Alternativas regionales para el conflicto
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María Elena Lorenzini
Octubre 2016
Hace más de 2 años que Venezuela atraviesa una crítica y delicada situación. Fue un error común pensar que el paso del tiempo suavizaría los problemas y permitiría encontrar una luz al final del camino. Por el contrario, los errores del gobierno y el triunfo de la oposición en las elecciones de diciembre de 2015 sumaron complejidad y conflictividad al escenario político, económico y social. El gobierno de Nicolás Maduro pareciera estar petrificado frente a la diversidad de problemas acuciantes. El Presidente no ha comprendido que la retórica encendida, los gestos grandilocuentes y megalómanos, la descalificación de los otros y la «amenaza imperialista» carecen de la credibilidad que tuvieron en otro tiempo y que sirvieron para cerrar filas en apoyo al gobierno.
La postal de la Venezuela actual muestra una sociedad hastiada de las carencias, cansada de las palabras, acosada por la violencia, con muchas armas circulando por las calles, agobiada por los múltiples obstáculos que deben sortear cotidianamente para conseguir alimentos, medicamentos, bienes y servicios básicos. El gobierno se ha vuelto cada vez más sordo, obstinado e incapaz de pensar soluciones viables, escaso de recursos materiales y desprovisto de herramientas para gestionar la política, la economía y los problemas sociales. Frente a esa situación pareciera ser que la única herramienta disponible es endurecer los controles -por cierto, ineficaces- y recurrir a prácticas no democráticas como la persecución, el encarcelamiento y la detención de los disidentes políticos y del ciudadano de a pie que enuncia una crítica. El gobierno se ha vuelto intolerante.
La otra cara es que la oposición también ha endurecido su discurso y su retórica. En lugar de disentir y, al mismo tiempo apaciguar, agudiza las posturas radicales. En este escenario el diálogo y la negociación son palabras vacías. Tal como lo señalaba un destacado político y exfuncionario latinoamericano, José Miguel Insulza hace unos días: la postal que se configura es «la de un país y medio no dispuesto a dialogar» y se percibe que la alternativa para preservar lo que queda de la institucionalidad venezolana es la realización del referendo revocatorio antes del 10 de enero de 2017. Desde sus inicios, esta iniciativa enfrenta escollos jurídicos que retrasaron los plazos previstos en la Constitución. Aún hoy no hay fecha cierta para la recolección del 20% de las firmas del padrón electoral necesarias para convocar la votación. Y aunque se completara el procedimiento, es válido preguntarse si el gobierno estaría dispuesto a aceptar los resultados si fueran desfavorables a sus intereses. La misma pregunta se aplica para la oposición. En cualquiera de los dos casos, el panorama genera preocupación y agita el fantasma de la inestabilidad.
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ALTERNATIVAS PARA RESOLVER LA CRISIS
La alternativa más constructiva, menos traumática y conflictiva, sería la celebración del referendo revocatorio en un proceso de votación limpio y transparente, condición sine qua non que contribuiría a que las partes acepten el veredicto de la ciudadanía en las urnas. El 21 de septiembre el Consejo Nacional Electoral (CNE) comunicó oficialmente que el revocatorio se celebraría en el primer trimestre 2017. Ello ocasionó múltiples reacciones de la oposición: organización de manifestaciones, presentaciones jurídicas, la continuidad del proceso del revocatorio e incluso, la posibilidad constitucional de convocar una Asamblea Constituyente. Pese al revés del CNE esta propuesta sigue teniendo la ventaja de que serían los propios venezolanos los encargados y los responsables de decidir sobre su futuro.
La segunda alternativa, consistiría en que el Mercado Común del Sur (Mercosur) tome alguna iniciativa para avanzar sobre esta cuestión. Sin embargo, este grupo de países tiene cuatro desventajas. En primer lugar, exhibe escasos antecedentes de participación y experiencia en este tipo de situaciones. Segundo, le ha dado un ultimátum a Venezuela para que complete su proceso de adaptación al acervo normativo de bloque cuya fecha de caducidad es el 1 de diciembre de 2016. Resulta difícil pensar que en esta coyuntura Venezuela pueda cumplir los compromisos exigidos y que su Asamblea Nacional apruebe más de 300 leyes y 40 tratados de acuerdo con lo establecido en su Protocolo de Adhesión. Tercero, el tablero político del Mercosur está fragmentando y se evidenció con el traspaso de la presidencia pro témpore en julio de 2016. Al ser rotativa, le correspondía a Venezuela, pero los otros Estados parte se opusieron. Dos meses después, el bloque esgrimió un argumento jurídico aunque el fondo de la cuestión tiene un sustrato político -crisis de la democracia, presos políticos, etcétera-.
En la Declaración Conjunta del 14 de septiembre sus líderes acordaron que por la falta de incorporación de la normativa del Mercosur, Venezuela no estaba en condiciones de asumir la presidencia y, que en caso de hacerlo, pondría en riesgo las negociaciones con la Unión Europea. Los halcones están representados por Brasil y Paraguay; Argentina se comporta como un búho y adopta una posición de equilibrista más solapada mientras que Uruguay tiene un discurso de paloma. De hecho, Uruguay se abstuvo frente a la decisión de Argentina, Brasil y Paraguay de asumir una presidencia conjunta hasta diciembre de 2016. Si bien Uruguay no estaba de acuerdo en que Venezuela asumiera la conducción del bloque prefería que Argentina -país que sigue en orden alfabético- se hiciera cargo. Esta opción dejaba demasiado expuesta a Argentina y la obligaba a pagar el costo político de la «benevolencia uruguaya» teniendo en cuenta la escasa simpatía entre Mauricio Macri y Maduro.
La tercera opción podría ser que la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) aceptara el desafío de desempeñar algún papel para colaborar con la resolución de la crisis venezolana. Existen antecedentes en los que Unasur colaboró tendiendo puentes de diálogo entre las partes y se llegó a buen puerto. En la coyuntura actual esta posibilidad resulta subóptima pues la réplica no se haría esperar: el proceso de destitución de Dilma Roussef fue cuestionado por Venezuela y retiró a su embajador de Brasilia. Además, es poco probable que Bolivia y Ecuador apoyen una moción que sería percibida como una acción «contra Venezuela, contra la revolución y contra el gobierno de Nicolás Maduro». De esta manera, no habría consenso y su falta restaría legitimidad a la iniciativa colectiva.
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La cuarta, sería una intervención de la Organización de Estados Americanos (OEA). A estas alturas se sabe fehacientemente que en el caso de que se votara por la aplicación de la Carta Democrática Interamericana los votos afirmativos resultarían insuficientes para garantizar la legitimidad. Los países del Caribe, Bolivia, Ecuador y Haití votarían en contra. Entonces, de un total de 35 miembros, al menos 17 no acompañarían la decisión. Este grupo está integrado por los socios sudamericanos de Venezuela -Bolivia y Ecuador- y por los socios caribeños quienes se beneficiaron de las ventas de petróleo por medio de Petrocaribe. El pulso de la situación se expresó en las manifestaciones de los líderes que integran la OEA frente al Informe sobre la democracia en Venezuela presentado el 30 de mayo de 2016. A ello se suma que Estados Unidos -miembro de la OEA- es percibido por Venezuela como un enemigo al acecho de una oportunidad para sacar a Maduro y a la «revolución» de Miraflores. Por tanto, esta también sería otra solución subóptima y entraña el riesgo adicional de reavivar el sentimiento antiimperialista en el imaginario colectivo y generar una defensa del régimen.
La quinta, sería colocar el tema de la crisis venezolana en la agenda de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). Si tenemos en cuenta a los Estados que la componen podría suceder que la oposición de aquellos actores cercanos a Venezuela impidieran el ingreso del tema a la agenda o, en el caso de que se lo abordara, habría una alta probabilidad de que votaran en contra de cualquier curso de acción que significara una intromisión en los asuntos internos de otro Estado. En este caso, también, se presentaría el problema de una débil legitimidad.
La sexta sería la incorporación del papa Francisco en el grupo de diálogo liderado por José Luis Rodríguez Zapatero y compuesto por los expresidentes Martín Torrijos y Leonel Fernández. La participación del Papa exige el cumplimento de algunos requisitos. Por un lado, el oficialismo y la oposición deben solicitar formalmente al Vaticano la invitación para incorporarse al proceso de diálogo. La otra condición es que ambas partes deben estar más abiertas y receptivas a las posibles sugerencias. Desde el punto de vista simbólico, el Papa representa la paz y la búsqueda del entendimiento. No obstante, la propuesta es reciente y se desconocen los detalles sobre el modo en el que el Vaticano y el papa Francisco tomarían parte en el proceso; sobre el papel que asumirían; si el oficialismo y la oposición aceptarían las condiciones y si las cumplirán efectivamente. Por el momento, los intentos de diálogo liderados por Zapatero y los expresidentes latinoamericanos arrojan resultados magros o, más bien, insatisfactorios. Se cuentan en su haber al menos dos reuniones secretas entre el oficialismo y la oposición. No obstante, las crisis no se han detenido ni perdieron intensidad, sino que continúan agudizándose.
La democracia para Venezuela y la región es un valioso activo que es preciso preservar. Sin duda, el peor escenario es que las batallas verbales y la obstinación de los actores políticos sigan en una escalada ascendente que desemboque en una dictadura militar de izquierda liderada por Vladimir Padrino López. El mejor escenario posible sigue siendo la realización de un referendo revocatorio limpio y transparente que cuente con el compromiso previo del oficialismo y de la oposición para aceptar los resultados, sean cuales fuesen. El futuro del referéndum es aún incierto. La oposición debe mantenerse firme en el camino constitucional y persistir en la estrategia del revocatorio. Los países de la región pueden prestar su apoyo y colaboración para que el diálogo sea efectivo y garantizar la transparencia del procedimiento pero la responsabilidad es de todos los venezolanos con su democracia, en definitiva, con su presente y con su futuro como sociedad.
MARÍA ELENA LORENZINI es doctora en Relaciones Internacionales e investigadora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conicet). Es profesora de Teoría de las Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional del Rosario, Argentina. Sígala en Twitter en @melorenziniok.
