Cuatro claves para entender la corrupción en Latinoamérica

31 octubre, 2016 • Artículos, Latinoamérica, Portada • Vistas: 2029

DIEGO SIMÓN SÁNCHEZ  / CUARTOSCURO

DIEGO SIMÓN SÁNCHEZ / CUARTOSCURO

avatarDefault  Juan Cruz Vieyra

Octubre 2016

A la luz de los múltiples escándalos de corrupción en años recientes, parecería que la corrupción es endémica en Latinoamérica y que la situación empeora. ¿O en realidad la corrupción siempre ha existido, pero ahora está saliendo a la luz? Independientemente de la interpretación que se haga, lo cierto es que los ciudadanos de la región están indignados con el manejo espurio de los recursos públicos. Según la encuesta Latinobarómetro 2016, la corrupción es percibida como uno de los principales problemas en trece países de la región, y en cuatro de ellos —Bolivia, Brasil, Chile y Perú— es uno de los dos mayores problemas que impacta la población.

Algo indiscutible es que las crisis institucionales ocurrieron con indiferencia a la posición en los rankings de gobernanza que publican los think tanks, las universidades y otras organizaciones que miden la fortaleza institucional y la transparencia de los países. Sociedades con elevados índices de transparencia y baja percepción de corrupción, como es el caso de Chile, también han sido víctimas de esta ola de escándalos. Por ello, sin perjuicio de los análisis contextualizados que se puedan hacer para cada caso, en este artículo presento cuatro factores que ayudan a entender lo que está ocurriendo.

1. Las reformas de los sistemas judiciales están dando sus frutos

Las reformas de los sistemas judiciales que los países de Latinoamérica y el Caribe han llevado a cabo en los últimos 20 años han permitido que, en muchos casos, la lucha contra la impunidad pase del dicho al hecho. Más allá de que aún existen grandes desafíos, la existencia de fiscales independientes y la modernización de las instituciones que encabezan los sistemas de justicia en varios países de la región son elementos claves para explicar el creciente procesamiento de funcionarios del gobierno y ejecutivos de negocios de alto nivel. En algunos casos, estos episodios están siendo aprovechados para sancionar a los responsables de conductas ilícitas, y para reforzar las instituciones.

Por ejemplo, desde fines de 2014 en Chile, producto de la efectividad del sistema de justicia, salieron a la luz pública una serie de casos de corrupción, caracterizados por una interrelación perniciosa entre dinero y política. Estos casos, aún en proceso de investigación judicial, incluyen posible tráfico de influencias, fraudes tributarios y financiamiento ilícito de la política. Este contexto, por un lado, afectó la confianza de los ciudadanos en sus instituciones y representantes y, por otro, puso de manifiesto fallas institucionales en la regulación y la prevención de conflictos de interés.

Como respuesta a esta situación, el gobierno chileno transformó una crisis institucional en una plataforma para avanzar en el planteamiento de reformas políticas en materia de probidad y transparencia de amplio alcance. Lo interesante es que el foco de las reformas no está solo en el sector público o en los negocios, sino que también abarca temas que van más allá —incluyendo una serie de iniciativas para fortalecer la formación cívica en el currículo de la educación pública—.

Algunos de los temas centrales que el gobierno está impulsando incluyen la prohibición que impide que las empresas puedan hacer donaciones a las campañas políticas y el que los aportes de particulares deban rendirse ante la autoridad electoral para una mayor fiscalización. El gobierno, además, busca fortalecer las exigencias de transparencia en las compras públicas, en la divulgación de criterios y ponderaciones a oferentes, y tipificar el delito de corrupción entre particulares. Las declaraciones de interés contendrán mayor información y serán accesibles a los ciudadanos.

corrupcion-vieyra-foto-02-reuters

Reuters

2. Los ciudadanos están cada vez más empoderados

Solo en los últimos 2 años se ha generado el 90% de los datos creados a lo largo de la historia de la humanidad, como recalca IBM en su informe Harness the Power of Big Data: The IBM Big Data Platform. Esta revolución de datos ha generado un caudal enorme de información disponible al público. Si bien algunos indican que como ciudadanos solo usamos una pequeña porción de los datos que podríamos usar para exigir que nuestros gobernantes rindan cuentas, la ola a favor de la transparencia es imparable.

Este empoderamiento no solo tiene sus raíces en la revolución de datos. A esto hay que sumar el crecimiento exponencial de legislación en materia de acceso a la información en los últimos 15 años. Actualmente, dieciocho países de Latinoamérica y el Caribe han implementado este tipo de leyes y otros doce avanzan progresivamente en la apertura de información presupuestaria. Estos marcos legislativos y las iniciativas para transparentar la gestión pública son la piedra angular para habilitar la transparencia y la rendición de cuentas que, en los últimos años, se han potenciado con la irrupción de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.

La ola de la transparencia y rendición de cuentas también está cambiando la manera en que funcionan los gobiernos. Las estructuras institucionales del mundo de hoy coexisten en un ecosistema donde las redes sociales, las aplicaciones digitales y los hashtags no solamente están marcando el pulso de la política, sino que también se han convertido en insumos de creciente importancia para mejorar la gestión pública. El llamado crowdsourcing es un claro ejemplo de esto. FixMyStreet, una plataforma para que ciudadanos puedan denunciar roturas y problemas en las calles, ya está vigente en Montevideo, Uruguay. Las redes sociales también juegan un papel clave en la provisión de ayuda inmediata, por ejemplo, en el caso de catástrofes naturales, tal como quedó demostrado tras el reciente terremoto en Ecuador.

A mediados de 2015, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) publicó un estudio en el que se analizaron 407 cuentas de redes sociales que incluyen gobernantes y entidades públicas subnacionales de 61 ciudades latinoamericanas. El estudio concluye que una enorme mayoría de los grandes municipios latinoamericanos han institucionalizado el uso de redes sociales en la administración pública y cuentan con estructuras formales para manejarlas. El 97.6% de las entidades tienen una cuenta oficial de Facebook, el 90.2% tiene una cuenta en YouTube, y el 85.4% tiene una cuenta en Twitter. Cuatro de cada cinco alcaldes tienen cuentas en Twitter, y casi la misma proporción en Facebook.

Si bien pocos gobiernos subnacionales utilizan las redes sociales para interactuar con los ciudadanos, dado que principalmente usan a las redes como herramientas de difusión o propaganda, la mera existencia de estas redes tendrá un gradual impacto. Los ciudadanos tienen ideas innovadoras acerca de cómo resolver temas de gestión pública y buscan constantemente cómo canalizar propuestas a través de las redes sociales. Los gobiernos tal vez hayan comenzado con la utilización de redes para difundir lo que hacen y así ganar más votos, pero abrieron una puerta que no pueden cerrar y deberán gradualmente utilizar estas redes para interactuar de manera más ágil con la ciudadanía.

3. Los estándares internacionales tienen dientes cada vez más filosos

Los estándares internacionales para prevenir y controlar la corrupción han evolucionado en los últimos años. Han pasado de un enfoque comúnmente denominado como name and shame y se han constituido prácticamente en una fuerza de inusitada intensidad para avanzar en el marco de reformas legislativas, marcos regulatorios e, incluso, implementación de prácticas que apoyen la integridad y la transparencia en el marco del manejo de los recursos públicos. Los mercados financieros internacionales también han servido para afilar estos dientes.

Veamos el caso del Grupo de Acción Financiera sobre el Blanqueo de Capitales (GAFI), un organismo intergubernamental cuyo propósito es el desarrollo y la promoción de políticas en los niveles nacional e internacional para prevenir y combatir el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Desde 1990, el GAFI ha emitido recomendaciones en materia de fortalecimiento de legislaciones, sistemas, y políticas. A partir de 2012, se han reforzado las recomendaciones en cuanto a su contenido y se ha fortalecido su marco de implementación en el sector público.

En cuanto al contenido, las recomendaciones del GAFI incluyen un mayor nivel de rigurosidad y de focalización, e incorporan un enfoque integral basado en riesgos, entre otros aspectos. En cuanto al mecanismo central de funcionamiento del GAFI, que consiste en evaluaciones mutuas entre países, ahora incluye diversos mecanismos de revisión de calidad y un enfoque en efectividad de las políticas antilavado y no solamente de cumplimiento legal.

En la práctica, el impulso principal para cumplir con estos estándares proviene de los mercados financieros. Estos utilizan las evaluaciones del GAFI como una importante señal para tomar decisiones sobre inversiones o determinar su permanencia en un país, a veces con consecuencias imprevistas. El ejemplo más claro de esto es la tendencia creciente en la región a que algunos grandes bancos internacionales decidan retirarse de países que son percibidos como de alto riesgo en materia de lavado de activos, un fenómeno llamado de-risking.

EPA

EPA

4. ¡Es la economía, estúpido!

Entre 2003 y 2008, la región tuvo los más altos niveles de satisfacción con la democracia y los gobiernos tuvieron tasas de aprobación record. Este período no fue cualquiera en la historia de la región. Se trató del llamado “quinquenio virtuoso”, que estuvo marcado por un incremento importante en el ingreso medio de los ciudadanos latinoamericanos. La enseñanza es clara: no hay que olvidarse de la economía.

Desde el 2011, nuestra región ha entrado en una fase de desaceleración económica que se debe a la contracción de la economía china, la emergencia de la crisis en Europa y la caída de los precios de las materias primas. El fin del “superciclo” abrió una ola de destapes por los excesos cometidos en momentos de abundancia y planteó al menos tres grandes desafíos para los países de la región.

El primero es cómo hacer más con menos, pues hay menos recursos económicos y menos confianza en las instituciones. En un contexto marcado por crecientes restricciones fiscales, los gobiernos tienen que tomar acciones concretas para fomentar la estabilidad económica, apoyar la creación de empleo de calidad y reducir la pobreza y la inequidad. Para ello, es fundamental incrementar la base tributaria por parte de empresas y ciudadanos. Pero dada la desconfianza que existe en las instituciones públicas, esto es más fácil dicho que hecho. Según los datos de Latinobarómetro 2016, apenas el 28% de los ciudadanos confía en el gobierno. Adicionalmente, según el Índice de Competitividad del Foro Económico Mundial de 2015, la corrupción —junto con la burocracia gubernamental— constituye uno de los principales problemas los negocios de los países de la región.

El segundo desafío es cómo mejorar la gobernanza de las industrias extractivas. Tal como se explica en el libro Gobernanza con transparencia en tiempos de abundancia, publicado recientemente por el BID, los desafíos de gobernabilidad y control de la corrupción son particularmente agudos en países ricos en recursos naturales. La caída de los precios de las materias primas ha tenido un importante impacto en la matriz económica de muchos países de la región. Una mejor gobernanza de estas industrias no solo es clave para luchar más efectivamente contra la corrupción, sino para fomentar un mejor desempeño económico en sectores de alto riesgo. En buena medida, este proceso es impulsado por un creciente número de estándares internacionales que tratan temas tan diversos como las condiciones laborales, la disponibilidad de información sobre el volumen de extracción y el impacto ambiental que muchas de estas industrias generan, entre otros. En este sentido, los fondos soberanos con mejor reputación a nivel mundial se están alejando de sectores o países que no logran promover una agenda de integridad lo suficientemente sólida.

Por último, los gobiernos de la región tienen el enorme reto de pensar soluciones que impulsen el buen gobierno sin que el intento se vea dirigido de manera exclusiva a las ciudades capitales. La literatura especializada en materia de corrupción en la región señala que es cada vez más importante mejorar la gestión pública en los niveles subnacionales, pues allí se encuentran los mayores rezagos. Los gobiernos locales están recibiendo cada vez más recursos y responsabilidades, pero un alto porcentaje de ellos aún no logra solucionar fragilidades básicas en sus capacidades para gestionar procesos de compras, contratación de recursos humanos, y la realización de auditorías financieras, entre otras.

¿Qué podemos esperar en los próximos años?

Por un lado, las estructuras actuales de gobierno continuarán siendo sacudidas a lo largo y ancho de nuestra región y del mundo. Impulsada por el “internet de las cosas”, la ola de la transparencia llegó para quedarse. La política actualmente vibra al compás de las redes sociales, lo cual es un gran acicate para que los gobernantes actúen. Si hay algo que caracteriza a las redes sociales es su espontaneidad y su capacidad de irrupción.

Por otro lado, las reacciones de las clases dirigentes ante estas sacudidas serán muy diversas. No todos los gobiernos tienen la voluntad política y el entramado institucional necesario para navegar de manera efectiva los cambios que acompañan a la ola de la transparencia. Las reacciones que pueden esperarse reflejarán tres grandes escenarios. Los que se suban a la ola y la aprovechen para brindar mejores servicios al ciudadano. Los que intenten esquivarla, esfumándose de la esfera política y refugiándose en el sector privado. Los que quieran frenarla, ahogándose en el intento.

También podemos esperar que haya una creciente atención a las debilidades institucionales que facilitan la corrupción en los niveles subnacionales de gobierno. El foco pasará a estar en las ciudades. Una encuesta de opinión pública realizada por el BID en cinco grandes urbes latinoamericanas, “Megaciudades e infraestructura en América Latina: lo que piensa la gente”, para conocer la percepción que tienen los ciudadanos acerca de la calidad de vida, las necesidades de infraestructura urbana y los estándares de los servicios públicos arrojó que la seguridad ciudadana y la transparencia son las prioridades centrales para los habitantes de grandes urbes.

Finalmente, la lucha contra la corrupción será progresivamente aceptada como uno de los principales frenos al que los ciudadanos tengan mejores oportunidades y servicios públicos. Y en este sentido es de esperar una notable ampliación del concepto de corrupción ante la mirada de los ciudadanos —la cual incluye, por ejemplo, la evasión de impuestos, que se trata de otro delito tipificado como tal—. Sea correcto o no desde un punto de vista conceptual, los ciudadanos en nuestra región asocian a la corrupción con la baja calidad y limitado acceso a los servicios públicos, incluyendo la esfera de seguridad pública. Es tiempo de que veamos a esto como una gran oportunidad.

JUAN CRUZ VIEYRA es Especialista en Modernización del Estado del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Es experto en el diseño e implementación de programas de fortalecimiento institucional con foco en la gestión de información, transparencia y anticorrupción. Sígalo en Twitter en @jcruzvieyra.

Tags:, , ,

One Response to Cuatro claves para entender la corrupción en Latinoamérica

  1. Angela Maria Catucci dice:

    Muy interesante y prolija mirada ,de la actual situación.. que abarca a toda América Latina… invito a los lectores a difundir este artículo. Excelente

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Cargando…