España en la crisis de la deuda

15 junio, 2013 • Sin categoría • Vistas: 3620

José Balsa

Junio 2013 

No son la deuda ni el déficit los principales problemas de España, sino la falta de crecimiento económico y el altísimo nivel de desempleo.

En 2008 se produjo algo así como un crack en el modelo económico estadounidense con el estallido de la crisis derivada de las hipotecas sub-prime y los activos tóxicos. El traslado de los efectos de la crisis a Europa supuso un cierre del grifo del crédito por parte de las principales entidades bancarias. Esto afectó especialmente a España, cuya economía crecía a un gran ritmo aunque su modelo económico estaba demasiado expuesto a la actividad inmobiliaria.

Muchas de las empresas, ligadas directa e/o indirectamente al ladrillo, basaban hasta ese momento su actividad en el crédito. Sin embargo, lo que se preveía como una situación transitoria semejante a la de otros períodos de recesión económica ha pasado a ser casi permanente, lo que ha acabado ahogando a muchas empresas. Se genera así un círculo vicioso en el que el cierre de empresas supone reducciones de empleo, despidos y nuevos parados (26% en 2012 según el Instituto Nacional de Estadística (INE)) que lleva a que muchos españoles acaben por no poder afrontar sus pagos.

La gran actividad derivada del boom inmobiliario de principios de este siglo generó un gran excedente de viviendas construidas. Ante la falta de acceso al crédito, la demanda de viviendas cae estrepitosamente desde 2008, lo que genera la aparición de importantes bolsas de viviendas vacías. Ante la situación de grave crisis del país muchos españoles no encuentran trabajo y, en consecuencia, acaban por no poder afrontar sus hipotecas. Y de esta forma España pasa de ser un país con unas tasas de crecimiento envidiables durante los años felices de la burbuja inmobiliaria a ser el país líder en desahucios en sólo 5 años. Así, según estadísticas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), desde que estalló la crisis se han producido en España unos 334.080 desahucios, siendo éste uno de los dramas sociales que vive el país.

Los respectivos gobiernos consideran a la deuda pública como la culpable de la crisis. De los llamados PIIGS, todos los países del grupo salvo España, presentan desde antes de la crisis unos altos índices de deuda pública. La dificultad por poder financiarla en una situación económica adversa acabó levantando suspicacias y desconfianza en los países del entorno, originándose una crisis de los mercados. En el momento en el que las agencias calificadoras y/o los mercados, a veces de forma un tanto premeditada, desacreditan la confianza de un país, los plazos de vencimiento para poder colocar sus valores son drásticamente acortados a la vez que se incrementan los intereses de pago llegando hasta límites considerados como insostenibles (a partir del 7% aproximadamente). Es en este momento en que la Unión Europea ofrece una solución alternativa interviniendo en la compra de deuda a un menor interés (en torno al 4%) a través del Banco Central y otros mecanismos.

No existe un límite claro a partir del cual interviene la UE, ya que éste depende de una serie de factores complejos relacionados como el coste que va a suponer el rescate, el riesgo de un efecto contagio o el interés por parte de los países acreedores por intervenir un país para agilizar y priorizar el pago de sus deudas. Grecia fue rescatada en 2010 con una prima de riesgo de unos 1000 puntos y una deuda pública de un 140% de su PIB; Irlanda también fue rescatada ese mismo año con una prima de riesgo de unos 580 puntos y una deuda pública del 95% mientras que Portugal fue rescatada un año después, en 2011, con una prima de riesgo ligeramente superior a la irlandesa, de unos 600 puntos, y una deuda pública de un orden similar. Sin embargo, Italia aún no ha sido rescatada, a pesar de llegar a superar tasas de prima de riesgo de 649 puntos en julio de 2012 y una deuda pública de orden del 120%.

Influye así un último factor sobre la decisión de rescatar a un país: el coste político. Este probablemente ha sido el motivo por el que se ha retrasado un eventual rescate a España e/o Italia, ya que en los próximos meses la canciller Ángela Merkel concurrirá a unas elecciones generales, siendo consciente de que una buena parte de su población (en torno al 54% según una encuesta del diario Der Spiegel en julio de 2012) es contraria a pagar rescates a los países del Sur. A ello se une un proceso de radicalización del espacio geopolítico europeo y un descrédito político hacia los gobiernos neoliberales y conservadores tanto en otros países europeos como en muchos de los länders alemanes en los que la coalición de su gobierno, formada por democristianos del CDU y liberales del FDP, ha ido perdiendo.

Pero el rescate europeo, a pesar de soliviantar una dura situación y otorgar solvencia al país deudor, no es la panacea. La aceptación del rescate europeo conlleva enormes exigencias en la implantación de una serie de políticas por parte de un grupo de expertos económicos ajenos al país, la llamada troika, cuyo objetivo primordial es el ajuste contable del país, lo que acaba suponiendo una cesión de la soberanía del propio pueblo a favor de los mercados externos.

España, al contrario del resto de los países del sur de Europa, presentaba a principios de la crisis un endeudamiento público muy bajo. La deuda pública española ha pasado del 36,3% del PIB en 2008 a un 85-90% aproximadamente en 2012, a falta de que el dato oficial salga publicado a mediados del mes de marzo y sea confirmado por las autoridades europeas. La escalada del volumen de deuda es continuada y cada vez más acusada, hasta el punto de que las propias previsiones son superadas con creces. La deuda pública española al cierre del 2012 superará seguramente entre unos 5 y 10 puntos lo que había pronosticado el Gobierno unos meses antes, en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2012. De esta forma, el primer año del gobierno conservador de Mariano Rajoy (2011-hoy) supondrá el más fuerte incremento anual de deuda en la historia del país. Y esto a pesar el año de los grandes recortes. Y las previsiones futuras son incluso peores. Según la Comisión Europea (CE), la deuda pública española pasará al 95,8% en 2013 y al 101% en 2014.

La superación del umbral del 100% del PIB es, aparte de una barrera psicológica importante, una puerta a ninguna parte. En Octubre de 2012, el Fondo Monetario Internacional (FMI) en su publicación Perspectivas de la Economía Mundial, advertía que los países que superaban esa cifra no habían conseguido revertir la tendencia, cayendo así en un profundo estancamiento económico. El mismo estudio cita así dos únicas excepciones en dos contextos históricos puntuales: Grecia en los años 1990, tras la entrada en la CEE y la llegada de los fondos de cohesión, y Canadá en los años 1930, un país alejado de la guerra en un contexto histórico pre-bélico.

El origen de la escalada del volumen de la deuda pública española está en la propia burbuja inmobiliaria vivida por el país desde principios de la década pasada y en el hecho de que muchas Administraciones Públicas (AAPP) se habían acostumbrado durante los años buenos a recibir grandes ingresos en sus cuentas. De esta forma se permitieron el lujo de incrementar exponencialmente su volumen de gastos sin considerar que la situación económica era extraordinaria. Y nada más lejos. El hecho de no aprovechar este ciclo económico favorable para apuntalar las bases de un sistema productivo más estable y sostenible fue la clave desde donde se generó, como un efecto bola de nieve, el estado de crisis actual.

Al incremento descontrolado de la deuda pública española inducen los grandes déficits públicos y la contracción de la economía que lleva a una caída del Producto Interior Bruto (Gráfico 1) y a un aumento del número de desempleados, El aumento del paro en el país ha seguido un ritmo vertiginoso, tal y como podemos ver en uno de los gráficos posteriores (Gráfico 5), pasando en sólo cinco años, entre 2007 y 2012, de un 8,3 a un 26%, lo que supone un incremento anual medio de un 3,5%. El amparo por parte del Estado de un número de desempleados cada vez mayor supone un incremento enorme del gasto social. Pero además, en los últimos meses, los costes de la recapitalización y saneamiento de la banca junto a los compromisos de ayuda a los rescates de otros países agravan la situación. Todo ello incrementa el volumen de la deuda y los intereses para la refinanciación de la misma, que solo entre 2012 y 2013 crecen en un 34% aproximadamente y supondrán en torno al 30% del total de gastos contemplados en los PGE del 2013.

Gráfico 1. Evolución del PIB entre 2008 y 2012. Sobre el diagrama de barras se presenta la evolución trimestral (verde: crecimiento y rojo: decrecimiento) mientras que la línea representa la evolución interanual. El dato del cuarto trimestre de 2012 es todavía provisional (Fuente de datos: INE y Banco de España).

El descontrol de la deuda es la situación que amenaza el presente y las perspectivas económicas futuras del país. Sin embargo, no es la deuda pública la culpable de la situación española, sino que es la privada. Daniel Fuentes hace un brillante análisis del problema de la deuda en uno de sus artículos. Imaginemos cuál fue la magnitud real la deuda privada española, cuando la relación entre la deuda pública y privada llegó a ser 1:8 al inicio de la crisis. Aunque cierto es que la influencia del sector privado sobre el público y la situación de bonanza vivida por el país hasta el 2008 era completamente responsable de que la deuda pública cayera a su nivel más bajo en 2007. El Gráfico 2 analiza de forma separada la evolución de la deuda pública y privada hasta el año 2011 e incluso su descomposición sectorial. Se observa así como la deuda privada ha sido la que ha sufrido, hasta la crisis actual, un incremento exponencial de su volumen. Tanto los hogares y como las empresas han sido los grandes culpables del endeudamiento español, suponiendo en términos aproximados a principios de la crisis unos niveles equivalentes a algo más del 80% y 130 del PIB respectivamente. Sin embargo, el cierre del crédito con la llegada de la crisis ha imposibilitado a los agentes privados el poder seguir endeudándose más, produciéndose así un efecto de estabilización o apalancamiento de la deuda privada.

Gráfico 2. Comparación de la evolución de la deuda pública y privada en España entre los años 1995 y 2011 (Fuente de la imagen: editada y adaptada a partir de la publicada por el diario Público el 28 de agosto de 2011; Fuente de datos: Banco de España y Eurostat).

La deuda pública y la sociedad del país, a pesar de no ser culpables directos de la situación, sí pagarán las consecuencias. Viene a ser algo así como lo que algunos autores han llamado socialización de las pérdidas donde el Estado, como avalista, asume parte de la deuda privada. Revisando el gráfico anterior, se observa claramente como el peso de la deuda pública ha ido incrementándose de forma continuada a partir de la crisis sin que haya podido controlarse hasta la actualidad.

Tres cuartas partes del volumen de deuda de las AAPP se deben a la Administración Central (76,6% en 2011), mientras la cuarta parte restante se debe a la Administración Autonómica (17,8%) y Local (5,6%). Sin embargo, este peso relativo ha variado y mucho en los últimos años (véase evolución en el Gráfico 3). La descentralización del poder del Estado a las Comunidades Autónomas (CCAA) y la posterior transferencia de competencias durante la fase democrática correspondiente a las últimas dos décadas del siglo XX ha provocado el fuerte crecimiento del volumen de deuda de las autonomías, tanto en valores absolutos como relativos. Así, la deuda autonómica ha pasado de un 2,4% en 1985 a un 17,8% de toda la deuda pública en 2011. Esta misma razón ha servido a muchos políticos para sugerir que sobre las CCAA han de concentrarse los principales esfuerzos para el control de su deuda, aún no presentando en términos relativos un gran peso del volumen de la deuda pública.

Gráfico 3. Evolución y descomposición de la deuda pública española entre 2000 y 2011 para los diferentes niveles de la administración. El dato de 2012 corresponde al tercer trimestre del año (Fuente de datos: Banco de España).

La llegada de la crisis a España ha supuesto una caída brusca de los ingresos que venían recibiendo las AAPP, pasando en poco tiempo sus cuentas públicas de presentar superávits a presentar déficits. O lo que es lo mismo, pasando a contar con más gastos que ingresos. El Gráfico 4 refleja la dificultad que la Administración Pública española en su conjunto presenta en los últimos años para intentar equilibrar sus cuentas públicas, observándose desde 2008 a 2012 unos altos niveles de déficits públicos.

Gráfico 4. Balance anual de las cuentas públicas (verde: superávit y rojo: déficit). El dato del año 2012 está pendiente de revisión por parte de Europa (Fuente de datos: Comisión Europea, Eurostat y Ministerio de Hacienda y AAPP).

En este contexto, el gobierno plantea desde hace años un Programa de Estabilidad sobre el cual ha ido modificando sus objetivos y plazos. El vigente actualmente, el de 2012-2015, establecía un déficit tope en 2012 de 0,3% del PIB para las corporaciones locales, 1,5% para las CCAA, 4,5% para el Estado y un 6,3% para el conjunto de las AAPP. De los datos de déficit correspondientes al año 2012 presentados por el Gobierno, tanto las corporaciones locales como la Administración Central han cumplido su objetivo cerrando el año con un déficit de 0,2%, y 3,8% respectivamente. No así las CCAA con un déficit de 1,73% lo que significa un saldo de 0,23% por encima de su objetivo. A ello hay que sumar el déficit propio de la Seguridad Social, que entre los años 2011 y 2012 ha pasado del 0,1 al 1%, debido a un descenso constante del número de afiliados a la Seguridad Social desde el inicio de la crisis (Gráfico 5). De esta forma, la Administración Pública española presenta en su conjunto un déficit de 6,7% del PIB, lo que supone un saldo de 0,4% sobre el objetivo. Aunque este dato tendrá que ser revisado en los próximos meses, el gobierno apuesta por un déficit final inferior a este 6,7%

Gráfico 5. Evolución del número de afiliados a la Seguridad Social y de la tasa de paro entre los años 2000 y 2012 (Fuente de datos: Ministerio de Empleo y Seguridad Social e INE).

Sin embargo, algunos organismos tanto internacionales como nacionales, apuntan en la dirección contraria: a un déficit público superior al presentado por el Gobierno. Así, el FMI habla de un déficit de en torno a 7% mientras la Fundación de las Cajas de Ahorros (FUNCAS) pronostica un 7,3%. Y es que en España no debe sorprender que la aprobación del valor final por parte de Europa sea al alza. Los precedentes son bastantes numerosos. El gobierno socialista de Zapatero (2004-2011) anunció que había cerrado el año 2011 con un déficit de un 6% cuando en realidad era de un 9%. Y lo mismo hicieron ese mismo año 2011 la Comunidad Valenciana, cuando presentó un déficit del 3,68% que en realidad era del 4,5%, y la Comunidad de Madrid, cuando presentó un déficit del 1,13% que en realidad era del 2,2%. De alguna forma las artimañas políticas por intentar maquillar la realidad o lo que es incluso peor, el no tener una gestión contable adecuada y eficiente, supone el peor escenario posible en un momento en que los mercados miran con recelo a España.

La dificultad por atajar el déficit público obliga a establecer unos techos teóricos de deuda en cada una de las administraciones sin tener en cuenta el impacto real que dichos recortes tendrán sobre el conjunto de la sociedad. Varias autonomías, entre ellas Cataluña, critican los techos de déficit demasiado estrictos propuestos por el gobierno central los cuales no son proporcionales al gasto social. Aproximadamente la mitad del gasto social del país corresponde a la Administración Central (50,7% en 2012), mientras que el correspondiente a las CCAA y a las corporaciones locales es de un 35,7% y un 13,6% respectivamente. Sin embargo, los objetivos de déficit en 2013 para cada uno de los niveles administrativos es muy diferente: 3,8% del PIB para la Administración Central, 0,7% para las CCAA y 0% para las corporaciones locales. Esto supone para las CCAA un esfuerzo de ajuste desproporcionado que les obligará a seguir aplicando recortes masivos y profundos en servicios públicos, en ocasiones sin tener en cuenta su incidencia real sobre los colectivos sociales más damnificados.

El empecinamiento por el control del déficit público obliga a recortar y a externalizar el mantenimiento y gestión de los servicios públicos. De esta forma se vuelve a caer en una situación paradójica en la que un representante político elegido por el pueblo para acometer la gestión de los recursos decide dejar de gestionarlos a través de procesos de «externalización» en los que cede la gestión a empresas privadas ajenas a la Administración Pública. Como una buena parte del gasto se basa en políticas sociales, son dos los sectores más vulnerables en primera instancia: sanidad y educación. Una tercera alternativa son las pensiones, las cuales por el momento son intocables dado el rédito electoral que presentan.

Las diecisiete autonomías cierran los últimos años con fuertes déficits, llegando a presentar algunas de ellas déficits superiores al 7% como el caso de Castilla-La Mancha en 2011. E incluso varias de ellas, nueve en 2012 (Comunidad Valenciana: 4,5 millones de euros (Meuros);  Murcia: 0,83 Meuros; Cataluña: 5,37 Meuros, Andalucía: 4,91 Meuros; Castilla la Mancha: 0,84 Meuros; Canarias: 0,76 Meuros; Baleares: 0,35 Meuros; Asturias: 0,26 Meuros; Cantabria: 0,14 Meuros) y cuatro en lo que va de 2013 (Cataluña: 9 Meuros; Cantabria: 0,12 Meuros; Murcia: 0,63 Meuros; Comunidad Valenciana: 2,30 Meuros), se han visto obligadas a acudir a un fondo especial de rescate autonómico, el llamado Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), un mecanismo implementado por el Gobierno español para otorgar liquidez a las CCAA con más problemas de solvencia.

El objetivo de déficit del 1,5% para el año 2012 ha sido incumplido por cinco autonomías, todas las que forman parte del Arco Mediterráneo: Cataluña (1,96%), Murcia (3,02%), Comunidad Valenciana (3,45%), Andalucía (2,02%) e Islas Baleares (1,83%). Esto obligará a estas CCAA a revisar sus planes económicos-financieros de cara a un nuevo ejercicio en el que objetivo de déficit es considerablemente menor (0,7%), lo que les supondrá, claro está, seguir recortando más.

Pero la publicación de los datos del déficit de las AAPP en su conjunto y los objetivos propuestos por el Gobierno no tienen en cuenta el déficit derivado del auxilio financiero, el cual se ha incrementado de forma acusada en 2012 debido al rescate bancario. El peso de la deuda derivada de las ayudas a las entidades de crédito en 2011 ha supuesto un 0,5% del PIB, mientras que el del año 2012 será de un 3,3%. Esto supone, según los propios datos del Gobierno, un déficit público total mayor en 2012 (en torno al 10%) que en 2011 (9,4%) y eso a pesar de que el déficit de las AAPP en sí haya conseguido reducirse de forma clara (del 9% al 6,7%) (Gráfico 6).

Gráfico 6. Comparación del déficit público entre los años 2011 y 2012 (Fuente de datos: Eurostat y Ministerio de Hacienda y AAPP).

Es por esta razón que los objetivos de déficit de las AAPP son tan estrictos. Y más que lo serán los próximos años. Según el Programa de Estabilidad el objetivo de déficit será del 4,5% para el año 2013 y del 2,8% para 2014 y en un horizonte no muy lejano, en torno al año 2016, el equilibrio presupuestario. Sin embargo, de nuevo, las previsiones no son nada halagüeñas. El FMI cree que España seguirá cayendo en su recesión y ni aplicando fuertes recortes podrá bajar su déficit del 3% hasta el año 2017.

El problema de la deuda ha pasado a ser visto por los políticos como el gran problema. Aunque como bien advierte Vicenç Navarro no son la deuda ni el déficit los principales problemas de España, sino que son la falta de crecimiento económico y el altísimo nivel de desempleo los dos factores que más lastran el futuro del país y más incertidumbre generan a los mercados. Todo esto en un contexto en el que las políticas europeas de austeridad han agravado la recesión al aumentar el gasto público, como consecuencia del incremento del número de desempleados, y al debilitar la base productiva, cada vez más raquítica, que sustenta el sistema impidiendo así un crecimiento económico que permita contrarrestar los efectos adversos. Estos efectos se observan de forma clara en el Gráfico 5 en el que se observa como existe desde el inicio de la crisis una relación entre un descenso del número de afiliados a la Seguridad Social y un incremento de la tasa de paro. Por tanto, en la relación deuda/PIB, las políticas europeas basadas en la austeridad, recientemente ya cuestionadas desde el propio seno del FMI, sólo se han preocupado en hacer más pequeño el numerador suponiendo constante el denominador y de ahí su gran error. Sin embargo la realidad no es así y solo las perspectivas de salida de la crisis para todos estos países pasan por favorecer un crecimiento que permita incrementar el peso del denominador.

JOSÉ BALSA es investigador del Departamento de Métodos Matemáticos y de Representación de la Universidad de a Coruña (España). También, Doctorando en Ingeniería de Caminos por la Universidad da Coruña, Ingeniero superior en Geodesia y Cartografía por la Universidad Politécnica de Valencia, Licenciado en Geografía por la Universidad de Santiago de Compostela Ingeniero Industrial en Mecánica por la Universidad Politécnica de Valencia.

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