El escándalo argentino

4 febrero, 2015 • Artículos, Latinoamérica, Portada, Regiones • Vistas: 2246

Los desafíos de una democracia comprometida con los derechos humanos

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Febrero 2015

Hace más de 3 décadas Argentina finalizó un proceso político cargado de persecuciones, de terror, de miedo, de violaciones a los derechos humanos, de abuso de poder estatal y de muertes. La era de los golpes militares y de los gobiernos autoritarios había terminado y dio paso al período democrático más largo que el país ha vivido.

El regreso a la democracia en 1983 dio un giro sustantivo a la política argentina. Tanto el radicalismo como el peronismo promovieron el apego irrestricto a las instituciones democráticas. Los desafíos, en ese momento, no eran menores: existían sectores de las fuerzas armadas no supeditados completamente al poder civil. En 1946, la Secretaría de Inteligencia (SI) fue creada por el entonces presidente Juan Domingo Perón con el fin de contar con una agencia de inteligencia civil que pudiera prever y eliminar posibles maniobras internas de las fuerzas armadas. La agencia fue señalada por apoyar a grupos nazis para que escapar e ingresaran a Argentina, así como por participar en la represión y desaparición de ciudadanos durante el Proceso de Reorganización Nacional (de 1976 a 1983). Posteriormente, entre 1987 y 1990, después del regreso a la democracia, se realizaron levantamientos militares contra los gobiernos de Raúl Alfonsín y de Carlos Menem. Estos hechos reforzaron el rol de la SI en disipar manejos desestabilizadores al interior del país.

Los gobiernos se sucedieron y así las prácticas de la SI, incluso en contextos políticos en donde el peligro desestabilizador estaba ausente. Pero, como señala un reciente informe de la Asociación de Derechos Civiles, los presidentes creyeron que podían controlar a los servicios de inteligencia y que podían utilizarlos en beneficio propio. Sin embargo, los servicios que proveen son condicionales si están en manos de estructuras sin control, lo que incluso les permite imponer condiciones a los gobiernos democráticos. Así, la agencia de inteligencia continuó acumulando poder y una mala reputación.

La República

La República

En enero de 2013, el gobierno argentino firmó un memorándum de entendimiento con Irán para interrogar a los acusados iraníes. Este acuerdo fue considerado por la oposición y por asociaciones judías como inconstitucional, además de ser un retroceso en la investigación.

El caso Nisman

Recientemente, el 14 de enero de 2015, el fiscal a cargo de la causa AMIA, Alberto Nisman, denunció a la presidenta Cristina Fernández y al Ministro de Relaciones Exteriores, Héctor Timerman, por encubrir a los acusados iraníes a cambio de reabrir el comercio con Irán a través del memorándum de 2013. El 18 de enero de 2015, a un día de presentar las pruebas de esta denuncia frente al Congreso, el fiscal fue encontrado muerto en su departamento, a pesar de contar con una custodia permanente.

En los días posteriores a la muerte del abogado, se ha vuelto a señalar la estrecha relación existente entre Nisman y el agente de la SI, Jaime Stiusso, en la investigación por el atentado a la AMIA, así como también la influencia de los gobiernos de Estados Unidos y de Israel. De acuerdo a estos elementos, la investigación habría estado fuertemente contaminada por los intereses del gobierno en turno, por los servicios de inteligencia e incluso por gobiernos extranjeros.

Independientemente de si fue un suicidio o un asesinato, de quién disparó el arma y las razones por las que lo hizo, la muerte de Nisman desdibuja a las instituciones democráticas argentinas, incapaces de llevar a cabo una investigación que esclarezca los principales ataques terroristas que sufrió el país. Asimismo, la denuncia realizada días antes de la muerte del fiscal golpea la imagen de un gobierno que no se ha caracterizado por su tolerancia a las críticas y pone en duda su compromiso con una de las principales banderas argentinas: los derechos humanos. Por último, la muerte de Nisman, en condiciones poco claras, impulsó el debate sobre el rol de la SI en las cuestiones de seguridad nacional en general y en la causa AMIA en particular.

Reuters

Reuters

El 26 de enero de 2015, Fernández habló del combate a la impunidad que había anunciado Néstor Kirchner al asumir como presidente en 2003. En el mismo comunicado, recordó que su gobierno sigue comprometido con los derechos humanos y en la lucha contra el terrorismo. Junto con estas declaraciones, anunció la disolución de la SI para crear una Agencia Federal de Inteligencia, supeditada al Ministerio Público, con el propósito de responder al reclamo de la sociedad sobre el rol de los servicios de inteligencia.

El impacto de la muerte del fiscal sobre el proceso político argentino y sus relaciones exteriores todavía es incierto. Lo que es un hecho es que la corrupción en las distintas áreas del Estado es un peligro tanto para la seguridad interna como para la seguridad internacional. Como algunos analistas lo han señalado, la nueva Agencia Federal de Inteligencia no elimina las irregularidades presentes en la antigua SI. Esto ha generado dudas sobre una mayor concentración de poder y un blindaje a los aliados del partido oficialista de posibles investigaciones.

A pesar de ser considerada como un ejemplo internacional en materia de derechos humanos, Argentina debe superar grandes desafíos para garantizar el pleno goce de los mismos, la eliminación de la impunidad en la vida política y el efectivo compromiso con la búsqueda de la verdad y de la justicia en el atentado más importante de la historia argentina.

GINO PAUSELLI es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad de San Andrés, en Argentina. Actualmente se desempeña como asistente de docencia e investigación en dicha. Sígalo en Twitter en @ginopauselli.

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