Carlos M. Ahumada
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Latinoamérica siempre ha sido una región fascinante. Cuando alguien se acerca a esta parte del mundo no puede evitar sentirse apasionado al darse cuenta de lo interesante que han sido sus procesos políticos, económicos y socia-les. A pesar de toda la literatura al respecto, existía un vacío en la investigación sobre el lugar de los derechos humanos en la política exterior latinoamericana. Hoy, gracias al trabajo coordinado por Natalia Saltalamacchia, investigadora del Departamento de Estudios Internacionales del itam, y por Ana Covarrubias, investigadora del Centro de Estudios Internacionales de El Colegio de México, se ha dado un primer paso para el desarrollo de futuros estudios de la materia. Derechos humanos en política exterior. Seis casos latinoamericanos es un proyecto impulsado por el Centro de Estudios y Programas Interamericanos del itam que se propone analizar la región con un enfoque innovador. Utilizando experiencias nacionales empíricas abordadas desde dos niveles de análisis (el nivel estatal y el sistémico), se le proporciona al lector una fotografía general de la situación del continente americano en la formulación de la política exterior relativa a los derechos humanos. Los seis casos abordados por distintos expertos son Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Nicaragua. Es importante mencionar que, a pesar de las diferencias específicas en cada uno de estos países, se encuentran coincidencias que permiten hacer generalizaciones válidas para toda la región.
El primero de estos puntos de convergencia es la necesidad de legitimación o de consolidación que han tenido los gobiernos en vías de ser democráticos. Por ejemplo, como se plantea en el caso de Argentina, su política exterior en materia de derechos fundamentales fue utilizada, según Francisco Corigliano, como vehículo para proteger a la naciente democracia. Por ello, su posición frente a casos de violaciones de derechos humanos en otros Estados resulta fundamental para comprender lo que ha sido su estrategia, tanto interna como externa, a lo largo de estos años.
Chile también ha sentido la necesidad de alcanzar prestigio internacional. Se analizan detenidamente los períodos presidenciales de los últimos 20 años, se revisa el incremento de la participación de las ONG y se aborda el punto de inflexión que representó para el gobierno chileno la situación de extradición del dictador Augusto Pinochet. En esta sección, se deducen los factores que han motivado al gobierno chileno a actuar de determinada manera en política exterior y derechos humanos. El caso de Colombia resulta complejo de analizar por las condiciones internas del país. Sandra Borda, la autora de este capítulo, hace referencia al estatus de ratificador estratégico del gobierno colombiano que se ha fundamentado principalmente en evitar una crítica por parte de la comunidad internacional hacia las violaciones a los derechos humanos dentro de su territorio, y contrasta el bajo costo de no cumplir con la normatividad internacional con el alto costo de no firmar los tratados. En este mismo contexto, se hace notar el doble discurso de los gobernantes que, por un lado, apoyan enérgicamente un mayor compromiso de todos hacia los derechos individuales dentro de los foros internacionales, pero al volver a casa se encuentran con muchos asuntos por resolver.
Reforzando la tesis de la necesidad de apoyo externo mediante métodos diplomáticos, en el artículo sobre México, Natalia Saltalamacchia y Ana Covarrubias señalan la tendencia gubernamental de delegar la responsabilidad de la protección de los derechos humanos a los organismos internacionales con el fin de evitar futuros abusos por parte de las autoridades.
Al integrar lo anterior a los factores de formulación de política exterior, se encuentran otros temas de coincidencia. Por un lado, el constante miedo a que las grandes potencias pudieran utilizar los mecanismos internacionales en la materia como excusa para la injerencia ilegítima en asuntos internos. Por el otro, una necesidad de aliarse a los lineamientos impuestos por Estados Unidos o distinguirse de ellos. Así, en su actuar diplomático, México siempre enarboló la bandera de la soberanía y la no intervención, producto de sus procesos históricos. A diferencia de los argentinos, las élites nicaragüenses, según el momento histórico del país, tuvieron que depender de Estados Unidos debido a presiones económicas y políticas, como el apoyo a ciertos grupos (el caso de los contras y de los gobiernos sandinistas). Siguiendo la misma línea, en el artículo sobre Brasil, se desarrolla la tesis de cómo es que éste ha sido un gobierno que tradicionalmente se resiste al desarrollo del derecho internacional, en materia de derechos humanos, por un rechazo a la intervención internacional en su política interna. Sin embargo, Par Engstrom propone un interesante cuestionamiento, pues Brasil está teniendo una importancia cada vez mayor en el sistema internacional y el que no acepte las concepciones de derechos humanos previamente establecidas lleva a preguntarse, ¿qué papel desempeñará: de occidental liberal, de mediador Norte-Sur o de país tercermundista?
El libro permite, finalmente, percibir que si bien existen coincidencias entre los países estudiados, el trato otorgado a las ONG, la inserción en los procesos de globalización, el compromiso para elevar a rango constitucional los tratados internacionales, la situación geográfica y los intereses particulares han sido distintos, lo que hace una diferencia en la transición hacia una vigilancia más eficaz para salvaguardar los derechos del hombre. Sin lugar a dudas, este libro nos conduce por un camino en el que la utilización de las políticas referentes a los derechos fundamentales para determinar estrategias y posiciones internacionales por parte de los gobiernos latinoamericanos proporciona una nueva luz para entender las relaciones internacionales de la región.
