¿Por un futuro no intervencionista?

10 enero, 2019 • Artículos, Latinoamérica, Portada • Vistas: 871

Del “México global” a la “mejor política exterior es la política interior”

Tomada de la cuenta de Twitter @PresidencialVen

 Oscar Castellanos del Collado

Enero 2019

Si bien todavía no existe un plan oficial para analizar cómo se conducirá la política exterior mexicana, el reciente rechazo de México para condenar el gobierno de Nicolás Maduro por medio del Grupo de Lima, así como declaraciones anteriores del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador sobre las crisis de Nicaragua y Venezuela, dejan ver probables ejes rectores de su política exterior. Por una parte, la declaración sobre la no intervención frente a dichas crisis levanta dudas sobre una interpretación ortodoxa del principio de no intervención y la continuación de la diplomacia activa en la gobernanza y defensa internacional de los derechos humanos. Ante tal escenario, se abren preguntas sobre los efectos que tendrá esta visión en la congruencia de los compromisos internacionales de México, particularmente con los derechos humanos. López Obrador también declaró que “la mejor política exterior es la interior”. De ser así, podría sentar las bases para que la legitimidad o la autoridad moral de este principio refuercen su diplomacia.

Desde la alternancia política de 2000, el interés por proyectarse como un país que se consolidaba democráticamente llevó a México a hacer de la defensa de los derechos humanos la bandera de causa de su política exterior. Se hablaba de un “nuevo activismo internacional mexicano” basado en la defensa los derechos fundamentales de la persona. El gobierno de México veía una reconfiguración del sistema internacional basado en normas que, en palabras del entonces canciller Jorge Castañeda “no solo tienen validez universal sino que deben hacerse valer por encima de la soberanía del Estado.”

A partir de entonces, México adoptó una posición universalista de los derechos humanos, la cual se inscribiría en la Constitución como principio de política exterior con las reformas en 2011. Era el paso para consolidar una política de Estado y así garantizar, como explica Juan Manuel Gómez-Robledo Verduzco (2017), la continuidad “por encima de cualquier clivaje político” y disminuir cambios que implican las transiciones políticas. Esto significó, en cierta medida, relajar su posición soberanista, entre ellas el principio de no intervención. México entendió que la aplicación ortodoxa del principio impedía sus aspiraciones para insertarse definitivamente en el grupo de países que defienden los derechos humanos como normas de validez universal. Este grupo de Estados pertenecen, como subraya Natalia Saltalamacchia (2015), al paradigma liberal, el cual coloca a las personas como entidades centrales en la arquitectura internacional de derechos humanos. En contraposición, los países del paradigma estatista tienden a poner límites a la aplicación de los derechos humanos escudándose en el respeto a su soberanía. Estos países también tienden a relativizar la definición de derechos humanos que países occidentales pretenden universalizar.

La diplomacia activa mexicana en la gobernanza mundial de los derechos humanos ha respondido entonces a sus aspiraciones por hacer un papel relevante en ese sistema internacional. Estas aspiraciones incluyeron el ser miembro no permanente del Consejo de Seguridad, del cual permaneció ausente durante 40 años. México también se propuso tener un papel relevante en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el cual presidió apenas fue creado, y más recientemente, incursionó en las Operaciones para el Mantenimiento de la Paz. Las narrativas “Más México en el mundo y más mundo en México” y “México con responsabilidad global” impulsadas en los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto respectivamente, encaminaron al país a abrirse más en estos temas.

No obstante, es en América Latina y el Caribe donde México ha tenido un papel más notorio. En la década de 1970, se condenó el régimen militar de Augusto Pinochet en Chile y la dictadura de Anastasio Somoza en Nicaragua. Además, dentro de la Organización de Estados Americanos (OEA), México se comprometió con su Carta Democrática, que defiende los principios democráticos y sanciona violaciones de derechos humanos en el continente. Por otro lado, su papel para fortalecer la incidencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido reconocido y estudiado (Saltalamacchia, 2018).

Si bien se critica que los pronunciamientos y declaraciones políticas internacionales no modifican sustantivamente la política exterior o la política interna del país a quien se dirigen, ellos sirven para medir el grado de compromiso con los principios adquiridos de un país.

Por ello, los pronunciamientos de México en 2018 contra el autoritarismo de Nicolás Maduro en Venezuela a raíz de su intento por redactar una nueva Constitución, que la OEA ha calificado de alteración al orden constitucional y contra la represión de Daniel Ortega en Nicaragua, a partir de las protestas contra la reforma de pensiones, respondieron al seguimiento de los principios y actuar diplomático antes mencionados. Sin embargo, la posición de México de no firmar la declaración conjunta de los trece países del Grupo de Lima para rechazar el nuevo mandato de Maduro, y las declaraciones del Canciller mexicano, Marcelo Ebrard, de no denunciar estas violaciones por considerarlas en contra del principio de la no intervención, dejan entrever el cambio de política exterior que se avizora. Esto pone a México en una disyuntiva: continuar con los países del paradigma liberal o decantarse por un futuro no intervencionista, más próximo a los países estatistas. El dilema que enfrenta entonces el gobierno es promover posicionamientos contra quienes violan los derechos humanos o bien esgrimir argumentos que relativizan la aplicación de derechos humanos y argumentan una manipulación política.

De promover una interpretación ortodoxa de la no intervención, ¿México dejaría de pronunciarse ante asedios contra principios democráticos como la separación de poderes, el Estado de derecho, la libre expresión que suceden en el continente americano? ¿México permanecerá callado en una región donde las transgresiones a los derechos humanos son sistemáticos? En estos tiempos en donde los principios liberales, los derechos de los migrantes mexicanos en Estados Unidos y las libertades fundamentales como la libre expresión, a los que México también aspira, están siendo contestados por una retórica de discriminación y nacionalismo exacerbado, las voces que defiendan esos principios deberían de multiplicarse y ganar la autoridad moral que países como Estados Unidos parecen abdicar.

Si bien se critica que los pronunciamientos y declaraciones políticas internacionales no modifican sustantivamente la política exterior o la política interna del país a quien se dirigen, ellos sirven para medir el grado de compromiso con los principios adquiridos de un país. Suecia, por ejemplo, refleja su compromiso con sus políticas de igualdad de género haciendo hincapié en su “política exterior feminista”.

Por otra parte, ¿cuáles serían los efectos de adoptar la no intervención en el exterior en el estado de las violaciones de derechos humanos dentro de México? La gradual laxitud de su principio de no intervención ante los derechos humanos también responde al interés de México para ser congruente al interior. El reconocimiento de jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 1998, que obligan al gobierno a reparar el daño de víctimas y las ratificaciones de todas las Convenciones de Derechos Humanos a finales de 2006, son herramientas para aplicar el llamado “efecto candado” cuya lógica responde a comprometerse con el andamiaje de las reglas internacionales para reforzar las nacionales. Ser parte de esas reglas provee, en palabras de Erasmo Lara Cabrera (2017), “mayores herramientas para una mejor protección de los intereses nacionales vis a vis terceros Estados y mayores bases para marcos nacionales.”

Como ya se mencionó, el Presidente declaró que “la mejor política exterior es la interior”. Nada más congruente que mejorar la situación de los derechos humanos en México para ganar en legitimidad o la autoridad moral en su diplomacia. Aunque la situación de los derechos humanos en México ha sido calificada de grave, no por ello México se debe de retirar de su defensa a nivel internacional. Sin embargo, se necesitarán tener posicionamientos políticos contundentes contra las violaciones para reforzar su grado de compromiso. Abstenerse ya no es justificable.

OSCAR CASTELLANOS DEL COLLADO es licenciado en Relaciones Internacionales y maestro en Diplomacia Pública por la University of Southern California (USC). Ha trabajado como consultor en agencias de la Organización de las Naciones Unidas, como la Organización Internacional para las Migraciones, la Organización para la Alimentación y la Agricultura y la Organización para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Sígalo en Twitter en @OscarCasdelCo.  

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3 Responses to ¿Por un futuro no intervencionista?

  1. Pedro Ortega Hernandez dice:

    Un artículo muy bien fundado que pone en la mesa la interpretación que está haciendo nuestro actual gobierno de la política de “ no intervención “ y que choca con la de derechos humanos.

  2. Jose Carcelen dice:

    Preocupante postura durante una situación tan crítica en la que la abstención, resulta complicidad. Injustificable esconderse en el principio de soberanía para perpetrar abominables violaciones a los derechos humanos.

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