La actual política exterior de México

6 marzo, 2019 • Artículos, Latinoamérica, Portada • Vistas: 2536

Rumbo a la “Cuarta Transformación”

lopezobrador.org.mx

Andrey Alexander Chávez Campirano

Marzo 2019

Hubo al menos en la mayor parte del siglo XX dos modelos de política exterior mexicana: la revolucionaria o aquella de la era priista (de 1933 a 1988) y el nuevo modelo con su respectiva transición iniciada en 1986. El segundo modelo ―de corte neoliberal, globalizado, librecambista, asentado en políticas desarrollistas de corte liberal y pro occidental en sintonía con el nuevo orden internacional― encuentra su cambio sustancial en la manera de relacionarse y acoger al régimen internacional de los derechos humanos y en el retomar su añeja tradición diplomática en el ámbito del desarme.

Con la llegada al poder de Andrés Manuel López Obrador se esboza un nuevo modelo de política exterior, cuyo mayor cambio se centra en una mayor cooperación para el desarrollo con Centroamérica y la ortodoxia en la aplicación de los principios de política exterior. Sin duda, rompe con el estilo de hacer política exterior de los últimos 30 años. Su lema es “La mejor política exterior es la interior”.

La manera de ejecutar la política exterior de México está íntimamente relacionada con los cambios de la economía internacional en los últimos 30 años, que el país entrevió en 1986 cuando ingresó al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, y culminó en 1992 con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) ―rebautizado ahora como el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC)―, reconocido como el proceso de integración económica más exitoso en la historia del país. En la actualidad, catorce millones de empleos dependen del éxito de la ratificación del T-MEC por parte de los gobiernos. Su renegociación abarcó temas relacionados con las reglas de origen, estándares laborales, industrias textil y automotriz, solución de controversias, comercio agrícola y compras de gobierno, entre otros.

Actualmente México detenta once tratados de libre comercio que le permiten comercializar con 46 países y tener acceso a un mercado de consumo de 1500 millones de personas. El país se posiciona como una potencia regional al ser la cuarta economía del continente, la segunda economía en la región latinoamericana después de Brasil, el país con el mayor número de hispanoparlantes. Además, es considerada la decimoquinta economía del mundo, el decimotercer país exportador y el noveno importador a nivel mundial. Con 124 millones de habitantes, 2 millones de kilómetros cuadrados y 3169 kilómetros de frontera con Estados Unidos, México es el onceavo país más poblado del mundo y el decimotercero en extensión territorial. De ahí que su agenda de política exterior sea tan amplia: migración, cooperación internacional, derechos humanos, régimen multilateral de control de drogas, comercio, inversión y cambio climático, por citar algunos de temas principales de la agenda internacional.

Por ejemplo, en el marco de las negociaciones del T-MEC, quedó claro que la política exterior y la política comercial van de la mano en muchos aspectos. Prueba de ello fue la simbiosis realizada entre la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría de Economía en las negociones de instrumentos de comercio internacional, como la renegociación del TLCAN y la modernización del Acuerdo Global Unión Europea-México.

Los espacios de discusión

El G-20, creado en 1999 y conformado por Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, la India, Indonesia, Italia, Japón, México, el Reino Unido, Rusia y Sudáfrica, ​es el principal espacio de deliberación política y económica del mundo. Representa el 66% de la población mundial y el 85% del PIB. México es miembro fundador y ostentó su presidencia en 2012. El grupo MITKA (México, Indonesia, Corea del Sur, Turquía y Australia), la Organización Económica para la Cooperación y el Desarrollo y el Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico, son relevantes para la política exterior del país.

En cuanto al tema de los derechos humanos, en 1990 se creó en México la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, elevándose a rango constitucional en 1992, mientras que la apertura del país al escrutinio internacional comenzó en 1994, cuando por primera vez invitó a observadores internacionales a los comicios electorales de aquél año. En 1998, Posteriormente, en 2000, México aceptó la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (Corte IDH). Iniciada la alternancia en el poder, el gobierno del presidente Vicente Fox (de 2000 a 2006) invitó al Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a abrir una oficina de representación en el país. Posteriormente, con la firma del Estatuto de Roma que dio origen al nacimiento de la Corte Penal Internacional, el gobierno de México lo ratificó en 2005, pero con reservas en el artículo 21 constitucional. México abrió así una nueva era en el tema de los derechos humanos que culminó con la reforma constitucional de 2011, donde se añade un principio más de política exterior mexicana: la protección y promoción de los derechos humanos.

En el marco de las negociaciones del T-MEC, quedó claro que la política exterior y la política comercial van de la mano en muchos aspectos.

La reforma en materia de derechos humanos representó, entre otras cosas, que el Estado no otorga estos derechos, sino que los reconoce, se aplica el principio de interpretación conforme y principio propersona en sintonía con las principales convenciones del mundo sobre la materia. Además, el derecho de asilo y de refugio se elevaron a rango constitucional, ente otras cosas más.

El 20 y 21 diciembre de 2018, la Corte IDH notificó al Estado mexicano las sentencias relacionadas con los casos Alvarado Espinoza y otros vs. México; Mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco vs. México, y Trueba Arciniega y otros vs. México (Sala de Prensa de la SRE), sumándose a otras sentencias emblemáticas donde se falla en contra de México como el caso Rosendo Radilla y el Campo Algodonero.

Los temas multilaterales

En materia de cambio climático con el Acuerdo de París, México sumó esfuerzos junto con la comunidad internacional para seguir con el camino emprendido desde la Conferencia de las Partes (COP-16) en Cancún, que en 2010 creó el Fondo Verde Climático. El gobierno de la República, por su parte, legisló la Ley General de Cambio Climático en 2015. Junto con la Estrategia Nacional de Cambio Climático y el Programa Especial de Cambio Climático se establecen como ejes estratégicos a nivel nacional la reducción de la vulnerabilidad de la sociedad y los ecosistemas frente a los efectos del cambio climático y el fortalecimiento de la resiliencia y la resistencia de los sistemas naturales y humanos, en concordancia con el Acuerdo de París. Corresponderá al nuevo gobierno actualizar los esquemas de política de cambio climático en México a raíz de los acuerdos generados en la COP-24 de Katowice, Polonia.

Las políticas multilaterales en materia de migración constituyen parte sustantiva del interés internacional de México. Una diáspora mexicana de cerca de 11.6 millones de connacionales residen en Estados Unidos, de los cuales 5.5 millones se encuentran con un estatus migratorio irregular. Geográficamente el país es un punto de origen, tránsito y destino de migrantes, haciendo del tema de la migración parte central para la diplomacia mexicana. Actualmente México tiene la red consular más grande del mundo, con cincuenta consulados en Estados Unidos, aunque a nivel internacional el país se encuentra infrarrepresentado a nivel de embajadas en comparación con otros Estados similares.

Siguiendo esta línea, México, de la mano de Suiza como países cofacilitadores, impulsaron en el seno de la ONU el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, cuya firma recayó en el gobierno del presidente López Obrador. En este sentido, México dejó su impronta al incorporar una visión multidimensional del fenómeno de la migración basada en el respeto a los derechos humanos, la responsabilidad compartida, la soberanía del Estado y la cooperación internacional, entre otros. Además, reconoció los beneficios y las aportaciones de los migrantes al desarrollo, tanto para sus países de origen como para los países de tránsito y destino.

Lo cierto es que aún no se le ha dado la suficiente importancia que reviste la política exterior para el país.

A raíz del fenómeno migratorio, México ha retomado el interés en la región de Centroamérica, especialmente en el grupo de países que conforman el llamado Triángulo Norte, conformado por El Salvador, Guatemala y Honduras. El 1 de diciembre de 2018, el Presidente de México arrancó su primera acción en materia de política exterior hacia estos países al dibujar lo que sería el Plan de Desarrollo Integral para Centroamérica, horas después de haber tomado protesta como titular del ejecutivo federal.

No es novedad que México recupere su activismo diplomático con esta región del continente. En el último tramo del siglo XX la Declaración Franco-Mexicana sobre el Salvador (1981), la creación del Grupo Contadora (1983), el Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla I (1991), los Acuerdos de Paz de Chapultepec entre el gobierno de El Salvador y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (1992) y en Acuerdo de Paz Firme y Duradera entre Guatemala y la ONU (1996), la diplomacia mexicana participó activamente.

Marcada distancia

Sin embargo, México ha estado distante de los últimos grandes acontecimientos políticos de Latinoamérica, que iniciaron en 2009 con el golpe de Estado en contra del presidente de Honduras Manuel Celaya, donde la diplomacia mexicana fue la gran ausente en la contribución para la resolución de la crisis política en aquel país. Asimismo, México jugó un papel nulo en el deshielo de las relaciones diplomáticas entre La Habana y Washington en 2014, gracias a la mediación de los gobiernos de Canadá y la Santa Sede. En la firma de los acuerdos de paz de La Habana, que pusieron fin al conflicto armado entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia de 2016, la diplomacia mexicana asistió a la firma de dichos acuerdos tan solo en calidad de testigo de honor. Actualmente el país participa como observador en la Misión Política Especial de la ONU en Colombia.

La política de cooperación internacional para el desarrollo siempre ha estado enfocada a la región latinoamericana por una cuestión geopolítica primordialmente y de interés comercial (al ser Latinoamérica el principal destino de las inversiones mexicanas), de diplomacia cultural y, ahora, como parte substancial de los intereses de seguridad nacional del país, a raíz de la migración proveniente de los países del Triángulo Norte la cual puede afectar la relación bilateral con el gobierno de los Estados Unidos.

Giros de tuerca

Por lo tanto, México ha decidido tomar acciones en beneficio de las personas migrantes. Por ejemplo, proteger el derecho de aquellos que desean iniciar y seguir un procedimiento de asilo en Estados Unidos. Sin embargo, el gobierno del presidente López Obrador ha reiterado que esto no constituye un esquema de Tercer País Seguro, pero se comprometió a aplicar la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de las Naciones Unidas y su protocolo.

Un cambio novedoso se ha dado en relación con la posición del gobierno de México hacia Venezuela. El gobierno de Enrique Peña Nieto, por medio del Grupo de Lima, condenó la ruptura del orden constitucional, instó a no reconocer la elección presidencial de 2018, conminó a reestablecer la democracia y a respetar la Carta Democrática Interamericana, así como permitir el ingreso de la ayuda humanitaria y aceptar las resoluciones de la Organización de los Estados Americanos (OEA) sobre la situación política del país. A principios de enero de 2019, el nuevo gobierno mexicano decidió no firmar una nueva declaración del Grupo de Lima que pedía no reconocer al gobierno del presidente Nicolás Maduro sino a la Asamblea Nacional como legítimo representante de la soberanía popular. México adujo al principio de no intervención, entre otros, para no firmarla, por lo que buscó mantener una posición de país mediador en la región, así como su voluntad para mantener relaciones diplomáticas con Caracas. En virtud de la posición neutral mantenida por México y Uruguay, ambos países han convocado a una conferencia internacional en Montevideo programada para el 7 de febrero de 2019 con la presencia de más de diez países y organismos internacionales, incluida la ONU. El objetivo es buscar una solución pacífica por medio de un proceso de negociación incluyente y creíble entre todas las partes involucradas en la crisis política venezolana.

De igual forma será interesante entrever el papel que tomará México sobre la situación en Nicaragua y las acciones que guiarán su actuar con Estados Unidos, en aras de asegurar la soberanía nacional, respetar al Estado de derecho, desarrollar una relación bilateral con una visión constructiva y propositiva que fomente la integración con Norteamérica. Además, continuar con la protección de los migrantes, detener el ingreso ilegal de armas y dinero de procedencia ilícita, así como trabajar para el desarrollo de una frontera segura y ordenada.

Lo cierto es que aún no se le ha dado la suficiente importancia que reviste la política exterior para el país. Esto se ve reflejado en los modestos índices de globalización, el bajo incremento presupuestal de la SRE (1.4% anual de 2000 a 2017), lo pequeño de su burocracia y el aumento nimio en los cuadros profesionales del Servicio Exterior Mexicano. Como lo establece el diagnóstico que realizó el Centro de Investigación y Docencia Económicas, “Política Exterior de México 2018-2024”, se cuenta con un diplomático por cada 100 000 habitantes. A esto se le une la pretendida austeridad republicana, que sin duda representan desafíos para la nueva política exterior que desarrollará la “Cuarta Transformación” del presidente López Obrador.

Por último, una agenda pendiente será la creación de un consejo ciudadano de política exterior, que tienda a democratizar la agenda internacional de México. De esta manera, se promoverá una verdadera participación activa con la sociedad civil y a nivel hemisférico, así como la defensa de los cuatro pilares que rigen las relaciones internacionales en la región en el marco de la OEA: derechos humanos, democracia, seguridad multidimensional y desarrollo integral.

ANDREY ALEXANDER CHÁVEZ CAMPIRANO es Doctor en Ciencia Política con especialidad en Geopolítica y Seguridad Internacional por la Benemérita Universidad de Guadalajara (UDG), maestro en Relaciones Económicas Internacionales y Cooperación América Latina Unión Europea. Actualmente se desempeña como consultor de temas internacionales en la iniciativa privada. Miembro de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales (AMEI).

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