Trump y la migración trasfronteriza

5 junio, 2017 • Artículos, Latinoamérica, Portada • Vistas: 1637

AP

  León Castellanos Jankiewicz

Mayo 2017

Una colaboración del Programa de Jóvenes del COMEXI

En años recientes, políticos nacionalistas de países democráticos han confrontado a sus votantes con falsos dilemas sobre el papel de las minorías en el tejido social. Un ejemplo actual lo constituye la situación migratoria en Estados Unidos, en donde viven 54.2 millones de hispanos, de los cuales 11.6 millones son mexicanos. Desde la campaña de Donald Trump se ha reportado un incremento exponencial de crímenes contra personas hispanas, judías y musulmanas en ciudades multiculturales como Los Ángeles y Nueva York. Estos acontecimientos alarmantes responden al descontento derivado del estancamiento económico, la desigualdad social, y la desconfianza generalizada en la clase política tradicional. De manera paradójica, dichos problemas no están causalmente relacionados con la presencia de migrantes, quienes, por el contrario, contribuyen a la riqueza y crecimiento de aquéllas ciudades.

Incumplimiento de obligaciones internacionales

El nuevo gobierno estadounidense ha adoptado una posición antagónica respecto de los valores inclusivos y multiculturales que, a través de los años, han forjado a una gran nación a partir de la inmigración. La controvertida orden ejecutiva promulgada por el presidente Trump el 27 de enero de 2017, y reemitida el 6 de marzo, prohíbe el acceso a Estados Unidos a nacionales originarios de seis países de población predominantemente musulmana por 90 días y suspende la admisión de refugiados provenientes de cualquier país durante 120 días (la primera orden contenía una suspensión indefinida para refugiados provenientes de Siria). Ello constituye una violación flagrante de los derechos de los migrantes.

El reenvío de refugiados a lugares que representan un riesgo para su integridad personal está prohibido categóricamente por el Derecho internacional. Los instrumentos que sancionan dicha conducta son la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 (artículo 33) y la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de 1984 (artículo 3). Estados Unidos ha accedido a ambas disposiciones, las cuales se encuentran en vigor. Por su parte, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados y la Organización Internacional para las Migraciones emitieron un comunicado conjunto donde enfatizaron la necesidad de ofrecer a refugiados un tratamiento igualitario respecto de protección y asistencia sin distinción de religión, nacionalidad o raza.

Es importante subrayar la distinción entre refugiados y migrantes. Mientras que un refugiado deja su país de origen por un temor fundado de persecución, los migrantes cruzan fronteras internacionales por motivos principalmente económicos y de reunificación familiar. Según el reporte Tendencias Globales sobre desplazamiento forzado emitido en 2015 por el Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), en la actualidad hay 21.3 millones de refugiados y 3.2 millones de requirentes de asilo, quienes se encuentran fuera de su país y no pueden regresar por temor de ser perseguidos.

El cumplimiento de la normatividad vigente por parte de Estados Unidos es crucial para resguardar los derechos de dichas personas, la mayoría de las cuales provienen de El Salvador, Guatemala y Honduras. En efecto, el Reporte de Tendencias Globales 2015 del ACNUR apunta que el número de requirentes de aquellos países aumentó de 20 900 en 2012 a 109 800 en 2015.

Contradicciones

Contrario a las afirmaciones del presidente Trump respecto de un aumento “sin precedentes” en la inmigración ilegal hacia Estados Unidos, el número de indocumentados capturados en la frontera ha disminuido en un 50% entre 2009 y 2015 según las estadísticas del propio gobierno estadounidense (Departamento de Seguridad Nacional, 2015 Yearbook of Immigiration Statistics). Asimismo, el número de inmigrantes mexicanos en Estados Unidos también ha disminuido desde la recesión económica de 2008. Si bien es probable que la presidencia de Donald Trump ha contribuido a una disminución pronunciada en la inmigración irregular en los últimos meses, las tendencias a largo plazo demuestran que el fenómeno existe desde la crisis económica de 2008.

 

John Moore

Terrorismo fronterizo: una amenaza artificial

La porosidad de la frontera sur de Estados Unidos ha sido un tema muy controvertido en los últimos años. Sin lugar a dudas, la campaña de Trump se vio beneficiada de estas percepciones. Más alarmante es el hecho que los medios ultraconservadores en Estados Unidos hablan de una relación directa entre migración y terrorismo con cada vez más frecuencia, últimamente debido al reciente flujo migratorio de africanos que atraviesan México para llegar a Estados Unidos. Muchas veces, estos individuos provienen de países que contienen un número significativo de musulmanes, como lo son Eritrea y Somalia.

Migrantes provenientes del Medio Oriente también han utilizado el corredor latinoamericano en años recientes para llegar a Estados Unidos. En abril de 2017, un ciudadano paquistaní se declaró culpable ante una corte federal de Washington, D.C. por traficar docenas de connacionales suyos a Estados Unidos utilizando una ruta entre Brasil y México. Si bien no presentan evidencia de conspiraciones terroristas, estos casos subrayan la necesidad de adoptar medidas para contrarrestar la reciente migración irregular proveniente de África y del Medio Oriente.

La correlación entre inmigración y terrorismo ha sido impulsada por Trump y su gabinete de manera insistente. En declaraciones recientes, por ejemplo, el Secretario del Departamento de Seguridad Nacional, John F. Kelly, expresó su preocupación por la capacidad que tienen los cárteles dedicados al narcotráfico para introducir terroristas a territorio estadounidense. Jeff Sessions, el Fiscal General, ha externado opiniones similares.

A pesar del alarmismo prevalente en el nuevo gobierno estadounidense, un análisis reciente publicado por el Cato Institute concluyó que las amenazas terroristas en Estados Unidos provenientes de inmigrantes son estadísticamente insignificantes. En efecto, ningún individuo vinculado a ataques terroristas ha ingresado a Estados Unidos a través de la frontera sur.

Aunque aún no hay evidencia de un vínculo entre migración y terrorismo, la violencia en México derivada del crimen organizado es un elemento que preocupa a los políticos estadounidenses. En 2013, por ejemplo, el índice de homicidios en México fue de 21.5 por cada 100 000 habitantes, mientras que la media a nivel mundial fue de 6.2, según cifras del Global Study on Homicide de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (UNODC). Ante la intensidad de la violencia y el alto nivel de organización de los cárteles del narcotráfico, algunos expertos en Derecho internacional humanitario han sugerido que el caso mexicano presenta elementos constitutivos de un conflicto armado interno. Un reto importante para el gobierno mexicano será reducir la violencia fronteriza y demostrar el control efectivo en la frontera con Estados Unidos que hoy es reconocida por los miembros del gabinete del presidente Trump como un área de tránsito de la mayoría de los inmigrantes ilegales hacia Estados Unidos.

 

LEÓN CASTELLANOS JANKIEWICZ es Visiting Fellow del Lauterpacht Centre for International Law en la University of Cambridge, Reino Unido, e Investigador Posdoctoral del Fondo Nacional Suizo para la Investigación Científica. Es licenciado en Derecho por la Universidad del Mayab, México, y doctor en Derecho Internacional por el Instituto de Altos Estudios Internacionales y de Desarrollo de Ginebra, Suiza. Sígalo en Twitter en @leoncastjan.

 

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