AP-Jim Watson
Wilda Western
Octubre 2015
Dos temas ocupan la atención del presidente Abdel Fattah Al Sisi: el control del yihadismo y el llamado a elecciones parlamentarias para encauzar el país hacia la normalidad institucional después del derrocamiento el 3 de julio de 2013 del presidente electo Mohamed Morsi de la Hermandad Musulmana. En la lucha contrainsurgente, doce personas -ocho de ellas de nacionalidad mexicana- que realizaban un recorrido turístico perdieron la vida por un ataque aéreo de fuerzas de seguridad egipcia el pasado 13 de setiembre. Ni el intercambio diplomático ni las versiones no oficiales posteriores aclaran las razones que llevaron a confundir a un grupo de turistas con uno de insurgentes, así como tampoco que estos se hallaran en una zona restringida. En cuanto al segundo desafío, con un retraso de seis meses comenzaron las campañas para la primera fase de la elección parlamentaria y la segunda está prevista para noviembre.
Lo que está en juego es el afianzamiento de un remozado proyecto autoritario liderado por Abdel Fattah Al Sisi, que fue jefe del ejército y ministro de defensa hasta que renunció para presentarse a las elecciones realizadas en mayo de 2014. Contendió contra un solo candidato y obtuvo el 96.9% de los votos emitidos por el 47.5% de la población en condiciones de votar que participó de las jornadas electorales. Sin embargo, las condiciones de posibilidad del nuevo régimen se construyeron durante y después del golpe militar. Influyeron en el camino elegido la polarización política y el fortalecimiento de las posiciones adversas a un gobierno islámico, como se evidenció tanto en las multitudinarias manifestaciones a favor de la revocación del mandato del presidente electo en 2012, como en la persistente dirección de los militares en el diseño y en la reforma de las instituciones de la transición desde 2011.
En la hoja de ruta para el futuro político presentada por los militares el 3 de julio de 2013, junto al nombramiento del presidente del Tribunal Supremo Constitucional Adli Mansur como presidente interino, se anunció la suspensión de la constitución de 2012 así como la formación de una comisión para su enmienda. Un cuerpo de 10 juristas preparó la lista de artículos a ser enmendados y posteriormente una comisión revisora de 50 miembros elaboró el texto final. Pese a que la comisión fue incluyente -contaba con políticos, intelectuales, sindicalistas y representantes de organismos del Estado, de al-Azhar así como de las iglesias copta y evangélica- excluyó a los islamistas con la excepción de un salafista del partido Nur. El texto constitucional fue sometido a referéndum y aprobado a mediados de enero de 2014.
Por otro lado, la vida parlamentaria ha sido, cuando menos, azarosa. La Asamblea del Pueblo (Cámara baja) electa a finales de 2012 e inicios de 2013, compuesta mayoritariamente por islamistas de la Hermandad Musulmana y salafistas del partido Nur, fue disuelta el 12 de junio de 2013 cuando el Tribunal Supremo Constitucional emitió el fallo de inconstitucionalidad de los artículos de la ley electoral que habían permitido que los candidatos con filiación partidaria se presentaran como independientes, disminuyendo así la tercera parte de los escaños reservada a estos últimos, situación que había motivado la solicitud de impugnación del acto electoral. La presidencia de Morsi comenzó solo con el Consejo de la Shura (Cámara alta), dispersado cuando los militares tomaron el poder en 2013. Desde que lo asumió, el actual Presidente ha ejercido las funciones del poder ejecutivo y legislativo, asesorado por el comité para la reforma constitucional y legislativa, creado ad hoc el 16 de junio de 2014 para preparar proyectos de ley y decretos promulgados por el presidente o por el primer ministro. Toda la legislación emitida desde el gobierno interino será sometida a consideración del Consejo de Representantes una vez que asuma sus funciones.
Respecto a las elecciones parlamentarias, cuyo proceso ya inició, la última ley electoral modificó el sistema de bicameral a unicameral así como la integración del Consejo de Representantes (antes Asamblea del Pueblo). De los 596 diputados, 448 serán elegidos de entre los candidatos independientes, 120 provenientes de las listas partidarias y 28 por nominación presidencial. El diseño representa la inversión del sistema anterior, que otorgaba las dos terceras partes a las candidaturas de los partidos y una tercera parte a los independientes. En este escenario, los potenciales apoyos al régimen podrían venir del sector no partidista así como de la alianza «Por el amor de Egipto» -una de las seis listas aprobadas para contender por los escaños parlamentarios- que goza de la preferencia del presidente puesto que atiende su llamado a formar una única fuerza de convergencia nacional. El resultado de esta reingeniería electoral será puesto a prueba en los próximos meses. Propone no solo la búsqueda del apoyo popular al gobierno, sino también la despolitización del cuerpo legislativo, reducir el disenso y quizás propicie el regreso de figuras del antiguo régimen.
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En otro terreno, aunque la agenda de cambio involucraba transformaciones económicas y sociales, la estabilidad política y la seguridad han concentrado la atención gubernamental. Parte de la ofensiva se dirige a aquietar los reclamos de la sociedad civil. La ley de protesta de 2013 condiciona los derechos a la reunión y a la manifestación pública, por lo que el reciente perdón presidencial a 100 prisioneros políticos no disminuye la criminalización del disenso. Otro ejemplo es la investigación sobre el financiamiento de las ONGs, en especial para perseguir aquellas que pudieran funcionar con fondos de la ilegalizada Hermandad Musulmana, que se ha extendido hacia aquellas con supuesto financiamiento externo y que ha conducido tanto al cierre de asociaciones como a la intervención en los asuntos internos de las mismas.
No obstante, la principal amenaza la representan los grupos yihadistas, en particular el grupo Ansar Bayt al-Maqdis fundado en 2011. Este grupo alcanzó mayor visibilidad al declararse aliado del Estado Islámico en noviembre de 2014 y autonombrarse «Provincia del Sinaí», aunque en sus orígenes se identificaba y tenía vínculos con al-Qaeda. El grupo operaba básicamente en el Sinaí y muchas de sus acciones estaban dirigidas contra Israel. Desde el derrocamiento de Mohamed Morsi en 2013, el grupo incrementó su actividad y se ha adjudicado atentados en El Cairo, en el Delta del Nilo y en Matruh. Es responsable de numerosos ataques a las fuerzas de seguridad, como asesinatos de soldados y policías en los puestos de control, así como de actos de destrucción de gasoductos. Parece ser el más equipado y numeroso de los grupos armados. De más reciente formación son Aynad Misr en enero de 2014, localizado en el Gran Cairo, y el Movimiento Aliado de Resistencia Popular en enero de 2015, que reúne a grupos que actúan en distintas partes del país.
La existencia de grupos islamistas radicales en Egipto no es nueva pero se abrió una nueva etapa desde los días de la revuelta que puso fin al gobierno de Hosni Mubarak. El recurso a la violencia aumentó considerablemente desde 2013, probablemente al evaluar que existen mejores condiciones para intensificar sus actividades contra el Estado egipcio, y el número de atentados se elevó considerablemente en 2015. De acuerdo con el Tahrir Institute for Middle East Policy, en el transcurso de 2015 se han registrado 721 ataques mientras que fueron solo 155 en el mismo periodo en 2014 y 36 en 2013. Probablemente las acciones más impactantes fueron las del 1 de julio de 2015 con una serie de ataques coordinados en la provincia Sinaí del Norte sobre la capital Arish, a la vez que la ciudad de Sheikh Zuweid y zonas aledañas fueron ocupadas durante horas. Hasta el repliegue debido a los ataques aéreos de las fuerzas militares egipcias, los milicianos ejecutaron a residentes, mataron a policías y a más de 60 soldados y lanzaron ataques suicidas contra unos 20 puestos de control. Al uso extenso del terror se suma el acceso corriente a armamento proveniente de Libia desde que en aquel país se extendió la confrontación armada.
En contrapartida, el Estado egipcio ha respondido con operativos, arrestos, ataques aéreos y en terreno en el Sinaí y otras partes del país. Relaciona a todos los grupos yihadistas con la Hermandad Musulmana como si fueran parte del mismo problema, al mismo tiempo que encarcela y condena a muerte a integrantes de aquella organización. La ley antiterrorista, aprobada el pasado 15 de agosto, no es necesariamente el mejor instrumento para fortalecer la estrategia de contrainsurgencia. En el texto destacan la ambigüedad en la definición de terrorismo así como la obligación de la prensa de atenerse a los reportes oficiales a riesgo de ser penalizados con multas o prisión, por lo que se prevé laxitud en su aplicación y mayor opacidad en las acciones del Estado.
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La estrategia contrainsurgente egipcia, más allá de los aciertos, se desarrolla para distintas audiencias y con distintos objetivos. Fortaleció su relación con Israel al aislar a Gaza mediante la destrucción de túneles y con el cierre del paso fronterizo de Rafah. El bombardeo de bases del Estado Islámico libio en febrero de 2015 como respuesta a la decapitación de 21 ciudadanos egipcios raptados en Libia muestra la decisión de ampliar sus acciones en contra del yihadismo de la región más allá de las alianzas con los países afines del Golfo Pérsico. De hecho, en la política de alianzas se observa igual autonomía en el acercamiento de Egipto a Rusia. Además, debido a la transnacionalización y capacidad bélica de los grupos insurgentes, el gobierno egipcio promueve que Estados Unidos y la Unión Europea sigan garantizando equipamiento militar y cooperación en asuntos de seguridad, ayuda que disminuyó con el embargo pero no cesó.
La búsqueda de consolidación del gobierno de Abdel Fattah Al Sisi a través de la reconfiguración institucional doméstica y asegurar que Egipto sea aceptado como actor estratégico en la lucha contrainsurgente en la región de Medio Oriente son los retos principales de Egipto. Este es el contexto del ataque al grupo de turistas mexicanos y de las acciones diplomáticas posteriores orientadas a cerrar el expediente con la indemnización del gobierno egipcio a los familiares de las víctimas sin afectar, en la medida de lo posible, las relaciones comerciales que Egipto mantiene con México desde finales de la década de los noventa.
WILDA WESTERN es profesora e investigadora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, plantel Cuautepec. Es maestra y doctora en Estudios de Asia y África, especializada en Medio Oriente, por el Colegio de México.
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