Repercusiones para Japón y el Indo-Pacífico
The Japan Times
Víctor Kerber Palma
Mayo 2024
El 10 de abril de 2024, el Primer Ministro de Japón, Fumio Kishida, y el Presidente de Estados Unidos, Joseph R. Biden, se reunieron en Washington para ratificar la alianza entre sus países de cara a los nuevos derroteros que se presentan en la región del Indo-Pacífico. A pesar de la trayectoria nominalmente pacifista que ha caracterizado a Japón desde el término de la segunda Guerra Mundial, los acuerdos con Estados Unidos colocarían al país nipón en el camino del rearme, y las implicaciones alterarán el equilibrio de poderes en Asia.
La Constitución japonesa
Los compromisos asumidos el 10 de abril de 2024 distan mucho de ser una mera revalidación de la alianza que ambos países han mantenido desde 1960, cuando se firmó el Tratado de Cooperación y Seguridad Mutuas entre Estados Unidos y Japón. Se trata de compromisos que obligan a los japoneses a alistarse para dos eventualidades: 1) el emprendimiento de cambios constitucionales, y 2) un mayor grado de confrontación con China, Corea del Norte y Rusia, países vecinos que cuentan con arsenal nuclear.
Respecto a lo primero, es el preludio de cambios significativos en la Constitución del país. En tiempos de la ocupación de Japón por las fuerzas vencedoras, en 1945, se aprobó un artículo constitucional que expresamente prohíbe el rearme de Japón, así como que el país ocupado cuente con un ejército regular. Esto dice el artículo 9 de la Constitución japonesa:
Aspirando sinceramente a una paz internacional basada en la justicia y el orden, el pueblo japonés renuncia para siempre a la guerra como derecho soberano de la nación y a la amenaza o al uso de la fuerza como medio de solución en disputas internacionales. Con el objeto de llevar a cabo el deseo expresado en el párrafo precedente, no se mantendrán en lo sucesivo fuerzas de tierra, mar o aire como tampoco otro potencial bélico. El derecho de beligerancia del Estado no será reconocido.
Por casi 8 décadas, los japoneses han vivido al amparo y la protección de Estados Unidos. Hay veintitrés bases militares, navales y aéreas estadounidenses en distintos puntos de la geografía japonesa, aunque 70% de ellas se concentran en un solo punto: la isla de Okinawa. Durante la etapa maoísta en China, la razón de ser de las bases consistía en contener al comunismo chino y disuadir a Corea del Norte de una posible acometida contra Corea del Sur. Las percepciones, sin embargo, empezaron a cambiar cuando el presidente Richard M. Nixon realizó su histórica visita a China en febrero de 1972; dicha visita tomó al gobierno japonés por sorpresa, pues consideraba que una acción de esa envergadura debía haberse consultado antes con el que se suponía era el principal aliado de Estados Unidos en el Sudeste Asiático.
Las percepciones acerca de una China amenazante cambiaron todavía más cuando el presidente Deng Xiaoping lanzó su programa de apertura económica para integrar a su país a los mercados internacionales: China se incorporó a la Organización Mundial del Comercio en 2001, y el entusiasmo creció al grado de que el presidente William Clinton incluso vaticinó que, con el tiempo, el país asiático avanzaría rápido “en la dirección correcta”.
Frenesí por China
El gobierno y las empresas japonesas participaron del optimismo sobre China. Había un auténtico frenesí por aprovechar las ventajas competitivas de las zonas económicas especiales. La inversión japonesa creció de manera aparatosa entre 1979 y 2004, como se muestra en la gráfica 1, con un acumulado de 30 000 millones de dólares en el segundo año; asimismo, había no menos de 20 000 empresas japonesas en China, que empleaban a 9.2 millones de personas. En 2009 casi nadie se acordaba ya de la masacre de Tiananmén perpetrada 20 años atrás.
Las bases militares estadounidenses en Japón parecían haber perdido su razón de ser. En reiteradas ocasiones, Washington conminó a los gobiernos japoneses a que se encargaran de su propia seguridad; hubo incluso una corriente conocida como los Japan bashers que consideraba que Japón era un free rider que amenazaba la integridad de los estadounidenses.
La población de Okinawa exigió el cierre de las bases en su territorio bajo el supuesto de que eran innecesarias, siguiendo el ejemplo de la base naval de Súbic, Filipinas. En Tokio se pensaba, por el contrario, que la presencia estadounidense seguía siendo necesaria debido a que, constitucionalmente, Japón se encontraba impedido de contar con un ejército regular para su defensa. Desde 2009, Corea del Norte inició su propio programa nuclear y eso dotó de argumentos a quienes demandaban la supresión del artículo 9 de la Constitución.
Gráfica 1: IED japonesa fluye hacia China, 1979-2004
(millones de dólares)
Fuente: Eldridge, A. (2014), “The Limits of Interdependence: Cooperation and Conflict in Sino-Japanese Relations”. New Voices in Japanese Studies. 6; Sydney: The Japan Foundation (pp.51-89).
Peligros internos
Por décadas, Japón se apegó rigurosamente a la política de destinar no más del 1% de su PIB al sostenimiento de las fuerzas de autodefensa. A mediados de la década de 1970 se adoptaron tres principios pacifistas que se consideraban irrenunciables: no fabricar armas nucleares, no exportar armas letales y no permitir el paso de submarinos con ojivas por aguas territoriales japonesas. En la declaración conjunta Kishida-Biden, sin embargo, se entrevé la posibilidad de suprimir dichos principios.
Emergieron otros peligros insólitos para la vida pacífica de la sociedad japonesa. En marzo de 1995 ocurrió un ataque con gas sarín a las estaciones del metro de Tokio por parte de la organización religiosa Aum Shinrikyo. Lo que más conmocionó a la sociedad, empero, no fue tanto que existieran terroristas en el corazón del país, sino que hubiesen grupos paramilitares con capacidad para desarrollar armas químicas y bacteriológicas de manera oculta.
El tema volvió a ser importante tras el asesinato del exprimer ministro Shinzo Abe, el 8 de julio de 2022, cuando se reveló que el asesino había sido un individuo joven que fabricó una escopeta en su hogar, y más recientemente, el autor de un atentado fallido contra Kishida en Wakayama fue también perpetrado por un individuo que fabricó una bomba casera. Resulta inevitable preguntarse si en Japón cualquier individuo es capaz de fabricar armas y explosivos fuera del control de Estado, ¿puede haber quien fabrique bombas nucleares de manera artesanal?
Movimiento antinuclear
En marzo de 2011 ocurrió un terremoto y enseguida un tsunami al noreste de la isla de Honshu. Los fenómenos ocasionaron el derrame de material radiactivo en los alrededores de la planta nuclear de Fukushima, lo que despertó en la población civil la conciencia de saberse vulnerable ante los desastres naturales y humanos. Reaparecieron las evocaciones a Hiroshima y Nagasaki, y se recrudeció la resistencia contra cualquier pretensión de rearme; los más radicales se han rehusado incluso a que continúen funcionando las plantas nucleares.
La extensísima declaración conjunta Kishida-Biden del 10 de abril de 2024 desafía esa resistencia, puesto que obliga a Japón a intervenir más activamente en la defensa de la región Indo-Pacífico. En el comunicado se lee: “Tomamos medidas valientes para fortalecer nuestra capacidad colectiva en formas que habrían parecido imposibles hace apenas unos años”.
Otra pregunta es si Japón puede participar más activamente en el sistema de seguridad diseñado por Washington para el Indo-Pacífico, sin efectuar cambios de fondo en su marco legal tradicional. No parece haber de otra que la obligada modificación del esquema de defensa acotado por la Constitución; incluso, se tendrán que reconvertir las fuerzas de autodefensa en un ejército regular dotado de mejores recursos tecnológicos y con capacidad de desplazamiento más allá de los linderos geográficos.
Para muchos, lo anterior representa un retorno efectivo a la militarización que condujo a la guerra en el siglo XX, solo que esta vez Japón tendría la posibilidad de desarrollar un programa nuclear propio. Hasta que ocurrió el derrame de Fukushima existían 33 reactores nucleares que proveían de energía eléctrica al país; 17 de ellos se han desactivado. En 2023 se presentó el problema de qué hacer con el agua acumulada para el enfriamiento del reactor de Fukushima, y a falta de una mejor opción se optó por arrojar las aguas residuales de la ciudad al mar, bajo la supervisión del Organismo Internacional de Energía Atómica.
Temores en el vecindario
Un Japón rearmado representa un enigma que despierta ansiedades y trastoca los equilibrios de poder en Asia y el Indo-Pacífico. La eventual supresión del artículo 9 constitucional activará las alarmas no solo de China y de Rusia (países con los que Japón mantiene disputas territoriales), sino también de Corea del Sur, Taiwán y el Sudeste Asiático.
Es probable que la resistencia civil reaparezca en las calles y universidades, con manifestaciones de grupos que se rehúsan cambiar la Constitución. Para el movimiento pacifista y antinuclear (que paradójicamente es muy aguerrido), la preservación del artículo 9 garantiza que Japón no se involucrará en una guerra extranjera. Hay que advertir que los “pacifistas” conforman un grupo de cabildeo poderoso al interior de la Dieta Nacional; seguramente los debates en la Cámara baja se volverán álgidos, entre quienes abogan por erradicar el artículo 9 constitucional (básicamente el Partido Liberal Democrático, PLD, de Kishida) y quienes no desean que Japón se vea envuelto en un ambiente bélico que incluya la posibilidad de desarrollar armas nucleares.
Sin paz en el Pacífico
La otra eventualidad se deriva de los compromisos que ha adquirido Japón tras el encuentro Kishida-Biden, que consiste en el trastocamiento de los equilibrios de poder tradicionales. El escenario de China, Corea del Norte y Rusia unidos en un frente común ahora sí es bastante real contra Estados Unidos, Filipinas y Japón, o bien, Corea del Sur, Estados Unidos y Japón.
A partir de ahora es imposible que China ceda mediante la negociación en sus reclamos soberanos sobre las islas Senkaku (llamadas también Diaoyu por los chinos), como tampoco Moscú devolverá las islas Kuriles que se apropió desde la Segunda Guerra Mundial; el mandatario norcoreano Kim Jong-un encontrará ahí mismo un pretexto más para hostigar a Japón con misiles de alcance medio.
No se ve factible que Kishida pueda rearmar a Japón con una Constitución modificada para cumplir con el ordenamiento de la declaración conjunta Kishida-Biden.
Los surcoreanos han tenido sus propios escarceos con el Estado japonés. Están en desacuerdo con la interpretación que hace Japón de la historia colonial, y hace poco la animadversión escaló cuando la Corte Suprema de Corea del Sur emitió una sentencia que permite a los ciudadanos o sus descendientes ⸺presuntamente afectados por Japón durante la etapa colonial (1910-1945)⸺ a demandar a las empresas japonesas; Tokyo respondió con un embargo de productos químicos, indispensables para las industrias surcoreanas.
Biden se vio obligado a intervenir para evitar el choque frontal entre dos de sus aliados más conspicuos en Asia, los cuales, por cierto, aún no han podido resolver su disputa sobre las islas Takeshima (conocidas como Dokdo en Corea del Sur); más aún, en septiembre de 2023, las fuerzas armadas surcoreanas llevaron a cabo ejercicios militares tendientes a recuperar la soberanía de esas islas.
Taiwán
El destino de Taiwán seguirá siendo el foco más rojo en la región. En el Libro Azul Diplomático 2023 del Ministerio de Defensa de Japón, se expresan dudas respecto a si Estados Unidos efectivamente se involucraría a fondo en la defensa de Taiwán en caso de una invasión china, máxime si los estadounidenses deben concentrar parte de su arsenal en respaldar a Ucrania y a los aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte en caso de que se desbordara la guerra con Rusia. En otras palabras, si Washington tuviera que sacrificar algún frente mundial, ¿sería Ucrania o Taiwán?
El comunicado Kishida-Biden no es del todo explícito acerca del destino de Taiwán:
Hacemos hincapié en que nuestras posiciones básicas sobre Taiwán siguen siendo las mismas y reiteramos la importancia de mantener la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán como elemento indispensable de la seguridad y la prosperidad mundiales. Alentamos la solución pacífica de las cuestiones que se plantean entre ambos lados del estrecho.
Los eventos derivados de los ataques de Hamás a territorio israelí y la consecuente extrapolación del conflicto, indudablemente refuerza la cautela japonesa respecto a si Washington se jugaría a fondo la carta taiwanesa. En una encuesta de abril 2021 de la revista Nikkei Asia, 74% estaba de acuerdo en que Japón se involucrara en la búsqueda de paz en Taiwán; “involucramiento” (engagement), empero, no es un término preciso, en todo caso sí es una expresión del interés público en la búsqueda de una solución al diferendo sino-taiwanés.
¿Puede Kishida cambiar el panorama?
Hablemos acerca de las condiciones del primer ministro Kishida para maniobrar, y sobre todo para ver qué tan realizables pueden ser los cambios constitucionales y el posible rearme de Japón bajo su mandato. Las condiciones no son óptimas. Todas las encuestas indican que su popularidad va en picada. La agencia Kyodo News reportó un exiguo 32.3% de popularidad en octubre de 2023, y los periódicos Mainichi y Asahi han reportado índices aún más bajos, de 25% y 29%. El Yomiuri Shimbun le otorgó 35% de popularidad al mandatario y su gabinete, o sea que 7 de cada 10 japoneses desaprueba su labor.
Kishida tal vez pensó que la visita de Estado y la entrevista con Biden lo proyectaría hacia arriba, como sucedió cuando presidió la Cumbre del G-7 en Hiroshima en mayo de 2023. Lo cierto es que el público japonés suele ser poco sensible a los temas internacionales, y hasta el momento de escribir este análisis no se percibe un despliegue de noticias que lo publiciten como un estadista, categoría que sí alcanzó Abe.
Un cambio en la percepción sería idóneo para que Kishida pudiera disolver la Cámara Baja de la Dieta Nacional, y así convocar a elecciones que lo fortalecerían a él y a su partido. Necesitaría que el PLD, junto con su aliado el partido Komeito, obtuvieran los votos necesarios para emprender las reformas constitucionales en el sentido que hemos mencionado; pero los escándalos por malversación de fondos para campañas, así como la aplicación de impopular sistema MyNumber de identificación digital y los casos de contubernio de políticos del PLD con la Iglesia de la Unificación (Secta Moon), son los que ocupan mayormente los espacios mediáticos.
Conclusión
En resumen, no se ve factible que Kishida pueda rearmar a Japón con una Constitución modificada para cumplir con el ordenamiento de la declaración conjunta Kishida-Biden del 10 de abril de 2024. La ventaja para Kishida es que la oposición se encuentra dispersa, confrontada y dividida, y eso le permite moverse en el sentido de reinterpretar el contenido del artículo 9 constitucional. De hecho, un punto a favor fue haber logrado que la Dieta Nacional aprobara un incremento en el PIB destinado a gastos de defensa del emblemático 1% a 2% diferido hasta 2027. En términos reales se trata de un monto mayor al PIB de varios países de África y Latinoamérica. Sin embargo, la pregunta es cómo financiarlo, sobre todo porque la deuda pública de Japón es monstruosa, del orden de 260% del PIB.
VÍCTOR KERBER PALMA es profesor en el Departamento de Estudios Internacionales del ITAM. Sígalo en X en @vkerber1.
