AP Photo/Seth Wenig
Alejandra Sánchez Montiel
Noviembre 2016
Una colaboración del Programa de Jóvenes del Comexi
El 27 de octubre de 2016, la Primera Comisión de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) encargada de analizar temas relacionados con el desarme y la seguridad internacional adoptó, con 123 votos a favor, 38 en contra y 16 abstenciones, el proyecto de resolución intitulado «Avances de las negociaciones multilaterales de desarme nuclear» (A/C1./71/L.41). Ese mismo día, el texto fue remitido a la Asamblea General para su eventual adopción en diciembre. Con base en las recomendaciones emitidas en agosto por el Grupo de Trabajo de Composición Abierta (OEWG), establecido en virtud de la Resolución 70/33, el texto aprobado por la Primera Comisión contempla la decisión de convocar en 2017 a una conferencia organizada bajo los auspicios de la ONU con el fin de «negociar un instrumento jurídicamente vinculante para prohibir las armas nucleares» que conduzca a su completa eliminación. La conferencia, que funcionará bajo las reglas de procedimiento de la Asamblea General, iniciará sus trabajos en marzo de 2017 y los continuará del 15 de junio al 7 de julio del mismo año.
De acuerdo con la ONU, actualmente existen cerca de 15 000 armas nucleares en el mundo. Los países que las ostentan continúan modernizando sus arsenales y más de la mitad de la población mundial vive en países que, o cuentan con este tipo de armas, o son parte de alguna alianza de carácter nuclear. Con base en lo anterior y ante la parálisis que determinados foros multilaterales de discusión y negociación en materia de desarme han experimentado durante los últimos 20 años, el proyecto de resolución en cuestión ha sido celebrado por distintos actores de la comunidad internacional. Estos aseguran que ha abierto una ventana de oportunidad para avanzar en un objetivo de larga data que representa, además, una responsabilidad global.
El TNP: «piedra angular» del régimen de no proliferación y desarme nuclear
Si bien la regulación de la energía atómica para fines pacíficos y la eliminación de las armas nucleares ha sido una prioridad para la ONU desde su creación -siendo estos temas la materia de la primera resolución adoptada por la Asamblea General en su historia, precisamente, después de los bombardeos atómicos a las ciudades de Hiroshima y Nagasaki en agosto de 1945-, las negociaciones multilaterales en materia de desarme nuclear durante los últimos 70 años han avanzado a paso lento. En este contexto, conviene identificar algunos parteaguas en la materia a nivel internacional. Uno es la negociación del Tratado de No-Proliferación Nuclear (TNP) de 1968 que, con base en sus disposiciones, ha llegado a constituir la «piedra angular» del régimen de no proliferación y desarme nuclear. Se basa en tres pilares principales, a saber: 1) la no proliferación; 2) el uso pacífico de la energía nuclear, y 3) el desarme.
Actualmente, solo cinco países en todo el mundo -Corea del Norte, la India, Israel, Pakistán y Sudán del Sur- no forman parte del tratado, por lo que es considerado como el acuerdo multilateral sobre control de armas con el mayor grado de aceptación dentro de la comunidad internacional. A pesar de lo anterior, la obligación contenida en su artículo VI según la cual cada Parte del tratado se compromete a negociar «de buena fe» medidas eficaces conducentes a «la cesación de la carrera de armamentos nucleares […] y al desarme nuclear», así como a celebrar negociaciones sobre un tratado de desarme general en la materia, no ha producido efectos sustantivos. Lo anterior, aun cuando la Corte Internacional de Justicia afirmó en 1996 la existencia de tal obligación y reconoció que el uso de estas armas sería «generalmente contrario» a los principios del Derecho internacional humanitario.
EPA
El papel de México
De conformidad con una larga tradición diplomática en favor de la no proliferación nuclear y el desarme, México ha sido un actor constante en la promoción de iniciativas sumamente significativas en la materia. Como muestra se encuentra el Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina y el Caribe -mejor conocido como tratado de Tlatelolco- cuya firma celebrará 50 años en febrero de 2017. El tratado reviste una trascendencia especial pues estableció la primera zona libre de armas nucleares en una región densamente poblada, incluso antes de que entrara en vigor el TNP. Además, estableció las obligaciones básicas de los países nucleares con aquellos que no poseen este tipo de armas y fijó los mecanismos sobre los cuales se constituyeron los instrumentos multilaterales que dieron pie a la creación de otras zonas del mismo tipo alrededor del mundo, como en el Pacífico Sur con el tratado de Rarotonga, en el Sudeste Asiático con el tratado de Bangkok, en África con el tratado de Pelindaba y en Asia Central con el tratado de Semipalátinsk. Por su parte, la institución establecida en virtud del tratado para vigilar el cumplimiento de sus disposiciones, el Organismo para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina y el Caribe, tiene su sede en la Ciudad de México.
Al mismo tiempo, el país ha sido un promotor y participante activo en los esfuerzos por enmarcar las discusiones relativas a las armas nucleares y al desarme en términos de los riesgos asociados con una detonación -así fuera accidental- de este tipo de armamento y las consecuencias humanitarias que de ella derivarían. Dichos efectos serían de alcance mundial y de tal envergadura que la capacidad de los Estados y organismos internacionales para atenderlas resultaría insuficiente. En este sentido, los esfuerzos por discutir la necesaria prohibición de las armas nucleares desde un nuevo enfoque, considerando sus catastróficos impactos con el ánimo de garantizar su eventual eliminación, se han visto reflejados desde 2013 en la celebración de distintos foros. Particularmente importantes han sido las Conferencias Internacionales sobre el Impacto Humanitario de las Armas Nucleares, la segunda de las cuales se llevó a cabo en Nayarit en febrero de 2014, así como el impulso al Compromiso Humanitario que a la fecha cuenta con el apoyo de 127 países.
Por último, la parálisis que los foros deliberativos y de negociación de la maquinaria de desarme de la ONU -la Comisión y la Conferencia de Desarme, respectivamente- han sufrido durante los últimos 20 años ha suscitado múltiples llamados para que la Asamblea General asuma un papel más activo en las discusiones sobre desarme nuclear. Lo anterior, a pesar de haber celebrado negociaciones exitosas que condujeron, por ejemplo, a la firma de la Convención sobre las Armas Químicas y del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (TPCEN). En diciembre de 2015, la Asamblea General retomó distintas resoluciones adoptadas en períodos anteriores, reafirmó que todos los Estados tienen derecho a participar en las negociaciones sobre desarme y reiteró la validez de la diplomacia multilateral. Con base en lo anterior, el órgano plenario de las Naciones Unidas decidió mediante su Resolución 70/33 convocar al OEWG, encargado de «abordar de manera sustantiva […] las medidas, disposiciones y normas jurídicas eficaces y concretas que será necesario adoptar para establecer y mantener un mundo sin armas nucleares».
La Resolución 70/33, conviene resaltar, fue coauspiciada por México junto con otros tres documentos que también fueron adoptados en dicha ocasión. Todos reiteran la postura del país en el tema, a saber, las resoluciones intituladas «Consecuencias humanitarias de las armas nucleares», «Compromiso humanitario para la prohibición y eliminación de las armas nucleares» e «Imperativos éticos para un mundo libre de armas nucleares». Como se señaló, las recomendaciones efectuadas en el reporte final publicado en agosto de 2016 por el OEWG -reestablecido en 2015 después de que sesionara por primera vez en 2013 como fruto de la presentación de una resolución impulsada por México el año anterior- contribuyeron en última instancia y de manera sustancial al proyecto de resolución L.41 que hoy es reconocido entre distintos sectores de la comunidad internacional.
R.J. Oriez
La entrada en vigor del TPCEN: pendiente de la comunidad internacional
Los ensayos nucleares y lanzamientos de misiles balísticos efectuados por Corea del Norte desde 2006 se han intensificado en fechas recientes. Al ser identificados como un riesgo a la paz y la seguridad internacionales, las condenas a los mismos y los llamados para conservar la estabilidad en la península coreana -mediante su desnuclearización y el apego irrestricto a las resoluciones del Consejo de Seguridad en el tema- han sido recurrentes en foros y organismos multilaterales. Corea del Norte, por su parte, es uno de los nueve países que poseen armas nucleares en la actualidad y un actor crucial para que el TPCEN entre en vigor. Desde su apertura a la firma hace 20 años, 183 Estados han firmado dicho tratado y 166 han depositado sus respectivos instrumentos de ratificación. De manera reciente, el Consejo de Seguridad reconoció en su resolución 2310, adoptada el pasado 23 de septiembre de 2016, la entrada en vigor del TPCEN como una medida efectiva de desarme y no proliferación nuclear que ha de contribuir al logro de un mundo sin armas nucleares. Sin embargo, y a pesar del apoyo sustancial por parte de una mayoría significativa de países, el tratado no ha logrado entrar en vigor. Aún es necesaria la ratificación de los 44 países que contaban con capacidad nuclear en el momento de las negociaciones; de los cuales, ocho no lo han firmado o ratificado. Entre estos se encuentran China, Corea del Norte, Egipto, Estados Unidos, India, Irán, Israel y Pakistán.
Consideraciones finales
El apoyo de 123 países al proyecto de resolución L.41 sin duda refleja el deseo de una amplia mayoría de Estados para prohibir este tipo de armamentos y alcanzar, eventualmente, su completa eliminación. Al respecto, cabe señalar que México -de conformidad con una larga tradición diplomática en favor de la no proliferación nuclear y el desarme, así como en seguimiento a su activa participación en distintas iniciativas en la materia- se encontró entre los 34 países que coauspiciaron el proyecto de resolución. Adicionalmente, es de reconocerse el papel que el país desempeñó en la conformación del grupo y la presentación de distintas iniciativas en la Asamblea General como una manera de superar una parálisis de 20 años en la maquinaria de desarme de la ONU y cuyas conclusiones sirvieron de inspiración al documento aprobado por la Primera Comisión a finales de octubre. Entre los países poseedores de armas nucleares en la actualidad, destaca la oposición al proyecto de resolución por parte de Estados Unidos, Francia, Israel, el Reino Unido y Rusia; la abstención de China, la India y Pakistán, y el voto a favor de Corea del Norte. Otros países que votaron en contra del documento fueron Alemania, Australia, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Italia, Japón y Turquía, por mencionar algunos.
No obstante la oposición de estos países ante la idea de negociar un acuerdo que prohíba las armas nucleares y a pesar del asunto pendiente relativo a la entrada en vigor del TPCEN, no cabe duda que existe un renovado impulso para avanzar en una de las prioridades de más larga data dentro de la ONU. Mientras las armas biológicas y químicas, las minas antipersonal y las municiones en racimo, han sido prohibidas por medio de tratados internacionales en 1972, 1993, 1997 y 2008 respectivamente, a la fecha no existe un instrumento que prohíba las armas nucleares. Esto, a pesar de la evidencia que existe sobre sus devastadores efectos. En este sentido, 2015 marcó el 70 aniversario de los bombardeos atómicos de las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, uno de los episodios más trágicos en la historia. En 2016, la Asamblea General decidirá llamar a negociaciones para la creación de un tratado de prohibición de este tipo de armamento. En última instancia, esperemos que 2017 quede registrado en la historia como el año en el que la comunidad internacional logró sentar las bases para un futuro libre de armas nucleares.
ALEJANDRA SÁNCHEZ MONTIEL es licenciada en Relaciones Internacionales por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Actualmente es investigadora en el Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado de la República, donde trabajó como asesora en la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales. Sígala en Twitter en @alesmontiel.
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