Securitización y desecuritización de la política de drogas en México y Latinoamérica

12 abril, 2018 • Artículos, Latinoamérica, Portada • Vistas: 3032

El Nacional

Jorge Rebolledo Flores

Abril 2018

Una colaboración de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales

En 1998, Barry Buzan, Ole Wæver y Jaap de Wilde —miembros de la llamada Escuela de Copenhague—hicieron notar en Security: A New Framework for Analysis que la seguridad depende no solo de los factores materiales, sino del contexto histórico que moldea los intereses e identidades particulares de los actores involucrados en el tema y del juego político en que estos están inmersos. Es decir, la seguridad es un constructo social y político que cambia con el tiempo y las circunstancias. De acuerdo con esto, la agenda de seguridad es cambiante y puede dar cabida a un gran número de asuntos militares, económicos, sociales, del medio ambiente, entre otros.

El proceso por el cual las élites gobernantes, por medio del discurso oficial, dan el carácter de seguridad a un asunto que inicialmente es político, se conoce como “securitización”. Al alejarse de la deliberación pública la securitización es señal de la incapacidad o falta de voluntad de las élites que conducen el Estado para resolver ciertos problemas dentro de los canales políticos normales. Cuando las élites gobernantes varían su discurso dejando de señalar asuntos o sujetos como amenazas a la seguridad se inicia la desecuritización. Un proceso que parece simple, pero no lo es.

Al abundar sobre estos procesos, Georg Sørensen señala que los países con mayores niveles de desarrollo institucional (Canadá, Noruega, Suecia, entre otros), han dejado de concebir su seguridad en los términos westfalianos tradicionales, rechazando el uso de la fuerza para resolver disputas y descubriendo amenazas en temas no tradicionales como medio ambiente, energía, entre otros. Naturalmente, existen Estados que continúan adhiriéndose a la concepción westfaliana sobre la territorialidad y el interés nacional, y cuyos gobiernos conciben la seguridad en función de la existencia de amenazas objetivas externas a sus fronteras, territorio y sociedad. En esta categoría se consideran países como China, Corea del Norte, Corea del Sur, Estados Unidos, la India, Irán, Turquía, entre otros. En el extremo se encuentran países en Latinoamérica, África, Asia y algunos países de Europa, en donde la anomía institucional hace que las élites gobernantes concentren sus esfuerzos en la construcción de aparatos y discursos que reduzcan su vulnerabilidad a nivel interno.

Al alejarse de la deliberación pública la securitización es señal de la incapacidad o falta de voluntad de las élites que conducen el Estado para resolver ciertos problemas dentro de los canales políticos normales.

 

Estas nociones son importantes para abordar y contrastar la securitización y desecuritización de la “guerra contra las drogas” implementada en Latinoamérica en las últimas décadas, y de manera particular en los últimos 12 años en México. El 17 de junio de 1971, el Presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, declaró el abuso en el consumo de drogas como el “enemigo público número uno” de la sociedad estadounidense y con ello se inició la criminalización de la producción, el trasiego, la distribución y el consumo de drogas ilegales en todo el continente americano. La experiencia demuestra que la securitización del fenómeno de las drogas ha tenido efectos negativos profundos, no solo en lo referente a los derechos humanos, sino que genera incentivos económicos que incrementan y hacen más complejo (y difícil de atender), el narcotráfico a nivel nacional e internacional.

Desde entonces, la legislación sobre drogas en todos los Estados de la región, se basa fundamentalmente en un paradigma prohibicionista que criminaliza a todos los actores participantes en el fenómeno. En general, las fuerzas armadas han incrementado su papel en la lucha contra las drogas, sin que medie el debate público.

No obstante, el contexto marca la diferencia. Marcela Vitarelli ha pormenorizado sobre los detalles de la securitización y desecuitización en Latinoamérica. Hoy confirmamos que Uruguay es país excepción cuya legislación restringe la producción, el trasiego y la comercialización de distintas drogas, pero no criminaliza la posesión para el consumo personal y ha limitado el papel de las fuerzas armadas para su control. En esa lógica, en 2006 se inició en ese país sudamericano una discusión impulsada por la sociedad civil y diversas organizaciones políticas a nivel nacional en torno a la legalización de la marihuana y la reducción de daños. De manera pragmática se ha asumido que no es posible erradicar el consumo, pero si disminuir los daños a la salud pública.

En Argentina, la legislación considera la penalización de la tenencia de cualquier cantidad de droga para cualquier propósito. La misma establece penas privativas de la libertad de entre un mes a dos años para aquellos casos en los que las sustancias ilícitas estén destinadas para el consumo personal. No obstante, la ley en la materia considera el remplazo de dichas sanciones por medidas alternativas al encarcelamiento, como son programas contra la adicción o la prevención del consumo de acuerdo al perfil del usuario. Aunado a ello, Argentina, por su experiencia histórica, acotó desde 1988 las funciones de las fuerzas armadas para concentrarlas en la defensa externa y subordinarlas siempre al poder ejecutivo. Aun así, y aunque Argentina es un país considerado de trasiego y destino, en los últimos años se ha registrado un incremento en el número de consumidores de marihuana, cocaína, pasta base y de drogas sintéticas, lo que puede inhibir cualquier tendencia a una desecuritización más amplia.

Brasil, el segundo país con mayores índices de consumo de cocaína a nivel mundial —solo después de Estados Unidos— ha tratado, como sus vecinos del Cono Sur, implementar políticas de reducción de daños, destacándose el intercambio de jeringas para los usuarios. Sin embargo, el incremento en el consumo ha intensificado los problemas sociales en el país, lo que ha derivado en un combate frontal al narcotráfico realizado no directamente por las fuerzas armadas, sino por unidades especiales formadas bajo principios militares. La securitización de las políticas en Brasil es la norma y lo será por muchos años.

De manera pragmática se ha asumido que no es posible erradicar el consumo, pero si disminuir los daños a la salud pública.

 

En los países andinos inmersos en el fenómeno —Bolivia, Colombia y Perú principalmente— se registró por décadas una constante presión por parte de Estados Unidos para plegarse a la guerra contra las drogas. El proceso de certificación por parte de Estados Unidos iniciado a mediados de la década de 1980 y hasta principios del siglo XXI para calificar los esfuerzos en la materia por parte de los gobiernos latinoamericanos y del mundo, es el mejor ejemplo de ello. Haciendo eco a dicha lógica, las políticas antidrogas fueron militarizadas y securitizadas. Bolivia, con la llegada de un líder cocalero, Evo Morales, a la presidencia en 2006, inició una política de valorización de la hoja de coca y sus usos ancestrales sin que en realidad se haya iniciado un debate en torno a la descriminalización del fenómeno.

En México, desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari (de 1988 a 1994), el discurso oficial considera al narcotráfico como una amenaza a la seguridad nacional, lógica que se profundizó durante el mandato de Felipe Calderón (de 2006 a 2012), y que generó miles de muertes, desaparecidos y desplazados. Por supuesto este fue factor en las elecciones presidenciales de 2012, impidiendo la continuidad del Partido Acción Nacional y allanando el regreso del Partido Revolucionario Institucional a Los Pinos. El nuevo gobierno desecuritizó el discurso oficial pero no pudo regresar a las fuerzas armadas a sus cuarteles ni reconstruir o fortalecer las instituciones. La inercia histórica, el juego político de la complicada escena mexicana, la debilidad de las instituciones policiales y la violencia generalizada impidieron un cambio radical en materia de política de drogas.

Por supuesto, también el factor Estados Unidos es determinante en estos procesos. Muy a pesar de la despenalización de la marihuana en varios estados del vecino país del norte, no se atisba una coyuntura que haga la diferencia. El cambio de la política en la materia en México y Latinoamérica requiere el fin del paradigma de guerra contra las drogas a nivel mundial y la activa participación de la sociedad para que la identificación de las amenazas y vulnerabilidades a la seguridad no quede únicamente en manos de las instancias estatales y se evite, en lo posible, las trampas de la securitización y la desecuritización.

JORGE REBOLLEDO FLORES encabeza el Comité Académico de Política Internacional de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales (AMEI). Es profesor investigador de El Colegio de Veracruz. Es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), maestro en Gobierno y Relaciones Internacionales por la Georgetown University, y doctor en Estudios Internacionales por la University of Miami. Sígalo en Twitter en @JRebolledoF.

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One Response to Securitización y desecuritización de la política de drogas en México y Latinoamérica

  1. Lucía Moyano Rebón dice:

    Estimado Jorge Rebolledo Flores:

    Le escribo con motivo de solicitarle un correo electrónico para intercambiar opiniones entre colegas sobre este artículo. Principalmente, para conversar sobre su análisis en este punto de la nota: “Bolivia, con la llegada de un líder cocalero, Evo Morales, a la presidencia en 2006, inició una política de valorización de la hoja de coca y sus usos ancestrales sin que en realidad se haya iniciado un debate en torno a la descriminalización del fenómeno”.
    Además, quisiera acercarle mi perspectiva al respecto como así también conocer en mayor profundidad su reflexión al respecto.

    Quedo a la espera de un correo de contacto. Desde ya, muchas gracias.

    Saludos cordiales.
    Lucía Moyano Rebón.

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