de que se habían detectado “irregularidades” en el conteo de los votos y que aumentaron la idea de un supuesto fraude.

El gobierno del MAS trató de calmar los ánimos, solicitando a la propia OEA un Análisis de Integridad Electoral mediante una Misión de Observación. Comunidad Ciudadana rechazó la propuesta y, con ello, abandonó su demanda de una segunda vuelta, exigiendo la renuncia del Presidente. A pesar de los esfuerzos del gobierno, que convocó a una mesa de diálogo, la situación se deterioró. El Presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, exigió la renuncia de todo el gobierno y propuso que una junta de notables asumiera la dirección del Estado con la misión de llamar a elecciones, dando un ultimátum a Morales e iniciándose al mismo tiempo un motín policial en las principales ciudades del país.

Los resultados de estas elecciones invitan a reflexionar sobre la actuación de México al conceder asilo al expresidente Evo Morales, al propio Arce Catacora, honrando con ello una de las más importantes tradiciones diplomáticas mexicanas.

Para el 10 de noviembre de 2019, las fuerzas armadas habían anunciado que no se enfrentarían al pueblo boliviano. Por otro lado, la OEA señalaba “contundentes” irregularidades que obligaban a la anulación de las elecciones, comenzando así las renuncias de la mayoría de los funcionarios del gobierno, incluidos alcaldes y gobernadores.

A pesar de que el presidente Morales aceptó convocar a nuevas elecciones –a lo que México dio la bienvenida al considerarlo muestra de su deseo de contribuir a la estabilidad del país– las fuerzas armadas “sugirieron” su renuncia. Esto propició su salida y asilo en México, así como la de sus principales colaboradores, generando un vacío de poder.

La senadora Jeanine Áñez, opositora de un partido minoritario, se autoproclamó Presidenta interina. Debido a que los puestos en la línea de sucesión presidencial estaban desocupados, se requirió una interpretación de la Constitución que finalmente avalaron el Tribunal Constitucional y las fuerzas armadas. Lo que sería una gestión de pocos meses con dos objetivos muy claros –la pacificación del país y la convocatoria a elecciones–, terminó siendo de un año. Áñez asumió el doble papel de Presidenta interina y candidata, aspiración que abandonó al ver que las encuestas no le favorecían.

Consideraciones analíticas sobre el orden constitucional en Bolivia

Merece mención aparte el debate en torno a la actuación de las fuerzas armadas en la salida de Morales del poder y sus implicaciones respecto del orden constitucional vigente en ese momento. Para México, como bien lo señaló el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, el 11 de noviembre de 2019 en Bolivia hubo una ruptura del orden constitucional y, por lo tanto, “un golpe, porque el ejército pidió la renuncia del Presidente y eso violenta el orden constitucional en ese país”.

Esta posición recuerda a otras que México defendió en el pasado. El mensaje principal es claro y categórico: en una democracia, las fuerzas militares deben estar supeditadas a la autoridad civil. En ese mismo sentido, diversos analistas han calificado lo sucedido en Bolivia como golpe de Estado. Andrés Malamud, investigador del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Lisboa, señala que “un golpe de Estado es la interrupción inconstitucional de un jefe de gobierno por parte de otro agente estatal y, en Bolivia, se interrumpió el mandato del Presidente; no hubo destitución parlamentaria, sino una renuncia forzada por una “sugerencia”, y las fuerzas armadas fueron las que terminaron de definir la situación. Además, el accionar militar no se justifica por las irregularidades detectadas por la OEA porque Morales ya había acatado el informe y convocado nuevas elecciones”.

Por su parte, Juan Negri, docente en la Universidad Torcuato Di Tella y de la Universidad de San Martín, indica que se trata de un golpe por la renuncia de un Presidente en la que intervienen los militares. Federico Merke, profesor de la Universidad de San Andrés, destaca que se trató de “un hecho fáctico, violento, que rompe el Estado de derecho al desplazar de manera ilegal a quien ejerce la autoridad presidencial. (…) Quizá no es un golpe ‘clásico’ (…), pero sí lo es en la ruptura abrupta de la autoridad presidencial por vías no institucionales”.

El asilo a posteriori: la actuación de México

El derecho de asilo conlleva un profundo sentimiento humanitario. El concepto, desarrollado, reglamentado y perfeccionado en Latinoamérica, se ha convertido en una de las instituciones de mayor prestigio del Derecho Internacional Americano. En 1948, cuando la Organización de las Naciones Unidas adopta la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, el texto final incluye la figura del asilo político.

México, congruente con su tradición diplomática, ha reconocido y practicado el asilo en numerosas ocasiones, con estricto apego a las convenciones de las que forma parte: La Habana de 1928; Montevideo de 1933, y las de Caracas de 1954, mismas que codifican el derecho consuetudinario y cuyos preceptos han sido recogidos en nuestra legislación.

Como señala el embajador Juan Manuel Gómez Robledo: “En la tradición mexicana, no caben buenos y malos candidatos al asilo y al refugio, pues una distinción de esta índole sería contraria al espíritu de una institución eminentemente humanitaria”. En sus textos, nos recuerda sus características principales: el asilo se concede sin discriminación y sin preferencia política. Además, su concesión se finca en el Derecho Internacional consuetudinario y en ningún modo implica una injerencia indebida en asuntos internos del país de origen, en conformidad con la Doctrina Estrada.

En el caso de Bolivia, tras presentar su renuncia a la presidencia, Morales solicitó la protección del gobierno mexicano. Ante la evidencia de que su integridad física y su vida corrían peligro, así como la de varios de sus colaboradores cercanos, se decidió otorgarles asilo político.

El Secretario de Relaciones Exteriores declaró en su momento: “La Cancillería mexicana ha decidido concederle asilo político al señor Evo Morales por razones humanitarias y en virtud de la situación de urgencia que se enfrenta en Bolivia, donde su vida y su integridad corren riesgo”. A partir del sábado 9 de noviembre de 2019, la embajada de México recibió más de 45 solicitudes de asilo, brindándoles protección a todos por considerar que se encontraba en peligro su vida o su integridad física. Además de evaluar caso por caso, el riesgo se confirmó con las amenazas de funcionarios del gobierno transitorio.

Varios solicitantes desistieron debido a motivaciones personales, algunos de ellos ya con salvoconducto, quedando al final 14 personas asiladas en la Residencia Oficial de México. Días después de haberles otorgado el asilo a esas personas y de haber solicitado los salvoconductos, el gobierno de Bolivia comunicó a la embajada las órdenes de aprehensión de algunos de ellos, impidiendo que pudieran abandonar el país. Los asilados enfrentaron entonces un fuerte hostigamiento policial y militar, incluyendo vigilancia de la Residencia desde la calle, los cerros contiguos y por vía aérea, en acciones que incluso intimidaron al personal de la embajada.

A pesar de que el asilo no debe ser considerado como intervención en los asuntos internos de un país, el gobierno interino de Bolivia lo interpretó de esa manera, tensando las relaciones bilaterales al grado de declarar a la embajadora de México en Bolivia como persona non grata. Ni en los momentos más oscuros de las dictaduras militares en la región, cuando México otorgó asilo diplomático a un sinnúmero de chilenos, uruguayos, argentinos, nicaragüenses y de otras nacionalidades, se dio un caso similar. Todo esto ocurrió días después de que nuestro país anunciara que recurriría a la Corte Internacional de Justicia para que cesaran los actos de hostigamiento, violatorios de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. En ese sentido, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que México otorgó la condición de asilados a los nacionales bolivianos antes de que se liberaran órdenes de aprehensión contra ellos, resaltando que si esas personas se entregaran a las autoridades bolivianas se estaría atentando contra el derecho de asilo.

Reflexionar el pasado para trazar el futuro

Ha pasado un año desde los acontecimientos en Bolivia. Un año de la concesión de asilo a hermanas y hermanos bolivianos cuyas vidas e integridad corrían peligro. Un año de grandes retos para el trabajo diplomático por la actitud hostil del gobierno de ese país que dificultó toda gestión de la embajada mexicana.

Con el tiempo, y con la claridad que nos ofrece la retrospectiva, tenemos la certeza de que México actuó a la altura de la situación. Haber rescatado a Morales, al ahora presidente Arce Catacora y a los demás miembros de su gabinete, es haber escrito un capítulo importante en la historia de Latinoamérica.

El asilo ha sido una institución que le ha brindado a nuestro país prestigio y ha sido un gran orgullo para su política exterior. México actuó con base en sus principios y en las convenciones internacionales que lo sustentan y que forman parte integral del compromiso de nuestro país con el respeto, la promoción y la defensa de los derechos humanos y la democracia en el exterior.

A pesar de fallos graves de las instituciones interamericanas o la persecución a nuestros diplomáticos, México continuará en el futuro como un Estado solidario.

La contienda electoral del 18 de octubre de 2020 ha marcado un antes y un después en Bolivia, no solo por haberse desarrollado de manera ejemplar, sino por los resultados que muestran claramente en las urnas lo que el pueblo boliviano desea y que pone en entredicho el trabajo de las misiones electorales, en particular aquella organizada por la OEA, misma que México denunció como prematura y que generó “inestabilidad, violencia y desorden constitucional en Bolivia” en 2019.

Hoy la relación de México con Bolivia inicia un nuevo ciclo. Tenemos una plataforma de mayor entendimiento que permeará positivamente en nuestra agenda bilateral y multilateral, no sin antes dar vuelta a la página de las asignaturas pendientes, como es el caso de los asilados que aún permanecen en la Residencia Oficial de México en La Paz. No cesaremos nuestros esfuerzos para priorizar las mejores causas de la humanidad, traducidas en uno de los timbres de orgullo de nuestra política exterior: la tradición del asilo. A pesar de fallos graves de las instituciones interamericanas o la persecución a nuestros diplomáticos, México continuará en el futuro como un Estado solidario que mantendrá sus puertas abiertas para quienes, por diversas circunstancias, se ven obligados a abandonar sus países.

MAXIMILIANO REYES ZÚÑIGA es Subsecretario para América Latina y el Caribe en la SRE de México. Es licenciado en Economía, maestro en Gestión Pública Aplicada y doctorando en Administración Pública. Fue Diputado Local en la Ciudad de México, donde encabezó el Comité de Asuntos Internacionales de la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF). Sígalo en Twitter en @maximilianoreyz. MARÍA TERESA MERCADO PÉREZ es Embajadora de México ante el Estado Plurinacional de Bolivia. Es miembro del Servicio Exterior Mexicano (SEM) de carrera desde 1982, ha desempeñado diversos cargos tanto en el exterior en las embajadas de México ante Canadá, Francia, Argentina, Dinamarca y el Reino de Bélgica-Gran Ducado de Luxemburgo y en la Misión ante la Unión Europea, como en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en las Direcciones de Asuntos Diplomáticos, Tratados, Protocolo y Promoción Económica con América Latina y el Caribe. Ha sido condecorada por los Reinos de Dinamarca y de Países Bajos con la Órden de Daneborg y de Orange Nassau Sígala en Twitter en @mtmercado2002.

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