4 noviembre, 2015 • Artículos, Asuntos globales, Portada • Vistas: 15279

Open Democracy

 José Ignacio Martínez Cortés

Noviembre 2015

La crisis de 2008 refleja tanto lo endeble de la globalización como el aumento de la desigualdad social a raíz de la caída de la producción mundial. A 7 años de esa caída, la economía internacional aún no se recupera. Por el contrario en el periodo 2013 a 2017 su débil crecimiento será del 1.48%, quedando atrás la década de 1990 donde crecía a un ritmo del 5%. Ello es resultado de la caída del precio internacional del petróleo, de la contracción de materias primas, de la turbulencia cambiaria, así como de un creciente proteccionismo que orilla a negociar acuerdos comerciales transcontinentales, como el TPP o el acuerdo transatlántico entre Estados Unidos y la Unión Europea.

La caída de la economía internacional también hace latente la otra cara de la globalización: nos muestra la creciente desigualdad -de ingresos, de conocimiento, de vida y de oportunidades, entre otras- que se manifiesta en diversos niveles. Este fantasma, que recorre al mundo, afecta principalmente a aquellos países que en la primera década del siglo XXI apostaron su renta a factores exógenos, como es el caso de Brasil, España, Grecia y México. Por otro lado, algunos países que pusieron diques a la globalización no sufrieron del todo con el sisma de 2008, como es el caso de China, Corea del Sur y la India, que fortalecieron su mercado interno.

Los efectos de esta crisis sistémica global en la demanda externa, según el documento Global Employment Trends 2014: The risks of jobless recovery de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se reflejan en 200 millones de nuevos desempleados. Esto tiende a debilitar la cohesión social, ya que el gasto monetario se restringe puesto que 900 millones de trabajadores y sus familias viven con ingresos inferiores al umbral de los 2 dólares diarios. Esto no es un problema menor que tenga una solución expedita, ya que en los próximos 10 años se requerirán 600 millones de nuevos empleos. Por este motivo, ante el débil crecimiento de la economía mundial, la mano de obra de los países subdesarrollados será la más afectada.

En este entorno, no sorprende que la tasa de desempleo mundial tienda a aumentar en los próximos años. De hecho, para 2016 se pronostica que aumente en 12 millones el número de desempleados, ya que la desaceleración económica se afianza cada vez más. Por otro lado, indudablemente el sector de la población más afectado por la crisis lo constituyen los jóvenes en edades comprendidas entre los 15 y 24 años de edad. Prueba de esto es que en 2011 74.8 millones de jóvenes estaban desempleados y la tasa de desempleo juvenil mundial en 2012 era del 12.7%. Además se estima que 6.4 millones de jóvenes han perdido las esperanzas de encontrar trabajo.

Si bien las perspectivas financieras e industriales mejoran de manera paulatina, el horizonte laboral no es nada halagüeño. Al contrario, el ingreso y las condiciones de vida de la gente son misérrimos: la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en su estudio Society at a Glance 2014 señala que unas 48 millones de personas en los países de la OCDE buscan empleo -15 millones más que en septiembre de 2007- y millones atraviesan por enormes problemas financieros. La cantidad de individuos que viven en hogares sin ningún ingreso laboral se ha multiplicado en Alemania, España, Grecia, Irlanda, Italia y Portugal, entre otros.

PNUD

Esta nueva pobreza tiende a debilitar la democracia y a profundizar la fractura social, aumentando con ello la desigualdad y afianzando a las élites excluidas de este grave problema social. De este modo, se pone en riesgo la gobernabilidad y, por ende, tiende a aumentar el déficit democrático, atentando con ello las libertades y en consecuencia el Estado de derecho. El efecto es terrible pues los desempleados no solamente son excluidos del mercado, sino que también sus derechos sociales están en profundo riesgo, pues no gozan de la seguridad social que les brinda el empleo en un contexto en el que el Estado tiende cada vez más a reducir el gasto en la sociedad provocando una fractura dentro de la misma.

Riesgos para la democracia

Entre más se amplíe la brecha entre la extrema riqueza y la extrema pobreza, la democracia corre peligro puesto que las instituciones pueden debilitarse en la medida en que sean cooptadas por quienes concentran el mayor ingreso y busquen seguridad a su capital. Así como la caída de la producción mundial creó una pobreza global, también provocó que se expandiera la fortuna de un grupo de privilegiados. De este modo, de la combinación entre la imperante desigualdad y la estrepitosa crisis resultó el fortalecimiento de una élite económica cuyos privilegios aumentaron a costa del bienestar social perdido por los millones de trabajadores ahora desempleados.

De este modo, la recesión mundial pone en un enorme peligro a la democracia ya que ese otro gran grupo que también se crea -inmune a la volatilidad del mercado- tendrá una visión antagónica y buscará que el Estado privilegie su fortuna. En este sentido, la concentración de la riqueza hará inequitativa la representación política al apuntalar en los órganos del Estado a sus escuderos para que formulen políticas gubernamentales y leyes que los favorezcan, a costa de la mayoría que son los más pobres. El resultado es la erosión de la gobernanza democrática, la destrucción de la cohesión social y la desaparición de oportunidades. Por estos motivos, paradójicamente, la globalización mina la libertad económica y la libertad social a esos excluidos del mercado que perdieron su poder adquisitivo a costa del enriquecimiento global de unos cuantos.

Los gobiernos que rescataron de la quiebra a las empresas de esa oligarquía global con los impuestos de los trabajadores ahora desempleados, crean leyes para expandir la inversión de esa minoría empoderada por la globalización. De este modo, parece evidente que gobiernan a favor de los intereses del capital voraz. Si bien con reformas estructurales los gobiernos tratan de fomentar la competencia económica al eliminar los privilegios de las élites locales, también están dando lugar a un monopolio de oportunidades. Esto se debe a que los ricos más ricos presionarán para que les reduzcan los impuestos y también se comprima el gasto hacia la seguridad social, destinando ese dinero al subsidio de las empresas de los empoderados.

La radiografía de la desigualdad debe llevarnos a hacer una reflexión urgente sobre el modelo de sociedad que está dejando la crisis de 2008. Tan importante como salir de ella es preservar unos estándares de cohesión social que garanticen su progreso y la igualdad de oportunidades, ya que, a largo plazo, la desigualdad merma las posibilidades de desarrollo económico de un país. A partir de determinados niveles, la brecha social aparece también como uno de los más serios obstáculos para la propia recuperación económica.

Wall Street Journal

Propuestas de solución

Para paliar los rezagos de la crisis de 2008, nuevamente se construyó una agenda global en el marco de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS). Esta agenda es impulsada por la ONU para dar continuidad a la inalcanzada agenda de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. De los 17 puntos que destacan en los ODS sobre ingreso e inclusión destacan garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa; fomentar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible; alcanzar el empleo pleno, productivo y decente y desarrollar infraestructuras resilientes para promover la industrialización inclusiva y sostenible que fomente la innovación.

Estos objetivos pueden ser alcanzados para 2030 siempre y cuando la economía crezca a un ritmo del 5% durante una década. Esto parece ser inviable a raíz de que los principales polos de desarrollo -Estados Unidos y China- no tienen las condiciones internas para impulsar su mercado local y demandar los bienes y servicios externos que coadyuvarían a impulsar la producción y con ello la creación de empleo. Por este motivo, sin duda veremos en los siguientes años programas para combatir la pobreza y la desigualdad que serán acompañadas de estratagemas de liberalización económica en aras del financiamiento para el desarrollo.

José Ignacio Martínez Cortés es profesor e investigador del Centro de Relaciones Internacionales de la UNAM.

Tags:Crisis, Democracia, Desigualdad, Pobreza